El 29 de mayo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo una propuesta con mucho sentido común: los países debían compartir soluciones, datos, tecnología desarrollada y conocimiento de manera libre para luchar contra el Covid-19. Para ello, sugería crear un repositorio o plataforma voluntaria llamada el Technology Access Pool (C-Tap) que permitiera ir añadiendo a ella todo el conocimiento disponible, sin que los derechos de propiedad intelectual —especialmente las patentes— fueran un obstáculo.
Las patentes son derechos exclusivos que un Estado le concede a un individuo o compañía para que nadie más pueda explotar comercialmente el producto o invento que ha desarrollado, por un tiempo determinado: hasta 20 años. Durante este periodo nadie más puede montarle competencia, lo que a veces genera precios elevados que en algunos países ni la gente, ni los gobiernos más pobres pueden pagar. Y si la demanda de ese producto es muy grande, puede haber escasez, como ha sucedido en los últimos meses con las mascarillas tipo N-95, cuya patente la tiene la multinacional 3M en muchos países.
La propuesta era una invitación voluntaria, no una obligación, y contó con el buen respaldo del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pero no tuvo mucho eco en otros países —solo unos 40 la apoyaron, entre ellos varios de América Latina. Y no tuvo casi ninguna acogida por parte de las empresas fabricantes del sector de la salud. La Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) dijo que aunque compartía algunos de los objetivos, estaba en desacuerdo con ciertas premisas porque “dan a entender que los derechos de propiedad intelectual que no se liberan o son licenciados globalmente son potenciales barreras a la investigación y el desarrollo, las colaboraciones público-privadas o el acceso a productos para el Covid-19”.
La discusión sobre si los derechos de propiedad intelectual son o no una barrera para acceder a medicamentos, vacunas y tecnología esencial empezó mucho antes de la pandemia, pero ha cobrado más fuerza en los últimos meses, gracias a la propuesta de Costa Rica ante la OMS, y a la petición de otros dos países, Sudáfrica y la India, ante otro organismo fundamental que es el que, en últimas, puede cambiar las reglas del juego en materia de derechos de propiedad intelectual: la Organización Mundial del Comercio.
Fue allí donde se firmó, en 1994, lo que se conoce como el acuerdo ADPIC (“Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” o TRIPS, en inglés). Este documento estableció un piso mínimo de normas de respeto a la propiedad intelectual que todos los países que son miembros de la organización debían cumplir en un mercado globalizado, que a principios de los años 90 estaba comenzando a abrir las fronteras para que toda clase de productos llegaran a todas partes sin tantas trabas.
Pero en este esquema de globalización comercial, las empresas de los países ricos tuvieron miedo de que los emergentes —especialmente países como India o Corea— copiaran mucha de su tecnología y marcas, y les montaran una competencia feroz en los lugares a donde ellos iban a llegar a buscar nuevos clientes. Insistieron por eso en unas reglas duras, a través de patentes, secretos industriales (como el de la fórmula de la Coca Cola) y otras figuras legales para proteger sus derechos de propiedad intelectual, por encima, en algunas casos, del derecho a la salud.
Los tratados de libre comercio que se firmaron posteriormente entre países de manera bilateral, o en bloques regionales, se basaron en el conjunto de normas ADPIC, pero en algunos casos han endurecido aún más las reglas. Esto ha incidido en que los países emergentes no puedan adquirir tecnología o conocimiento de manera más libre y desarrollen sus propias capacidades en algunos sectores, entre ellos el farmacéutico.
Si bien existen algunas exenciones o flexibilidades en el acuerdo ADPIC como la “licencia obligatoria”, en la que un Estado puede pedirle al titular de una patente que por razones de emergencia o interés público autorice a un tercero a que produzca su medicamento o vacuna, por ejemplo, es un proceso muy complejo que requiere abogados y negociaciones duras, caso por caso, y muchos países no tienen la capacidad, el poder o la experiencia para hacerlo, según Gurleen Kaur, integrante de la delegación de la India ante la OMC.
Por eso la propuesta impulsada por su país y por Sudáfrica es suspender estas normas de manera general por un periodo de tiempo limitado y solo para los productos utilizados para el Covid-19. En la propuesta presentaron un listado de casos y ejemplos, además de las mascarillas N-95, en donde se especificaba cómo la propiedad intelectual está siendo una barrera para acceder a medicamentos y vacunas necesarias que puedan hacerle frente a la pandemia. Argumentan que solo la suspensión facilitaría que todos los que tienen la capacidad industrial de fabricar productos de salud necesarios puedan hacerlo, tanto para consumo en sus países como para exportarlos a otros, sin pasar por procedimientos muy engorrosos para conseguir las exenciones, ni ser sancionados por violar las normas de propiedad intelectual o por intentar cambiarlas ante la OMC.
Según Carlos Correa, el director del South Center, una organización intergubernamental que apoya los esfuerzos de países en desarrollo y tiene carácter de observador ante la OMC, algunos países, entre ellos Colombia, han tenido que enfrentar enormes presiones por parte de las farmaceúticas y otros gobiernos cuando han tratado de cambiar algunos contratos específicos con farmacéuticas, en beneficio de la salud pública de sus ciudadanos. Correa escribió un análisis a mediados de año en el que señala el uso por parte de los Estados Unidos de algo que se llama el Informe Especial 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés). Es algo así como una “lista negra” en la que aparecen los que, según el gobierno de Washington, no respetan o cumplen los derechos de propiedad intelectual o les niegan el acceso a sus mercados a empresas estadounidenses, y como consecuencia son sujetos de retaliaciones (penalidades).
Es por mecanismos de presión como éstos —activados por un lobby muy fuerte de las empresas ante sus gobiernos— que la India y Sudáfrica lanzaron la propuesta de suspensión general para todos de los acuerdos ADPIC en octubre. Unos 30 países, en su mayoría del “sur global”, incluyendo a varios de América Latina, la apoyaron. Otros 40 la vieron con buenos ojos pero dijeron que tendrían que consultar con sus gobiernos. La propuesta también ha sido respaldada por grupos de académicos y expertos, centros de pensamiento y ongs como Médicos sin Fronteras y Oxfam, que han estado haciendo una campaña y un seguimiento de las distintas posturas de los países frente a la propuesta. El 20 de noviembre los delegados volvieron a reunirse, a puerta cerrada y en secreto. Trascendió que los países desarrollados bloquearon la propuesta y que algunos países de ingresos medios se abstenían de tener una postura más favorable.
Argumentos a favor y en contra
“La propuesta de Sudáfrica y la India se equivoca al decir que la propiedad intelectual es una barrera a la colaboración y producción de tecnologías para el Covid-19. No corresponde con nuestra experiencia. Al contrario, es la PI (propiedad intelectual) la que ha permitido la colaboración entre innovadores del sector bio-farmacéutico y gobiernos, universidades y otros investigadores para acelerar las necesidades médicas urgentes, incluidos cientos de potenciales medicinas y vacunas para pacientes alrededor del mundo”, dijo Thomas Cueni, director de IFPMA.
La industria farmacéutica, en general, argumenta que necesita proteger los derechos de propiedad intelectual, que las patentes y los secretos industriales son los que les han permitido desarrollar el conocimiento necesario para medicamentos y vacunas. Afirman que invierten cantidades enormes de dinero y que si estos inventos se vuelven propiedad de todos, no tienen cómo recuperar las grandes sumas de dinero que cuesta su desarrollo.
El CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo que la idea de remover las patentes, además, era “peligrosa” y que no tenía sentido. Otros representantes de empresas han expresado que como el Covid-19 ataca varios órganos del cuerpo, tendrían que liberar las patentes de prácticamente casi todos los medicamentos.
La defensa de las farmaceúticas ha sido criticada tanto por parte de la academia, las ongs que propenden por un acceso justo a los medicamentos y entidades que abogan por una mayor transparencia. “Realmente no se sabe cuánto cuesta desarrollar una vacuna o ciertos medicamentos y cuánto están invirtiendo más bien en una fuerza de lobby, marketing y ventas”, dice Carolina Gómez, abogada del Centro de Pensamiento y Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, y experta en derechos de propiedad intelectual.
Además, explica que buena parte de la investigación la hacen hoy en día en las universidades —como la Universidad de Oxford— o start ups de biotecnología más pequeñas —como la alemana Biontech que se alió con Pfizer— y no las grandes empresas de farma. Y, al menos para el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19, buena parte de la financiación proviene de fondos públicos. Si bien algunas empresas como Moderna han dicho que liberarán la patente de su vacuna, o que la venderán a costo, como Astrazeneca, no son representativas de la mayoría en el sector.
“Lo que pasó en los 90 cambió el modelo y la lógica de la innovación de las empresas,” dice Gómez, porque tuvieron más protección y recursos para inventar que nunca. Paradójicamente dejaron de desarrollar ciertos medicamentos y vacunas que podrían evitar que la gente se enfermara porque no les era rentable. Con esa misma lógica —de rentabilidad— algunas han abusado con prácticas como el “reverdecimiento” o lo que llaman las “marañas”, haciendo ajustes chiquitos a algo que ya está inventado para renovar la patente por otros años más, y así evitar la transferencia de conocimiento a otros que les pudieran montar competencia.
“El sistema farmacéutico no funciona, no responde a las necesidades de salud pública. Se necesita reformar este sistema para darle otro tipo de incentivos a las empresas”, dijo Mark Pearson, ex director de la división de salud de la OCDE, en un reciente foro virtual organizado por este organismo multilateral.
Esto ha llegado a tal punto que se habla de la brecha 10-90, en la que solo el 10 por ciento de los recursos se destinan para investigaciones biomédicas de enfermedades y problemas que afectan al 90 por ciento de la población mundial. La epidemia del VIH, por ejemplo, dejó una muy mala experiencia a los países pobres, especialmente en África donde millones de personas se infectaron. Los laboratorios se concentraron en desarrollar antirretrovirales y no una vacuna. Y muchas de las personas más pobres no podían tener acceso a ellos a precios económicos. Ni siquiera algunos de los gobiernos de estos países podían pagar las alternativas que se inventaron —y que tenían patentes—, lo cual impedía fabricar genéricos para su población.
Toda esta situación generó un movimiento muy fuerte, a nivel global, de activismo en torno al acceso a medicamentos que poco a poco ha ido cobrando más fuerza y ha obligado a introducir algunos cambios en el mismo acuerdo ADPIC, para que implementara las llamadas “flexibilidades”, tras la Declaración de Doha en 2001 y para que en las Naciones Unidas se creara el Medicines Patent Pool (MPP). A pesar de esto, sigue siendo insuficiente, y en muchos países hay pleitos legales muy fuertes para que el derecho a la salud y a la vida prime sobre otros.
La filantropía y la buena voluntad vs. la demanda por un desarrollo más equitativo
GAVI y CEPI, dos organizaciones internacionales que buscan que las vacunas lleguen a los países más pobres, no están apoyando la suspensión de ciertas normas en el acuerdo ADPIC. Vale recordar que ambas cuentan con un gran apoyo económico de la Fundación Bill y Melinda Gates y que Bill Gates, dueño de Microsoft, ha hecho su fortuna gracias al esquema actual de derechos de propiedad intelectual que han protegido sus desarrollos tecnológicos. Quizás por eso sus voceros se han opuesto a la propuesta de suspensión de estas normas por la pandemia ante la OMC.
“Creo que están tratando de resolver el problema equivocado”, dice Seth Berkeley, director de Gavi, en un reciente encuentro virtual. Para él, el mayor obstáculo es lograr trasladar el “know how” (saber cómo hacer las cosas) de un fabricante a otro. Esto es un proceso complejo que puede tardar varios años y no se va a resolver solo con la suspensión de las patentes. Y Jane Halton, quien coordina CEPI, lo expresó en términos similares en el mismo encuentro virtual: “Los derechos de propiedad intelectual no son un problema, es la capacidad de escalar la producción y de transferir tecnología”.
“El suspender los derechos no va a ayudar, el problema va más allá de los derechos de propiedad intelectual”, dice una experta y académica que asesoró algunos tratados bilaterales en América Latina y prefirió no ser nombrada para este artículo. Para ella el problema radica más bien en la falta de transparencia, en los acuerdos confidenciales que las empresas están firmando con países y las condiciones que pueden estar exigiendo, sin compartir la información para no perder la novedad, requisito indispensable para que les otorguen la patente en los países en donde van a comercializar sus vacunas.
Siempre y cuando las empresas estén dispuestas a compartir su conocimiento y a transferir su tecnología de manera voluntaria para lograr escalar la producción y así salvar más vidas, no habrá problema. Según ella, a las empresas les conviene hacer esto por las buenas, utilizar licencias voluntarias y flexibilizar sus condiciones, apoyar y cooperar en todo el proceso como aliados, y no enfrascarse en disputas legales ni echarse a la opinión pública encima, quedando como los malos del paseo que no quisieron compartir su tecnología en plena pandemia para ganar más dinero.
“Hacerlo de manera voluntaria es un buen comienzo. Pero no es suficiente”, dijo Mustaqeem da Gama, representante del equipo de Sudáfrica ante la OMC, en un reciente foro virtual al respecto. Mientras los países pobres dependan de la buena voluntad y la caridad de los millonarios del mundo, no van a poder avanzar y desarrollar sus propias capacidades. “La filantropía es buena hasta cierto punto, pero si lo que queremos es construir capacidades que vayan más allá de esta pandemia particular, porque vendrán otras pandemias, necesitamos invertir recursos en lo local, en transferencia de tecnología, en capacidad de construir”.
Según el profesor Yousuf Vawda, experto en leyes, salud pública y acceso a medicamentos en Sudáfrica, el 80 por ciento de todos los medicamentos en el continente africano son importados y si no se flexibilizan los derechos de propiedad intelectual no habrá manera de que los países puedan desarrollar su propia capacidad. “No es una petición radical, ni un favor que habría que pedir”, dijo ante los otros asistentes al foro.
Lo que los países del sur están planteando es un cambio de fondo en el comercio global, para que sea más justo y equitativo. Esta idea lleva años ganando momentum, y la pandemia y la necesidad de que las vacunas lleguen a todos, la ha impulsado con más fuerza. Como lo planteó la doctora Joane Liu, del comité de evaluación de la respuesta del Covid-19 de la OMS: “La caridad no es sostenible. Hay que cambiar el modelo. Hay mucha discusión sobre el nacionalismo de las vacunas, cuando lo que estamos enfrentando puede ser más bien un imperialismo de las vacunas”.
Este debate continuará y la propuesta de suspensión de los acuerdos ADPIC será discutida nuevamente antes de finalizar el año en la OMC. Lo más probable es que no cuente con el consenso necesario, pero existe una remota posibilidad de someterlo a una votación final —lo cual sería excepcional porque por lo general las decisiones en este organismo se toman por consenso— en pleno del consejo general. En cualquier caso, quedará un reporte que servirá como un insumo a la discusión y una rendición de cuentas de cómo los distintos países se alinearon, a favor o en contra, de la propuesta.
