La zona de sacrificios. Suena a matanza, a patíbulo, a camal. Pero es La Oroya, una ciudad de 30 mil habitantes en la sierra central del Perú, contaminada hasta en los suelos de sus casas. Zona de sacrificios es como se definen los lugares en el mundo donde la actividad industrial se priorizó por encima de los derechos humanos y de la naturaleza hasta causar una grave degradación de las condiciones de vida de las personas y del medio ambiente. Zona de sacrificios es el término que usó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para referirse a esta localidad andina en su histórica sentencia del 27 de noviembre de 2023 con la que condenó al Estado peruano por violar los derechos de la población a un ambiente sano, salud y vida digna.
La lucha de 80 demandantes oroínos duró 19 años: los amenazaron, tuvieron que migrar, 6 murieron en el proceso, pero su reclamó prevaleció. En esta zona de sacrificios se envenenó a personas con plomo, cadmio y azufre, y estos días, se ignoran reclamos, se dilatan acciones, como el cumplimiento de las disposiciones del fallo que incluye la atención de salud especializada para los afectados y la aprobación de estándares nacionales de calidad de aire para metales pesados conforme a parámetros internacionales. Actualmente, la norma peruana permite que se lance al ambiente hasta 250 μg/m³ de dióxido de azufre al día, muy por encima de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
—Lamentablemente, en la experiencia que tenemos con la Procuraduría General del Estado, el tiempo que tomará la implementación de la sentencia es de mínimo dos años—dice Christian Huaylinos, abogado coordinador del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), organización que llevó el caso hasta la CIDH.
Huaylinos, quien acompañó al grupo de demandantes oroínos afectados en su salud por la contaminación con plomo, explica que la Procuraduría debe emitir un informe técnico para que cada una de las instancias del Estado ejecute la sentencia de la CIDH. Recién, a partir de este documento, los ministerios implicados tomarán acciones. Por ejemplo, la adecuación de los estándares de calidad del aire requiere que el Ministerio del Ambiente elabore un decreto supremo y que sea ratificado por los ministerios de Salud, Energía y Minas, Transporte y Comunicación, Producción y Vivienda.
Dos años.
Pero es una sentencia. Debe ejecutarse.
—La sentencia de la Corte Interamericana es vinculante. Cada una de las órdenes establecidas son obligatorias y su incumplimiento sería un delito internacional por parte del Estado peruano —dice Rosa Peña, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana de Defensa para el Ambiente (AIDA).
¿Qué ha ordenado la CIDH en el caso La Oroya? Indemnizar a las víctimas, por ejemplo. Los ochenta demandantes deberán recibir una indemnización que va entre los 30 mil y 65 mil dólares dependiendo de los daños que sufrieron. Pero las disposiciones no solo son individuales, sino que también incluyen políticas ambientales y de salud pública. La doctora Peña subraya estos cuatro puntos:
- El Estado debe compatibilizar la normativa que define los estándares de calidad del aire para que los valores máximos permisibles para plomo, dióxido de azufre, cadmio y mercurio no sobrepasen los estándares para la protección del medio ambiente y la salud humana.
- El Estado debe diseñar un sistema de información sobre calidad del aire y agua en las zonas del Perú donde exista mayor actividad minera o metalúrgica.
- El Estado debe garantizar que los titulares mineros ejecuten las operaciones mineras o metalúrgicas atendiendo los principios rectores de empresas y derechos humanos.
- El Estado debe implementar un programa de capacitación para los funcionarios judiciales y administrativos que toman decisiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales.
Dos años para que se cumplan estas medidas. Mientras tanto… La chimenea.
Todo habitante oroíno sabe qué es la chimenea. Lo que emana. El humo fue su paisaje desde 1922 cuando inició operaciones la planta a cargo de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, una empresa norteamericana que tuvo la administración hasta el año 1974 en que fue nacionalizada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Recién en 1997 fue vendida a otra compañía norteamericana, Doe Run Perú, del multimillonario Ira Rennert. La compañía se declaró insolvente en 2009 luego de incumplir por años las normas ambientales. Desde esos días, la chimenea no emanaba humo. Pero volvió a hacerlo desde 2023.
—Hace dos días me estaba picando la garganta. Viajaba a eso de las 4 de la mañana y (la chimenea) estaba emanando ese humo que me hizo acordar a cuando era niña—dice Maricruz Aliaga, enfermera, oroína y una de las 80 personas que presentó la demanda ante la CIDH.
—El domingo nomás, en la noche, cómo me picaba la garganta. Yo vivo a casi un kilómetro del complejo, pero se siente —dice Liliana Carhuaz, otra de las demandantes.
A pesar del mandato internacional, la empresa, ahora en manos de los trabajadores agrupados en Metalurgia Business Perú, ha reactivado parte del circuito de zinc. .
El 21 de marzo de este año se registraron emisiones de dióxido de azufre por 78.29 ug/m3 (microgramos por metro cúbico), según el sistema de vigilancia ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Y el 31 de marzo del mismo mes se habrían superado los 250 ug/m3, que es lo máximo que determina la norma local, llegando a cifras de 2 194 y 2 131 ug/m3, denuncia Huaylinos en un informe que presentó a la OEFA. Cómo no les va a picar la garganta o no van a toser los oroínos si la chimenea echaba ocho veces más azufre de lo que permiten los estándares de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud.
A Maricruz Aliaga le duelen los huesos. No es un síntoma simple, los análisis que tuvo que sacarse de forma particular —porque ya olvidó la última vez que el Estado le hizo un tamizaje— dieron como resultado falta de calcio. “Si vas al centro de salud, te dan un paracetamol para todo”, dice. “El que menos sufre dolores musculares, pese a que algunos ya no viven en La Oroya. Tienen síntomas de artrosis, hasta los dientes los tienen amarillos por la mala absorción del calcio. Tienen también problemas de fertilidad o malformaciones”, agrega, con resignación.
Las enfermedades que una persona puede adquirir por contaminación con plomo son una cruenta lista de daños al organismo que ha estudiado en profundidad la OMS: lesiones renales, afecciones cardiovasculares, hipertensión arterial, discapacidad intelectual, reducción del cociente intelectual o trastornos del comportamiento, muerte fetal, abortos espontáneos y bajo peso al nacer.
En la sentencia de la CIDH se incluyen los testimonios e historias clínicas de los demandantes en las que detallaron las enfermedades que la contaminación les produjo: afecciones que van desde dolores de cabeza hasta convulsiones y cáncer a la piel.
La chimenea sigue humeando.
—De todas las evaluaciones que debían hacernos, solo un 20% se habrán cumplido. El Estado nunca se preocupó por atender a los afectados. De los 80 demandantes, seis fallecieron, dos al inicio del proceso. En ellos se determinó que su muerte fue a consecuencia de los metales que acumularon por años en su organismo—dice Liliana Carhuaz.
Liliana se refiere a María 14, una joven de 17 años que falleció en 2007 luego de que le diagnosticaron linfoma cutáneo de células. Así como María 14, los 80 demandantes —38 mujeres y 42 varones— tienen un código para evitar el acoso y amenazas como la que ocurrió en 2006 cuando un grupo de trabajadores de la entonces Doe Run los amenazó con “echarlos al río Mantaro” por protestar, tal como figura en la sentencia. Además de María 14, fallecieron María 38 y Juan 5, 12, 19 y 40. Algunos por accidentes, otros por causas distintas. El caso de Juan 19 es especial. Murió a causa de un accidente cerebro vascular en 2011. Fue diagnosticado con hipertensión arterial, hernia umbilical, necrosis pulpar, caries, gingivitis, hiperplasia benigna de próstata, nevus rubí, queratosis solares, xerosis, onicomicosis, queratodermia plantar, dermatitis de contacto, ansiedad y depresión leve a moderada y estrés post traumático.
¿Y qué atención reciben los sobrevivientes?
El centro de salud de La Oroya tiene una fachada engañosa. El Gobierno Regional de Junín inauguró una nueva sede en octubre de 2023 tras una inversión de más de 40 millones de soles. Para personas aquejadas por la contaminación con plomo, cadmio y azufre, este servicio no tiene ni un neumólogo. Apenas un ginecólogo y un pediatra. “Si te rompes un hueso, ni traumatólogo tiene”, explica Huaylinos.
Una de las disposiciones de la sentencia de la CIDH es brindar atención médica integral a la población afectada. La infraestructura luce bien por fuera, pero apenas y podría ayudar a alguien con alguna gripe. El director regional de salud de Junín, Christian Matamoros, dice que, por su categoría, no corresponde tener especialistas en este centro de salud.
El funcionario parece no entender las necesidades y la gravedad de la afectación de la población de La Oroya. Se refiere a la sentencia de la CIDH como “ese tema”, no ha definido hasta la fecha una reunión con las víctimas de la contaminación y dice que el centro de salud está implementado, que no se puede hacer más. De poco sirve si la atención es tan precaria como antes y más si la población que atiende está envenenada con metales pesados y la ciudad ha vuelto a cubrirse con humo de azufre.
—La atención es la misma. Los mismos médicos, enfermeras; no hay especialistas, esperamos que luego de la sentencia se mejore el servicio de salud. Dentro de los 80 que somos han habido casos de convulsiones, problemas de piel. Hay un señor que tiene problemas de pulmón, pero no hay un documento que lo avale —explica Liliana Carhuaz.
No existe una cantidad mínima de plomo permitida en la sangre de las personas. No debe haber. “Incluso una concentración sanguínea de tan solo 3,5 µg/dl puede afectar a la inteligencia de los niños y causar problemas de comportamiento y dificultades de aprendizaje”, señala la OMS. ¿Qué pasa cuando el plomo invade el cuerpo? Juan 12 padeció de gingivitis, caries, depresión, parasitosis intestinal y neumoconiosis. Su sangre registraba un nivel de 5,03 µg /dl de plomo. Falleció en 2020 por Covid-19. Juan 40, quien murió a los 7 años víctima de un accidente, sufría de bronquitis, tos frecuente, infección estomacal constante, bajo apetito y erupciones de granos en la piel; María 13 presentaba adormecimiento del cuerpo, tos frecuente, problemas en la piel, convulsiones, anemia leve, caries, rinofaringitis aguda, asma, migraña. Las cifras convertidas en sufrimiento.
Desde el inicio de funcionamiento de la planta en 1922 hasta el año 1993, el Perú no contaba con una legislación ambiental. Recién ese año se promulgó el Reglamento para la Protección Ambiental en la actividad minera. Este ordenaba la creación de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para regular las emisiones de gases y la contaminación en general. Centromin se comprometió a invertir $129 125 000 en el plan con una proyección a 10 años. Cuando ingresó la administración de Doe Run Perú, el compromiso nunca se cumplió. En 2005 presentó una prórroga para ejecutar el PAMA y el 2009 se declaró en quiebra.
Un estudio de la facultad de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó en 2107 que la contaminación en La Oroya había afectado alrededor de 2.300 kilómetros cuadrados del suelo de la región central del Perú. Años antes, el mundo ya había sido alertado de esta ciudad envenenada. En 2011, La Oroya fue considerada como la segunda ciudad más contaminada del planeta, según un estudio del Instituto Blacksmith, una organización medioambiental estadounidense.
—El dióxido de azufre provoca daño a nivel del aparato bronquial y es uno de los causantes fundamentales de que la vegetación en La Oroya haya desaparecido —dice Hugo Villa, médico neumólogo con un máster en Toxicología por la Universidad de Sevilla.
El martes 21 de mayo, Villa participó en un conversatorio junto a Huaylinos, Peña y Yolanda Zurita, otra de las demandantes ante la CIDH. Allí el médico explicó los efectos de cada uno de los metales con los que está contaminada la ciudad y dijo además que hay un efecto conjunto de todos ellos:
—Le llaman el “fenómeno de sinergismo” cuando los efectos dañinos se acumulan en el organismo. La situación desde el punto de vista de salud es bastante grave.
Metalurgia Business Perú SAA es el nombre de la empresa que opera desde octubre de 2023 el complejo metalúrgico. Ahora está denunciada por las emisiones que superan lo establecido por la normativa aunque en declaraciones para un medio local la empresa haya dicho que sus emisiones están por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental. La denuncia fue interpuesta ante la OEFA, pero hay una pasividad de cementerio en todo este tipo de procedimientos. Como los dos años de espera para ejecutar la sentencia. Como los 19 que el proceso demoró.
La Oroya seguirá tosiendo hasta que haya respuestas.
La chimenea seguirá como paisaje de fondo.
