En los campos de Ica crecen arándanos, espárragos y uvas que llegan a supermercados de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Pero detrás de cada fruta que se exporta desde el desierto hay algo más que sabor: hay agua. Mucha agua. Y, cada vez más, escasez.
Un informe de Water Witness, publicado en diciembre de 2024, advierte que Ica enfrenta una emergencia hídrica. Se estima que cada día se extrae del acuífero de la región el equivalente a 219 piscinas olímpicas. No hay lluvias que lo repongan. Al contrario: el agua que queda es cada vez más salada, más profunda y más costosa de alcanzar.
Mientras los cultivos de agroexportación prosperan, más de 35 000 personas en Ica no tienen agua potable. Muchas la reciben solo dos veces por semana; otras deben comprarla en camiones cisterna a precios hasta tres veces mayores que el agua por cañería. “Los pobres pagan más”, dice un dirigente local.
Y esto no ocurre solo en Ica. En Piura, a inicios de diciembre de 2024, más de 100 agricultores rompieron un dique instalado por Agroaurora, empresa del Grupo Gloria, en el río Chira, que bloqueaba el agua para sus cultivos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya había sancionado esa obra un año antes y ordenado su retiro, pero la empresa apeló y reconstruyó el dique varias veces en medio de las protestas. Agroaurora concentra 168 millones de m³ de agua autorizada en una región donde el 93 % de licencias van al agro, y las sequías son cada vez más severas.
Estas son historias urgentes. Historias que afectan de forma profunda al Perú y que no se ven en las etiquetas de los productos que se consumen en otras partes del mundo.
Por eso esta semana lanzamos SED: la otra cara del negocio agroexportador, una serie periodística que busca mostrar cómo se usa el agua, qué está haciendo (o dejando de hacer) el Estado y cómo esta actividad impacta en la vida de las personas y territorios.
El primer reportaje de esta serie revela cómo el gobierno peruano está reestructurando la ANA, la entidad encargada de decidir quién puede usar el agua y en qué cantidad. El proceso se ha presentado como una forma de mejorar la gestión, pero en la práctica lo que está ocurriendo es otra cosa: se están recortando controles, flexibilizando normas y debilitando la fiscalización, justo cuando más se necesita.
Al frente de esta reforma está el ministro Ángel Manero, cuya familia tiene una empresa exportadora de mangos. El diseño lo encargó a un asesor con vínculos previos con agroexportadoras. Y muchas de las propuestas que salieron de ese equipo ya están en marcha: se eliminaron requisitos técnicos para abrir pozos en zonas donde el agua ya está sobreexplotada, se relajaron normas ambientales y se plantean cambios que podrían abrir la puerta a un mercado del agua sin control estatal.
Mientras tanto, la ANA apenas cuenta con 59 fiscalizadores para supervisar más de 460 mil permisos en todo el país. Y en muchas zonas rurales y altoandinas, el agua es cada vez más escasa. En un escenario de cambio climático y sobreexplotación, comunidades enteras ven cómo disminuye su acceso al agua para beber, cocinar o sembrar.
El modelo agroexportador ha llevado productos peruanos a las mesas del mundo, pero también ha generado desigualdades.
En esta serie vamos a contar varias de esas historias: desde las nacientes de agua en los Andes que se desvían para regar campos en la costa, hasta los efectos de un clima cada vez más extremo y la sobreexplotación del recurso para sostener este modelo. También hablaremos de las condiciones en las que se desarrolla esta actividad, donde muchos trabajadores aún laboran a destajo y sin derechos. Porque entender el negocio agroexportador implica mirar no solo lo que se cultiva, sino cómo, con qué agua y a costa de quiénes.
El agua no puede seguir viéndose como un insumo más del negocio. Es un bien común, y su reparto justo debería ser prioridad. En el Perú, hoy no lo es.
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