Opinión

Perú está entre los países de la región con más interferencia de las tabacaleras

El índice regional de 2023, que incluye una evaluación de 19 países de América Latina y El Caribe, ubica al Perú en el sexto lugar por ser uno de los países con mayor deterioro en sus esfuerzos para evitar la interferencia de la industria tabacalera.

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SHUTTERSTOCK

El Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023 identifica una serie de prácticas de los fabricantes de tabaco para influir en su beneficio frente a los poderes del Estado a fin de debilitar u obstaculizar la aplicación e implementación de políticas públicas dirigidas a reducir el tabaquismo, que mata a más de 8 millones de personas cada año alrededor del mundo.

En este reporte, Perú se ubica en el sexto lugar del ranking de mayor interferencia de la industria tabacalera, mientras Uruguay está en el primer lugar. Panamà, con sólidas políticas antitabaco, se encuentra en el mejor lugar y con menor interferencia.

La industria tabacalera suele utilizar una serie de estrategias para ejercer su poder e influencia en las políticas públicas, entre ellas el financiamiento a políticos para que accedan a cargos públicos o que se mantengan en el poder; puertas giratorias para que ex funcionarios de gobierno luego sean empleados de las tabacaleras. Aunque también sucede al revés, es decir, que empleados de las tabacaleras accedan a puestos estratégicos en los poderes públicos.

Estas empresas incluyen también prácticas de interferencia cuando comparten espacios de trabajo conjunto con los poderes del Estado y ofrecen asistencia técnica en temas como el combate al contrabando o comercio ilícito de productos de tabaco; o cuando asesoran para promocionar el turismo con insólitas decisiones como la de Honduras al haber declarado al “Puro” como patrimonio cultural intangible de la República, con el absurdo reconocimiento de “producto clave” en la economía mediante el agroturismo con rutas del tabaco y el café.

En el caso peruano, se destaca la interferencia de esta industria con la creación de un espacio en donde la industria tabacalera interactúa permanentemente con el Poder Ejecutivo de manera directa. Se ha creado la Mesa de Trabajo contra el Comercio Ilícito de Cigarrillos en la que participan funcionarios de SUNAT, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Indecopi y el Comité de Tabaco de la Sociedad Nacional de Industrias.

Lo curioso es que en el propio portal web del Ministerio de la Producción se destaca como problema a enfrentar de la mano con la industria tabacalera el ingreso de cigarrillos de contrabando; la falsificación de cigarrillos y la reducción de ventas de cigarrillos en el sector industrial formal.

Para alcanzar esos objetivos, se indica en la web, se vienen realizando operaciones a nivel nacional. Pero con relación a este último punto nos preguntamos ¿Cómo es posible que el propio Gobierno señale que le preocupa la reducción de la venta de cigarrillos del sector formal? Si esto no es interferencia de la industria, ¿qué es?

La industria tabacalera trata de desviar la atención y foco principal del problema. Para ellos, lo importante es cuidar sus bolsillos, no es reducir el consumo del tabaco, ni causar menos daño y muertes anuales por tabaquismo. Su objetivo es combatir el contrabando, cuando en realidad tabaco es tabaco, sea o no formal. Ambos son producidos por tabacaleras que no les importa en absoluto la salud y la vida de la gente.

Con su estrategia de poner el foco del problema en el contrabando y no en la salud pública, las tabacaleras trabajan de la mano con el Gobierno en una mesa especial y mantienen una férrea oposición a la aplicaciòn de “Impuestos Saludables” que consisten en aplicar el Impuesto Selectivo al Consumo al tabaco para desincentivar su consumo y evitar más muertes.

En el estudio sobre los “Factores políticos y socioeconómicos que influyeron en la implementación de impuestos a la salud en el Perú”[1] se confirma que los agentes interesados, que están en contra de los impuestos saludables, demostraron una fuerte capacidad para transmitir sus mensajes a los medios y a los responsables políticos de alto nivel.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y su intento de interferir con la aplicación de este impuesto, no tuvieron éxito en el pasado, lo cual no significa que no lo puedan tener en otro momento. De hecho, en 2023 el gobierno peruano ha decidido no ajustar el Impuesto Selectivo al Consumo como correspondía, debido supuestamente a la débil economía por la que atraviesa el país y al impacto del fenómeno de El Niño proyectado. En realidad, no se sabe si es por esta causa o por las presiones del sector empresarial para impedir que se apliquen las medidas tributarias para desalentar el consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, que tanto daño vienen causando.

Todo esto hace que nuestro país ocupe un triste y vergonzoso sexto puesto en el ranking internacional de mayor interferencia de la industria tabacalera en las políticas de salud pública.


[1] Zuleta M, Perez-Leon S, Mialon M, Delgado J. Political and socioeconomic factors that shaped health taxes implementation in Peru. https://gh.bmj.com/content/8/Suppl_8/e012024

Jaime Delgado Zegarra, abogado y administrador de empresas, con segunda especialización en Derecho Público y Buen Gobierno y Maestría en Políticas en Salud. Promotor de la Defensa del Consumidor en el Perú desde hace 38 años. Consultor para la Alianza de Ciudades Saludables de Vital Strategies. Coordinador de la Plataforma por la Alimentación Saludable.

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