Venezuela enfrenta a la COVID-19 como lo haría un joven boxeador amateur frente a un experimentado profesional que le dobla el peso y la potencia: con mucha voluntad y con la esperanza de que la letalidad de los golpes le cause los menos destrozos posibles.
La voluntad y la esperanza, sin embargo, no alcanzan a cubrir los visibles huecos de un sistema público de salud atrofiado, disfuncional desde mucho antes de que la pandemia arribara al país.
Eso lo saben millones de ciudadanos y mejor lo saben los profesionales de la salud que han lidiado desde hace años, y hasta límites difíciles de imaginar, con las carencias en los hospitales públicos.
Human Rights Watch y los centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins lo han dicho sin concesiones: “El sistema de salud de Venezuela ha colapsado. La escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica”.
¿Cómo detener la propagación del virus con un sistema de salud precario, en el que despiertan particular preocupación la escasez de agua, algo ya endémico en Venezuela, y la falta de medios de limpieza e higiene?
La respuesta, dice el reporte de los investigadores, es que no hay manera, según los testimonios que recogieron de personal de 14 hospitales públicos de Caracas y otras ciudades. “Prácticamente no hay jabón ni desinfectante en sus clínicas y hospitales. Con el aumento de la inflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar sus propios insumos, como jeringas o guantes”.
Es común que los cortes de agua afecten a los hospitales de la capital, pero en los ubicados fuera de las principales ciudades la situación es peor: “Los cortes de agua han durado semanas e incluso meses”.
El 9 de marzo, días antes de que se confirmaran los primeros casos, empleados del hospital José Ignacio Baldó, uno de los centros centinela de Caracas, denunciaron que no estaban en capacidad de atender la emergencia. No contaban con agua corriente, equipos de radiología ni capacidad de laboratorio para hacer un simple análisis de sangre completo.
Los pacientes y el personal se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, “para lavarse las manos antes y después de procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y, a veces, para descargar los inodoros”.
Según la Encuesta Nacional de Hospitales, iniciativa de la organización Médicos por la Salud, 70 por ciento de los hospitales reportaron fallas en el suministro de agua durante todo 2019.
Esa acentuada escasez, advierte el reporte de Human Rights Watch, también ha provocado que no haya servicio de lavandería en los hospitales y que el personal se exponga a llevar infecciones a sus hogares si mezclan su ropa con las de otros familiares al lavarla.
Quizá por ello una de las primeras medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro para lidiar con la emergencia sanitaria fue monopolizar la información y perseguir y acosar a periodistas y médicos que ofrecieran una versión diferente a la oficial sobre la propagación en Venezuela.
Hay que decir que no todos los venezolanos están atentos a la alocución presidencial, transmitida en cadena de televisión al final de cada día. Y si hablamos de televisión, habrá que decir también que unos 10 millones de venezolanos (un tercio de la población) podrían estar más preocupados por la reciente suspensión de DirecTV, en acatamiento a las prohibiciones impuestas por Estados Unidos.
Aunque parezca una nimiedad en comparación con las deficiencias de gasolina, agua, electricidad, gas doméstico e internet en el país –agudizadas por dos meses y medio de aislamiento–, muchos resienten la pérdida de la televisión satelital como opción de información y ocio durante el confinamiento en casa.
El recrudecimiento de la escasez de gasolina en Caracas ha sido más determinante en aplacar el ritmo de la ciudad que las medidas de distanciamiento físico, aplicadas con mano militar incluso mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, agrupación “implicada en el pasado en ejecuciones extrajudiciales”, según reporta Human Rights Watch.
En Catia, al oeste de la capital, las estructuras de una red de vecinos y milicianos controladas por el partido de Nicolás Maduro se sumó a la instauración de toques de queda no reglamentados, pero cuya violación podría acarrear hasta arrestos.
Inicialmente prohibieron la circulación los miércoles y los domingos y expidieron pases de movilidad; un solo un miembro de cada familia saldría a la calle a hacer compras. “Pero eso no funcionó y toda Catia se ha mantenido atiborrada durante la cuarentena”, advierte una residente del sector.
El presidente Maduro insiste en que la pandemia se encuentra bajo control y se ufana de que se ha logrado aplanar la curva de contagios, lo que ha despertado suspicacias en la comunidad científica nacional e internacional, sobre todo porque sólo existe un laboratorio que realiza pruebas moleculares y porque el despegue de la curva epidemiológica parece haber iniciado: entre el 16 y el 29 de mayo se reportaron 901 nuevos casos, un incremento de casi 200%, para totalizar mil 370 contagios confirmados.
La cifra oficial de personas que han fallecido ha dejado a la comunidad científica con los ojos abiertos: sólo 14. Pero ese número ha sido desestimado por los especialistas de la Universidad Johns Hopkins. “La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables y la total falta de transparencia”, sostiene Kathleen Page, investigadora de la Facultad de Medicina de esa universidad.
Lo cierto es que, agravadas por la contingencia, las necesidades básicas de la población están insatisfechas. Casi todo escasea. Desde los medicamentos e insumos para atender a los afectados por la COVID-19 y otras enfermedades, hasta la gasolina, el agua y la comida.
Venezuela tenía la gasolina más barata del mundo: menos de un centavo de dólar. Ahora los venezolanos tienen que pagar precios de hasta cuatro dólares por litro. Y la importan.
La carencia de combustible dificulta además el acceso a los alimentos. Según encuestas realizadas por grupos afines al gobierno, esa es la principal preocupación de 88 por ciento de los venezolanos.
En medio de la pandemia, más venezolanos se han quedado sin agua. Procedentes de China, a mediados de mayo llegaron 250 cisternas, cada una con capacidad para transportar 30 mil litros de agua, con el propósito de paliar la crisis tras el colapso de los sistemas de bombeo.
No sólo es el hecho de que la población se vea impedida de practicar las medidas de higiene, como en el caso de Rosa Figueredo, una madre soltera residente de uno de los barrios de La Vega, en la capital. No tiene agua suficiente para lavar sus manos y las de sus tres hijos pequeños y cumplir así con la más básica de las recomendaciones.
Ahora que han llegado las cisternas chinas la gente se arremolina en torno a ellas, cuerpo contra cuerpo, ocupando todo el espacio de una estrecha calle del barrio caraqueño de José Félix Ribas, respirando y gritando a unos centímetros del otro, sin protección alguna, buscando que a sus tambos de plástico color azul les toque la mayor cantidad de líquido posible.
Hombres, mujeres, mayores, blancos, negras, buscan hablar más y más alto para que les hagan caso. El vocerío se eleva entre las casas a medio terminar cuando un grito cerca del celular que graba la escena este 27 de mayo lo sintetiza, no sin ironía: “Positivo para el coronavirus”. Muchos ríen.
La emergencia humanitaria se ha exacerbado durante la cuarentena y la supervivencia es lo que distingue a Venezuela y el ánimo de su gente. Algunos se hunden en la depresión que causa el desamparo y otros echan mano de la capacidad de resiliencia desarrollada en los últimos años.
La incertidumbre sobre el futuro también alcanza la posibilidad de que se flexibilice la cuarentena. El 21 de mayo, se avisó que se anunciaría un plan. Pero a la fecha aún se ha hecho.
Antes, en un primer ensayo, se permitió la circulación en espacios públicos de niños, niñas y adolescentes acompañados de sus padres o tutores, así como de adultos mayores, en horarios restringidos durante los fines de semana.
Sin embargo, ante un brote, las autoridades responden con la radicalización de las medidas. El plan en ciernes consiste en establecer franjas horarias. Pero en las fronteras se mantendrán las restricciones, incluso con ejercicios militares, anunció el Ejecutivo nacional.
Las condiciones de la vida real aumentan la posibilidad de contagio. Jesús González, administrador de empresas de 32 años, cuenta cómo su diario trajinar lo convierte en blanco potencial: “Pudiera trabajar desde casa, pero la conexión a internet es pésima. Tengo automóvil, pero no gasolina. Traté de tomar el Metro, pero el servicio está reservado para quienes trabajan en las áreas de salud y alimentos”.
Angustiado, se vio obligado a abordar una unidad de transporte superficial: “Por la escasez de gasolina, muy pocas están en circulación y por lo general están atiborradas”. Él lo sabe: “Salir a trabajar con tantas dificultades para movilizarse implica un altísimo riesgo de contraer el virus”.
Así que a Jesús poco le dice el discurso de que la epidemia está bajo control y que se ha aplanado la curva, sobre todo después de que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, una de las más acreditadas autoridades científicas, difundió un estudio que ofrece una versión distinta.
La investigación calcula que existe un subregistro de casos de 63% a 95% y proyecta un pico que varía entre mil y 4 mil diarios entre junio y septiembre, datos que despertaron la irritación oficial.
Hubo ataques en su contra y ellos reaccionaron: “Nos preocupa como científicos que se nos persiga y señale por un informe técnico cuyo objetivo es el de contribuir al mejor manejo de esta pandemia”.
Y dejaron una última frase: Venezuela “debe prepararse para el pico de la epidemia, como lo han hecho otros países latinoamericanos”.
