Una tarde de setiembre del 2017, Camila*, una niña indígena de 13 años, fue violada por su padre en su casa. No era la primera vez que ocurría, había soportado durante cuatro años esos abusos en silencio por miedo a que nadie en su familia le creyera y a que todos en la comunidad de Apurímac donde vivía empezaran a rechazarla. Dos meses después, los síntomas de un embarazo no deseado la llevaron a contarle a su mamá lo que estaba sufriendo. Ambas decidieron buscar justicia, pero no imaginaron que las propias autoridades la expondrían a más maltratos para su salud y su vida.
Después de denunciar el caso en la comisaría, Camila fue a un hospital distante de su comunidad para una revisión médica en compañía de su madrina. En el servicio de salud le confirmaron los meses de gestación, le recetaron ácido fólico y le pidieron que acudiera a sus controles prenatales. Pese a que era una adolescente víctima de abuso sexual, ningún médico le informó sobre su derecho al aborto terapéutico por el riesgo para su salud que suponía un embarazo a tan corta edad. Las niñas y adolescentes entre 10 y 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.
Camila acudió también al centro de salud de su comunidad para un control y le contó al personal de salud que no quería seguir con un embarazo producto de una violación. Pero nuevamente su testimonio no fue tomado en cuenta y se limitaron a continuar con la atención prenatal. Incluso, una enfermera la visitó varias veces en su casa para obligarla a seguir los controles de su gestación. En una ocasión acudió acompañada de un policía y sus vecinos terminaron por enterarse de lo que le había sucedido. Esto hizo que Camila dejara el colegio y entrara en una profunda depresión. “Me quiero morir”, le dijo a su madre en un momento de crisis.
Preocupada por el estado de salud de Camila, una persona cercana a su familia asesoró a su madre para que la adolescente reclamara su derecho al aborto terapéutico. El 13 de diciembre de 2017, su mamá solicitó la interrupción voluntaria del embarazo de Camila por indicación terapéutica en el hospital Guillermo Díaz de la Vega, pero su solicitud nunca obtuvo respuesta.
El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica cuando la vida o la salud de la embarazada se encuentra en riesgo. Sin embargo, en el país existen varias limitaciones para que las niñas y adolescentes accedan a este derecho. Como consecuencia de ello, sufren más daños físicos y psicológicos. Un estudio regional de la ONG Planned Parenthood Global revela que el 24 % de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado tuvo complicaciones en el momento del parto, como hemorragias e infecciones.
El 16 de diciembre, tras fuertes dolores abdominales y un sangrado leve, Camila tuvo una pérdida espontánea. Cuando aún no podía asimilar esta terrible experiencia, la Fiscalía abrió una investigación contra su padre, quien fue detenido y condenado a cadena perpetua. Pero de manera inexplicable y absurda, Camila también fue investigada por el delito de inducción del aborto. Fue denunciada, se le consideró una adolescente infractora y pasó de víctima a acusada.
Lamentablemente, la historia de Camila es la de miles de niñas y adolescentes abusadas en el Perú. Las que llegan a los centros médicos con secuelas de aborto, inducido o espontáneo, ingresan a un proceso judicial porque la ley obliga a los médicos a denunciarlas ante la Policía y el Ministerio Público. Entre 2012 y 2018, cerca de 20 mil niñas y adolescentes fueron atendidas por esta situación en los establecimientos del Ministerio de Salud.
Estos casos ocurren pese a que el Estado peruano ya ha sido encontrado responsable dos veces en instancias internacionales de haber violado los derechos de las niñas y adolescentes por negar el acceso al aborto terapéutico frente a situaciones de riesgo para su salud y su vida. El domingo pasado, en el Día Internacional de la Niña, la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta, llegó a decir en televisión que la decisión del aborto terapéutico era “un tema de conciencia”.
La madre de Camila presentó una queja administrativa ante la Superintendencia Nacional de Salud por irregularidades en la atención de un embarazo forzado de alto riesgo y por la indiferencia ante su solicitud de acceso al aborto terapéutico, pero tampoco consiguió justicia. En marzo de 2018, las abogadas de Promsex, una organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos, asumieron la defensa de la adolescente e iniciaron una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que Camila quede libre de la persecución en su contra.
Recién en julio del 2019, la causa por aborto inducido fue archivada. Después de sentirse frustrada por la indiferencia de las autoridades locales, Camila aceptó acudir a las instancias internacionales para buscar la justicia y reparación que no había encontrado en el país.
“Camila busca justicia, quiere seguir con el caso porque, aunque su agresor ya está en la cárcel y ella seguirá con su vida, no desea que otras niñas pasen por lo que ha vivido”, dice Gabriela Oporto, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex.
Con su asesoría legal, se presentó esta semana el informe del caso ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La petición cuenta con el respaldo de Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos y el movimiento #NiñasNoMadres. Es la primera vez en la historia del Perú que un caso de abuso sexual contra una niña es presentado ante esta instancia. Se busca que el Estado peruano permita el aborto terapéutico y desarrolle los procedimientos que garanticen la atención integral de las niñas embarazadas por una violación sexual.
Ahora queda esperar a que la petición sea admitida a trámite y se fije una audiencia para escuchar a las partes. Es un camino largo que Camila está dispuesta a recorrer para hacer que el Estado no obligue a más niñas a ser madres.
*Salud con lupa protege la identidad real de la niña.
Los derechos de Camila que fueron vulnerados
En este caso hay una serie de vulneraciones a sus derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas que los Estado Partes, como el Perú, deben respetar.
Derecho a la salud
Se le negó el acceso a un aborto terapéutico pese a que estaba en riesgo su salud y su vida.
Derecho a la no discriminación
Se vulneró este derecho cuando fue acusada del delito de inducción del aborto pese que tuvo una pérdida espontánea.
Derecho a la información
Camila no fue informada de los riesgos de su embarazo ni de su derecho al aborto terapéutico.
Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo
Se le expuso a riesgo real y previsible de mortalidad materna y de muerte por suicidio.
