Celia Ramos tenía 34 años y tres hijas cuando fue sometida a una ligadura de trompas en una posta médica del caserío La Legua, en Catacaos, Piura. Era julio de 1997. Durante el procedimiento sufrió un paro respiratorio que la dejó en coma y murió días después.
Casi tres décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que el Estado peruano es responsable por la muerte de Celia Ramos, ocurrida en el contexto de la política de esterilizaciones forzadas aplicada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se trata del primer caso vinculado a este programa que llega a una sentencia en el sistema interamericano.
La Corte estableció que el Estado vulneró sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, al acceso a la información, a la protección de la familia y a la igualdad ante la ley. Según el fallo, la intervención quirúrgica se realizó sin que Celia Ramos recibiera información suficiente ni otorgara su consentimiento de manera libre, plena, previa e informada.
El fallo marca un precedente para miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento en los años noventa. También abre una nueva etapa en el debate sobre las responsabilidades del Estado y las medidas de reparación que deberá adoptar.
Para entender esta sentencia hay que volver a donde empezó todo: Piura. A Celia Ramos, personal de salud del caserío La Legua fue a buscarla más de una vez. Le insistieron para que se sometiera a una ligadura de trompas. Le dijeron que era algo rápido, “como sacarse una muela”.
Pero el día de la operación todo se complicó.
Fue trasladada de emergencia a una clínica, donde permaneció 19 días en cuidados intensivos hasta que falleció. Nadie le explicó los riesgos de la intervención ni le brindó la información adecuada sobre el procedimiento. Después de su muerte, su familia quedó sin respuestas claras, sin justicia ni apoyo psicológico.
A lo largo de los años, su esposo, sus hijas y su madre intentaron que el caso fuera investigado en el sistema de justicia peruano. Sin embargo, las denuncias no avanzaron y el expediente terminó archivado.
Por ello, la Corte concluyó que el Estado también violó los derechos de la familia a las garantías judiciales y a la protección judicial, al no ofrecer una investigación diligente ni una respuesta efectiva a sus reclamos.
En su sentencia, el tribunal ordenó al Estado reabrir las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Celia Ramos e identificar y sancionar a los responsables, tanto a quienes dieron las órdenes como a quienes las ejecutaron. Además, dispuso la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de disculpas públicas dirigidas a su familia.
Además, el Estado deberá adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Entre ellas, aprobar normas claras para garantizar el consentimiento informado en los servicios de salud sexual y reproductiva, actualizar los protocolos médicos en hospitales públicos y privados, y establecer mecanismos para recibir denuncias por intervenciones realizadas sin esta autorización.
La sentencia también contempla medidas de reparación para los familiares de Celia Ramos. Asimismo, ordena que las personas que murieron en el contexto de estas cirugías sean incorporadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).
Carmen Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, colitigante en el proceso, explica que la sentencia también reconoce que la política de esterilizaciones forzadas fue sistemática y masiva que afectó de manera desproporcionada a mujeres empobrecidas, en su mayoría de zonas rurales e indígenas.
Una política que afectó a cientos de miles de mujeres
Durante los años noventa, el Estado peruano impulsó un programa de planificación familiar que incluyó la realización masiva de esterilizaciones quirúrgicas —principalmente ligaduras de trompas—. Según una comisión investigadora del Congreso, durante el gobierno de Alberto Fujimori 314,605 mujeres fueron sometidas a este procedimiento.
Muchas de estas intervenciones se realizaron sin consentimiento previo, libre e informado. Las principales afectadas fueron mujeres indígenas, pobres y residentes en zonas rurales.
La política se justificaba como una estrategia para reducir la pobreza mediante el control de la natalidad. Para cumplir ese objetivo, el sistema de salud estableció cuotas de cirugías que debían ser alcanzadas por el personal médico.
En algunos lugares, esas cuotas derivaron en fuertes presiones sobre médicos y enfermeras. En Piura, por ejemplo, un grupo de profesionales denunció ante el Ministerio de Salud que se les exigía realizar 250 cirugías en solo cuatro días, con un solo quirófano disponible.
La presión por cumplir esos objetivos tuvo consecuencias graves.
Investigaciones basadas en documentos oficiales del Ministerio de Salud, informes de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como diversas investigaciones periodísticas, muestran que médicos y enfermeras aplicaron prácticas coercitivas, intimidaciones y engaños.
Aprovechando la vulnerabilidad y pobreza de las mujeres rurales e indígenas, les ofrecían alimentos a cambio de su consentimiento para la esterilización. En otros casos, condicionaban el acceso a servicios de salud a que aceptaran operarse.
El propio sistema de incentivos reforzaba estas prácticas. El Estado pagaba bonificaciones a los médicos de entre 4 y 10 dólares por cada mujer esterilizada, prometía ascensos al personal que cumpliera las metas y amenazaba con despidos a quienes se negaran.
En ese contexto ocurrió el caso de Celia Ramos.
Un camino largo hacia la justicia
La muerte de Celia Ramos ocurrió el 3 de julio de 1997. Ese mismo año, su esposo denunció al equipo médico ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Piura. El caso fue archivado pocos meses después.
En 2002, el expediente se incorporó a una investigación más amplia sobre esterilizaciones forzadas en el país. Sin embargo, la causa volvió a archivarse en tres ocasiones: en 2009, 2014 y 2016.
Las autoridades argumentaron que los hechos no constituían crímenes de lesa humanidad y que los delitos habían prescrito. Estas decisiones fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
En 2011, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de las hijas de Celia Ramos. A partir de ese momento, el caso empezó a recorrer el sistema internacional.
El caso llega a la Corte Interamericana
Mientras el proceso internacional avanzaba, las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas en el Perú atravesaban nuevos retrocesos.
En 2018 se ordenó formular una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y otros exfuncionarios por su presunta responsabilidad en la política aplicada durante los años noventa.
Sin embargo, años después el proceso volvió a sufrir reveses judiciales. En 2024 se anuló la resolución que había abierto la investigación y se dispuso reiniciar el caso bajo el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, anulando diligencias efectuadas en 2021 y 2023.
Ese mismo año, además, el Congreso aprobó una ley que limita la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una medida que organizaciones de derechos humanos consideran un obstáculo para casos como el de las esterilizaciones forzadas.
La audiencia, el documento cuestionado y el fallo
Ante la falta de avances en la justicia peruana, la Comisión Interamericana decidió llevar el caso ante la Corte IDH el 3 de junio de 2023.
El tribunal escuchó a las partes en audiencia pública en mayo de 2025. Allí declararon familiares de Celia Ramos, representantes del Estado y especialistas en el tema.
Durante la audiencia, la defensa del Estado peruano presentó por primera vez un supuesto consentimiento firmado por Celia Ramos, cuya existencia había negado anteriormente.
Sin embargo, los jueces de la Corte advirtieron que el documento no detallaba claramente el procedimiento ni los riesgos asociados. Además, las abogadas de la familia señalaron que el formulario carecía de la firma del jefe del puesto de salud y del sello oficial del Ministerio de Salud, lo que pone en duda su validez.
Este 5 de marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia y declaró responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos.
Casi treinta años después de su muerte, su historia vuelve a poner en evidencia una deuda pendiente del Estado peruano con las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados por una política pública que nunca debió ocurrir.
