Por años, las ollas comunes han sostenido la alimentación de miles de personas en situación de pobreza en el país. Pero cuando se trata de decidir qué alimentos deben recibir, su voz casi no cuenta. En los comités de gestión local, donde se define la compra y distribución de víveres del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), la mayoría de decisiones se toman sin ellas.
En San Juan de Lurigancho, el distrito más grande del país, hay más ollas comunes que comedores populares. Pero son estos últimos —junto a funcionarios municipales y de los ministerios de Salud y el Midis— quienes terminan decidiendo qué se pone en la olla.
La canasta que se redujo
Este año, muchas ollas comunes han empezado a recibir solo entre cuatro y seis productos alimenticios, cuando antes recibían hasta doce. Además, el subsidio económico que se les otorga no alcanza para cubrir alimentos frescos, y solo pueden comprar productos procesados en tiendas mayoristas o supermercados que emitan boletas.
En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, las raciones que entrega la municipalidad incluyen arroz, aceite, menestras (lentejas o frijoles) y pollo congelado. Con el subsidio adicional han podido adquirir productos como trigo mote, quinua o garbanzo, pero también en versiones procesadas.
Esta reducción es especialmente grave porque, como muestra el informe Ollas contra el hambre: entre la victimización y la resistencia, de la organización Ecosad, muchas personas usuarias de las ollas comunes reciben allí su única comida del día. Por eso, es fundamental que esa ración cubra el 100% del valor nutricional que necesita una persona adulta por jornada. Sin embargo, eso no se está cumpliendo.
La voz que no pesa
Aunque las ollas comunes lograron ser reconocidas oficialmente en 2022 gracias a la Ley 31458, su participación en la toma de decisiones sigue siendo débil. Ese año y el siguiente, el financiamiento para ollas comunitarias llegó de manera excepcional mediante decretos de urgencia. En Lima Metropolitana, en el segundo semestre de 2023 y los primeros meses de 2024, el presupuesto fue asumido por la Municipalidad de Lima.
Todo cambió en 2024, cuando por primera vez se les asignó un presupuesto fijo mediante la Ley de Presupuesto. Pero este avance vino con una condición: para acceder al dinero, las ollas comunes debían integrarse al Programa de Complementación Alimentaria - PCA. Esto implicaba cumplir una serie de requisitos y registrarse como una Organización Social de Base.
A partir de 2025, el presupuesto para la compra y entrega de alimentos está a cargo de las municipalidades distritales, pero solo para aquellas ollas que lograron formalizarse y transitar al PCA. En teoría, estas ollas pueden participar del Comité de Gestión Local, el espacio donde se decide qué alimentos se comprarán y cómo se distribuirán. En la práctica, su presencia es simbólica.
El comité donde casi todo está decidido
El Comité de Gestión Local se compone desde 2025 por siete miembros: tres representantes de comedores populares, uno de ollas comunes, dos funcionarios públicos y uno más designado por los seis anteriores. Las decisiones se toman por mayoría simple, lo que significa que las tres voces de los comedores y las de los funcionarios pueden definir todo sin necesidad de consenso con el único representante de las ollas comunes.
Esto ha generado una distribución de poder desigual, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde existen 333 ollas comunes activas frente a 308 comedores populares. Aun así, los comedores tienen tres representantes y las ollas solo una.
La diferencia también se nota en el tipo de usuario que atienden: mientras los comedores suelen complementar la alimentación del almuerzo, las ollas comunes muchas veces ofrecen la única comida del día a personas en pobreza extrema. Necesitan, por tanto, una canasta alimentaria más completa.
En 2021, Ecosad presentó una propuesta técnica con una canasta de 13 productos capaz de cubrir el 100% del valor nutricional diario de una persona adulta. Costaba S/ 5 por ración y buscaba atender a 200 mil personas durante un año. Incluía los productos que ya se entregan a los comedores populares (arroz, menestra, aceite y proteínas enlatadas) y otros que entregaba Qali Warma (quinua, leche, azúcar, carne, huevos, frutas y verduras frescas). Esta propuesta no se ha implementado.
Una traba hecha a la medida
En San Juan de Lurigancho, la Red de Ollas intentó registrarse como una Organización Social de Base (OSB) de segundo nivel para poder participar en el comité de gestión local. Pero la municipalidad rechazó su solicitud. La razón: no cumplían con representar al 20% del total de organizaciones sociales registradas, pero no solo de ollas comunes sino también contando a los comedores populares.
Esta interpretación elevó el número mínimo de integrantes que debería tener una OSB de segundo nivel. En lugar de tener como mínimo 67 integrantes correspondiente al 20% de las 333 ollas comunes vigentes, ahora debía cumplir con 128 integrantes como mínimo entre ollas y comedores para poder registrarse. La red cumplía con la primera versión del requisito, pero no con el más amplio que impuso la municipalidad. Al no poder cumplirlo, quedaron fuera.
“La municipalidad ha interpretado a su antojo ese requisito para que organizaciones de ollas comunes que no son de su agrado no puedan participar”, denuncia Abilia Ramos, vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana. En otros distritos como Rímac o San Juan de Miraflores, no hubo problemas con los registros.
“Para que seamos reconocidas como organización de segundo nivel cumplimos con representar solamente el 20% de ollas comunes, sin contar a los comedores populares. Y con eso mandamos a nuestra representante al Comité de Gestión, pero el problema sigue siendo que nuestra voz y voto prácticamente no cuenta al momento de elegir los alimentos”, explica Melva Acosta, representante de la Red de Ollas Comunes de Rímac.
“En nuestro caso la municipalidad emitió la resolución de reconocimiento tomando en cuenta solo el 20% del total de ollas comunes”, afirma Cristel Mejía, representante de la organización de segundo nivel Ollas Empoderadas de SJM.
La decisión fue tomada por la Subgerencia de Programas Sociales y Lucha Contra la Pobreza, que en su informe detalló que en el distrito hay 641 organizaciones sociales de base de primer nivel vigentes (308 comedores y 333 ollas). Para ser una organización social de base de segundo nivel, se necesita representar al 20% de ese total. La Red no llegó, pero otra organización sí.
La “Organización de Ollas Comunes Zona 2 de SJL”, liderada por Alex Euclides Rosales Ferrer, presentó a 135 integrantes, superando el mínimo requerido. Fue reconocida oficialmente el 8 de enero de 2025 por un periodo de dos años y, al día siguiente, propuso a Rosales como representante en el Comité de Gestión Local. El 10 de enero ya estaba incorporado como el séptimo miembro del comité.
Requisitos complejos para una necesidad urgente
Para registrarse como organización social de base de primer nivel, una olla común debe presentar varios documentos: solicitud de reconocimiento, libro de actas, estatuto, padrón de asociados, croquis del local y pruebas de funcionamiento. Si logra el reconocimiento, puede formar parte de una OSB de segundo nivel junto con otras organizaciones similares.
Pero para ser una organización social de base de segundo nivel no basta con agruparse. Hay que demostrar que se representa al 20% de las de primer nivel del distrito, tener mandatos vigentes en el Registro Único de Organizaciones Sociales - RUOS, estatutos comunes y actas que formalicen la integración. Además, si alguna de las organizaciones pierde vigencia, se pierde también el estatus de segundo nivel.
El problema de fondo
Más allá de los requisitos y la burocracia, lo que se pone en juego es si las personas más pobres del país —aquellas que dependen de una olla común para comer— están siendo realmente escuchadas. Hoy, las decisiones sobre su alimentación se toman sin considerar sus necesidades reales ni sus voces organizadas.
La reducción de productos, la compra obligada de alimentos procesados, la escasa representación en los comités y las trabas para inscribirse son señales de un sistema que aún no reconoce plenamente el valor de las ollas comunes.
La urgencia de alimentarse no debería ser gestionada desde la desconfianza ni desde el control, sino desde la equidad y el reconocimiento de quienes, con esfuerzo colectivo, sostienen a los más vulnerables.
