A medida que la pandemia de COVID-19 continúa propagándose, una de las principales preocupaciones de centros de investigación científica, farmacéuticas y Estados es el urgente hallazgo de tratamientos eficaces contra la enfermedad para salvar vidas. Pero en medio de la crisis global, surgen escenarios de potenciales conflictos que pueden amenazar el acceso de todos los países a las medicinas que resulten terapéuticas. 

En las últimas horas, alrededor de 145 organizaciones civiles dedicadas a la salud pública en el mundo se pronunciaron sobre la situación del antiviral remdesivir, producido por la corporación farmacéutica estadounidense Gilead Sciences. Este medicamento, desarrollado originalmente para el ébola, es uno de los varios candidatos para terapias contra la gripe y neumonía COVID-19 en ensayos clínicos en varios países. 

En una carta pública, suscrita por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, AIDS Healthcare Foundation, Access to Medicines Research Group de China, Fundación Grupo Efecto Positivo de Argentina y Human Touch Foundation Goa de India, se pide a Gilead Sciences que se abstenga de reclamar patentes y otras exclusividades sobre remdesivir. Si no lo hace, se generaría un monopolio que pondría en riesgo la accesibilidad a tratamientos para millones de personas. 

“Gilead posee patentes sobre este medicamento en más de 70 países. Actualmente, no hay sitios de producción para este antiviral fuera de los Estados Unidos, y la compañía ha reducido recientemente la escala de su programa de uso compasivo debido a la abrumadora demanda”, señalan los firmantes.

Gilead Sciences, dedicada a la producción de antirretrovirales y medicinas contra la hepatitis C, tiene un cuestionable historial de prácticas corporativas. En 2019, Médicos Sin Fronteras denunció que la farmacéutica imcumplió con reducir el precio de su medicamento anfotericina B liposomal, usado por personas que padecen meningitis criptocócica, que es una infección mortal relacionada con el VIH. “Las acciones recientes de la compañía brindan poca garantía de que actuará en favor del interés público”, se indica en el pronunciamiento que adjuntamos en esta nota. 

Las organizaciones firmantes señalan que “es inaceptable que el fármaco remdesivir esté bajo el control exclusivo de Gilead si se tiene en cuenta que el medicamento se desarrolló con una considerable financiación pública tanto para la investigación temprana como para los ensayos clínicos”. Por eso, piden que esta farmacéutica haga un compromiso público de no reclamar derechos exclusivos sobre patentes y que facilite todos los datos para la producción y el suministro del medicamento por parte de los fabricantes genéricos de todo el mundo. 

Gilead Sciences es la misma empresa que sacó al mercado sofosbuvir, bajo la marca Sovaldi, para la terapia contra la hepatitis C. En 2014, el tratamiento por persona costaba alrededor de 84 mil dólares. Dos años después, se redujo hasta los 10 mil dólares por paciente. Este laboratorio estadounidense era el titular de las patentes de sofosbuvir, pero no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New Jersey. 

Ahora se sabe que el precio de venta de sofosbuvir superó, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción. Un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre 68 y 136 dólares.

El uso de licencias obligatorias

Hay un recurso legal que hasta ahora pocos gobiernos de América Latina han utilizado para hacer contrapeso a los abusos de las farmacéuticas y proteger la salud pública: las licencias obligatorias, que son autorizaciones concedidas por los Estados a algún laboratorio para elaborar productos que de manera ordinaria no podría fabricar por estar protegidos con patentes. 

Las licencias obligatorias están reconocidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. 

Sin embargo, entre 1960 y 2016 solo catorce países del mundo recurrieron a este mecanismo que en 44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de doce farmacéuticas, según una revisión de la base de datos de Medicine Patent Pool. En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen solo dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. 

Actualmente, la crisis por la pandemia de COVID-19 ha generado que  Canadá, Chile, Ecuador y Alemania tomen medidas que faciliten la anulación de patentes para medicamentos y vacunas. Así, mediante la emisión de licencias obligatorias, podrán suspender el derecho de exclusividad de ciertos fármacos para su libre producción y uso. 

En 2016, un panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas emitió un informe que identificó el grave problema que ahora vemos: “las incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”. Sobre este conflicto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fue informada ese mismo año por una coalición de organizaciones civiles (Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil): el actual sistema de patentes es uno de los principales obstáculos para el acceso a medicamentos. En medio de una pandemia, puede ser un enorme obstáculo para salvar vidas.