El oficio de Josefina*, de 49 años, fue siempre riesgoso: limpiar el mortuorio, el banco de sangre, el área de microbiología y otros espacios críticos de un hospital. Nadie se atrevería a elegirlo por vocación, menos aún en medio de una pandemia por un virus muy contagioso. Pero Josefina, jefa de hogar y operaria de la empresa Servicios Integrados de Limpieza (SILSA), siguió cumpliendo con su trabajo en el hospital Guillermo Almenara de Lima pese a que no le dieron todos los equipos de protección que necesitaba. No parecía tener alternativa: si se ausentaba perdería su empleo y único sustento de su familia; y si continuaba se exponía a contraer esa neumonía atípica que todavía no tiene una cura definida.
La tarde del 3 de abril, cuando empezó a tener los primeros síntomas que le hicieron sospechar que podía estar infectada con el nuevo coronavirus, se hizo una prueba diagnóstica en el hospital Aurelio Díaz Ufano, en San Juan de Lurigancho. Luego, regresó a su casa y tuvo que esperar tres días por el resultado. Para entonces, el certificado sólo validó lo que su cuerpo ya mostraba: era una paciente positiva de COVID-19 y su condición se había agravado.
El 8 de abril fue internada de emergencia en el hospital Díaz Ufano, pero no hubo terapia ni respirador que pudieran revertir la infección que dañó sus pulmones. Tres días después, la noche del 11 de abril, Josefina falleció de la misma enfermedad que ya ha matado a más de 200 personas en el Perú.
La empresa SILSA, de propiedad de EsSalud y que presta servicios de limpieza a hospitales y clínicas, no se ha pronunciado sobre el caso de esta trabajadora hasta la fecha. Desde el lunes 13 de abril, Salud con lupa se comunicó con voceros de la compañía y les envió también un cuestionario por correo para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sin embargo, varios operarios de limpieza que trabajan para SILSA denuncian que ni la empresa ni los servicios de salud donde laboran les brindan el equipo de protección necesario (guantes, mascarillas N95, mandiles, gorro, protector facial) para evitar el contagio pese a que están en contacto con residuos biocontaminados. Ellos siguen trabajando en turnos diurnos o nocturnos de 14 horas diarias.
“Constantemente tenemos que pelear con nuestros supervisores y con personal de los centros de salud para que nos den guantes, mascarillas y mandiles de protección para trabajar. Y solo conseguimos que nos entreguen mascarillas descartables que no nos protegen de nada”, dijo una operaria de SILSA que labora en la Clínica San Felipe y que pidió no revelar su identidad por miedo a represalias de la empresa.
Otra empleada de SILSA, que trabaja en el hospital Almenara, dijo lo siguiente: “Nadie se hace responsable de nosotros, ni la empresa, ni los hospitales, ni las clínicas, ni el Gobierno. No nos quieren hacer las pruebas de descarte, aunque una de nuestras compañeras ha fallecido a causa del coronavirus. Tampoco nos han dado el bono de pasajes que nos ofrecieron cuando empezó el estado de emergencia”.
SILSA es una empresa estatal de derecho privado de propiedad de Essalud que brinda servicios de limpieza y mantenimiento a la Clínica San Felipe y a hospitales de la red del seguro social: Edgardo Rebagliati, Guillermo Almenara, Alberto Sabogal, Marino Molina Scippa, entre otros.
Los que recogen las bolsas rojas
En una similar condición de riesgo y abandono están los trabajadores que recogen la basura común y los residuos peligrosos que salen en bolsas rojas de los hospitales del país. “En nuestro sindicato hay varios ayudantes de recolección de la basura común que se genera en los hospitales y que ahora también podría estar contaminada”, advirtió Raúl Oviedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Innova Ambiental (SITOBUR).
Este sindicato ha pedido al Ministerio de Salud que incluya a los obreros de limpieza, en especial a los que recogen residuos hospitalarios, entre los trabajadores que deben pasar por pruebas de descarte de coronavirus. Según SITOBUR, hay varios trabajadores de limpieza contagiados de COVID-19 que prestan servicios de limpieza a varias municipalidades distritales, pero temen hacer denuncias por represalias.
Desde el 2009, la empresa Innova Ambiental, donde trabajan los operarios que integran el SITOBUR, tiene entre sus clientes a la Municipalidad de Lima para el recojo de la basura de las calles y domicilios del Cercado. También recoge la basura común que se produce en los hospitales Arzobispo Loayza, Bartolomé Herrera y Dos de mayo.
Los permisos vigentes de Innova Ambiental le permiten recoger basura común y manejar también residuos sólidos peligrosos y no peligrosos provenientes de servicios de salud hasta el 2021. En un comunicado, esta empresa explicó a Salud con lupa que desde que empezó el estado de emergencia "se ha implantado un plan de acción de contingencia, y se han tomado todas las acciones de protección necesarias para los trabajadores”. Según su versión, se ha entregado los equipos de protección personal obligatorios para cada actividad, como guantes, mascarillas y trajes especiales para el recojo de residuos en los establecimientos de mayor exposición en los que laboran sus trabajadores.
Sobre las pruebas de descarte que piden los operarios de limpieza, Innova Ambiental dijo que aún no las hace porque requiere condiciones y protocolos especiales coordinados con el Ministerio de Salud. “Vamos a priorizar los casos sospechosos y trabajadores sintomáticos según el criterio del médico de salud ocupacional. En ese momento, se hará la contratación de un centro de salud y laboratorio autorizados para estos fines”, dijo en su comunicado.
El problema del manejo de la basura que sale de los hospitales en una situación de una pandemia de un virus altamente contagioso es una preocupación global. Por eso, el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho un llamado a todos los Gobiernos para que cumplan con ejecutar un plan de desechos hospitalarios y domésticos seguro. “Es esencial para superar la emergencia de COVID-19”, dijo en un pronunciamiento.
Las empresas responsables
En el Perú no existe un registro público actualizado de todas las empresas operadoras de residuos sólidos hospitalarios. Esta lista no está disponible en los sitios web de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) - que depende del Ministerio de Salud- y el Ministerio del Ambiente (MINAN).
Salud con lupa revisó varios documentos oficiales y elaboró una base de datos de 65 empresas que tienen permiso de la Digesa para manejar residuos sólidos hospitalarios en el país desde el 2016 hasta el 2022. Estas compañías están obligadas a operar con autorizaciones para cada fase del tratamiento de la basura común y peligrosa que sale de los servicios de salud, desde su recojo y transporte hasta su destino final en rellenos sanitarios especiales. [Ver el cuadro que acompaña este informe].
Empresas que manejan residuos biocontaminados
| Razón Social | Permisos en residuos sólidos peligrosos | Permisos en residuos sólidos no peligrosos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recolección | Transporte | Tratamiento | Disposición final | Recolección | Transporte | Tratamiento | Disposición final | |
Taris S.A., de la sociedad peruano-francesa Seché Group, es la única empresa que tiene permisos para todo el proceso del tratamiento de la basura hospitalaria en el país.
De todas las empresas que identificamos, solo 5 tienen permiso para la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios: Innova Ambiental, MP Construcciones y Servicios, Are Yaku Pacha, Servicios Generales H y F y Taris S.A.
El problema del manejo de los residuos hospitalarios en el país está en la poca fiscalización que tiene este servicio por parte de los ministerios de Salud y Ambiente. El 30 de marzo pasado, el Gobierno publicó el documento técnico “Prevención y Atención de Personas afectadas por COVID-19” que incluye varias disposiciones sobre la basura hospitalaria: se considera como residuos peligrosos todos los generados en cualquier área de atención de los centros de salud del país y se pide que se deposite en bolsas rojas doblemente cubiertas.
La regla publicada incluye que los comités de gestión de residuos y de infecciones, conformado por personal de hospitales y clínicas, establezcan medidas de control para el manejo de este tipo de basura altamente peligrosa en las condiciones actuales de la pandemia del nuevo coronavirus.
Se pide también que las empresas responsables del recojo y disposición final de estos residuos capaciten al personal de limpieza para su manejo y que garanticen los equipos de protección adecuados. Sin embargo, el Estado no consideró entre sus disposiciones realizar pruebas de descarte de COVID-19 a los trabajadores de limpieza de los hospitales pese a su riesgo ocupacional.
En los últimos días, varios operarios del recojo de residuos hospitalarios dijeron a Salud con lupa que ni los servicios de salud ni las empresas están cumpliendo con las medidas de seguridad dispuestas. Su reclamo fue llevado también a la Defensoría del Pueblo, que pidió a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que redoble la vigilancia sobre las empresas privadas y los gobiernos regionales y locales para que cumplan con proteger a los trabajadores que manejan la basura común y la hospitalaria.
La basura doméstica se vuelve peligrosa
La mañana del jueves 9 abril, un trabajador de la Empresa de Servicio de Limpieza Pública del Callao falleció a causa de la infección de COVID-19. Sus compañeros dijeron que el contagio ocurrió mientras cumplía sus labores de recojo de basura de las casas y calles del primer puerto. A través de un comunicado, la empresa confirmó su muerte por esta enfermedad, pero no dio mayores detalles sobre las medidas de seguridad de sus operarios que trabajan en el período de la pandemia.
Miles de personas arrojan ahora en los basureros de sus casas mascarillas, guantes y otros insumos médicos, varios de los cuales fueron utilizados por quienes sobrellevan en cuarentena la infección respiratoria COVID-19. Incluso, observamos tapabocas y otros insumos de protección arrojados a las calles luego de que son usados. Sin embargo, el Ministerio de Salud, gobiernos regionales y municipalidades todavía no han elaborado disposiciones específicas para enfrentar este problema y tampoco se han pronunciado sobre la situación de los trabajadores que recogen la basura hospitalaria y común del país.
El secretario general de SITOBUR, Raúl Oviedo, dijo que la Municipalidad de Lima y la empresa Innova Ambiental solo les han distribuido mascarillas y guantes a los operarios de limpieza pública, pero “no todos los compañeros reciben estos elementos básicos de protección”.
Innova Ambiental ya ha tenido diversos problemas con sus trabajadores por no garantizarles estabilidad laboral y medidas de protección personal. En 2019, dos trabajadoras de esta empresa murieron atropelladas mientras cumplían con sus labores por falta de medidas de seguridad. Desde entonces, la empresa se comprometió a implementar servicios higiénicos y espacios de alimentación adecuados en las rutas de sus trabajadores; y mayores medidas de higiene y seguridad. “Nosotros no hemos detenido nuestras labores pese a la emergencia sanitaria y estamos preocupados por nuestra seguridad. No queremos contagiarnos ni contagiar a nuestras familias”, declaró Oviedo.
La situación de los operarios en las regiones es similar a los de la capital. El 11 de abril, los trabajadores de limpieza pública del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo solicitaron al alcalde Daniel Marcelo que 450 personas que recogen la basura de la ciudad pasen por las pruebas de descarte de COVID-19. El secretario del sindicato, Charles Paredes, dijo que no todos han recibido mascarillas y guantes especiales para trabajar y están muy asustados. Su pedido de exámenes fue aceptado por el municipio, pero todavía no se ejecuta.
*Salud con lupa mantiene en reserva la identidad de la operaria de limpieza fallecida.
