Una semana después de que Salud con lupa denunciara las demoras en la publicación del reglamento de la nueva ley de tabaco y nicotina —destinada a regular el consumo de vapeadores—, el Ministerio de Salud (Minsa) finalmente respondió: asegura que el reglamento será publicado en setiembre. No se trata de una norma más: representa el primer paso para controlar un mercado que crece sin freno y que atrae a consumidores cada vez más jóvenes.
Según el Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas 2024 de Devida, uno de cada diez estudiantes de secundaria usa cigarrillos electrónicos. Solo el último año, 133 mil jóvenes se iniciaron en su consumo, casi el doble que los que empezaron a fumar tabaco tradicional.
Sin el reglamento, la ley de control de productos de tabaco y nicotina -promulgada en noviembre de 2024- no puede aplicarse. Esto significa que todavía no existen controles efectivos para proteger a menores ni advertencias claras sobre los riesgos para la salud. Actualmente, la publicidad de la industria en redes sociales no tiene restricciones: recurre a influencers y figuras públicas para atraer a un público cada vez más joven. Lo mismo ocurre con el empaquetado: las advertencias son insuficientes, las empresas no revelan todos los ingredientes y queda a su criterio qué información sobre riesgos de salud difundir.
El peligro de esta estrategia es claro. Especialistas y estudios independientes advierten que la publicidad puede subestimar los riesgos del consumo de vapeadores y generar la idea equivocada de que son menos dañinos que el tabaco.
En tiendas y bodegas de barrio, estos productos se colocan junto a golosinas y se promocionan con ofertas, como si fueran inofensivos. Estos locales son, hoy, los principales puntos de acceso a cigarrillos electrónicos para escolares de entre 12 y 16 años.
El Minsa afirmó que el reglamento se está elaborando con representantes de distintos sectores, para permitir un “mejor análisis y propuesta de elementos necesarios para la aplicación de la ley”. Sin embargo, el ministerio no ha aclarado cómo evitará la interferencia de la industria tabacalera.
Salud con lupa reveló que el grupo de trabajo está integrado por 21 funcionarios de al menos 10 entidades, incluyendo los ministerios de Educación, Economía y Trabajo, así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Por parte del Minsa, participan tres representantes: el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña; el director de Intervenciones Estratégicas en Salud, Cristian Díaz; y Yuri Alegre, director de Promoción de la Salud, designado en medio del proceso a pesar de no tener experiencia previa en esta materia. Salud con lupa intentó comunicarse con Alegre, pero el funcionario nunca brindó declaraciones.
Según la resolución que crea el grupo de trabajo, el plazo para presentar el reglamento vence el 3 de setiembre, justo el mes que ha anunciado el ministerio. La misma resolución establece que organizaciones civiles y privadas, incluso con vínculos con la industria, pueden aportar opiniones, lo que deja abierta la puerta a que los intereses comerciales primen sobre la salud pública.
El interés de la industria ya es evidente. La Asociación Peruana de Vapeadores (ASOVAPE), integrante de una red respaldada por Acción Global para Acabar con el Tabaquismo (anteriormente llamada Fundación para un Mundo Libre de Humo), plataforma que ha recibido financiamiento de Philip Morris International, ya manifestó su interés en participar.
Otros actores que podrían intervenir sin obstáculos son la Asociación Peruana de Bodegueros y la Sociedad Nacional de Industrias, ambas vinculadas a British American Tobacco. Al menos dos de estas organizaciones —la Asociación de Vapeadores y la Asociación de Bodegueros— ya intentaron influir en la ley cuando se debatió el año pasado. Se opusieron a la prohibición de sabores y al empaquetado neutro, medidas diseñadas para proteger a menores, aspectos que finalmente fueron eliminados de la norma.
