El país donde no cuentan las amenazas y muertes a los guardianes indígenas de la Amazonía

Reynaldo Mosoline, líder kakataibo de la comunidad de Puerto Nuevo, ubicada entre los distritos de Irazola, en Ucayali y Codo del Pozuzo, en Huánuco, levanta las manos y habla con un vozarrón:

—Somos indígenas originarios de Ucayali y Huánuco y pedimos que el Estado nos proteja. Hoy nos amenazan. Vamos a luchar.

Frente a él, comuneros con el dorso desnudo, los rostros pintados, flechas y arcos en las manos, responden con un: ¡viva Puerto Nuevo! Es un video grabado en la plaza de la comunidad y luego de la arenga los hombres avanzan.

—A nuestros bosques —grita Mosoline.

Esta comunidad nativa, que según la organización civil Instituto del Bien Común perdió 3.487 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015, acaba de ser amenazada por colonos, personas ajenas que dicen ser agricultoras y pretenden apropiarse de hectáreas de bosques, ahí donde el narcotráfico ya ha sembrado coca y pistas de aterrizaje.

—Ellos piensan que ese territorio es una zona libre, una zona que no le corresponde a las comunidades de Puerto Nuevo y Sinchi Roca. Están ingresando con la finalidad de acaparar territorio. Además de eso, también está el narcotráfico que por esa zona es muy fuerte —explica Marcelo Odicio Angulo, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka).

Y la amenaza no solo es a Puerto Nuevo, también a la comunidad de Sinchi Roca. Odicio señala que la alerta de invasión la dieron el 11 de julio por la tarde. A su celular llegaron vídeos y audios donde supuestos agricultores de Huánuco advierten con hacer valer un supuesto derecho por la fuerza. Desde ese momento la guardia indígena está alerta.

—La comunidad nativa de Puerto Nuevo se ha preparado. Llegar ahí es complicado, por la temporada de lluvia, vamos a comunicarnos con ellos para ver qué acciones han realizado. El día de hoy iban a ingresar a la zona invadida. Desde la Federación estamos coordinando con las autoridades para poder establecer acciones en conjunto —añade Odiaci.

La integridad del pueblo kakataibo, población que se estima en 3.715 personas a nivel nacional, vuelve a estar en riesgo en un momento grave. Todavía no hallan al líder Mariano Isacama Feliciano, natural de Puerto Azul, quien desapareció luego de recibir amenazas de muerte de parte de narcotraficantes. Días antes del hecho le habían mandado fotografías de armas y municiones por WhatsApp. Fue lo último que se supo de él.  Un hecho violento más que se suma a la estadística. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre el 2019 y el 2024, este pueblo indígena registró 38 situaciones de riesgo.

—Desde el 2020 tenemos 5 asesinatos dentro del pueblo kakataibo, el narcotráfico está alrededor de las comunidades nativas. Nos han invadido por la zona de Unipacuyacu, por Puerto Nuevo y Sinchi Roca, que están en la región Huánuco —dice el presidente de la Fenakoca.

Solo en Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) registra un incremento de 158% en el cultivo de hoja de coca. Luchar contra eso es poner la vida en el ojo del arma asesina. Como lo hizo Benjamín Flores Ríos, el último de sus líderes asesinados de la comunidad de Mariscal Cáceres en la provincia de Padre Abad. Lo acribillaron cuando descansaba en su vivienda, en diciembre de 2023, luego de varias amenazas.

Antes de él, mataron a Arbildo Meléndez Grández, de la comunidad Unipacuyacu, en abril de 2020; a Santiago Vega Chota, en julio de 2020, a Herasmo García Grau, en febrero de 2021, ambos de la comunidad de Sinchi Roca y a Yenes Ríos Bonsano, de Puerto Nuevo, también en febrero de 2021. Una lista de sangre firmada por el narcotráfico.  

El pueblo teme que lo mismo haya pasado con Mariano Isacama Feliciano. Era vocal de la junta directiva en la comunidad de Puerto Azul y enlace cultural con las organizaciones externas que intentaban acercarse al pueblo kakataibo. Han decretado por dos meses el estado de emergencia y hacen búsquedas periódicas como la que realizaron el último 11 de julio. Esa misma tarde, cuando terminaban la jornada, les llegó la alerta de la invasión en Puerto Nuevo.

Guardias no reconocidas

Los kakataibo están distribuidos en 9 comunidades entre los ríos Aguaytía, Sungaruyacu y San Alejandro y, ante estas amenazas a su tranquilidad y sus tierras, han decidido reforzar sus guardias indígenas, grupos de 15 pobladores en cada comunidad, aproximadamente, que vigilan y cuidan.

—Consideramos que habría que equipar bien a la guardia indígena. Si no hay un compromiso de las autoridades, nosotros mismos lucharemos. La Policía Nacional cumple roles y para que llegue a monitorear nuestras comunidades es complicado. Tenemos que tomar iniciativas propias con seguridad territorial —explica Marcelo Odicio.

Equipamiento. Ayuda. Atención. Eso necesita ahora el pueblo kakataibo para defenderse. Para buscar a Mariano Isacama. La región Ucayali pasó de registrar 2.565 hectáreas de hojas de coca en 2018 a 14.531 en 2022, un crecimiento de 466%, según el informe de Devida publicado en junio de 2023. Es, junto a Loreto, la región con más alarma por este crecimiento. Hasta allá deben entrar las guardias indígenas, resguardas por ellos mismo, uno tras de otro, armados solo con su valentía. 

Porque hay un problema con las guardias indígenas.

—No existe a nivel legal ningún reconocimiento a estas guardias. Trabajan al amparo del artículo 149 de la Constitución, que garantiza la justicia indígena. Sin reconocimiento oficial es casi imposible obtener equipamiento, coordinación —señala Álvaro Másquez, abogado especialista en pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Para la protección de los pueblos indígenas el Estado peruano ha creado, a través del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS, el Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos. Una herramienta que, en teoría, debería proteger a líderes como Mariano Isacama o prevenir conflictos como el que ha explotado en la frontera, pero es un ente que sirve más para justificar el precario desempeño en temas de derechos humanos que para proteger familias en riesgo.

Másquez explica que su ineficacia se debe, en parte, a que todas las funciones de la defensa de los pueblos se han centrado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mientras que otras carteras como la del Ambiente, Agricultura y del Interior tienen una actuación nula. “En el caso del Ministerio del Interior es mucho más triste debido a la incapacidad de gestionar recursos para incursionar en las comunidades. Para decirlo en simple, no hay plata para traer policías de otros lugares, no hay plata para poder pagarles gasolina, movilidad, comida, lo que significa que hay grandes porciones de territorio peruano que van a quedar abandonados y postergados”, añade. 

El Perú es el cuarto país en el mundo con mayor extensión de bosques tropicales. Antes está Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia y es también uno de los diez países más peligrosos para defensores del medio ambiente, según un estudio de Global Witness. En la Amazonía, los líderes están solos y amenazados, porque los kakataibo no son los únicos. En la región Amazonas, a más de 600 kilómetros de Puerto Nuevo, otra comunidad indígena está en alerta máxima: los awajún.

Una muerte que alarma

A través de un comunicado del 7 de julio de este año, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) exigió al gobierno central declarar “zona de emergencia” el territorio que abarca los ríos Marañón, Santiago, Comaina y Cenepa. La minería ilegal, que empezó a operar en esta región desde el 2016, según registra el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Peruana (MAAP), ha dejado un muerto en el río y no hay culpables.

El cuerpo hallado en la orilla del río Cenepa, en la comunidad de Tutino tenía cortes en la boca y la mejilla izquierda, a la altura de la nuca y el antebrazo derecho. Ricardo Kinchukui Shimpujat, dirigente del pueblo awajún, era la prueba de la violencia que crece en la región por causa de la minería ilegal. Su muerte se suma a la estadística nacional de asesinatos de líderes y defensores ambientales. Global Witness señala que hubo 54 entre el 2012 y 2022, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) habla de 35 víctimas en la última década. Pero mientras se enumeran las muertes el Estado se mantiene de brazos cruzados.

Ricardo Kinchukui era un transportista. Llevaba pasajeros en su peque-peque a lo largo del río, entre Canga y Tutino; entre Huampami y Pagata, comunidades asentadas en las riberas. Había nacido en Canga, pero vivía con su pareja en Isla, un pueblo cercano. Se oponía a la minería ilegal y lo que pasó la noche del 2 de julio aún es un misterio. ¿Chocó con su bote? ¿Una pelea? ¿Lo mataron? “Desde que apareció la minería ilegal, la violencia comenzó”, dice Larry Gutiérrez, comunicador del GTAA. Y comenzó con humo y cenizas. El 17 de julio de 2022, delincuentes y matones, contratados por mineros ilegales, ingresaron al local de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y lo quemaron. Antes se llevaron todo lo que pudieron. 

Luego de la muerte de Ricardo Kunchikui, la organización les dio 24 horas a los mineros para que salgan del territorio en botes.

—Salen todos. No vamos a aceptar o tapar nada. Así lo aprobó la población de El Cenepa. Tienen 24 horas  —dijo César Ampuch, vicepresidente de Odecocfroc, en comunicación telefónica con Salud con lupa. El líder también fue retenido algunas horas por mineros ilegales el sábado 6 de julio cuando se dirigía a una reunión donde iba a estar presente la congresista de la república, Susel Paredes. Lo liberaron a las pocas horas. 

Cómo pelear con asesinos sin nombre. Dante Sejekam, presidente de Odecofroc señala que los mineros se identifican por apodos, nunca nombres reales. Intentar frenarlos es poner la cabeza en juego. Ortez Baituj Wajai, el expresidente de esta organización, tuvo que dejar a su familia, en la comunidad de Mamayaque, en 2019, a causa de las amenazas de muerte de los mineros ilegales. A pesar de ello, en 2022 intentaron quemar su antigua casa y abusar de su hija. “Personas que vienen de otras regiones como Madre de Dios o Ucayali perseguidas por la justicia y quieren convertir a El Cenepa en epicentro de la violencia”, explica el presidente del GTAA, Gil Inoach Shawit.

Medidas de protección que no funcionan

Hay dos formas de protección a los pueblos indígenas que brinda el Mecanismo Intersectorial del Estado. La primera es una medida de prevención que debe ser ejecutada por cada uno de los ministerios involucrados de los que, como ya se vio, solo el Ministerio de Justicia intenta cumplirlos: prevenir conflictos, realizar estudios de situaciones de riesgo y trabajar en la prevención de violencia contra la mujer. “Probablemente, la prevención sea la pata más débil de la mesa del mecanismo para atender a los defensores”, señala Másquez de IDL.

La segunda es la protección, otro flanco débil. Se da cuando la vida o seguridad de los defensores está en peligro. Cuando es más grave y existe una amenaza directa se da la medida de protección urgente. “Se trata de una medida que prevé la reubicación temporal de las personas beneficiarias, o una vigilancia permanente”, explica Másquez. Reubicaciones que traen el rezago que caracteriza a la justicia. 

Pasó con Quintu Inuma, el dirigente kichwa de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, distrito de Huimbayoc, en la región San Martín, asesinado el 29 de noviembre de 2023. Dos años antes, en julio de 2021, Inuma había sido trasladado, por disposición del Poder Judicial, a Tarapoto. Vivía allí bajo amenaza. Los narcotraficantes ya lo habían golpeado por denunciar la existencia de plantaciones de hojas de coca. El Ministerio de Justicia dispuso su salida de la comunidad con una avioneta que llegó hasta la zona.  Pero Inuma no se iba a inclinar ante la violencia asesina, el día que volvió, interceptaron su embarcación y lo acribillaron. Habían puesto troncos en el río para que su lancha no siguiera. 

Brasil, Colombia y México reúnen el 70% de casos de líderes y defensores ambientales asesinados en el mundo, en la última década. El porcentaje revela más una causa que una cifra: la inacción de los gobiernos para detener los asesinatos y castigar a los culpables. Eso es lo que demandaron dos líderes indígenas en la audiencia del 9 de julio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No pidieron congoja por las muertes de sus hermanos, exigieron decisiones. “Lo único que hacemos es defender nuestros bosques, nuestros territorios, pero la única respuesta ante todo lo que hacemos son asesinatos, amenazas de muerte. Para el país solo es una estadística”, señaló Miguel Guimares Vásquez, vicepresidente de Aidesep. 

Guimaraes recordó el caso de Quintu Inuma. En marzo de este año, la CIDH otorgó medidas cautelares a las familias de Santa Rosillo de Yanayacu y exigió al Estado peruano, a través de la resolución 13/2024, tomar acciones para protegerlas, entre ellas implementar medidas para que las personas que salieron de la comunidad escapando del narcotráfico puedan volver de manera segura. 

La otra voz fue de Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka de Río Ene (CARE). “Los defensores indígenas de la zona del Vraem nos enfrentamos a altos niveles de riesgos contra nuestras vidas e integridad física cuando realizamos acciones de defensa del territorio indígena”, sostuvo. El Vraem —acrónimo de Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro— agrupa a 45 comunidades asháninkas que suman alrededor de 12 mil personas y representa el 37.6% de las zonas cocaleras monitoreadas a nivel nacional. 

El problema de Valerio no solo es la amenaza del narcotráfico, sino del Ministerio Público y el Poder Judicial. En setiembre de 2023, se ordenó su detención preliminar por ser sospechoso en el secuestro de cuatro personas en el distrito de Puerto Ocopa, provincia de Satipo, en la región Junín, durante las protestas ocurridas en abril de ese año.  Habían asesinado al líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez, en la puerta de su casa, frente a su esposa e hija, en Puerto Ocopa. Tres días después, inició una paralización y bloqueo de vías por parte de la comunidad exigiendo la presencia del ministro del Interior de ese entonces, Vicente Romero. En medio de esa trifulca, desaparecieron 4 comuneros. Uno de los acusados, de forma injusta, fue Ángel Valerio a pesar de que en el momento de la desaparición de las personas, él se encontraba a 12 horas por vía fluvial del lugar, en la comunidad Puerto Shimpintiari, tal como se evidencia en los videos y el acta del congreso asháninka al que asistió. A pesar de ello, la Fiscalía lo investiga. 

—Las amenazas son directas como indirectas, pero hay una situación que nos preocupa mucho, como la criminalización a la que estamos siendo sometidos a nivel nacional. Ni a mí, ni a mi familia, ni a mi pueblo, nos van a doblegar las mafias, ni nos amedrentará el Estado —dijo ante la CIDH. 

En la Amazonía del Perú, el segundo país productor de cocaína en el mundo, no es difícil matar a un defensor ambiental. Parece una conclusión objetiva ante las cifras. Sin embargo, es la consecuencia de un Estado que no presta atención a las minorías.

En abril de este año, el Poder Judicial sentenció en primera instancia a 28 años y 3 meses de prisión a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix y a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta por el asesinato de los líderes ashéninka, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos del pueblo Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. Pero es más apariencia que justicia. La sentencia llegó después de 10 años y no terminó de proteger a dicha comunidad. Las viudas de las víctimas han denunciado que familiares de los sentenciados los siguen amenazando. ¿Quién las protege a ellas?

Los kakataibo han reforzado sus guardias indígenas y están en alerta máxima.  Veinticuatro horas le ha dado el pueblo awajún a los mineros ilegales para salir de El Cenepa. 

El pueblo asháninka del Vraem afirma que no se doblegará ante ante el narcotráfico.

En medio de estas voces, el silencio del Gobierno es el que impera.