El pueblo amazónico Kandozi, en Loreto, enfrenta la tos ferina con servicios de salud colapsados: sin personal médico, sin cadenas de frío para conservar vacunas y sin un plan estatal para recuperar la cobertura de inmunización, que se ha desplomado en los últimos seis años. La enfermedad ya ha cobrado la vida de nueve niños.
Esta vez el Senasa y tres municipios tomaron las muestras en tres supermercados de Lima como parte del Cuarto Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos. Pero los resultados siguen mostrando un riesgo real para la salud: el 65% de los productos analizados no era apto para el consumo humano.
Entre 2022 y 2024, el Estado debía destinar más de S/ 1,200 millones para la compra de alimentos a los agricultores familiares. Sin embargo, menos del 1% de esos recursos llegaron realmente a ellos. En su lugar, colegios públicos, ollas comunes y guarderías están recibiendo productos procesados, provenientes de empresas que han sido sancionadas.
Sólo el 1% de los servicios de salud está adaptado para partos con enfoque intercultural en Perú, lo que deja a miles de mujeres indígenas sin un trato digno. Eulogia Guzmán, una mujer quechuahablante de Cusco, llevó su caso a la CIDH tras sufrir violencia obstétrica y no hallar justicia en el país. Entre 2021 y 2024, Susalud recibió 13 denuncias por este mismo tipo de violencia de género: dos fueron archivadas y las demás siguen en investigación.
En Perú, las licencias para pesticidas se otorgan sin fecha de vencimiento, lo que impide revisar periódicamente sus riesgos con base en nueva evidencia científica. Gracias a este vacío regulatorio, la multinacional Syngenta puede seguir vendiendo en el país 42 pesticidas prohibidos en la Unión Europea y en Suiza —su país de origen—, así como cinco sustancias vetadas en China, que hoy controla la mayor corporación global de agroquímicos y semillas.
Esta investigación colaborativa revela cómo la industria tabacalera financia a organizaciones que promueven los cigarrillos electrónicos en América Latina. También demuestra que, en Perú y Colombia, varios representantes de asociaciones de consumidores de vapeadores no son usuarios comunes, sino comerciantes con intereses directos en la venta de estos productos.
El uso excesivo de redes sociales y videojuegos altera el sistema de recompensa del cerebro y afecta la atención, las emociones y la vida cotidiana. Los expertos alertan del aumento de casos en menores y los mecanismos detrás del «enganche».
Detrás del consumo problemático de drogas en muchas mujeres hay historias de violencia, abandono y dolor emocional no resuelto. Aun así, son pocas las que buscan ayuda, atrapadas por un doble estigma: el de la adicción y el de no cumplir con los roles que impone el mandato de género. En Perú, los centros de salud mental comunitaria ya atienden a más de cuatro mil personas con trastornos por consumo, pero sus servicios aún no están plenamente adaptados a las necesidades específicas de las mujeres.
Desde comunidades nativas de Loreto y Amazonas, siete becarios de la Red de Comunicadores por la Salud de la Amazonía reportan en podcast y videos las historias que amenazan las condiciones de vida de sus pueblos.
