Eulogia Guzmán, una mujer quechuahablante de 47 años, sigue buscando justicia porque no quiere que otras mujeres sufran lo mismo que ella. Hace veintiún años, fue maltratada mientras intentaba dar a luz en un centro de salud del Cusco. La negligencia del personal hizo que su hijo, Sergio, cayera al suelo al nacer y sufriera secuelas físicas irreversibles hasta los 13 años, cuando falleció. “Lo que busco es que todos mis hermanos sean bien atendidos, que en los hospitales y centros de salud nos hablen en quechua”, dice Eulogia. Su caso de violencia obstétrica es el primero en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La violencia obstétrica es una forma de maltrato en los servicios de salud que se manifiesta cuando las mujeres son humilladas, intimidadas o sufren daño físico y psicológico durante el embarazo, el parto o el posparto. En el Perú, esta violencia afecta con mayor crudeza a las mujeres indígenas, quienes muchas veces no pueden comunicarse con el personal de salud porque no se les habla en su lengua materna.
A pesar de ello, solo el 1% de los establecimientos de salud del país —126 de un total de 8,441— están adaptados con un enfoque intercultural. Esto significa que apenas unos pocos cuentan con intérpretes para atender a mujeres quechuahablantes, aymaras, asháninkas y de otros pueblos indígenas, o les permiten dar a luz en posiciones tradicionales, como de cuclillas o de pie.
En Cusco, la región de Eulogia, sólo siete centros de salud reúnen estas condiciones. En Apurímac, donde más de la mitad de la población habla quechua, no hay un solo establecimiento de salud con estas adecuaciones. La discriminación lingüística, aunque invisible para muchos, sigue dejando a miles de mujeres sin un trato digno en un momento crucial de sus vidas.
La violencia obstétrica adopta muchas formas: desde humillaciones verbales hacia las mujeres por parte del personal de salud, hasta procedimientos invasivos no consentidos, como tactos vaginales injustificados, maniobras bruscas sobre el vientre o la aplicación de medicamentos sin consentimiento informado. Aunque en el Perú se reconoce como una forma de violencia de género, el Observatorio Nacional del Ministerio de la Mujer no lleva un registro de estos casos. Tampoco el Ministerio de Salud sabe cuántas mujeres han sido afectadas, a pesar de las graves consecuencias físicas y psicológicas, como ansiedad, depresión postparto y estrés postraumático.
Las denuncias suelen quedar atrapadas en la burocracia. Muchas se pierden en los Libros de Reclamaciones de hospitales y centros de salud, sin llegar a instancias mayores. Pocas alcanzan a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que hasta la fecha ha registrado solo 13 denuncias de violencia obstétrica en Lima, Callao, Ica, Ayacucho, Madre de Dios, Apurímac y Junín, contra hospitales públicos, centros de salud y clínicas. De ellas, dos han sido archivadas y once siguen en investigación.
En los consultorios ginecológicos, los servicios de consejería y los controles prenatales, las mujeres deberían recibir información para reconocer la violencia obstétrica y saber cómo denunciarla. Pero para lograrlo, es fundamental que haya más personal de salud capacitado en igualdad de género, derechos humanos e interculturalidad. En el ámbito judicial, las víctimas enfrentan un obstáculo adicional: la violencia obstétrica no está tipificada como delito. Si los jueces determinan que no hubo lesiones graves, los casos corren el riesgo de ser archivados.
Los obstáculos que sufren las mujeres indígenas
En febrero de 2016, Claudia* llegó con fuertes contracciones al centro de salud del distrito de Nauta, en Loreto. Había viajado una hora en bote desde su comunidad, Puerto Prado, perteneciente al pueblo kukama, porque allí no hay postas médicas. A pesar de estar acompañada por su esposo, le ordenaron ingresar sola. Con el paso de las horas, el dolor se intensificó y sintió que ya estaba lista para dar a luz. “Traté de acercarme a una de las camas para parir de pie. Recién entonces apareció el médico y me acostaron boca arriba”, recuerda. Unas horas después, le informaron que su hija había fallecido.
“No era prematura, yo ya tenía nueve meses. Primero me dijeron eso y después que se había ahogado y nació muerta”, cuenta Claudia. Nunca le dieron una explicación clara. En el acta de defunción sólo se registraron “causas naturales”. Años después, en una charla de Mamás del Río, un programa comunitario de salud materna en la Amazonía, entendió que había sido víctima de violencia obstétrica. Nadie le explicó que tenía derecho a elegir la posición del parto según sus costumbres ni a estar acompañada en el nacimiento de su hija.
Recién en 2022, el centro de salud de Nauta cambió sus protocolos para permitir partos humanizados. Este enfoque busca respetar la voluntad y las decisiones de las mujeres embarazadas para mejorar su experiencia y reducir riesgos tanto para ellas como para sus bebés. Aunque el Ministerio de Salud lo respalda desde hace más de dos décadas, todavía no se ha implementado en todos los establecimientos de salud.
En 2019, el Ministerio de Salud aprobó una norma complementaria para que los centros de salud que atienden a población indígena brinden espacios seguros y respetuosos de sus costumbres. Esta política con enfoque intercultural busca, por ejemplo, incluir a las parteras en el cuidado de las gestantes y garantizar que las mujeres de zonas rurales y alejadas puedan alojarse en una casa materna antes del parto. Sin embargo, en cinco años de vigencia, solo 126 de los más de 8,000 centros de salud del país han sido acreditados por el Minsa para cumplir con estos estándares.
La escasa implementación de la norma responde, en parte, a cómo están diseñados los servicios de salud. En regiones con población indígena, los establecimientos solo ofrecen información en castellano, ignorando las lenguas originarias. Además, mantienen un modelo occidental que no se adapta a las costumbres locales: los espacios para la dilatación y el parto están separados, obligando a las mujeres a trasladarse en medio del dolor; y las camillas son la única opción para dar a luz, excluyendo posturas tradicionales como de pie o en cuclillas.
Otro problema crítico es la falta de capacitación del personal de salud. La formación que reciben está cargada de estereotipos y prejuicios que los llevan a juzgar a las mujeres indígenas y rurales por su vestimenta, su forma de hablar o su origen. Esta discriminación no solo genera desconfianza, sino que también limita el acceso a una atención de calidad. Sin embargo, la aplicación de un enfoque intercultural en los servicios de salud podría eliminar estas barreras y garantizar un trato más equitativo.
El 2024, el Ministerio de Salud destinó apenas S/ 268 mil para mejorar la atención en salud de los pueblos indígenas. Este año, el presupuesto aumentó a S/ 10 millones y abarcará regiones como Loreto, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Cajamarca, Piura, Cusco, Junín, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Áncash y Puno. Con estos fondos, el ministerio planea brindar asistencia técnica a los centros de salud para que adapten sus servicios con pertinencia cultural y capaciten a los agentes comunitarios, quienes cumplen un rol clave en la promoción de la salud dentro de sus comunidades.
Las adolescentes también son vulnerables
Mayra*, una adolescente kukama, tenía solo 13 años cuando quedó embarazada. Durante sus controles prenatales en el puesto de salud de Miraflores, en Loreto, recibió tantos regaños que decidió dejar de asistir. En octubre de 2022, cuando llegó el momento del parto, las contracciones eran insoportables. “Eso te pasa por embarazarte tan joven”, le dijo la obstetra al verla. La hicieron esperar durante horas, sin considerar su edad, su miedo ni su fragilidad. Como el médico de turno no llegaba, tuvo que viajar en bote casi dos horas hasta el centro de salud de Nauta para dar a luz.
Muchas niñas como Mayra terminan siendo madres porque no tienen acceso al aborto terapéutico. En lugar de recibir información y apoyo, son obligadas a continuar con embarazos no deseados. Esta violencia obstétrica no solo pone en riesgo su vida y salud mental, sino que también trunca su educación y limita sus oportunidades futuras.
En 2021, el Ministerio de Salud aprobó una guía para brindar un trato empático y respetuoso en la consulta ginecológica, la atención durante y después del parto y la realización del aborto terapeútico. De acuerdo a este documento, los profesionales de salud no deben emitir juicios de valor ni tener actitudes paternalistas y discrimatorias contra las usuarias. Sin embargo, estos lineamientos no se cumplen. Elga Prado, coordinadora del Programa de Sexualidad de Manuela Ramos, señala que el Minsa no prioriza la capacitación en salud sexual y reproductiva, lo que impide que temas como la violencia obstétrica y el derecho al aborto terapéutico sean abordados adecuadamente. “El personal de salud no conoce las normas, no sabe con claridad qué significa el parto humanizado y no recibe formación en género, derechos humanos ni enfoque intercultural”, advierte.
Esta falta de preparación perpetúa prácticas dañinas durante el parto. Algunas de ellas incluyen el uso innecesario de medicamentos como la oxitocina sintética y procedimientos quirúrgicos invasivos, como cortes en la zona vaginal o la pelvis para acelerar el nacimiento. También persisten técnicas desaconsejadas, como la maniobra de Kristeller, que consiste en presionar con fuerza el vientre de la madre para facilitar la expulsión del bebé. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha rechazado, sigue aplicándose en algunos centros de salud.
“Si hacemos un promedio de 460 partos al año, la maniobra se habrá usado en dos o tres casos, por necesidad”, justifica Rafaella, obstetra en un centro de salud de Villa El Salvador, en Lima. Su testimonio aparece en la investigación Violencia basada en género en los servicios de salud sexual y reproductiva, publicada en 2024 por Manuela Ramos y Flora Tristán. Este informe recoge relatos de mujeres que sufrieron violencia obstétrica en el Hospital María Auxiliadora y en cinco centros de salud de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.
Mecanismos de denuncia poco efectivos
En Perú, como en muchos países de América Latina, no existe una ley que sancione la violencia obstétrica. Para las mujeres que intentan denunciar, el proceso es engorroso y poco efectivo. La primera opción es el libro de reclamaciones, donde pueden presentar una queja por escrito contra un centro de salud, hospital o clínica sin necesidad de aportar pruebas. En teoría, el establecimiento debe responder en un plazo de 30 días, pero en la práctica esto no siempre sucede. Algunas mujeres enfrentan trabas desde el inicio: les niegan el acceso al libro de reclamaciones o simplemente nunca reciben una respuesta. “A veces les dicen que el responsable no está y que vuelvan otro día para presentar su denuncia”, explica Elga Prado, especialista en salud y género.
Otro camino es acudir a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que tampoco exige pruebas iniciales. Una vez recibida la denuncia, debe realizar entrevistas, visitas de campo y solicitar información al centro de salud para decidir si abre un proceso sancionador. Sin embargo, esta etapa puede tardar meses, lo que dificulta que las mujeres obtengan justicia. Actualmente, Susalud investiga 11 casos de violencia obstétrica presentados entre septiembre de 2021 y octubre de 2024. Las denuncias incluyen maltratos, atención médica inadecuada y exhibición del cuerpo sin consentimiento.
Si la negligencia médica causa lesiones graves o la muerte de un recién nacido, Susalud puede imponer multas de hasta S/2,675,000. No obstante, estas sanciones solo afectan a los establecimientos de salud, no al personal involucrado. En teoría, los colegios profesionales deberían supervisar a sus miembros, pero el Colegio de Obstetras del Perú no tiene regulaciones específicas sobre violencia obstétrica, por lo que no existen registros de sanciones. El Código de Ética del Colegio Médico tampoco aborda el tema con claridad y solo registra una sanción vigente por negación del aborto terapéutico.
En 2021, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología reportó a la Defensoría del Pueblo que tenía conocimiento de 180 casos de maltrato durante el parto. Sin embargo, consideró que esta cifra era baja en comparación con el total de partos atendidos, minimizando el problema.
Los Centros de Emergencia Mujer, que atienden casos de violencia de género, tampoco son una opción para denunciar violencia obstétrica. “Su enfoque es exclusivamente penal y se centra en delitos como feminicidio y violación sexual. La violencia obstétrica queda fuera porque no está reconocida como un delito en la legislación peruana”, señala la abogada Alison Macedo, especialista en género y miembro de la organización Acción por Igualdad.
Ante la falta de una ley específica, algunos casos de violencia obstétrica se denuncian como lesiones culposas o violencia contra la mujer. Sin embargo, las barreras en el sistema judicial son enormes: muchas mujeres no tienen acceso a un abogado y los jueces y fiscales rara vez consideran el impacto físico y psicológico de estas agresiones. “Necesitamos mecanismos de denuncia más accesibles y ágiles”, insiste Macedo.
Eulogia Guzmán es la primera mujer peruana en denunciar al Estado por violencia obstétrica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de agotar todas las vías legales en el país. Su historia, marcada por abusos y maltratos, refleja las barreras que enfrentan muchas mujeres indígenas y quechuahablantes para recibir atención médica digna. Tras una década de espera por un fallo de la CIDH, busca una reparación que le permita salir adelante y apoyar a su familia. También espera que su caso siente un precedente y ayude a prevenir nuevas injusticias.
*La identidad de las mujeres que entrevistamos está protegida con seudónimos.
