—¡Estoy botando como un agua! —, gritó Fabiola González, con su panza de siete meses, y encendió todas las alarmas en casa.

Esa mañana de marzo de 2019, su madre llamó de inmediato a médicos, a sus familiares, y hasta consultó Google en busca de un consejo, para saber cómo enfrentar lo que temía desde hacía meses: el parto de su hija se había adelantado. Temía que Fabiola terminara como tantas amigas suyas que caminaron por esa delgada línea entre la vida y la muerte que hoy significa dar a luz en Venezuela.

Tenía razones para preocuparse. Organizaciones expertas en el tema —como AVESA, Mujeres en Línea, Cepaz y el Centro Hispanoamericano de la Mujer, Freya— advierten que en este país, por la falta de datos detallados, se deben emplear indicadores como la Razón de Muerte Materna para hacer estimaciones. Este indicador se obtiene tomando en cuenta el número de decesos en un año de mujeres embarazadas, en alumbramiento o luego de dar a luz. En Venezuela, se calcula que por cada 100 mil nacidos vivos registrados, ocurren entre 100 y 299 muertes maternas*.

Las últimas cifras oficiales, divulgadas en mayo de 2017, muestran que, mientras que en el resto del mundo las muertes por causas derivadas del embarazo disminuyen, en Venezuela se incrementaron a 66% solo en 2016: un año oscuro en el que 756 mujeres gestantes fallecieron y el último del que se obtuvieron datos al respecto.

Por eso el embarazo de Fabiola —delgada, piel morena, caderas anchas— preocupó a todos en casa. Con 19 años, preferían verla con una carrera universitaria que con un hijo. Sin embargo, luego de asimilar la noticia, su familia la respaldó de manera incondicional.

A pesar de eso ella se sentía insegura. Le preocupaba no tener dinero suficiente para atenderse en una clínica privada o si su bebé nacía con alguna enfermedad. Le preocupaba saber dónde lo vacunaría, qué leche le daría o si, en medio de tanta escasez, podría conseguir pañales suficientes.

A pesar de sus temores, todo había ido con total normalidad durante la gestación: tomó sus vitaminas, el hierro, el ácido fólico y compraba las medicinas que le recetaban, aún cuando le tocaba pagar a más a personas con contactos en el sistema público de salud o que conseguían los fármacos fuera de Venezuela para revenderlos a gente necesitada como ella.

La mañana en que comenzó a perder líquido amniótico, Fabiola y su familia salieron de casa, en un poblado rural llamado San Casimiro, cuando su embarazo alcanzaba las 29 semanas. Durante más de 12 horas y con una toalla entre las piernas, Fabiola recorrió tres hospitales —cada uno aseguraba no tener ni incubadoras ni respirador neonatal para atender su parto— antes de que una ambulancia la llevara al Hospital Central de Maracay, en la capital del estado Aragua, la región más cercana a la capital y una de las más golpeadas por la crisis de salud.

Eran casi las 10 de la noche cuando Fabiola fue recibida finalmente en el hospital donde atendieron su parto prematuro. Lo que vivió durante esas horas es lo que padecen la mayoría de las parturientas venezolanas que no pueden costear un parto en alguna clínica y cuyo precio oscila entre los 2 mil 500 y 8 mil dólares: entre 250 y mil veces el salario mínimo en Venezuela.

La experiencia de tener a su primer hijo le dejaría a Fabiola secuelas físicas y emocionales, de las que sabe que no podrá recuperarse.

El riesgo de ser madre

Como Fabiola González, más de nueve millones de venezolanas en edad fértil —y que según el Instituto Nacional de Estadística representaban 49,88% de la población venezolana para 2018— han tenido que lidiar con la deficiente atención prenatal del país. Dato que demuestra que los “partos humanizados” anunciados por Nicolás Maduro en un plan nacional de 2017 —y que respetan los derechos, deseos y necesidades de la madre— son pura utopía.

Detallados informes como el de Mujeres al Límite 2019 de la Coalición Equivalencias en Acción, explican que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela no solo limita el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva: también incrementa las muertes de mujeres en estado, los casos de embarazo precoz y de abortos seguros.

Las mujeres pobres son las más afectadas: no tienen cómo costear los alimentos durante la hospitalización, ni los exámenes, medicinas y material quirúrgico que, en las principales maternidades del país, es escaso o inexistente. Con 94% de los hogares sin suficiente dinero para cubrir sus necesidades, la mayoría de venezolanas jamás podrían costearse un “parto humanizado” en una clínica particular. La Encuesta de Condiciones de Vida 2018 sostiene que la privatización de los servicios médicos es un obstáculo poderoso. En ese escenario, el mandato constitucional de que “la salud es un derecho protegido que debe ser garantizado por el Estado venezolano” solo es tinta sobre el papel.

Y esta es la razón por la que otras mujeres que ya conocen esa experiencia deciden no vivirla más. Génesis Manriquez es una de ellas.

Se estima que de cada 100 mil venezolanas embarazadas o en alumbramiento, 400 mueren por las pésimas condiciones de los hospitales, complicaciones no atendidas e infecciones después del parto.

En junio de 2017 entró a un quirófano para practicarse una colpotomía, una esterilización quirúrgica mediante la cual cortaron sus trompas para evitar cualquier posibilidad de que su hija de tres años y ocho meses tuviera un hermanito.

Génesis vive en un pequeño piso alquilado en El Valle, un sector popular del oeste de Caracas. Y aunque no gana más de 2 salarios mínimos —que apenas le alcanzan para comprar un cartón de huevos, pan y algo de queso— tomó la decisión de operarse al darse cuenta de que no podría hacerse responsable de la manutención de otro hijo siendo madre soltera.

En Venezuela —según el Índice de Escasez de Métodos Anticonceptivos elaborado por Mujeres al Límite— de 100 mujeres que hacen cola en una farmacia para comprar pastillas anticonceptivas, solo 15 pueden obtenerlas, eso sin mencionar la escasez de condones en el mercado, que puede costar lo mismo que cuatro salarios mínimos. De ahí que, a sus 26 años, en plenitud del rango de edad reproductiva establecido por la OMS, Génesis optó por la esterilización como una alternativa a la escasez de anticonceptivos con la que le tocó lidiar en medio de la crisis.

Pero esterilizarse no fue sencillo. Génesis pasó 6 meses tratando de convencer a su doctor para que la operara, pues le decían que era muy joven. Familiares y amigos también cuestionaron su decisión. Pero nada le impidió tomar la misma opción que 26% de las venezolanas ya tomaban para 2013 ante la falta de anticonceptivos.

—Una amiga me dijo que cómo iba a hacer eso. Que si pierdo a la única hija que tengo me quedaré sola —, recuerda Génesis, mientras ve correr a su hija en un parque cercano a su casa —La gente dejó de hablarme, en el trabajo todos lo comentaban. Fui juzgada por tomar una decisión que era mía.

Génesis está segura de lo que hizo. Admite que esterilizarse le ha dado paz. Hoy trabaja como enfermera quirúrgica, tiene dos empleos, estudia y es emprendedora. Tiene la certeza de que en la Venezuela de hoy no solo es insostenible tener un bebé: es un riesgo para su vida.

El parto de su hija fue complicado y derivó en una cesárea. Génesis dice que esa cicatriz en su vientre y el abandono de su pareja le recuerdan las dificultades que enfrentó durante el embarazo y en los primeros años de su niña. Que en Venezuela es necesario dejar de ser mujer para ser madre. Y su esterilización es un rechazo a ese estereotipo.

—No tengo porque anularme, dejar de ser mujer, dejar de vivir para ser mamá en Venezuela —dice Génesis, a quien le ha costado conseguir una nueva pareja luego de la operación, en parte por haber tomado la decisión de no tener más hijos.

En cuidados intensivos

Pasaron 24 horas antes de que ingresaran a Fabiola Gonzales al quirófano para la cesárea. En ese momento el riesgo era inminente: había perdido más del 90% del líquido amniótico y cada médico que entraba a la sala de parto del Hospital Central de Maracay para medir sus dilataciones le decía: “Tienes que estar preparada. Tu bebé puede nacer muerto”.

Mientras, en la sala de espera a la que llaman “el piso negro” —un sitio oscuro, caluroso, donde caminan gatos y cucarachas—, su familia tenía el mismo tiempo esperando información, recorriendo farmacias y buscando dinero para costear un filtro purificador, cepillos quirúrgicos, anestesia, entre otras cosas necesarias para la operación.

Fabiola vio parir a varias mujeres, escuchó llorar a otras por sus niños que nacieron sin vida, debió contener el llanto cuando sentía perder más líquido y veía pasar las horas sin estar segura del estado de su bebé. Una crisis de nervios la hizo temblar de pies a cabeza y provocó una taquicardia en su hijo. Entonces los médicos la pasaron al quirófano. Después de colocarle una inyección epidural y anestesiar la parte baja de su cuerpo para la cesárea, Fabiola dio a luz una tarde a finales de marzo. Su bebé lloró al nacer y todos en la sala quedaron sorprendidos.

El niño ingresó a cuidados intensivos. Fabiola seguía en quirófano a la espera de una cama desocupada, pero al día siguiente, el 25 de marzo, ocurrió un apagón: el segundo del año en toda Venezuela. El generador eléctrico solo funcionaba en algunas áreas y en ningún piso de maternidad había aire acondicionado. Cuando Fabiola llegó a uno de los pisos de hospitalización se encontró con 20 mujeres que amenazaban dejar el hospital sin permiso del médico. Se quejaban de la falta de agua y de condiciones mínimas de higiene en la sala de observación para madres y niños recién nacidos.

La tarde del apagón, seis mujeres decidieron irse a su riesgo. Otras 19 seguían bajo cuidado médico. Una bacteria en el quirófano había infectado al 90% de quienes dieron a luz mediante cesárea ese fin de semana. Fabiola fue una de ellas: una infección obligó a los doctores a reabrir la herida y tratarla sin anestesia, porque en el hospital no había.

Muchos doctores atribuyeron la causa de la infección masiva a la suciedad dentro del quirófano y en todos los espacios del centro hospitalario; condiciones a las que se sumaba el esfuerzo de las madres convalecientes por subir varios pisos por escaleras para ver a sus bebés y a la proliferación de bacterias que provocó la falta de electricidad.

—Es un caldo de cultivo cada espacio del hospital —aseguró un residente del último año de gineco-obstetricia que trabaja en el Hospital Central de Maracay—. Hay bacterias, la gente se infecta, los médicos no nos damos abasto para atender las emergencias. No hay suficientes especialistas, las mujeres se contaminan y cada hora que pasan aquí es un riesgo mayor.

Un ejemplo de esto es el caso de Carolina Capote, de 18 años. Llegó al hospital con el pie de su primer bebé fuera. Su niño no estaba en la posición adecuada y era riesgoso tener un parto natural. Sin embargo, los doctores le pidieron a Carolina que pujara. Ella lo hizo y su bebé se ahorcó con el cordón umbilical. A oscuras, porque ese día también falló la luz, los doctores le practicaron una cesárea de emergencia. Lograron sacar con vida al bebé, pero murió minutos después.

Ese mismo día Carolina fue suturada y la enviaron a su casa. Cuando logró completar el papeleo para el entierro de su bebé, la herida de la cesárea comenzó a supurar una sustancia marrón. Entonces volvió al hospital donde la hicieron comprar equipo quirúrgico —desde gasas hasta un bisturí— y la operaron nuevamente. De allí pasó a terapia intensiva en donde permaneció 12 días. Salió sin su aparato reproductivo tras una histerectomía total y con una infección agresiva en la herida.

—Eso me pasó porque me dejaron una gasa adentro —recuerda Carolina, desde un cuarto de hospital. Un cirujano plástico iba a retirarle tejido de otra parte del cuerpo para cerrar la herida de nuevo—. A mi familia le dijeron que no fue culpa de ellos, porque no había luz.

Carolina no podrá volver a tener hijos. La cicatriz de unos 15 centímetros que le atraviesa el vientre se lo recordará siempre.

Sin respuestas

Fabiola vio de cerca el dolor y las complicaciones de sus compañeras de piso. Las ayudó como pudo y se apoyó en ellas, pues a los familiares jamás los dejaban estar en los cuartos. Todas la consolaron cuando una mañana, luego de nueve días de su cesárea, tuvo que ir a cuidados intensivos neonatales a pesar de estar infectada con aquella bacteria. Su hijo, Omar Vicente, tuvo un episodio de apnea: dejó de respirar y no volvió a hacerlo más.

Fabiola estuvo 15 días hospitalizada, nueve de ellos con la herida expuesta y 14 en medio del apagón. Las enfermeras no cumplían el ciclo de antibióticos si no había luz eléctrica. En el hospital no se hacían responsables de las pertenencias de quienes estaban hospitalizadas en el área de maternidad y los robos eran comunes. Cualquier reclamo que ella o su familia hacían era respondido con amenazas de algunos especialistas y, el personal de vigilancia ralentizaba los procesos administrativos que los familiares debían cumplir para sacar a Fabiola del hospital.

Aunque el Hospital Central de Maracay pertenece a la red de hospitales públicos y es el referente en centros de salud para la región de los llanos centrales, los gastos de su familia ascendieron a 400 dólares: más de 200 salarios mínimos. Con ese dinero los familiares tuvieron que costear exámenes, medicamentos de urgencia, material quirúrgico, kits operatorios, bisturí, algodón, alcohol y hasta garrafas de agua potable durante los días que estuvo internada.

Fabiola salió del hospital con una herida resuturada de más de 15 puntos que no la dejaba caminar bien, con dolores abdominales y de espalda por la incomodidad de la cama en la que estuvo, con una infección aún resistente y con la ropa y los pañales de su niño, pero sin él.

¿Qué hubiera pasado con su bebé si la atención médica hubiese llegado a tiempo? ¿Habría sobrevivido dentro de esa incubadora si el apagón no hubiese ocurrido?

Fabiola no tiene respuestas precisas. Pero cree que, tal vez, en otro país, con otras condiciones, sin apagones, con equipamiento médico, lo que fue un infierno habría sido solo un mal momento librado con la garantía de un niño vivo y a salvo entre sus brazos.

*El dato de 400 muertes maternas por cada 100 mil venezolanas embarazadas o en alumbramiento incluido en el texto original es incorrecto.