El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió este 20 de enero tres decisiones históricas que condenan a los gobiernos de Ecuador y Nicaragua por violar los derechos humanos de Norma, Susana y Lucía, tres niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron obligadas a continuar embarazos no deseados. Estas sentencias, impulsadas por el Movimiento Son Niñas, No Madres, representan un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos y la infancia en América Latina.
Estas resoluciones exigen a los Estados reformar sus legislaciones para garantizar el acceso al aborto seguro, legal y efectivo, particularmente en casos de violencia sexual, riesgo para la vida o salud, o cuando el embarazo genere un intenso sufrimiento. El Comité destacó que negar este derecho constituye tortura, trato cruel e inhumano, y una violación a los principios de igualdad y no discriminación.
Además, se reconoció que las maternidades forzadas interrumpen los proyectos de vida de las niñas, limitando su educación, salud física y mental, y derechos fundamentales. Según datos de la OPS, la mortalidad materna sigue siendo una de las principales causas de muerte entre niñas y adolescentes en la región.
Datos alarmantes en América Latina
América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de partos en menores de 15 años en el mundo, según la UNFPA. En 2021, cinco de cada 100 niñas de la región fueron madres, y un alarmante 20 % de estos embarazos fueron producto de violencia sexual, muchas veces perpetrada por familiares cercanos.
El impacto de estas realidades se agrava por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y por sistemas judiciales que perpetúan la impunidad. La CIDH reporta que el 80 % de las violaciones en la región tienen como víctimas a niñas entre 10 y 14 años.
Medidas ordenadas por el Comité
Entre las acciones más destacadas que los Estados deben implementar se encuentran:
-Reformar las leyes para garantizar el aborto seguro y eliminar barreras al acceso a servicios de salud reproductiva.
-Combatir la violencia sexual mediante programas educativos, de sensibilización y medidas de justicia efectiva.
-Capacitar a personal de salud y justicia para una atención integral en casos de violencia sexual.
- Ofrecer reparaciones integrales a las víctimas, que incluyan indemnizaciones, apoyo psicológico, acceso a educación y recursos para reconstruir sus proyectos de vida.
Estas medidas, según el Comité, no solo son obligatorias para Ecuador y Nicaragua, sino que establecen jurisprudencia internacional aplicable a más de 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El papel del Movimiento Son Niñas, No Madres
El Movimiento Son Niñas, No Madres, conformado por organizaciones como Planned Parenthood Global, Promsex (Perú), Surkuna (Ecuador) y Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), ha liderado el litigio internacional desde 2019 para visibilizar el impacto devastador de la violencia sexual y las maternidades forzadas. Su labor también incluye la sentencia contra Perú en 2023, relacionada con el caso de Camila, una niña de 13 años víctima de abuso sexual por parte de su padre.
"Estas decisiones son un triunfo mundial para la autonomía reproductiva y los derechos de las niñas", señaló Catalina Martínez Coral, vicepresidenta regional del Centro de Derechos Reproductivos. "El aborto es un servicio esencial de salud, y su acceso debe estar garantizado".
Un llamado urgente a la acción
El movimiento insta a los gobiernos de Ecuador y Nicaragua a cumplir con las condenas y trabajar en coordinación con organizaciones civiles para implementar estas medidas de inmediato. Asimismo, solicita a la comunidad internacional exigir transparencia y monitoreo en estos procesos.
Esta victoria, producto de la valentía de Norma, Susana y Lucía, busca garantizar que ninguna niña sea forzada a abandonar su niñez y sus derechos fundamentales. Es un paso crucial hacia un mundo donde las niñas sean niñas, no madres.
