La tarde del 9 de enero, la ciudad de Juliaca fue el escenario de una de las jornadas más violentas en las que murieron 17 peruanos por proyectiles de armas de fuego disparados por la Policía para reprimir las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte. Más de un mes después, sus familiares, acompañados de abogados y también de personas que resultaron con heridas graves, han tenido que trasladarse a Lima para exigir que las investigaciones fiscales avancen y que no se repitan matanzas contra más ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.
El grupo, organizado en la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, exige que se cree una fiscalía de Derechos Humanos en la región sur para que avancen las diligencias de manera oportuna. No todos los fallecidos y heridos participaron en las manifestaciones, pero la Policía disparó al cuerpo de las personas. Así lo recuerda Julia Pacci, quien vio cómo helicópteros volaban cerca de su casa y lanzaban bombas lacrimógenas. Ella vive cerca al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, donde ocurrieron la mayoría de muertes, y estaba lavando la ropa de sus hijos cuando los gases empezaron a ingresar a su hogar y a ocasionarle ardor en los ojos. “Entonces, yo decido salir a la puerta”, recuerda.
“Niños, jóvenes y adultos corrían diciendo: los policías están disparando a quemarropa”, relata Julia. También pedían agua porque se asfixiaban con los gases que lanzaban los policías. “Entonces, saqué un balde de agua para darles”. Cuando Julia fue a recogerlo, sintió un dolor entre el mentón y el cuello. Le había impactado un perdigón cerca de la yugular, una vena que lleva sangre de la cabeza hacia el corazón que le ocasionó una hemorragia.
“No puedes ir al hospital porque están deteniendo a las personas”, me dijeron mis vecinos. Entonces, Julia fue a una clínica, pero no la atendieron porque no contaba con el dinero para cubrir los gastos. Ya tenía el cuello muy inflamado, pero tuvo que seguir caminando por Juliaca para buscar medicinas. Cuando llegó al Hospital Carlos Monge Medrano, fue testigo de cómo llegaban decenas de heridos.
Hace algunas semanas, Julia Pacci llegó, quien subsiste como vendedora de comida en Juliaca, tuvo que venir a Lima para atender su salud porque no hay especialistas en cuello y cabeza en su región. Un doctor en Puno le hizo firmar su alta médica voluntaria sin que ella lo pidiera, lo que ella considera que fue como abandonarla. Desde entonces, Julia se unió a la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero para exigir justicia.
"Nunca más pongan de luto a una población entera"
“Venimos a denunciar que en Juliaca hubo una masacre. Han asesinado a civiles con armas de fuego. El Estado tiene derecho a investigar y detener, pero no a matar”, dice Wilmer Quiroz, abogado de las familias. Las investigaciones y necropsias obtenidas por la revista Hildebrandt en sus trece revelaron que, durante la masacre en Puno, la Policía usó fusiles AKM -65.
Raúl Samillan Sanga, quien preside la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, llegó a Lima el 20 de febrero. Su hermano Marco Antonio, brigadista y estudiante de Medicina murió por dos disparos de bala cuando auxiliaba a heridos en las protestas de Juliaca.
El jueves, en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Raúl pidió que las muertes no queden en la impunidad y que el Estado brinde una reparación integral a las familias afectadas.
Hay escenas que Raúl Samillan nunca podrá olvidar del 9 de enero. Ese día tuvo que ir al Hospital Carlos Monge Medrano, en Juliaca, para ver el cuerpo sin vida de su hermano. Pero además se topó con varios otros cuerpos de fallecidos y heridos tendidos en el suelo que sangraban. “Puno es parte del Perú, no es ajeno al país. Queremos justicia y que los culpables paguen”, dice Raúl.
Junto con él, también llegó a la capital Demetrio Aroquipa, padre de Jhamilet, de 17 años, quien recibió un disparo de arma de fuego en el estómago cuando salía a hacer compras al mercado. La bala de calibre 9mm, Parabellum, corresponde a las pistolas Beretta o SIG Sauer, de uso oficial de la Policía, indica el expediente fiscal, según reveló el diario La República. Su padre cuenta que cargó a su hija hasta la posta porque no había una ambulancia. Tardaron mucho en llegar al hospital y una hora después falleció.
Jhamileth cursaba el segundo semestre de Psicología en la Universidad de Cochabamba y era voluntaria en el colectivo animalista “Entre Patas”. “Cuando se trata de menores de edad, el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida doblemente”, indica Jennie Dador, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Un proyecto represivo
El gobierno de Dina Boluarte ha presentado un nuevo proyecto de ley para aumentar las penas de cárcel en el marco de las protestas. Por ejemplo, los delitos por disturbios recibirán penas no menores de 15 años. Mientras que los atentados contra medios de transporte y bloqueo de carreteras conllevan entre 8 a 20 años de cárcel.
La abogada Jennie Dador señala que aumentar las penas es una señal de que este régimen dejó de ser democrático. “El derecho penal debe ser la última herramienta para contener la crisis. Primero se deben agotar las vías de prevención y diálogo”, dijo.
Wilmer Quiroz, abogado de Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, enfatiza que ninguno de los fallecidos, heridos y detenidos durante las protestas en Juliaca registraba antecedentes policiales, penales ni judiciales.
Sobre las cifras de los heridos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dice que son más de la treintena que se reportó al inicio porque muchos no acudieron a hospitales por miedo a ser interrogados o detenidos por la Policía.
