En Lima, miles de familias dependen de las ollas comunes para poder alimentarse cada día. Durante la pandemia, muchas de estas organizaciones empezaron a recuperar alimentos en el Gran Mercado Mayorista, que cuenta con 1192 puestos y recibe cada madrugada cerca de 8 mil toneladas de frutas, verduras y tubérculos. Lo que no se vendía dejaba de ser desperdicio para convertirse en insumo con el que se preparaban comidas que alimentaban a cientos de personas en situación vulnerable.
La recuperación de alimentos es justamente eso: recuperar productos que aún son aptos para el consumo humano, pero que quedan fuera del mercado por su apariencia, grado de madurez o exceso de oferta. En lugar de convertirse en desperdicio, se podía destinar a los usuarios de las ollas comunes.
Sin embargo, en junio de 2023, la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) aprobó la Directiva DI-032-GO/001, que cambió las reglas en el Gran Mercado Mayorista, ubicado en Santa Anita. El documento centralizó el rescate de alimentos en brigadas seleccionadas por el municipio y dispuso que todo lo recuperado pasara a manos de la Fundación Lima, presidida por Javier Cipriani Thorne —hermano del exarzobispo Juan Luis Cipriani y militante de Renovación Popular—, designado directamente por el alcalde Rafael López Aliaga.
En lugar de integrar a las ollas comunes y fortalecer el proceso de recuperación de alimentos —tal como ordena la Ley N.º 31477 que promueve esta práctica en el país—, la directiva municipal les cerró las puertas.
¿Qué cambió?
Antes, las mujeres de las ollas comunes podían entrar libremente al mercado, recorrer los pabellones y recoger lo que los comerciantes donaban: papas, tomates, zapallos, frutas. Esa variedad hacía posible cocinar menús completos.
“Cuando nosotras íbamos al mercado, pasábamos por cada pabellón y traíamos de todo un poco. Ahora ya no. EMMSA y la Fundación Lima no están haciendo un buen trabajo. A veces entregan sacos enteros de ají amarillo o puro perejil, cosas que no usamos a diario. Eso no es una buena recuperación como la que hacíamos en plena pandemia”, señala Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho y vicepresidenta de la red metropolitana.
Con la directiva de 2023, los alimentos ya no llegan directamente a cada olla. Todo lo que se recupera queda primero en un centro de acopio dentro del mercado y luego pasa a la Fundación Lima, que se encarga de repartirlo en cada distrito, en puntos definidos por las municipalidades: un local comunal, una losa deportiva, un almacén. Para las ollas comunes, la consecuencia es clara: menos control sobre la entrega de los alimentos recuperados y más posibilidades de que los productos se malogren en el trayecto.
La situación contrasta con lo que establecía la Ordenanza Municipal de septiembre de 2022, que promovía expresamente la participación de la sociedad civil organizada en la recuperación de alimentos en los mercados mayoristas. Es decir, la norma reconocía a las ollas como protagonistas de esta tarea. Pero en la práctica, esa disposición quedó de lado.
“Antes sí podíamos ingresar y recuperar. Desde que entró el alcalde López Aliaga, las cosas cambiaron. Ahora ellos recuperan y nos llevan lo que quieren. Y si no aceptamos lo que nos dan, nos dicen que ya no trabajarán con nosotras”, advierte una representante de una olla común en San Juan de Lurigancho, que pide reservar su nombre para evitar represalias.
¿Qué problemas hay?
Las ollas comunes aseguran que los alimentos que reciben ya no son tan útiles ni variados como antes.
En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, cuentan que les entregaron sacos enteros de ají amarillo. Una parte la secaron para usarla como condimento, pero la mayor parte terminó desperdiciada. En otras ocasiones recibieron tomates demasiado maduros, que se malograron en pocos días.
“El rescate ya no es como antes. Cuando íbamos nosotras, traíamos variedad porque pasábamos por cada pabellón. Ahora a veces entregan solo perejil o puro ají, cosas que no usamos todos los días. Eso no ayuda”, afirma Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho.
A esto se suma otro problema: varias dirigentes aseguran que si no aceptan lo que la Fundación entrega, por más que no les sirva, les advierten que podrían dejarlas fuera del programa. Esa presión, dicen, las obliga a llevar productos que terminan siendo un problema más que una solución.
¿Quién controla?
La Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), que administra el Gran Mercado Mayorista de Lima, sostiene que no es responsable del destino final de los alimentos recuperados. En la práctica, toda la logística y distribución quedó en manos de la Fundación Lima.
El problema es que no hay transparencia. Para este reportaje, Salud con lupa solicitó a la Fundación Lima y a EMMSA los datos sobre la cantidad de alimentos recuperados desde 2023, la lista de ollas comunes beneficiadas y el destino final de los productos entregados. Hasta la fecha, la fundación no ha entregado esa información y la propia EMMSA admite que tampoco la tiene porque depende de los reportes de la fundación.
La Fundación Lima es una asociación civil sin fines de lucro inscrita en Registros Públicos en 2001. No forma parte de la estructura orgánica de la Municipalidad de Lima ni está adscrita a ella como empresa pública, como sí ocurre con EMMSA o con empresas municipales, pero su funcionamiento depende directamente de la autoridad metropolitana.
Según su estatuto, los miembros de su Junta de Administración son elegidos por el alcalde de Lima, y en enero de 2023 Rafael López Aliaga designó como su presidente a Javier Cipriani Thorne, actual miembro de Renovación Popular. Además, en diciembre de ese mismo año, la Fundación Lima firmó un Convenio de Cooperación Institucional con EMMSA, que le otorgó un espacio dentro del Gran Mercado Mayorista para custodiar y distribuir los alimentos recuperados. Con ello, una entidad privada quedó a cargo de una labor de interés público, sin contar con mecanismos claros de rendición de cuentas.
Javier Cipriani no solo está a cargo de la Fundación Lima, también es Presidente de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Inmuebles (EMILIMA), que administra el inmobiliario municipal que incluye el Circuito Mágico del Agua, el Parque de la Exposición e inmuebles del Centro Histórico de Lima.
Diez días antes de asumir la presidencia de la Fundación Lima, Javier Cipriani fue contratado por la Municipalidad de Lima para una consultoría administrativa valorizada en S/ 28 mil. Ya como presidente, sumó dos contratos más: uno en marzo por S/ 14 mil con la misma comuna y otro en abril por S/ 12 mil con EMMSA.
Recientemente, el 15 de julio de 2025, en el marco de la conmemoración de la Independencia del Perú, Javier Cipriani también fue condecorado con la Medalla de Lima en una ceremonia de la Municipalidad de Lima a favor de “destacadas personalidades a mérito de sus valiosos aportes a favor de la comunidad”.
La Fundación Lima canceló a última hora una entrevista pactada con Salud con lupa sin dar una explicación consistente y, desde entonces, no volvió a responder nuestras reiterativas solicitudes de información.
Una historia de conflictos
Las tensiones entre las ollas comunes y la Empresa Municipal de Mercados no empezaron con la actual gestión. Ya en 2021, durante la pandemia, las dirigentes denunciaban que el personal de seguridad del Gran Mercado Mayorista de Lima les cerraba las puertas o les decomisaba los alimentos que habían recuperado. Algunas incluso sufrieron maltratos.
Ante esa situación, las ollas organizaron plantones y buscaron apoyo político. Con la intervención de la congresista Sigrid Bazán y de la exregidora Jessica Huamán, lograron un acuerdo: se les permitiría ingresar al mercado una vez por semana para recuperar alimentos. Pero ese pacto duró poco. Con la llegada de la nueva gestión municipal en 2023, las restricciones volvieron y las ollas quedaron fuera del proceso.
El cambio de reglas tuvo un costo alto. Miles de kilos de comida que antes se rescataban con organización comunitaria ahora dependen exclusivamente de la Fundación Lima. Eso significó para las ollas comunes perder autonomía y capacidad de decidir qué productos llevar a sus cocinas.
En una ciudad con unas dos mil ollas comunes registradas, limitar la recuperación a una sola organización genera desconfianza y, sobre todo, pone en riesgo un esfuerzo vital contra el hambre en Lima: aprovechar lo que puede recuperarse para alimentar a quienes más lo necesitan. Hoy, en cambio, esa labor se ve obstaculizada, justo cuando el hambre y la pobreza siguen en aumento.
