La serie "El dinero o la salud" es un proyecto colaborativo liderado por
Salud con lupa en alianza con El Espectador (Colombia) y El Universal (México)
con apoyo del
Es inicio de mes y la familia García se prepara para su cita en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Miguel, de 49 años y Iori, de 19, son padre e hijo y comparten la misma enfermedad: diabetes tipo 1, su tratamiento es totalmente a base de insulina, si no toman las dos dosis diarias que requieren, no podrían comer ni hacer ninguna de sus actividades diarias. Su cuerpo no resistiría.
Miguel lleva 32 años viviendo con este padecimiento, su hijo desde que tenía apenas cuatro. Ambos están afiliados al IMSS y forman parte del 2% de personas con este tipo de diabetes en México, una enfermedad crónica que se caracteriza por una deficiencia del 80% de la secreción de insulina. Es decir, su páncreas, por sí sólo, produce poca o nula, por lo que necesitan aplicarla de manera externa de por vida, pero el problema son los costos.
“Nuestra esperanza no está en el gobierno, por eso siempre contamos con un pequeño banco y somos parte de fundaciones para que en cuanto no nos la den en la clínica podamos suplirla. Este mes (agosto) por ejemplo no había insulina lispro”, cuenta Miriam, jefa de esta familia jalisciense.
En el país no hay un registro exacto de este padecimiento, pero se calcula que uno de cada diez mexicanos de 20 años y más viven con diabetes, es decir 14.3 millones, de estos solo 9 millones tienen un diagnóstico confirmado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022. Para un millón de pacientes la insulina es su único tratamiento, sin embargo más de 200 mil la suspendieron en algún momento porque el gobierno dejó de surtir las recetas o porque el costo en farmacias privadas es tan elevado que se puede llevar hasta el 30%, en promedio, de sus ingresos familiares, según estimaciones de diferentes organizaciones.
La falta de datos básicos sobre esta epidemia limita la generación de nuevas políticas públicas que incidan directamente en el tratamiento, incluyendo el costo y el uso de diferentes tipos de insulina. “A este gobierno no le ha interesado disminuir la prevalencia de la diabetes. En 2021 prácticamente no hubo insulina glargina -la más usada por el sector salud-”, asegura la doctora Sarah Rebeca Rosales, Presidenta del Consejo Consultivo de la Federación de Educadores en Diabetes de México A.C. (FEDM).
“La ENSANUT se hace cada cuatro años y toma en cuenta sólo a los de 20 años y más, hay una población muy grande que no sabemos si tiene diabetes”, dice la doctora Rosales.
Esta enfermedad podría poner en jaque al sistema de salud en México, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). En 2019, la prevalencia de diabetes en México fue de 16.8% y las estimaciones de 2022 la ubican en 22.1%, lo que podría traducirse en que 28.1 millones de mexicanos tengan esta enfermedad y que cada vez un mayor porcentaje requiera insulina.
Para una institución como el IMSS, en donde se atiende el 50% de los derechohabientes en México, según datos de Inegi hasta 2020, la diabetes representa el padecimiento más costoso: se gastaron 50 mil 619 millones de pesos en tratamientos tan sólo en 2022.
A pesar de este gasto que parece tan elevado, el desabasto de insulina es una constante en las clínicas del sector salud del país y si este falla, un paciente que vive, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene que pagar desde 700 pesos mexicanos (US$35), si compra tan solo un frasco de insulina humana, hasta 2 mil 161 pesos mexicanos (US$109.14) en caso de adquirir insulina glargina, de acuerdo con datos del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Esto sin tomar en cuenta el resto de las compras para tener el control de la glucosa, ya que el Estado no le brinda a los pacientes con diabetes ninguno de estos elementos extra para el cuidado de salud.
Iori, hijo de Miriam, tiene que revisar su glucosa entre seis y siete veces al día, esto quiere decir que utiliza, en promedio, 190 lancetas al mes. Una caja con 100 unidades varía entre los 200 y 300 pesos mexicanos (alrededor de US$15) en diferentes farmacias privadas. Todo este gasto se tiene que multiplicar por dos en la familia García, por lo que si en su UMF les dicen que no hay insulina los gastos pueden crecer de manera desmedida.
“Entre jeringas, tiras y lancetas -que diario se cambian- gastamos alrededor de tres mil o cuatro mil pesos (US$150-200) mensuales para cada uno. Súmale el glucómetro, bolsas de gel para transportar la insulina, una hielera y que su dieta tiene que estar muy balanceada, en el refrigerador siempre hay frutas y antes un kilo de manzanas nos costaba entre 20 y 30 pesos, ahora está alrededor de 50 pesos”, describe Miriam.
Salud o negocio
Los costos tan altos de la insulina y el desabasto que existe en diferentes clínicas del sector salud han dejado desprotegidos a los pacientes con diabetes en México. “Llegas y solo te dicen que no tienen y ya, o a veces te dan una marca diferente sin importar cómo se adapta el organismo”, dice la mamá de Iori.
Al mismo tiempo, esta epidemia ha sido un gran negocio para tres laboratorios a nivel mundial: Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi Aventis. En México se suma uno más: Laboratorios Pisa.
Estas farmacéuticas concentran el 44% de las compras que ha hecho el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Salud y Petróleos Mexicanos (PEMEX), de 2018 a 2023, en materia de insulina, de acuerdo con una base de datos hecha por El Universal con información solicitada vía transparencia.
En el 45% de los mil 840 registros que se obtuvieron no se logró determinar el laboratorio fabricante, por lo que solo se tiene la certeza de que casi la mitad del mercado está controlado por estas cuatro grandes empresas.
A pesar de que la insulina es un medicamento que se incluye en las compras consolidadas que hace el Estado desde 2020 con el objetivo de obtener mejores precios, la estrategia provocó que las instituciones públicas hicieran sus compras por su cuenta y con poca anticipación, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Los datos obtenidos vía transparencia muestran que no se consiguió dicho ahorro. En 2020, año en el que comenzó este método de compras, las seis instituciones de salud adquirieron 22 millones de unidades de insulina por un total de mil 221.3 millones de pesos, para 2023 la cifra de este medicamento bajó un 32%, sólo se compraron 14.9 millones de unidades, pero el monto final que pagó el gobierno estuvo por encima de las cifras de 2020, fue de mil 447.9 millones de pesos.
“Habría que preguntarnos, ¿por qué están comprando tan caro? por las asignaciones directas, porque hay arreglos para esas asignaciones en el caso de las insulinas”, asegura el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) y doctor en Ciencias de la Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba.
La salud de Iori y Miguel depende de la insulina, pero no solo de un tipo, si no de dos: lispro y glargina. Ambas entran en el grupo de insulinas análogas, las cuales se obtienen por ingeniería genética por sustitución de aminoácidos de la molécula de insulina humana original y se considera con un mejor efecto terapéutico, pero también su costo es más elevado.
En el caso de la glargina, Iori y Miguel han recibido por parte del Seguro Social frascos de tres laboratorios: Sanofi (Lantus), Pisa (Galactus) y Landsteiner Scientific (Bonglixan). Estas tres compañías agrupan el 80% de las compras que el IMSS ha hecho de este tipo de insulina de 2018 a 2023, de acuerdo con el análisis realizado por El Universal
En ese periodo, estos tres laboratorios obtuvieron ganancias por 870.52 millones de pesos en compras tan solo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El precio promedio al que esta institución adquirió los medicamentos fue de 126 pesos por unidad (US$15), pero si estas compras las tienen que hacer directamente las familias con pacientes diabéticos la inversión puede ir desde los 522 (US$26.11) hasta los dos mil 288 pesos mexicanos (US$114.43) solo por un envase con un frasco ámpula con 10 ml.
La glargina es fabricada por ocho laboratorios en México, los precios más bajos los ofrecen Sanofi, Laboratorios Pisa y Wockhardt Limited, una farmacéutica hindú que comenzó a venderle insulina al Estado en 2019. Sus costos promedio para el gobierno van desde los 91 hasta los 98 pesos, mientras que empresas como Pharmalife tiene un precio mucho más elevado, 650 pesos por unidad.
Organizaciones de la sociedad civil concuerdan en que los laboratorios podrían bajar los costos de sus insulinas en un país con una prevalencia de diabetes tan alta como México. “Hace falta una revisión de los costos de las insulinas y ellos (los laboratorios) lo saben. El costo tendría que venir en sentido del ingreso general de los mexicanos, pero actualmente están muy por encima de lo que una familia promedio puede pagar”, dice Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes A.C.
Sin estrategias reales
En 2021, un año después de que el mundo entero tuviera que entrar en un encierro obligatorio debido a la crisis sanitaria del coronavirus, se hizo un compromiso en la Organización Mundial de la Salud para hacer más fácil el acceso a la insulina. México fue parte de este acuerdo, pero tres años después las familias mexicanas siguen sorteando el desabasto que existe en las clínicas de salud del gobierno, porque en caso de llevarse una receta como “No Surtida”, tienen que poner de su bolsillo hasta dos mil pesos por una caja de insulina con apenas cinco plumas precargadas.
“En los últimos cinco años hemos visto más desabasto, antes esto ocurría un mes en todo el año, pero ahora no encuentras insulina en dos o hasta cuatro meses, por eso nosotros intentamos siempre tener un pequeño banco”, cuenta Miriam.
¿Cómo comprar suficiente insulina si se desconoce en números reales cuántos mexicanos tienen diabetes? “Para saber cuánto vas a comprar hay que saber cuántos son”, asegura el diputado Éctor Jaime.
Y es que el gobierno se ha negado a realizar un censo que muestre realmente la población que padece esta enfermedad, porque significa conocer su estado y que más va a requerir como paciente, explica Ramírez Barba.
De 2018 a 2023 el Estado, a través del IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA, PEMEX y Secretaría de Salud compraron 93.6 millones de piezas de insulina, pero desde el 2021 las adquisiciones de cada año fueron a la baja, esto no fue igual en los montos que se pagaron, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.
Sólo de 2021 a 2022 se registró una disminución del 48% en el gasto de la compra de insulina de estas seis instituciones, pero fue debido a que también se tuvo una drástica caída en las unidades del medicamento que compraron.
A pesar de estas reducciones en las compras los principales laboratorios han mantenido el mismo nivel de ganancias.
Novo Nordisk ha sido uno de los más beneficiados. Este laboratorio es fabricante de cuatro de las ocho insulinas análogas que otorgan los servicios de salud públicos. Las compras de su marca subieron de 22 millones de pesos en 2018 a 29.8 en 2023, mientras que el número de unidades que entregó bajaron un 85% en el mismo periodo.
Esta farmacéutica fue uno de los principales proveedores del IMSS hasta 2021, pero su aumento en las ganancias fue, principalmente, gracias a tan solo dos contratos obtenidos con el ISSSTE para la compra de insulina detemir y aspart, ambas análogas, a un precio unitario aproximado de 624 y 248.75 pesos mexicanos, aproximadamente. Esta última tiene un costo en farmacias privadas de alrededor de mil pesos.
Las instituciones de salud en México no han logrado obtener insulina a un precio más accesible en los últimos años y si este medicamento no está disponible las familias tienen que acceder a ellas mediante las farmacias privadas, la respuesta para frenar estos costos está en el gobierno.
“El gobierno federal está obligado a dar tratamiento con insulina a todos los mexicanos, porque hay un fondo que se llama Fondo Nacional de Salud para el Bienestar y que tiene más de 33.000 millones de pesos y perfectamente alcanza, para dar la insulina a todos los pacientes ¿Es fácil disminuir el precio? Es la ley de la oferta y la demanda, el costo de las insulinas disminuye si el sector público comprara las que tiene que comprar”, sentencia el diputado Éctor.
