Agricultora trabajando en el campo de cultivo.

Papas vendidas en el Mercado Mayorista de Huancayo, Junín.

Puesto de mercado con papas, comotes y pepinos.

Salón de clases con niños y un profesora.

Agricultora trabajando en un campo de cultivo.

Tres criadoras de cuyes en un Galpón de cuyes.

Edificio de una empresa de procesamiento de alimentos.

Usuaria de las Olla Comunes observando a la ventana con una plato de comida vacío.

Dos agricultoras y una de sus hijas en un campo de cultivo.

Más de dos millones de pequeños agricultores en Perú trabajan la tierra con esfuerzo, pero muchas de sus cosechas se pierden sin compradores.

Tienen que rematar sus productos a precios injustos, mientras enfrentan costos cada vez más altos y un clima extremo.

Algunos buscan vender al Estado, pero chocan con un sistema que los margina. Así, carne nutritiva, criada con esmero, se desperdicia.

Verduras frescas se pudren antes de llegar a la mesa.

Al otro lado de la cadena, escuelas públicas, guarderías y ollas comunes

siguen llenándose de productos procesados y con poco valor nutricional.

Todo esto ocurre a pesar de que, entre 2022 y 2024, el Estado tuvo la obligación de destinar más de S/ 1,200 millones a la compra de alimentos a agricultores familiares.

El problema es que gran parte de la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar sigue sin aplicarse: en tres años, menos del 1% de esos fondos llegó a los agricultores.

La mayor parte del dinero terminó en manos de empresas de alimentos procesados.

El hambre de millones de peruanos se convirtió en un negocio.

En Junín y Huancavelica, acompañamos a campesinos y cooperativas que buscan venderle al Estado, pero chocan con trabas y licitaciones hechas a la medida de grandes empresas.

A pesar de todo, siguen en la lucha.