La tarde del 18 de marzo, tan solo dos días después de que iniciara el Estado de Emergencia por la COVID-19 en el Perú, José Carlos Torres Benvenuto fue al local de Mifarma de la Aurora, ubicado en el distrito de Miraflores. Necesitaba comprar Salmetarol en aerosol, una medicina para prevenir los ataques de asma de su hijo. El menor sufre de esta enfermedad que le inflama y estrecha las vías respiratorias produciendo mayor cantidad de mucosa y dificultando su respiración desde muy pequeño y debe usar el inhalador todos los días cada 12 horas para evitar una crisis.
José Carlos suele comprar este medicamento de la marca GSK (Seretide) en la farmacia del Instituto Nacional de Salud del Niño a 18,75 soles. Por eso, se quedó sorprendido cuando en uno de los locales de la cadena de boticas Mifarma le ofrecieron el inhalador de la misma marca a 160 soles. Pese a que él explicó que ese precio era casi diez veces mayor al que pagaba usualmente, las vendedoras le aseguraron que ese era el costo normal del producto y que no tenían otra marca más económica para ofrecerle.
En el tercer día de cuarentena en el país, José Carlos sólo tenía dos boticas cercanas a su casa a las que podía acudir. Tras escuchar la oferta de Mifarma, cruzó molesto la calle y se dirigió a su segunda y última opción: un local de la cadena de boticas Inkafarma donde la situación no varió mucho, pues le ofrecieron el inhalador a 157,40 soles.
Afortunadamente, un amigo que debido a su trabajo tenía permiso de movilidad, pudo hacerle el favor de comprarle el inhalador en el Instituto de Salud del Niño al mismo precio de siempre. “Mi hijo realmente necesitaba este medicamento, de no haber sido por mi amigo hubiera tenido que comprarlo con este sobreprecio, como seguramente lo han hecho muchísimas personas durante la cuarentena”, dice José Carlos.
“Estamos en un escenario donde los consumidores están en mayor vulnerabilidad frente al abuso de las empresas del sector salud. La emergencia sanitaria ha disminuido la capacidad de elección de los usuarios y los somete a tener que aceptar precios que en otro contexto no aceptarían”, asegura Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo en una llamada telefónica con Salud con lupa.
¿Por qué se pueden dar estos sobreprecios?
En el Perú, un solo grupo empresarial es dueño del 83% de las cadenas de boticas del país. En enero del 2018, el Grupo Intercorp absorbió a su competidor Quicorp y concentró las cadenas Mifarma, Inkafarma, Arcángel y las desaparecidas BTL y Fasa. Además, se volvió dueño de los laboratorios Quilab y Cifarma, y de la distribuidora Química Suiza que le permiten colocar el precio que quiera a sus productos.
Las fusiones empresariales afectan directamente a los consumidores que deben adquirir productos de alta necesidad como los medicamentos a precios inaccesibles. Por eso, a fines del 2019, se aprobó y publicó el Decreto de Urgencia 013 para evitar las operaciones de concentración empresarial en el país. No obstante, este decreto recién entrará en vigencia en agosto de este año. Si bien, los monopolios aún son legales en el país, la Constitución sí prohíbe las prácticas que generen el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Es decir, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene la potestad de sancionar a las empresas que cometen prácticas abusivas, pero no siempre lo ha hecho.
Por eso, pese al estado de emergencia, las cadenas de boticas continúan con este tipo de prácticas que les permiten vender sus productos a precios con sobrecostos y direccionar las compras a marcas específicas de laboratorios con los que tienen acuerdos como Pfizer y GSK o a genéricos y marcas de su línea de productos propia fabricados por ellos mismos.
Según el informe de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2018, el primer lugar al que acuden los peruanos si tienen un problema de salud es una farmacia o una botica. Y el 61% del gasto de bolsillo en el país para costear una atención médica se realiza en farmacias y boticas, centros de diagnóstico y laboratorios, según un estudio publicado en el 2018 en la Revista Panamericana de Salud Pública.
Durante la cuarentena, esta situación se ha agravado: muchos usuarios han utilizado la modalidad de delivery para acceder a sus medicamentos e incluso han recurrido a las boticas para obtener medicinas que les alivien malestares en lugar de atenderse en un centro de salud por miedo a contagiarse de la COVID-19.
Pese a que existe una ley de genéricos aprobada también a fines del año pasado, Salud con lupa comprobó que las cadenas ofrecen sus marcas como primera opción de venta, a través del delivery. La caja de tres unidades del genérico del antibiótico Azitromicina cuesta 0,60 céntimos. En el delivery de Mifarma ofrecen TREX azitromicina a 15,47 soles como primera opción (2500% más caro que su genérico). Solo si se solicita la versión genérica del fármaco ofrecerán Azitromicina de la marca Genfar a 1,33 soles la caja de tres unidades. En Inkafarma, esta misma presentación cuesta 3,80 céntimos, más del doble de la oferta de Mifarma.
Tanto en Mifarma como en Inkafarma, la primera oferta para el antiinflamatorio Ibuprofeno será Fredol a 9 soles. Como segunda opción ofrecerán Dorolal a 10 soles. Ninguna de las dos cadenas informa que cuenta con el genérico de 1,40 soles. Solo lo hacen cuando lo solicitas.
Si el usuario quiere comprar salbutamol en aerosol, medicamento que también sirve para prevenir ataques de asma, los call center de Mifarma ofrecerán Ventolín a 26,50 soles como primera opción, pese a que existe una presentación de 8 soles (300% menos) que según la web no está agotado, pero no es parte de la oferta telefónica.
Falta de supervisión y transparencia
La Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud tiene un Observatorio de precios de fármacos. Esta herramienta debería brindarle a los usuarios información actualizada sobre dónde se encuentran las medicinas con los precios más convenientes para sus bolsillos. No obstante, esta base de datos no cumple con su objetivo, debido a que las cadenas de boticas no suben la información completa de sus productos ni la actualizan. Pese a ello, Digemid no las sanciona, tal como lo estipula la ley.
El Indecopi tampoco está supervisando los precios que ofrecen las farmacias y boticas del país. "Ni el Indecopi u otra institución puede intervenir en la fijación de precios en el mercado, ni siquiera en esta situación de pandemia porque vivimos en una economía de libre mercado", declararon los voceros de la institución a Salud con lupa. Sin embargo, este organismo público sí tiene la potestad de sancionar el abuso monopólico.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno y al Congreso de la República que implementen medidas para intervenir en el mercado de medicamentos e insumos médicos y evitar la especulación de precios y las prácticas abusivas durante la pandemia de COVID-19.
“Notamos que no se ha priorizado el tema de la supervisión del incremento de costos de fármacos e insumos médicos, hay una falta de transparencia y una falta de rendición de cuentas de las autoridades del sector salud”, dice Alicia Abanto. La adjunta narra cómo en una exposición llevada a cabo la semana pasada en el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) no pudo mostrar detalles sobre el seguimiento realizado a las empresas privadas del sector. “No contaban con la información suficiente para realizar un análisis del comportamiento de las empresas y establecimientos de salud privados durante la pandemia”, explicó.
La Defensoría ha planteado que el Ministerio de Salud, Digemid y Susalud desarrollen e implementen una plataforma para comparar el incremento de precios de las boticas y farmacias, empresas y establecimientos de salud. A través de este análisis se podrán conocer las diferencias entre los precios antes, durante y después de la pandemia, evaluar de qué manera se está comportando el mercado y qué medidas se pueden tomar para controlar los sobrecostos y las prácticas abusivas.
Abanto asegura que la inamovilidad social ha hecho que varias entidades que antes realizaban supervisiones a boticas y centros de salud hayan reducido la fiscalización y esta plataforma podría ayudar a mejorar la situación. “A pesar de que el estado de emergencia en el país inició hace un mes y medio, los precios ya se han incrementado y la pandemia está lejos de acabar. Es necesario replantear la forma en la que se realizarán las supervisiones de aquí en adelante para evitar más abusos”, explica Abanto.
*Salud con lupa intentó comunicarse con las cadenas de boticas Inkafarma y Mifarma. Solo los voceros de esta última contestaron diciendo que harían consultas para enviar una respuesta. Sin embargo, no lo hicieron hasta el cierre de esta edición.
