El Congreso y Dina Boluarte han aprobado una ley que atenta contra el periodismo libre. Quieren que pidamos permiso para investigar e informar. Eso no es transparencia. Es censura.

Entre 2022 y 2024, el Estado debía destinar más de S/ 1,200 millones para la compra de alimentos a los agricultores familiares. Sin embargo, menos del 1% de esos recursos llegaron realmente a ellos. En su lugar, colegios públicos, ollas comunes y guarderías están recibiendo productos procesados, provenientes de empresas que han sido sancionadas.

Sólo el 1% de los servicios de salud está adaptado para partos con enfoque intercultural en Perú, lo que deja a miles de mujeres indígenas sin un trato digno. Eulogia Guzmán, una mujer quechuahablante de Cusco, llevó su caso a la CIDH tras sufrir violencia obstétrica y no hallar justicia en el país. Entre 2021 y 2024, Susalud recibió 13 denuncias por este mismo tipo de violencia de género: dos fueron archivadas y las demás siguen en investigación.

Perú entrega licencias de pesticidas de carácter indefinido y no suele revisar evidencia actualizada sobre los riesgos y daños de las sustancias.Por eso, Syngenta puede vender aquí 42 pesticidas prohibidos en la Unión Europea y en Suiza, además de cinco sustancias vetadas en China.

Esta investigación colaborativa muestra evidencias de cómo el dinero de la industria tabacalera llega a organizaciones que promueven los cigarrillos electrónicos en América Latina. Expone también que integrantes de las asociaciones de consumidores de vapeadores en Perú y Colombia son en realidad comerciantes de estos productos.

La hiperconexión nos acerca, pero también nos atrapa. Jonathan Haidt analiza cómo las redes sociales han moldeado a una generación con más ansiedad y menos bienestar, y ofrece ideas para recuperar el equilibrio en un mundo digital.

Detrás de los problemas con drogas de muchas mujeres, hay historias de violencias y conflictos emocionales que las llevaron a depender de ellas. Pocas aún buscan ayuda o tardan en pedirla por miedo al estigma. En Perú, los 248 centros de salud mental comunitaria han abierto unidades de prevención y control de adicciones donde más de cuatro mil personas reciben tratamiento, pero aún hace falta que se adapten a las necesidades de las usuarias.