Sólo 5 de cada 10 mujeres en edad fértil accede a anticonceptivos modernos

María* tiene treinta y cinco años y, hace mucho, decidió que no sería mamá. En los últimos ocho años, desde que convive con su pareja, la pregunta sobre la posible llegada de un bebé se ha repetido decenas de veces. Su respuesta y fastidio, también. Karen tuvo a su primer hijo cuando era adolescente. Aunque su mamá cuidaba del niño mientras asistía a clases, no logró terminar sus estudios secundarios y por eso,dice, no ha tenido más que empleos informales. Ana trabaja en una escuela de idiomas. En los últimos años ha cursado una maestría, publicó un libro de poemas, se separó, aceptó empleos de lo más diversos y se volvió a enamorar. A veces, fantasea con la idea de tener un hijo, pero le aterra que eso implique perder su libertad. Claudia es periodista y tiene treinta y seis años. Hace unos meses asistió a una consulta con su ginecóloga y se hizo un conteo de óvulos. Cuenta que, cuando pase la pandemia, intentará quedar embarazada de su primer hijo. En las últimas décadas, las mujeres hemos cambiado. Tenemos deseos, oportunidades y retos distintos. Pero hay algo que todavía se espera de nosotras, de manera insistente: que nos convirtamos en madres.

Así, aunque la aparición de los métodos anticonceptivos ha mejorado nuestra calidad de vida, todavía convivimos con prejuicios enraizados. No son tan inofensivos como nos gustaría creer. Las barreras —psicológicas, económicas o burocráticas— que enfrentan muchas mujeres a la hora de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en Perú, lo demuestran. A fines de 2019, por ejemplo, solo el 55,6% de las mujeres en edad fértil y con pareja estable tenía acceso a métodos anticonceptivos modernos, según información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Esta situación, que ya era riesgosa, se ha agravado de manera alarmante durante los meses de cuarentena obligatoria, por la suspensión de las consultas externas en alrededor de ocho mil centros y postas del sistema público de salud —algo que, en muchos casos, impidió la entrega gratuita de métodos anticonceptivos de corta duración— y las dificultades económicas que han empezado a experimentar algunas personas que adquirían los insumos en farmacias privadas.

El impacto que tendrá esta suspensión todavía es incierto. Las autoridades, si bien reconocen que han tenido dificultades en la provisión de anticonceptivos, aseguran que esta se irá regularizando con la reapertura progresiva de distintos sectores. Su optimismo, sin embargo, no se replica en otras instituciones vinculadas a los derechos de salud sexual y reproductiva. La preocupación es evidente, incluso, dentro del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): una de sus proyecciones más recientes estimó que, hasta fin de año, podría haber 1.738.410 peruanas con necesidades de planificación familiar insatisfechas.

“La pandemia no ha hecho más que acentuar las desigualdades que ya existían.Y eso puede significar un aumento en los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente y los abortos inseguros. Pero, también, más muertes”, se lamenta Susana Chávez, especialista en Salud Pública y Directora Ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

¿Derechos suspendidos?

“Entre los mayores hitos que contribuyeron a la emancipación de las mujeres en el siglo pasado están el derecho a votar y los anticonceptivos”, explica la escritora y economista Mercedes D’Alessandro en “Economía Feminista. Las mujeres, el trabajo y el amor”. Esto, señala, no solo implicó transformaciones socioeconómicas profundas, sino también una importante reducción en la mortalidad infantil y los riesgos asociados a los embarazos no deseados.

Por eso, desde hace varias décadas el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva son considerados un derecho de toda la población —no solo de las mujeres, aunque la responsabilidad suele recaer en nosotras. El tema no es superfluo: tiene un impacto decisivo en las oportunidades de desarrollo de una persona, que aportará o no al avance de la sociedad que integra. Eso ha motivado que los gobiernos latinoamericanos, desde mediados de los años noventa, implementen distintas estrategias para satisfacer estas necesidades.

El Perú no ha sido la excepción. Aunque las barreras para acceder a la información y los métodos anticonceptivos persisten para miles de mujeres, jóvenes y adolescentes, el país logró posicionarse siete puntos por encima del promedio regional en los indicadores de Planificación Familiar. Esto ha sido posible gracias a una estrategia que incluye el servicio de consejería, entrega gratuita de métodos anticonceptivos de corta, mediana y larga duración a partir de los catorce años, además de la anticoncepción oral de emergencia, y el tratamiento de los efectos colaterales que podrían ocasionar algunos métodos, en los centros de salud y hospitales del sistema público.

Sin embargo, muchos especialistas ya han alertado que estos avances —con serias limitaciones en la prevención del embarazo no deseado y el embarazo adolescente— se verán gravemente afectados por el impacto que ha ocasionado la pandemia en los servicios de salud.

Una de las principales razones, indica Chávez, es la fuerte institucionalización de estos servicios; que implica que las mujeres deban acudir a los centros de atención de manera periódica. Pero no es la única. “Los encargados de la salud sexual y reproductiva tienen una preocupación genuina por poner al alcance de las mujeres estos métodos y están trabajando algunas normas para regularizar la atención durante la emergencia. Pero, en la práctica, no es tan fácil porque hay poco personal en el primer nivel de atención y pocos insumos”, detalla Lucy López, ginecobstetra y directora ejecutiva de la organización no gubernamental Inppares.

La situación que relata ha quedado en evidencia durante los últimos meses. Desde que empezó el estado de emergencia, se cancelaron las consultas externas y se estableció que la provisión de métodos anticonceptivos debía realizarse a través de los servicios de emergencia y urgencia. Sin embargo, esto no siempre funcionó así. Por un lado, porque algunos centros no contaban con el equipo de protección personal para los médicos. A eso se sumó, además, la disminución de los empleados—al presentar factores de riesgo—y el traslado de especialistas del primer nivel de atención a centros más complejos; con el consecuente cierre de algunos establecimientos. Y, por último, algunos hospitales y centros médicos incumplieron abiertamente con la provisión.

“El acceso a estos servicios es fundamental para que las personas puedan ejercer sus derechos. Por eso, remarcamos que estas atenciones no se podían postergar”, asegura Guillermo Atencio La Rosa, ginecólogo y director ejecutivo del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

Con ese objetivo, las primeras medidas del área incluyeron la supervisión regional de los stocks de anticonceptivos, algo que habían logrado garantizar hasta el mes de junio. “Pero cuando empezamos a monitorear además a nivel de establecimientos —relata— nos dimos con la sorpresa de que algunos no habían recibido los insumos por parte de los gobiernos regionales, y otros no estaban priorizando la actividad porque no la consideraban una urgencia”.

La situación, asegura, se ha subsanado en las últimas semanas. Y, además, se ha establecido que las usuarias de métodos anticonceptivos de corta duración (condones, anticonceptivos orales e inyectables) accedan a insumos suficientes para tres meses, para evitar su sobreexposición. La reapertura de las consultas externas, en paralelo, se está reanudando de manera progresiva con citas programadas y un protocolo que busca evitar las aglomeraciones. “Mientras tanto, debemos continuar la atención de planificación familiar por otros canales, porque esto es un derecho que no se puede suspender”, remarca Atencio La Rosa.

Las cifras invisibles de la pandemia

Hace unos meses, las proyecciones de las Naciones Unidas para la región habían destacado al Perú como uno de los países en mejor camino para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para el 2030 —una de las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la llegada de la pandemia ha expuesto profundas desigualdades y la fragilidad de un sistema público de salud, que ha estado desatendido por décadas.

Los problemas son enormes: instalaciones obsoletas, falta de unidades de cuidados intensivos, respiradores, médicos, programas descentralizados para atender otras enfermedades y un largo etcétera que incluye, también, a los derechos sexuales y reproductivos.Así, el Perú ha pasado de ser un ejemplo regional en este ámbito, a convertirse en el país más vulnerable de América Latina; por la alta proporción de usuarias de métodos de corta duración. Anticonceptivos que, si bien son muy eficaces, dependen de la cadena global de fabricación, ingresos para adquirirlos o el funcionamiento ininterrumpido de los programas de salud.

“Las mujeres tenemos derecho a elegir el método que más nos convenga. Sin embargo, en nuestro país hay una tendencia a orientar el uso hacia métodos de corta duración porque implican una menor intervención”, dice Chávez.

Sus palabras se reflejan en las cifras regionales: mientras en América Latina y el Caribe solo el 57% de las mujeres se protege con métodos de corta duración, en Perú la cifra asciende al 77%. Esto—señalan los especialistas consultados—obedece al escaso entrenamiento entre los ginecólogos y obstetras locales para aplicar anticonceptivos de larga duración (como el implante subdérmico o el dispositivo intrauterino); aunque se trate de procedimientos seguros y con bajo riesgo de complicaciones.

El resultado, precisamente, es una gran cantidad de mujeres afectadas por las barreras registradas en el sistema de salud pública durante los últimos meses. Pero el problema, después de una extensa cuarentena obligatoria y sin ingresos económicos garantizados para gran parte de la población, se ha extendido incluso entre algunas mujeres que compraban sus métodos modernos en farmacias privadas.

El informe “Impacto del COVID-19 sobre el acceso a anticonceptivos” de UNFPA ya ha realizado proyecciones nacionales y estima que más de 56 mil pacientes que recibían sus anticonceptivos en los servicios públicos discontinuaran su uso durante este año. A ellas se sumarán más de 62 mil mujeres que han perdido la capacidad de adquirirlos por su cuenta. Las consecuencias directas de esta interrupción serán un incremento de los embarazos no deseados —estiman más de 15.500—, abortos inseguros, muertes maternas y muertes neonatales. Y las más afectadas, aseguran los especialistas, serán las mujeres pobres.

Estas, sin embargo, no serían las únicas secuelas que quedarán, tras el paso de la COVID-19 por el país. Durante los meses de aislamiento social obligatorio, las instituciones vinculadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos pusieron en funcionamiento servicios de atención telefónica para ofrecer orientación en el tema. Allí, además de despejar dudas y detectar las irregularidades en la entrega de métodos anticonceptivos, registraron numerosas llamadas vinculadas a casos de violencia sexual, problemas para acceder a la anticoncepción oral de emergencia, postergaciones en la atención de pacientes con enfermedades de transmisión sexual e, incluso, en los abortos terapéuticos.

“La falta de políticas del Estado para enfrentar emergencias como esta ha generado situaciones peligrosas que, luego, se observan como si fuera un problema exclusivo de las mujeres”, dice Chávez. Su preocupación se extiende, incluso, en el ámbito educativo, pues la suspensión de las clases presenciales ha reducido los espacios orientados a ofrecer información confiable a los escolares. Algo que, temen, podría ocasionar un incremento en el embarazo adolescente —un problema que ya ha afectado al 13% de las peruanas de entre 15 y 19 años, de manera sostenida por tres décadas.

Las embarazadas y madres adolescentes —explica D’Alessandro en su libro— afrontan diversos perjuicios asociados a su maternidad temprana: dificultades para continuar sus estudios, insertarse laboralmente o tener independencia económica, así como también para salir de la pobreza. Por eso, en este contexto de pandemia, resulta impostergable que el ámbito educativo refuerce su rol protector entre las niñas y adolescentes.

“Si queremos una sociedad menos desigual, tenemos que empezar por valorar la vida y los proyectos de las mujeres”, dice Chávez. De eso, depende que millones de peruanas tengan la oportunidad de elegir su futuro. Y no reconfortarnos, apenas, con el progreso de unas pocas.

*Las mujeres que brindaron su testimonio para este reportaje solicitaron mantener sus apellidos en reserva. Algunas, también, pidieron modificar sus nombres para evitar ser identificadas.