Desde hace tres años, Alberto de la Cruz era paciente de la Clínica General del Norte, en Barranquilla, por una enfermedad pulmonar crónica que generó su adicción al tabaco en su juventud y su oficio de ebanista. El 7 de mayo tuvo una crisis respiratoria y fue llevado de emergencia a este servicio de salud, donde se quedó internado. Apenas tres días después falleció “por causa natural”, según el certificado de defunción.
Su hija Rosalía Fonseca se había encargado sola del cuidado de su papá, pero no tenía el suficiente dinero para enfrentar los gastos de su sepultura. Cuando aún no terminaba de asimilar la noticia de su muerte, ese domingo de mayo su celular sonó en repetidas ocasiones con distintas alternativas que la sorprendieron. La llamaron de varias funerarias, de la Gobernación del Atlántico y de la Alcaldía de Barranquilla ofreciéndole la cobertura del sepelio. Al día siguiente, el personal de la clínica le informó que el costo del servicio funerario de su padre estaba cubierto y que ya no debía preocuparse porque el Cementerio Universal de Barranquilla, a través de un contrato para disposición de cadáveres con la alcaldía de esa ciudad, se haría cargo del proceso.
El 11 de mayo Rosalía Fonseca recibió las cenizas de su padre en una urna pocas horas después de su cremación. El cuerpo fue incinerado según el protocolo que se sigue en Colombia para el manejo de los cadáveres en la pandemia. Según el Ministerio de Salud, los cadáveres de las personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 por una prueba molecular o con síntomas de que la tuvieron deben ser cremados por razones de bioseguridad. Esto se hace para prevenir una probable transmisión del virus entre personal de salud y de las funerarias que se encargan de colocar a los fallecidos en bolsas herméticas resistentes a fluidos para luego llevarlos a los crematorios.
Sin embargo, Alberto de la Cruz dio negativo en la prueba PCR para SARS Cov-2 que se emitió el 2 de junio. La muestra, según el informe de resultados del laboratorio departamental a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, se envió para su procesamiento el 13 de mayo, es decir, dos días después de que su cuerpo fuera cremado.
Además de lo sucedido con Alberto de la Cruz, conocimos el caso de otra persona que fue cremada como cadáver COVID-19 sin que se esperaran los resultados de su prueba molecular. Esto ocurrió con Rosaura Castro, quien falleció el 11 de mayo en la Clínica del Caribe, en Barranquilla, por complicaciones respiratorias. Horas antes había celebrado el Día de la Madre sin presentar ningún malestar que preocupara a sus hijos.
Los médicos de la clínica donde murió Rosaura Castro, de 89 años, ordenaron que fuera cremada en contra del deseo de sus hijos que querían darle sepultura en tierra. Ahora, al dolor de la pérdida, esta familia se siente desconcertada porque sabe que su pariente nunca contrajo el coronavirus. Dio negativo a la prueba, según un informe emitido el 29 de mayo por el laboratorio departamental a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, es decir, 18 días después de su cremación.
En Colombia los casos de los cuerpos de personas fallecidas que fueron cremados sin que se esperara al resultado de la prueba de COVID-19 ha causado desconcierto en varias familias, particularmente, en el departamento del Atlántico, donde hay personas que se resisten a cremar a sus seres queridos porque va en contra de sus creencias religiosas y su cultura.
Esta situación generó que las autoridades de Barranquilla, capital del Atlántico, adaptaran los protocolos sanitarios para la disposición final de los fallecidos y se autorizaron las inhumaciones o sepultura en tierra de muertos confirmados o sospechosos de COVID-19 desde el 5 de junio.
La discusión sobre las cremaciones se ha extendido a la comunidad wayúu, población originaria de la península de La Guajira, en el caribe colombiano. Sus líderes comunales denunciaron la cremación de tres mujeres de su etnia sin que se esperaran los resultados de las pruebas moleculares que les practicaron y que finalmente dieron negativo en todos los casos. Se trata de las cremaciones de Luz Delys Pérez, Mauricia Apushana y Dubilma Morales.
El caso más reciente fue el de Luz Delys Pérez Zúñiga, de 30 años, quien falleció en la Clínica General del Norte de Barranquilla, con problemas respiratorios. Pese a que su familia argumentó que sufría de un cáncer linfático, su cuerpo fue cremado como un cadáver sospechoso de COVID-19. Igual sucedió con el cuerpo de Dubilma Morales Machado, quien murió en la Clínica La Merced, también en la capital del Atlántico.
Ante esta situación, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado protestas simbólicas en diferentes municipios de La Guajira. Mientras que las autoridades y líderes wayúu publicaron un manifiesto en el que pidieron al Gobierno nacional un protocolo diferenciado en salud conforme a las creencias culturales de estas poblaciones. Se basan en las propias pautas de la Organización Mundial de la Salud publicadas el 24 de marzo, en el documento “Prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto del COVID-19” en el que solicita “respetar y proteger en todo momento la dignidad de los muertos y sus tradiciones culturales y religiosas, así como a sus familias”.
Las muertes sospechosas
Desde que llegó el coronavirus a Colombia, el Ministerio de Salud decidió solo comunicar a la población la evolución de la pandemia usando los datos de los contagiados y fallecidos con pruebas moleculares que lo confirmaran. Al 11 de agosto, el virus seguía imparable en el país al haber superado las 400.000 personas infectadas y llegar a 13.475 muertos, según el boletín diario oficial.
Estos datos se manejan con el Registro Único de Afiliados (RUAF), que es un sistema electrónico que manejan los centros de salud, particularmente los médicos tratantes, para inscribir tanto los nacimientos como las muertes en Colombia, incluyendo los fallecimientos por COVID-19. Esta información va directamente al Ministerio de Salud, que es el único que administra este registro y se encarga de reportar cuántas muertes está dejando la pandemia en el país.
Si bien los médicos deben registrar en el RUAF si la causa de la muerte fue COVID-19 o si fue un deceso considerado sospechoso por coronavirus, el Ministerio de Salud sólo difunde el número de casos confirmados. El Ministerio comparte esta información con el Instituto Nacional de Salud (INS), entidad que está a la cabeza de la estrategia de contención del coronavirus.
Sin embargo, el 6 de agosto el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que registra cada trimestre los nacimientos y muertes en todo el país, presentó un informe sobre las defunciones en Colombia entre el 2 de marzo y 19 de julio que daba cifras distintas a las del Ministerio de Salud. Se registraron 9.124 muertes confirmadas por COVID-19 en ese período, lo que significa que hubo un subregistro de 2.388 fallecidos por el virus que no fueron reportados por el Ministerio de Salud que entonces registró 6.736 muertes hasta esa fecha.
Hasta hace pocos días, se desconocía también cuántos colombianos habían fallecido como sospechosos de haber tenido COVID-19 porque no se les hizo una prueba. Sin embargo, el reporte del DANE reveló que hubo 3.506 muertes sospechosas de COVID-19, pero no conoce cuántas fueron luego confirmadas o descartadas.
Julián Fernández, director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, asegura que sí se están analizando las muertes que aparecen en el RUAF como sospechosas y que no tienen pruebas de laboratorio para determinar si el deceso fue por COVID-19. Se han hecho diferentes análisis epidemiológicos y más de 2.000 autopsias verbales, un procedimiento que incluye entrevistar a un familiar del difunto para precisar la causa de la muerte, que han llevado a reclasificar muertes de sospechosos a confirmados.
El desfase en el registro
Una de las grandes dificultades que hay en Colombia para conocer en forma oportuna el número real de los muertos por COVID-19, tanto confirmados como sospechosos, son las demoras de los registros manuales y los errores que ocurren durante el ingreso de datos en los certificados de defunción.
Aunque los centros de salud deben reportar las muertes en el RUAF de manera inmediata, en la práctica hay casos que demoran semanas. Por eso, las cifras oficiales que publica a diario el Ministerio de Salud con los detalles de los fallecidos y contagiados evidencian que muchos decesos ocurrieron en días diferentes a la fecha en la que se reportaron públicamente.
A fines de julio, el Instituto Nacional de Salud comenzó a especificar cuántos de los fallecidos incluidos en las cifras diarias realmente murieron en días anteriores y allí se vio por primera vez el retraso en los registros: de las 302 muertes por COVID-19 que se reportaron públicamente el 9 de agosto, 289 correspondieron a días anteriores.
“Cada reporte diario trae fallecidos de los últimos diez días, como es la dinámica normal en el reporte de fallecidos por todas las causas. Ocasionalmente, trae algunos pocos fallecidos de fechas anteriores a ese período”, aclara el Instituto Nacional de Salud en su página web.
Además de existir un desfase en las fechas, hay incompatibilidades entre los mismos números oficiales. El 10 de junio el congresista Wilson Arias hizo notar que las cifras de muertos del Ministerio de Salud no cuadran con las del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), un registro electrónico adicional a la historia clínica del paciente y que es manejado por las enfermeras de los hospitales. Se utiliza para registrar ante el Instituto Nacional de Salud los datos de todos los pacientes que llegan con algún padecimiento. El COVID-19 está ahora dentro de esa lista de enfermedades, lo que significa que si una persona contrae el virus o se sospecha que puede tenerlo, el centro de salud debe reportarlo en el Sivigila.
Si ese paciente muere, las enfermeras de los hospitales deben notificarlo en el Sivigila y para esta tarea se basan en la información que aparece en el RUAF. En teoría, los números de fallecimientos por COVID-19 que están en ambos sistemas deberían coincidir, pues en esencia son los mismos. “El Ministerio de Salud verifica que todo esté conforme. Si hay algún desfase u omisión, el ministerio los hace notificar”, aclara la doctora Martha Ospina, directora del INS. Pero no siempre es así, como lo observó el senador Arias.
Actualmente, hay limitaciones para contrastar todas las cifras, ya que los registros no son abiertos y lo único que se publica diariamente son los reportes del Ministerio de Salud sobre las muertes confirmadas por coronavirus. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, declaró a los medios que “los datos pueden tener rezagos, pero no falsedades”.
