Noticias

Después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la expropiación de las clínicas si sus representantes no integraban la mesa de negociación de tarifas para la atención de los pacientes COVID-19, los voceros de los servicios privados y el Ministerio de Salud llegaron a un acuerdo al filo de la medianoche. Salud con lupa explica las razones que dificultan que el Estado corrija en forma definitiva las prácticas que perjudican a los usuarios en el sistema privado de salud en el Perú. 

Los edificios más grandes de Santiago están poblados de miles de residentes que no pueden quedarse en sus casas. La cuarentena impide que salgan a la ciudad, pero no rige en los estrechos pasillos donde ahora transitan para vender toda clase de productos, desde pan y arepas hasta servicios de peluquería y manicure. Aunque temen infectarse en medio del hacinamiento, ejercer el comercio interno es su única manera de sobrevivir.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, separó a Jorge Aguilar de la dirección del Fondo Ambiental de El Salvador luego de que Salud con lupa reveló que una empresa de su propiedad vendió al Gobierno 100 mil protectores faciales a precios sobrevalorados. Además, Aguilar estaba impedido de ser contratista del Estado por ser un funcionario público. La Fiscalía General abrirá una investigación del caso.

El Ministerio de Salud destinó en abril un millón de dólares para adquirir protectores faciales reciclados. Del total, 250 mil dólares se los llevó Insema, la empresa de un funcionario del Gobierno de Nayib Bukele. Los otros 750 mil dólares los recibió una sociedad de reciente creación. Ambas vendieron con un sobreprecio de 121% por unidad.

El hospital Braulio Moyano de Buenos Aires, que alberga a unas 600 mujeres con distintos trastornos mentales, tuvo que restringir las visitas de los familiares y limitar el contacto de las pacientes con el personal terapéutico. Muchas de ellas no tienen celulares o Wi-Fi para comunicarse con sus seres queridos. En medio de la angustia de no poder hablar con parientes o amigos solo les queda pasar los días mirando la televisión o durmiendo.

El Indecopi resolvió que es ilegal la publicidad de los octógonos que alertan sobre los altos niveles de azúcar, sal y grasas saturadas en los productos procesados en el Perú. La resolución fue emitida por una comisión que tiene dos integrantes con conflictos de interés por su vinculación con la industria alimentaria. El Ministerio de Salud apelará el caso. 

A pesar de que las ventas del grupo InRetail Pharma se han incrementado en el estado de emergencia, la empresa no ha ofrecido a sus trabajadores todas las medidas de seguridad. Ellos mismos han tenido que comprar mascarillas quirúrgicas y reunir dinero para hacerse pruebas de descarte.

En medio de la pandemia, un funcionario del gobierno de Nayib Bukele ha encontrado la manera de hacer negocios con las compras públicas de emergencia. La empresa de reciclaje de plástico de Jorge Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, le ha vendido protectores faciales al Ministerio de Salud por un cuarto de millón de dólares.

Casi la mitad de trabajadoras del hogar en América Latina ha sido despedida desde que empezó la pandemia. En Guatemala sólo el 0.2% de empleadas domésticas tiene algún tipo de protección social. La relación de supuesta familiaridad entre jefa y trabajadora es el origen de este tipo de abusos.

En Venezuela el Estado no garantiza la alimentación de los presos: ellos dependen de la comida que les llevan sus familiares. Ahora con las visitas suspendidas por la pandemia y la escasez de alimentos, la salud de los reos con tuberculosis está empeorando.