La Amazonía está en emergencia

[desde hace doscientos años]

Mushuck Llacta de Chipaota: la comunidad kichwa que se contagió por el retorno de su gente

Mushuck Llacta de Chipaota, la comunidad indígena con más casos de COVID-19 en la región San Martín, se infectó de coronavirus por recibir a sus hermanos que venían desde Lima. A mediados de abril, veintiún kichwas —conocidos así desde el siglo XVI, cuando los misioneros jesuitas intentaron evangelizarlos en lengua quechua— viajaron en dos buses hasta Tarapoto tras estar varados un mes en la capital. En el momento en que se decretó la cuarentena, algunos estaban de paseo junto a su familia mientras que otros procuraban vender sus artesanías. Sin un lugar donde dormir, pudieron hallar refugio en la Base Naval de La Marina y en el Centro Vacacional Huampaní, un albergue temporal habilitado por la pandemia.

Su retorno lo gestionó el apu de la comunidad, Carlos Cenepo Pizango, con las autoridades locales. No todos en el grupo eran kichwas. En realidad, eran más de treinta y siete nativos, algunos de ellos de la etnia llacuash, que viven en comunidades colindantes como Aguanomoyuna, Tununtunumba y Shilcayo. Antes de salir de Lima les hicieron unas pruebas rápidas y ninguno dio positivo.

Lo que siguió fue una serie de cuarentenas fallidas. Ya en Tarapoto se dirigieron, en otros buses, hacia Chumía —un poblado en conflicto, a las afueras de Chazuta, ubicado en la margen izquierda del río Huallaga —, donde el alcalde había alquilado albergues de madera para que pudieran confinarse antes de volver a territorio indígena. La ronda campesina de Chumía los custodió durante quince días, y personal del Centro de Salud de Chazuta los visitó un par de veces para dejarles medicinas y realizarles nuevas pruebas de descarte. En ese momento eran treinta y dos, porque cinco de la comitiva se habían quedado en Tarapoto. De esos treinta y dos, tres kichwas dieron positivo. Un señor, un muchacho y una niña. Ellos se quedaron en el albergue mientras los demás se subieron a un volquete rumbo a Chazuta, que es como se llama también la capital del distrito, desde donde se dispersaron hacia sus comunidades.

A Mushuck Llacta de Chipaota solo se puede llegar surcando el río Huallaga. Por eso el apu Carlos Cenepo Pizango, el más interesado con este retorno, dispuso tres canoas motorizadas —llamadas comúnmente ‘peque peque’ por el sonido que hacen—. Era un día alegre para el pueblo. El regreso de dieciocho kichwas que había que celebrarse con chuchuhuasi, un macerado típico de la selva.

Pero la asamblea del pueblo había acordado que hicieran una tercera cuarentena de quince días en los dos únicos colegios de la comunidad antes de reencontrarse con su familia. Así lo hicieron. La calamidad vino después, cuando técnicos del puesto de salud de Chazuta les hicieron pruebas rápidas, y todos dieron positivo. Los dieciocho. Cuando el apu Cenepo Pizango se enteró de los contagios, no pudo evitar el llanto. La noticia no tardó en expandirse por los novecientos habitantes del pueblo Mushuck Llacta de Chipaota. “Se le ha ocurrido traer a gente desde Lima para matarnos”, le dijeron al apu.

Cenepo Pizango cree que el contagio ocurrió en Chumía, en donde convivieron con otras comunidades o tal vez en Chazuta, donde hubo gente que llegó a pie huyendo. Sea como fuere, con el correr de las semanas, Chazuta se convirtió en un foco infeccioso con 286 casos entre confirmados y sospechosos.

El último día del confinamiento decretado por el Gobierno, Ely Tangoa, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín, alertó mediante una carta abierta al presidente Martín Vizcarra que las catorce comunidades kichwas a lo largo del río Huallaga presentan síntomas de COVID-19. Los kichwas son el tercer pueblo indígena con mayor población en el Perú: reúne a más de setenta mil personas en 315 comunidades. De los cuatro grandes grupos que existen en el país (repartidos entre los departamentos de Madre de Dios, Loreto y San Martín), los kishwas más afectados por la pandemia son los que se asientan en Chazuta, donde nueve comunidades de las dieciocho que agrupa el distrito tienen casos de COVID-19. La que tiene más casos confirmados es, precisamente, Mushuck Llacta de Chipaota.

En esta comunidad donde cantan los paujiles y las pucacungas, el virus alcanzó hasta el personal médico, una enfermera y una doctora serumista, quienes fueron evacuadas, clausurando el único puesto de salud de la comunidad. Desde entonces Cenepo Pizango se ha tenido que encargar de la prevención y seguridad de sus hermanos indígenas. A los dieciocho contagiados los mandó a sus casas a pasar cuarentena por cuarta vez y organizó rondas para retomar el control. También castigó a quienes no utilizaran mascarilla, recluyéndolos por veinticuatro horas en el calabozo del pueblo, un espacio rústico, con techo de calamina, en la parte trasera del local comunal. Hoy esos dieciocho nativos ya vencieron al COVID-19, pero hay siete nuevos casos positivos que no tienen dónde atenderse. Personas que se curan con remedios caseros porque no tienen nada más al alcance. “Pero yo no tiro la toalla. Estoy preparado para todo. Si hay que morir, se morirá”, sentencia el apu Cenepo Pizango con la firmeza de quien lleva mucho tiempo resistiendo a la adversidad.

Palma Real: el pueblo Ese Eja que teme ir al hospital

A orillas del río Bajo Madre de Dios, en la punta suroriental del Perú, en la frontera con Bolivia, una comunidad indígena se rehúsa a ser trasladada al hospital más cercano. Aunque cuentan con un solo puesto de salud —que no tiene doctores, agua ni luz— los cuatrocientos treinta Ese Eja de Palma Real han decidido no salir de su territorio para buscar atención médica. Un acuerdo que, visto desde afuera, puede parecer insólito ya que tienen tres casos positivos de COVID-19 y una víctima mortal.

Pero los nativos de Palma Real, una de las tres comunidades de los Ese Eja que pueblan la provincia de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, tienen sus razones. Las han hallado en la muerte de Lupe Heyaijia Dakitahuaji, una maestra tejedora de treinta y nueve años, que confeccionaba canastas con las lianas de los árboles.

Lupe falleció a mediados de junio, seis días después de haber sido trasladada de Palma Real hacia el hospital Santa Rosa, en la ciudad de Puerto Maldonado. Dio negativo en la prueba rápida tomada por una brigada del Ministerio de Salud que visitó la comunidad Ese Eja por unos días, pero su insuficiencia respiratoria obligó a un médico y a cinco técnicos en enfermería a subirla a un bote a motor y surcar durante tres horas los setenta kilómetros que los separan de la capital de Madre de Dios. “En el hospital le sacaron el oxígeno. La han declarado que murió de COVID-19 para cubrir una negligencia médica”, denuncia el apu César Yojajé.

En ese mismo bote iba también un familiar de Lupe, mucho mayor, que finalmente se recuperó. Y que sí había dado positivo de COVID-19 en la comunidad. Que muera Lupe, que dio negativo en la prueba rápida, y que se recupere quien era un caso confirmado de coronavirus, ha aumentado el temor y recelo entre los Ese Eja. “Si la posta de Palma Real hubiese estado equipada, no hubiesen tenido que trasladarla. Lupe no estaría muerta”, insiste Yojajé. Desde el año pasado, los Ese Eja reclaman al gobierno regional que termine la construcción del puesto de salud que sigue inconclusa en su comunidad. No solo carece de instalaciones de agua sino también de luz. Actualmente, las técnicas en salud atienden a los pacientes alumbrándose con una linterna o, simplemente, con las luces de sus celulares. El gobierno peruano no le ha facilitado atención médica a la comunidad de Palma Real en sus cuarenta y cuatro años de vida institucional. Hasta ahora, nunca les han asignado un doctor en su territorio.

Los Ese Eja manejan la teoría de que el virus llegó por el viento, y que tendrán que cuidarse de él por un par de meses más. En abril, levantaron un cerco de madera en el puerto principal de Palma Real y amenazaron con lanzar flechas a quienes no acataran el aislamiento. Por ahora, sus tejidos en base a fibras vegetales, así como su producción de castañas, tendrá que esperar. Han suspendido estas actividades porque no tienen a quién venderlas y, sobre todo, no desean perder a nadie más. Según el Apu Yojajé, más del 80% de la población presenta fiebres altas, diarreas y vómitos.

La leyenda cuenta que los Ese Eja llegaron al mundo, descendiendo del cielo por una soga de algodón. Su devenir no ha sido tan sedoso como su origen, sin embargo. Sufrieron los estragos de la colonización, los caucheros y los mineros ilegales. Aun hoy, asentados en un área de conservación, sienten que les arrebataron sus tierras. Ahora, que enfrentan una pandemia, la crisis sanitaria en la que siempre han estado sumidos es más evidente. Más allá del temor a acudir a un hospital en la ciudad, los nativos de Palma Real exigen tener las condiciones necesarias para estar a salvo sin tener que salir de su territorio. A Lupe, la experta artesana que murió en el hospital de Puerto Maldonado, la enterraron en el cementerio de la ciudad sin consultarle a la familia. “No la enterraron en la tierra que la vio nacer”, lamenta el apu Yojajé porque, para ellos, esa es la única forma digna de descansar después de la muerte.

Comando Matico: los shipibos de Yarinacocha se organizan para curarse entre ellos

A finales de mayo, trece shipibos del distrito de Yarinacocha, en Ucayali, decidieron organizarse para cubrir las carencias de atención sanitaria del Estado. Mientras la burocracia del gobierno resuelve cómo auxiliarlos, estos voluntarios han optado por utilizar lo que mejor conocen para protegerse: la medicina natural. Se hacen llamar el Comando Matico, porque dicen desinflamar los pulmones de sus pacientes con baños de vapor e infusiones de una planta amazónica que lleva este nombre.

Durante siglos, los shipibos han utilizado las hojas de matico para cicatrizar heridas y combatir infecciones. Hay quienes las emplean para tratar úlceras así como para aliviar dolores de encía. El matico, también llamado “hierba del soldado” (se presume que un combatiente español la bautizó con su nombre luego de sanar sus lesiones), suele crecer en la selva y en los valles interandinos de la sierra peruana. Sus hojas, alargadas y rugosas, contienen taninos y alcaloides, componentes eficaces para aliviar enfermedades del tracto respiratorio como la bronquitis. El matico es un antiinflamatorio y a la vez un expectorante. Las comunidades indígenas de la zona siempre han estado al tanto de sus propiedades medicinales, pero ninguna imaginó que esta planta sería un aporte de la Amazonía peruana para atender la epidemia más feroz de este siglo.

“Nosotros no tenemos una investigación científica para demostrarlo, pero creemos que el matico tiene los componentes de la azitromicina. Lo sabemos porque vemos que ayuda a desinflamar los órganos de quienes se lo aplicamos”, dice Jorge Soria, activista shipibo y coordinador general del Comando Matico. Al primer paciente de COVID-19 que curó con esta planta fue a su suegro. Sin medicamentos ni doctores cerca, Soria hirvió cuatro ramas de matico con tres limones partidos, y se lo dio caliente con dos pastillas de paracetamol. A los días le bajó la fiebre y a las semanas su respiración recuperó su ritmo habitual. Para Soria, la pandemia está demostrando el potencial de la medicina ancestral y, por lo tanto, la sabiduría de los pueblos indígenas. Las farmacias no lo dicen, señala, pero muchos de sus medicamentos replican propiedades de las plantas. Hasta ahora, su mayor evidencia son sus casos de éxito.

Hasta la fecha, el Comando Matico reporta 184 pacientes restablecidos y un solo fallecido. Un vendedor de libros, de sesenta y cuatro años, que acudió a ellos porque no podía costear el balón de oxígeno que necesitaba. Los riesgos de esta brigada de voluntarios no han sido pocos: el propio Soria se contagió, junto a dos shipibos más. Uno de ellos llegó a estar en estado crítico.

A inicios de junio, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, visitó el Centro Comunitario del Comando Matico, y se comprometió a abastecerlos con medicinas, balones de oxígeno y pruebas rápidas. La alcaldesa de Yarinacocha, Jerly Díaz, hizo lo propio ante las cámaras. Pero el coordinador general del Comando Matico dice que los medicamentos nunca llegaron. Y que entre la Dirección Regional de Salud de Ucayali y la municipalidad, les donaron apenas tres camas, dos camillas y seis colchonetas.

Si el proyecto se ha mantenido en pie ha sido por las donaciones de los vecinos. De dinero, pero también de insumos. Porque, aunque el matico haya acaparado el protagonismo de las curaciones, el ajo sacha, la mucura, el kión, el eucalipto, la manzanilla, el limón, el ajo y hasta la cebolla son necesarios para este tratamiento. Se hierve todo junto y es absorbido por los pacientes que están cubiertos con mantas. Si aún se encuentran graves, la vaporización será cada dos horas; en la medida que se estabilicen, cada ocho. Ello se complementa con un jarabe para la tos y la fiebre, las infusiones, y analgésicos como el paracetamol y el dolodran, pues los shipibos reconocen la contribución de la ciencia.

Los trece shipibos del Comando Matico—y los tres voluntarios mestizos que se le sumaron en el camino—se dividen entre quienes salen a buscar hojas de esta planta cada mañana a la comunidad de San Francisco, a una hora de Yarinacocha, y quienes se quedan de guardia, pendientes de la evolución de los pacientes. Una labor meritoria que desde julio se replica en San Francisco, poblado shipibo con 186 casos confirmados y alrededor de tres mil sospechosos. “Les hemos dado nuestra receta”, cuenta Soria.

Al cierre de este especial, el Comando Matico recibió una buena noticia: el Vicariato Apostólico de Pucallpa decidió cederles el espacio en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes todo el tiempo que sea necesario. Una dosis de fe y de solidaridad en una región con casi 8 mil 500 infectados, de los cuales trescientos son niños. Una emergencia que los shipibos de Yarinacocha, frente a la ausencia del gobierno, han sabido enfrentar con las plantas de sus bosques.

Los wampís: la nación que protege sus fronteras del coronavirus y una petrolera

Todo indicaba que la nación wampís, el primer gobierno autónomo indígena de la Amazonía peruana, iba a terminar la cuarentena de ciento siete días con un solo contagiado. Una señora de 2 de Mayo, una comunidad fronteriza con el Ecuador, ubicada en Amazonas. Parecía ser una proeza para una región con casi 2 mil 500 infectados del nuevo coronavirus y un país con más de 300 mil casos confirmados.

En marzo, a los días de que el Gobierno dictaminara el confinamiento obligatorio, los wampís, un pueblo que habita territorio peruano desde hace más de siete mil años y que en algún tiempo detuvo el avance de los incas, cerró sus fronteras e implementó un estricto sistema de vigilancia en sus límites territoriales.

Cada quince días, sesenta hombres se dividían para resguardar las ochenta y cinco comunidades wampís asentadas en Amazonas (cuenca del río Santiago) y Loreto (cuenca del río Morona), sumándose así a la decena de soldados del Ejército que se encargan de esa labor regularmente. Sin embargo, ese cerco que parecía infranqueable fue vulnerado en la primera quincena de junio por un grupo awajún—una etnia que convive en armonía con los wampís en varias comunidades del río Santiago— que ingresó al poblado de Belén pasando por alto a los efectivos y contagió, como un reguero de pólvora, a los poblados más cercanos como Puerto Galilea, Yutupis, Candungos y Soledad. Hasta el 30 de junio, el último día de la cuarentena en Lima, los wampís reportaban diecisiete infectados, en la región Amazonas, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Ese registro era todavía menos alentador para los awajún: seiscientos siete contagiados.

Si bien los wampís aún no han tenido muertes por COVID-19, son altamente vulnerables. Muchos sufren de malaria, tifoidea y enfermedades diarreicas. Y aunque cuentan con veintitrés establecimientos de salud en sus dos Micro Redes del distrito de Río Santiago, tienen serias carencias en infraestructura y suministro de medicamentos. Por eso, no descartan la posibilidad de moverse más hacia la cordillera e internarse en el monte. Así se curaron en el pasado del sarampión y la viruela. Encomendándose, además, a Arutam, el espíritu del bosque. En 1589, la población indígena del Cenepa, uno de los tres distritos de Condorcanqui, en Amazonas, se redujo de 30 mil a 10 mil por una epidemia de viruela llevada por las expediciones españolas. En ese grupo estaban los wampís.

“No es extraño para nosotros protegernos dentro del monte”, dice Shapiom Noningo, secretario técnico de los wampís, quien pasó la cuarentena en Lima, en un hostal alquilado, debido a que la crisis lo encontró durante unas gestiones en la oficina de enlace que tienen en la capital. Para él, la repartición de bonos familiares en Puerto Galilea y Belén ha sido otra de las causas de contagio, debido a las aglomeraciones en los centros de entrega.

En esta zona ancestral de más de un millón de hectáreas, sesenta de las ochenta y cinco comunidades wampís no cuentan con acceso a un sistema de telefonía (si lo tienen es deficiente) y menos de Internet. Se valen de una red de radiofonía que solo capta señal en algunos lugares. Es usual que un mensaje tarde en ser respondido. Eso agobia a Shapiom Noningo, quien en estos meses no ha podido entablar una comunicación sin interrupciones con su máxima autoridad: el pamuk Wrayz Pérez.

Además de hacer lo posible por mantener fuera de su territorio al COVID-19, esta comunidad de más de 15 mil habitantes tuvo que protegerse de una petrolera. El personal de GeoPark—que en el 2014 se adjudicó el 75% del lote 64— se movilizó en sus territorios de la cuenca del río Morona, en Loreto, durante la cuarentena. Luego de varias alertas, a fines de mayo, los wampís formalizaron su denuncia en la Fiscalía Provincial Penal de Datem del Marañón, donde alegaban que esta empresa de origen chileno no contaba con licencia social ni con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. GeoPark respondió que, efectivamente, dos de sus embarcaciones habían navegado por el río Morona, pero aseguraban que ninguna se había detenido en algún punto del camino. Según Noningo, GeoPark se ubica apenas a cinco kilómetros de Shinguito, Caballito y Bagazan, las comunidades wampís más expuestas.

Si bien los wampís han demostrado autonomía por su capacidad de gestión aún no poseen personalidad jurídica. Es decir, no son reconocidos por el Estado peruano ante la ley. Lo que les impide suscribir convenios con instituciones. En junio presentaron un proyecto de ley al Congreso. En tanto, deben continuar resguardando sus fronteras. Del nuevo coronavirus que acecha y de una petrolera dispuesta a operar sin licencia ni garantías.

Pucacuro: el pueblo achuar que se infectó de coronavirus por su alcalde

El 20 de abril, una lancha municipal con veintiún autoridades llegó a la comunidad achuar de Pucacuro, en la cuenca del río Corrientes, en Loreto, para repartir víveres por la cuarentena, pero al hacerlo omitieron llevar lo más urgente: ninguno de ellos tenía mascarillas ni guantes ni cualquier otro tipo de protección. La embarcación estaba liderada por Lorenzo Chimboras, el alcalde del distrito de Trompeteros, ubicado en la provincia de Loreto, quien durante tres o cuatro horas entregó en las manos de los comuneros un conjunto de productos: cinco kilos de arroz, dos kilos de avena, cuatro litros de aceite y cuatro latas de atún. En Pucacuro son ochocientos achuares: cuatro latas de atún para ese número de personas parecía una broma de mal gusto.

Casi una semana después, llegó al pueblo la noticia de que once de los veintiún tripulantes de la lancha habían dado positivo al COVID-19, incluido el alcalde Chimboras, quien tuvo que estar en aislamiento en el centro de salud de Nauta, un distrito a catorce horas de Pucacuro. A pesar de que durante el recorrido algunas personas a bordo habían mostrado síntomas, el alcalde minimizó la situación y aseguró que se trataba de una “simple gripe”. Semanas más tarde, cientos de achuares empezaron a tener fiebre, pérdida de olfato y gusto, y problemas para respirar. El apu de la comunidad, Emerson Mucushua, salió a los medios de comunicación a denunciar la negligencia y a exigir ayuda médica: de los ochocientos indígenas de Pucacuro, seiscientos tenían síntomas de coronavirus.

Aunque el caso de los achuares apareció en diversos medios, tuvo que pasar más de un mes para que una delegación del Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud (Diresa) llegara a la comunidad para atender la emergencia. Les repartieron mascarillas, realizaron cien pruebas rápidas (de las cuales setenta y tres dieron positivo) y entregaron una medicación irrisoria: cinco paracetamoles y tres azitromicinas por paciente.

El mismo apu Mucushua terminó contagiado y tuvo que pasar siete días en cama. “Te agarra una debilidad, es como si el pulmón te apretara”, describe. A falta de medicina, tomó eucalipto, ajos, leche caliente y hasta vinagre. Una receta improvisada para tratar de recuperarse. Por esos días, Pucacuro sufrió su primera pérdida: un señor de más de setenta años que durante tres días tuvo convulsiones y tos seca, y no recibió oxígeno ni pastillas por falta de abastecimiento en la comunidad. La segunda baja ocurrió diez días después, con la muerte del hermano Mario Soto, gerente de la empresa comunal de Pucacuro, quien padecía de diabetes e hipertensión. A diferencia de la primera víctima, él no murió en el pueblo. Fue trasladado al Hospital Regional de Iquitos. Ha sido el único paciente de la comunidad que ha accedido a ese derecho. El resto lleva meses esperando. A Mucushua, las autoridades acostumbran repetirle que no tienen suficiente gasolina para enviar sus ‘rápidos’ (embarcaciones a motor).

Lo que sí recibieron fue una donación de noventa y ocho sacos de sal de parte de la municipalidad de Trompeteros. Para Mucushua, quien además del transporte lleva casi dos meses reclamando balones de oxígeno, medicinas e implementos de seguridad, esta ayuda le parece más una burla. Dentro del distrito de Trompeteros existen treinta y nueve comunidades nativas de los pueblos achuar, urarinas y kichwas, pero de todas ellas solo trece cuentan con un establecimiento de salud. Las otras veintiséis tienen únicamente un botiquín para compartir entre todos.

Con tantos casos sospechosos de coronavirus, el pueblo entero de Pucacuro tuvo que cumplir cuarentena obligatoria, pero al ser la caza su principal fuente de alimento, les ha resultado muy difícil permanecer en sus hogares. Los achuares no cuentan con mercados cercanos ni algún tipo de comercio que los provea de comida. Han tenido que engañar a sus estómagos con yuca, plátano y unos hongos silvestres llamados callampas que brotan de algunos árboles.

Luego de dos meses sin recibir lo que les corresponde, los pobladores se han visto obligados a radicalizar sus demandas. A modo de protesta, cuatro mil nativos de Pucacuro, y otras comunidades de la cuenca del río Corrientes, han decidido tomar las instalaciones del Lote 8 de la empresa Pluspetrol Norte, ubicado en Trompeteros, hasta que les brinden un centro de salud debidamente implementado. Como el Gobierno considera esencial la actividad extractiva, esta compañía petrolera continuó operando en la zona hasta el 20 de abril. “La empresa debe dejar sanando nuestras tierras”, dice el apu Mucushua. Son cincuenta años que la cocha Atiliano, una laguna que alguna vez fue la principal fuente de alimento de la población, lleva contaminada tras convertirse en un botadero de derrames. Primero por Petroperú y luego por Pluspetrol. La esperanza de que el daño se remedie, se mantiene. A inicios de julio, Pluspetrol repartió 216 canastas de alimentos a los achuares de Pucacuro. El hecho no ha alterado sus convicciones en absoluto.