Un taxista la despertó con palmadas en el hombro: “Ya estamos en tu casa”, le dijo. Soledad, una profesora de primaria del Cusco, no se dio cuenta de que el chofer la había dopado y violado hasta cuando empezó a examinarse el cuerpo en su habitación: su calzón estaba manchado de semen. Sintió mucha vergüenza para denunciar a un sujeto del que ni siquiera recordaba bien su rostro y desconocía su nombre. Semanas después, se dio cuenta de que estaba embarazada. Soledad abortó, pero ahí no terminó la pesadilla. La Policía la denunció por autoaborto.
Sentenciada por autoaborto en la Corte de Justicia del Cusco, 2018
Liliana compró seis pastillas para interrumpir su embarazo. Tenía siete hijos, no contaba con el dinero para mantener sola a su familia y tampoco conseguía empleo. Después de unas horas de tomarlas, empezó a sangrar, a sentirse muy mal, y fue de emergencia al Hospital Santa Rosa de Piura, donde tuvo que ser internada veinte días por un cuadro de anemia severa. Aún no había terminado de recuperarse cuando un médico la denunció ante la Policía por autoborto.
Sentenciada por autoaborto en la Corte Superior de Justicia de Piura, 2010
Magdalena fue abandonada por su pareja luego de que le contó sobre su embarazo. Sin el apoyo de su familia y sin amigos para enfrentar esta situación, ella decidió abortar en un centro clandestino de la ciudad de Arequipa, donde le dieron unas pastillas y le pusieron una inyección. Cuando ya estaba a punto de abordar un auto para regresar a su casa a descansar, un patrullero policial que intervino el lugar la detuvo y fue denunciada por autoaborto.
Sentenciada por autoaborto en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2018
El día que supo que estaba embarazada, Lucía tuvo mucho miedo de la reacción de sus padres. Tuvo miedo de que se le cerraran todas las puertas y que ya no pudiera seguir estudiando en la academia de preparación para el examen de ingreso a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Se puso de acuerdo con su enamorado y fueron a una farmacia donde les vendieron unas pastillas para abortar, pero después de tomarlas, la Policía la intervino y la denunció por autoaborto.
Sentenciada por autoaborto en la Corte de Justicia del Cusco, 2018
Detrás de los turbulentos debates públicos sobre el aborto, hay experiencias profundamente personales: una violación, el abandono de una pareja, un estado de pobreza que impide criar a otro hijo o no querer ser madre porque no te sientes preparada para serlo.
En Perú, cada día, unas mil mujeres deciden interrumpir sus embarazos. Lo hacen en la clandestinidad y con muchos riesgos porque las leyes les impiden tener autonomía sobre sus cuerpos y el aborto es un delito por el que policías, fiscales y jueces las perseguirán.
En teoría, el aborto solo está permitido cuando la vida o la salud de la madre se encuentra en riesgo, pero en la práctica las mujeres enfrentan enormes obstáculos para acceder al procedimiento y para una atención post-aborto: miedo a un proceso penal, estigma, maltrato de profesionales de la salud y una interpretación limitada de las causales de salud permitidas para la interrupción del embarazo.
La persecusión del aborto perjudica a todas las mujeres, pero hay quienes tienen más probabilidades de verse afectadas: las más pobres, jóvenes entre 18 y 26 años, que viven en una ciudad o localidad del interior del país. Son ellas las que suelen ser procesadas, incluso en casos de aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas.
| Corte Superior de Justicia |
Cantidad de sentencias |
Casos donde las mujeres se inculparon |
| Callao |
14 |
4 |
| Arequipa |
11 |
8 |
| Piura |
7 |
7 |
| Cusco |
6 |
6 |
| Lambayeque |
5 |
5 |
| Puno |
5 |
3 |
| Cajamarca |
4 |
2 |
| Apurímac |
3 |
1 |
| Puente Piedra - Ventanilla |
3 |
1 |
| Huaura |
2 |
2 |
| Lima Sur |
2 |
0 |
| Tacna |
2 |
2 |
| Cañete |
1 |
0 |
| Huancavelica |
1 |
0 |
| Lima Norte |
1 |
0 |
| Sullana |
1 |
1 |
| Total |
68 |
42 |
Esto es lo que encontramos tras el análisis de 68 sentencias por autoaborto que dictaron 16 cortes superiores de justicia del país entre los años 2010 y 2024. Se trata de un grupo de fallos que Salud con lupa solicitó basado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para comprender la criminalización a las mujeres que abortan en Perú.
Aunque ninguna mujer fue sancionada con la cárcel, la mayoría se sintió intimidada para declararse culpable. Así, sus sentencias se convirtieron en sombras que las persiguen para recordarles que el sistema de justicia las cataloga como “malas mujeres”. Sus penas consistieron en el pago de reparaciones civiles que las empobrecieron más y en reglas de conducta moral, como no beber alcohol o evitar lugares de “dudosa reputación”.
En un caso analizado encontramos también que, cuando la procesada por autoaborto señaló que fue víctima de abuso sexual, este delito no se investigó o no se tomó en cuenta, mientras que avanzaba la causa en su contra.
“Esta es la forma cómo el Código Penal peruano intenta disciplinar a las mujeres y recordarles que no son dueñas de sus cuerpos”, dice Rossina Guerrero, psicóloga y directora de programas de Promsex, una organización civil que defiende casos de violaciones de derechos sexuales y reproductivos de mujeres en situación de alta vulnerabilidad en Perú.
Defenderse en un juicio es una experiencia que afecta emocionalmente a cualquier persona y es aún más agotador para mujeres que pasan por varios interrogatorios de policías, fiscales y jueces cargados de machismo y prejuicios. En estas condiciones, muchas acusadas aceptan la responsabilidad para acabar rápido con ese procedimiento tortuoso.
42 de las 68 mujeres denunciadas por autoaborto se inculparon antes de que inicie el juicio o durante sus primeras audiencias.
Hubo un factor muy importante en su decisión: no disponían de dinero para pagar la defensa de un abogado en un proceso que puede durar de 172 días a cuatro años. Tampoco encontraron apoyo en los defensores públicos, abogados gratuitos del Estado que apenas tienen tiempo para conocer su caso porque deben llevarlo junto con otros cientos de procesos a su cargo.
En los fallos identificamos también que la única evidencia de los fiscales contra las acusadas son testimonios del personal de los hospitales y centros de salud a donde fueron en busca de atención para salvar sus vidas. Sus denunciantes a menudo reflejaron estereotipos de género y consideraciones religiosas para denunciarlas.
“Si se aplicaran estándares internacionales de derechos humanos, no se podrían usar historias clínicas o información que da una paciente a su médico para acusarla, pero aquí los doctores creen que van a ser denunciados pese a que los respalda el secreto profesional”, explica Karina Manrique, miembro de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, una organización que capacita a magistradas para reducir los estereotipos de género en la administración de justicia y que impulsa el observatorio de decisiones y recomendaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos.
“Las mujeres necesitan saber que no están obligadas a responder las preguntas de un médico sobre un posible aborto para que reciban atención. Necesitan saber también que, cuando la Policía y la Fiscalía las interrogan, tienen derecho a solicitar la presencia de su abogado”, dice Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Justicia Verde, colectivo civil que lleva la defensa de mujeres criminalizadas por abortar en Perú.
Cuando se autoinculpan, explica Álvarez, muchas pierden la posibilidad de un juicio que terminaría con una resolución de archivo o del que saldrían absueltas debido a la forma irregular con que se reunieron pruebas en su contra. En 18 casos que revisamos, la acusación se originó porque médicos diagnosticaron un aborto provocado, incompleto o inducido mientras atendían a sus pacientes.
Todos dijeron que estaban obligados por la ley a denunciar cualquier indicio de aborto criminal aunque no supieran las circunstancias de cada mujer. Y lo hicieron luego de encontrar fragmentos de pastillas en las vaginas de las mujeres o cuando ellas les confiaron, con la única intención de recibir la mejor atención posible, que interrumpieron sus embarazos.
“Diez mujeres que defendimos fueron sometidas a interrogatorios en las mismas salas de emergencias de los hospitales y sin la presencia de un abogado. En Pucallpa, una mujer fue retenida en el hospital luego de ser acusada de abortar por los médicos. No aceptaron su alta voluntaria y no había ninguna orden de detención. La dejaron ir cuando intervenimos”, cuenta Álvarez.
Un ginecólogo atendió a Verónica por un sangrado vaginal y dolores en el vientre. Tras encontrar dos fragmentos de pastillas en su vagina, las guardó en un frasco y llamó a la Policía.
Hospital Hipólito Unanue de Tacna / Mayo, 2015
Policías intentaron interrogar a Maribel sin la presencia de su abogado y pese a que se encontraba internada en el hospital aún recuperándose de un legrado.
Hospital Regional de Cusco / Enero, 2019
Un médico le dijo a Sara que no la atendería si no reconocía que se había hecho un aborto. Entonces, tuvo que contar que le habían puesto una inyección intramuscular para interrumpir su embarazo.
Hospital José Cayetano Heredia de Piura / Febrero, 2014
La persecución del aborto disuade a quienes necesitan asistencia médica de buscar ayuda y convierte a los hospitales en sitios inseguros para muchas mujeres. La Constitución garantiza la confidencialidad de la información sobre la salud de las personas con carácter de derecho fundamental, pero en la práctica el Estado no protege este derecho.
A menudo, quienes postergan la atención medica sufren una infección o septicemia, y es posible que estos casos no se identifiquen como originados en una necesidad no cubierta de atención post-aborto.
Este es un problema de salud pública y derechos humanos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las mujeres en América del Sur, África Oriental y África Occidental tienen más probabilidades de experimentar un aborto inseguro que las de otras regiones. Se estima que los abortos inseguros son la causa del 17 por ciento de todas las muertes maternas en América Latina.
En Perú, solo entre enero de 2019 y junio de 2024, hubo 72 muertes debido a complicaciones por abortos. Esta cifra representa el 3.7% de todas las muertes maternas registradas en ese periodo, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud.
En Perú, solo entre 2019 y junio de 2024, hubo 72 muertes debido a complicaciones por abortos.
De las 42 mujeres que aceptaron haber interrumpido sus embarazos durante sus procesos penales, 24 no fueron condenadas siempre que cumplieran con reglas de conducta y reparaciones civiles.
No hubo un criterio claro en las reglas de conducta. A una se le ordenó que asista junto a sus hijos a una sesión mensual de terapia psicológica durante seis meses y que reciba en su hogar a un equipo conformado por un asistente social, un médico y un psicólogo para que informen sobre las condiciones en las que viven.
Otras fueron castigadas con jornadas de servicio comunitario y se les indicó que tenían que mantenerse alejadas de lugares de “dudosa reputación” y no consumir alcohol.
A todas se les fijaron reparaciones civiles de 500 soles en promedio. En las sentencias por autoaborto, los jueces consideraron como partes agraviadas al feto y la sociedad. Estos fueron representados por el Estado, al que las mujeres sentenciadas por abortar debían pagarle.
A las procesadas se les impuso reglas de conducta, trabajos comunitarios y reparaciones civiles.
Sin importar el monto, las mujeres tenían que buscar cómo pagar las reparaciones civiles para evitar que sus nombres continuaran inscritos en el registro de condenas y esa sanción se instalara como una sombra permanente en sus vidas.
Créditos:
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Edición general: Fabiola Torres
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Investigación: Rocío Romero, Alicia Tovar y Fabiola Torres
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Ilustraciones: Ro Oré
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Desarrollo web: Jason Martínez
