Desde la carretera que bordea el reservorio de Poechos —el más grande del Perú— el paisaje da una falsa sensación de abundancia. El agua volvió a cubrir el fondo y las riberas se tiñeron de verde tras las lluvias. Pero bajo esa apariencia de calma persiste uno de los principales problemas que llevó a Piura a la peor sequía de su historia reciente: el embalse, que alguna vez pudo almacenar mil millones de metros cúbicos para dar agua a las ciudades y a los valles agrícolas de la región, hoy retiene solo un tercio de su capacidad original por la acumulación de sedimentos y años de mala gestión, como exponen los informes más recientes de la Contraloría.
Hace apenas un año, Poechos era una grieta reseca y el Gobierno tuvo que declarar a la región en emergencia hídrica. Para aliviar la crisis, se ordenó perforar pozos subterráneos, instalar motobombas y distribuir agua en camiones cisterna.
En Castilla, uno de los distritos más poblados y parte del corazón urbano de Piura, don Hipólito Pacheco, vecino de la zona desde hace muchos años, recuerda haber escuchado en la radio el anuncio de la EPS Grau, la empresa de saneamiento de la ciudad: el agua apenas alcanzaría para un mes.
—Nos asustamos, claro. Ya vivíamos con cortes de agua y había que levantarse temprano para juntar lo poquito que salía del caño. Pero después de la emergencia nada cambió, todo sigue igual. Y encima, ahora dicen que va a subir la tarifa.
Como él, miles de piuranos sienten que la emergencia pasó sin dejar soluciones. Hoy ninguna autoridad del Gobierno Regional de Piura —del que depende la operación del reservorio— quiere hablar del problema. La región sigue viviendo al borde de la escasez de agua y es una de las regiones más vulnerables del país al cambio climático, según el Ministerio del Ambiente. Además, ya enfrenta olas de calor extremo, advierte el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Pareciera que hubieran olvidado lo que dejó la emergencia hídrica de 2024, cuando las ciudades de Piura, Sullana, Paita y Talara —donde viven más de un millón de personas— quedaron sin agua durante semanas y más de 120.000 hectáreas de cultivos estuvieron en riesgo. Muchas se arruinaron. En los momentos más críticos, se desató una verdadera guerra por el agua: el Ejército y la Policía tuvieron que custodiar la represa y sus canales, mientras decenas de agricultores, desesperados ante la suspensión del reparto, empezaron a bombear el recurso por su cuenta.
Un año después, quienes se atreven a hablar son, nuevamente, los pequeños y medianos agricultores: los más golpeados por la falta de agua.
En Santa Rosa, Mercedes Farfán camina entre sus limoneros como quien repasa una herida abierta. —Tres meses sin una gota —dice—. Al comienzo sacamos agua de un canal de drenaje, pero también se secó. Después llegaron las cisternas con apoyo del Ejército. Las plantas se enfermaron y seguimos esperando los pozos que ofrecieron.
Unos kilómetros más allá, en Santa Sofía, Victorino Dioses tiene la misma sensación de abandono. Como dirigente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Margen Derecha del Chira, vio pasar promesas sin cumplimiento.
—Dijeron que los pozos tubulares iban a ser la solución cuando todo colapsó —recuerda—. No se ha movido nada. Y si vuelve a faltar el agua, ¿qué hacemos? No hay plan. No hay siquiera un camino.
En el Bajo Chira, Saúl Núñez Montenegro, presidente de la Junta de Usuarios, no busca rodeos. Para él, la foto del 2024 es clara:
—Manejaron mal el reservorio —dice—. El agua sí llegó a los fundos agroexportadores; ellos no perdieron sus cultivos. La agricultura familiar, sí. A los pueblos nos mandaron agua del desagüe de Sullana, la de peor calidad.
Según Núñez, el manejo del reservorio de Poechos se ha alejado de los criterios técnicos. En su experiencia, el reparto del agua privilegia a las grandes empresas y castiga a los pequeños usuarios que dependen del riego para sobrevivir. La paradoja —advierte— es que, aun sin agua suficiente, la frontera agrícola se sigue extendiendo. Hoy se cultivan zonas que antes permanecían sin riego, en un escenario donde “ya no hay más agua”.
La mayor parte de la demanda hídrica agrícola en Piura proviene del río Chira, que nace en la cuenca binacional Catamayo–Chira y alimenta al reservorio de Poechos. Es el Proyecto Especial Chira–Piura —adscrito al Gobierno Regional de Piura— el que define, año a año, cuánto agua ingresa al reservorio y cuánto se libera. Desde Poechos, el recurso se distribuye por los canales Daniel Escobar y Miguel Checa, o sigue su curso natural por el río Chira hacia el mar.
Esa conexión hace que, aunque las licencias agrícolas aparezcan administrativamente asignadas al río Chira, en la práctica dependan de lo que el reservorio decida soltar. Hoy, en esta fuente se autorizan más de 1.238 millones de m³ anuales para uso agrícola, distribuidos en 29.901 licencias.
Entre los diez usuarios con mayor volumen asignado, nueve son compañías agroindustriales y agroexportadoras. Encabeza la lista Agroaurora (Grupo Gloria), con un tope de más de 170 millones de m³ al año —el 13 % de toda la demanda—. Le siguen Corporación Miraflores, con más de 102 millones; Agroetanol Pacífico, con más de 80 millones; y Agrícola del Chira (Grupo Romero), con más de 42 millones de m³ anuales. Solo en quinto lugar aparece un actor comunal: la Comunidad Campesina Miramar Vichayal, con una asignación máxima superior a 15 millones de m³ por año.
En conjunto, estos diez usuarios concentran casi 444 millones de m³ anuales, el 37 % de todo lo autorizado en la cuenca, bajo apenas 249 licencias. El resto —más del 60 % del volumen y más de 29.000 permisos— se divide entre miles de pequeños agricultores.
Cómo la mala gestión agravó la crisis del agua
En 2026, el reservorio de Poechos cumplirá cincuenta años. Debería llegar a esa fecha con un plan de mantenimiento y un estudio confiable sobre su capacidad real. No los tiene.
Cinco informes de la Contraloría revisados por Salud con lupa, emitidos entre noviembre de 2024 y junio de 2025, muestran un patrón que se repite: errores técnicos, decisiones improvisadas y contratos mal llevados, algunos con indicios de corrupción, que hoy ponen en riesgo el agua de Piura.
La fragilidad del sistema quedó expuesta durante los meses de octubre y noviembre de la emergencia de 2024. En menos de un mes, el Proyecto Especial Chira - Piura —adscrito al Gobierno Regional y responsable de administrar Poechos— difundió tres cifras distintas sobre el volumen del embalse: primero 96 millones de metros cúbicos, luego 14 millones y, finalmente, 43 millones. Mientras los canales se vaciaban, la autoridad cambiaba de versión y abría o cerraba compuertas sin una base técnica sólida.
Santos Mondragón, presidente de la Comisión de Usuarios Miguel Checa, recuerda que los cambios repentinos en la programación del reservorio terminaron dejando sin agua a varios sectores. La oferta con la que habían planificado, explica, se redujo de un momento a otro.
—No llegó lo que el Proyecto Especial Chira–Piura había considerado —relata—. Nos recortaron el 60% del agua. Empezamos a hacer riegos intermitentes, pero igual no alcanzó. Fue desesperante. Por más que redistribuíamos, siempre faltaba, sobre todo para la parte baja del valle del Chira.
El estudio batimétrico que debía determinar la capacidad real del embalse fue adjudicado el 21 de mayo de 2024 al Consorcio Poechos por S/ 1 297 000, mientras que su supervisión había sido encargada meses antes, el 23 de noviembre de 2023, al Consorcio Batimetría por S/ 370 000. Aunque debía ejecutarse en 120 días, el PECHP lo dio por aprobado recién el 31 de marzo de 2025, cuando la región ya enfrentaba una crisis de agua.
Uno de los informes de la Contraloría, emitido en junio de 2025, reveló que el Consorcio Batimetría validó el estudio sin utilizar los equipos de precisión exigidos ni comprobar en el campo los trabajos del contratista. Como resultado, las mediciones del embalse no coincidían con los registros originales. En varias zonas se encontraron diferencias de casi nueve mil metros cuadrados en el área de sedimentación. Ese margen de error hace que los cálculos sobre la capacidad real del reservorio sean poco confiables.
La Contraloría señaló que el Estado pagó más de S/ 1,6 millones por un estudio que no permite saber con certeza cuánta agua puede almacenar Poechos. El órgano de control atribuyó responsabilidad administrativa a ocho funcionarios y penal a seis. Entre ellos figuran Ciro Hernández Mendoza, jefe de la División Poechos, y Víctor Rodolfo Calderón Torres, presidente del comité que adjudicó la supervisión del estudio. Ambos avalaron propuestas con información falsa y autorizaron pagos pese a las irregularidades detectadas. Según información pública disponible hasta abril de 2025, Hernández seguía en su puesto, mientras que Calderón dejó el cargo en 2023.
El problema no termina ahí. De acuerdo con Contraloría, el Proyecto Especial Chira - Piura gestionó la crisis de 2024 y tomó decisiones con datos de 2018, aunque la ley exige actualizar los estudios batimétricos cada cinco años. En casi medio siglo, Poechos ha perdido dos tercios de su volumen útil (sin contar la sedimentación): pasó de 789 millones de metros cúbicos a apenas 288 millones. A esto se suma el deterioro de los canales Daniel Escobar y Miguel Checa, estructuras esenciales para el riego y la distribución de agua en el valle. Cada fisura, cada obstrucción, multiplica las pérdidas en un sistema que ya opera al límite.
Otro problema es la inestabilidad en la administración del Proyecto Especial Chira - Piura. En los últimos cinco años, su Consejo Directivo ha tenido dos presidentes —Luis Fernando Vega Palacios y Víctor Eduardo Garrido Lecca Ramos—, y la gerencia general cambió cinco veces: de Jesús Torres Saravia a Saul Laban Zurita, pasando por Eugenio Tadeo Ramos, Benjamín Padilla Rivera a Luis Pretell Romero. Cada relevo significó detener expedientes, mover equipos y volver a empezar.
La Contraloría advierte que el reservorio opera hoy en un nivel crítico de su capacidad y que las intervenciones de los últimos años —como el llamado afianzamiento de Poechos, un muro de concreto construido para recuperar parte del volumen perdido— no han resuelto el problema de fondo. La falta de mantenimiento y la mala gestión técnica siguen poniendo en riesgo el suministro de agua para miles de familias y productores, en un contexto de sequías cada vez más severas.
Ante este escenario, el organismo de control ha solicitado a las nuevas autoridades del Proyecto Especial Chira–Piura y al Consejo Regional de Piura que inicien las acciones administrativas correspondientes, y también ha pedido al procurador especializado en delitos de corrupción que emprenda las acciones penales contra los funcionarios implicados.
El agua que divide: los que riegan y los que esperan
Las fallas en la gestión de Poechos no solo aparecen en planos o informes: se viven en los canales secos, en las cosechas que no llegaron a madurar y en las ciudades que racionan agua. En los valles del Chira y del Bajo Piura, los agricultores sienten que cada año llega menos agua y la infraestructura responde peor. Los canales Daniel Escobar y Miguel Checa —arterias del sistema que distribuye el agua de Poechos— pierden caudal por grietas, obstrucciones y filtraciones que nadie atiende.
Cuando el nivel del embalse baja, el agua simplemente no alcanza. La Contraloría ha advertido que este deterioro, sumado a la falta de monitoreo y de información actualizada, compromete el suministro para consumo humano y agrícola en toda la región. Durante la emergencia de 2024, en cuestión de días, el operador del sistema cerró el riego para uso productivo y luego lo reabrió de forma excepcional solo para los principales ejes del valle —cinco días para el canal Daniel Escobar y cuatro para el Miguel Checa—, mientras los pequeños agricultores esperaban turnos que nunca llegaron. Las decisiones se tomaron con cálculos contradictorios del volumen del embalse, lo que alimentó la percepción de un reparto arbitrario.
En Querecotillo, una de las zonas agrícolas que concentra la producción de banano y arroz, Luis Campos Infante, agricultor desde hace cuatro décadas, cuenta que las sequías recientes lo obligaron a cambiar la forma de trabajar.
—Antes programábamos las campañas con normalidad —dice—, pero ahora dependemos de si llueve o no. Si el agua no llega por los canales, hay que contratar cisternas a cuarenta soles la hora para no perder la cosecha. Ya no se puede sembrar igual que antes. Los pozos que prometieron durante la emergencia nunca se hicieron, y uno tiene que arreglárselas como puede.
A pocos kilómetros de allí, en La Rita, un caserío del distrito de Marcavelica, Olinda Eche, agricultora de limón y maíz, muestra los surcos resecos de su parcela.
—Tuvimos que traer agua en baldes desde el canal y las plantas de limón se secaron. Algunas se enfermaron, ya no daban igual. Antes sembrar era seguro; ahora uno siembra sin saber si va a cosechar.
A fines de 2024, el Gobierno declaró en emergencia hídrica a 55 distritos de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara. La Autoridad Nacional del Agua anunció entonces un plan urgente: permitir extraer más agua de pozos existentes, rehabilitar pozos en desuso y buscar nuevas fuentes subterráneas. Sobre el papel, era una respuesta rápida a la sequía. En la práctica, casi nada ocurrió.
Las medidas debían tramitarse ante las cuatro Autoridades Locales del Agua (ALA) de Piura —Chira, San Lorenzo, Alto Piura y Medio Bajo Piura—, responsables de aprobar los estudios de disponibilidad hídrica. Pero, como confirmó Salud con lupa mediante la Ley de Transparencia, ninguna ALA autorizó extracciones adicionales ni recibió información sobre pozos rehabilitados.
Sin volúmenes adicionales de agua subterránea ni pozos recuperados, la única salida era perforar nuevos. Sin embargo, la ejecución también fue limitada. La Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque–Zarumilla informó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se otorgaron 55 nuevas licencias para usar agua subterránea, pero no como parte de una estrategia articulada: 40 fueron para uso agrícola, 11 para consumo poblacional y el resto para actividades industriales, recreativas o militares.
La distribución evidencia el alcance reducido. De los once pozos destinados a consumo humano, diez se ubicaron en Lancones y uno en Castilla; solo dos de los 55 distritos en emergencia. Y en el caso de los 40 pozos agrícolas, varios expedientes muestran que muchos trámites se habían iniciado antes de la crisis, por lo que no responden al desabastecimiento de octubre a diciembre de 2024.
Una empresa quebrada y un Estado ausente
La desigualdad en el reparto del agua también se siente en las ciudades. En Piura, Sullana y Talara, el agua no escasea solo durante períodos de sequía, sino por una gestión que se desmorona. La empresa pública EPS Grau, responsable de abastecer a más de un millón de personas, opera con tuberías corroídas, deudas superiores a S/ 300 millones y una infraestructura que no se renueva desde hace más de cuatro décadas.
Casi la mitad del agua que produce se pierde en fugas y filtraciones antes de llegar a los hogares. Mientras los tanques se vacían y los vecinos hacen fila con baldes o esperan camiones cisterna, la empresa anuncia nuevos aumentos tarifarios que pocos comprenden y muchos rechazan.
El Gobierno Regional de Piura, como accionista mayoritario, y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), como entidad supervisora, conocen el deterioro, pero no han impulsado reformas estructurales. Los diagnósticos se repiten desde hace años: falta mantenimiento, planificación y transparencia. En 2021, la Contraloría detectó que EPS Grau había contratado por S/ 2,5 millones a una empresa sin experiencia para el mantenimiento de redes, falsificando certificados laborales. Cuatro funcionarios fueron señalados por presunta colusión, pero ninguno ha sido sancionado.
Durante la emergencia de 2024, la situación se volvió crítica. El bajo nivel del canal Daniel Escobar dejó sin abastecimiento a la planta de Curumuy, la principal fuente de agua potable de Piura y Castilla. Treinta y cuatro distritos fueron declarados en emergencia y miles de familias debieron recibir agua en camiones cisterna.
—Fue terrible. Vivimos días consecutivos sin agua y tuvimos que comprar latas a diez soles —recuerda Rodríguez, vecino de Castilla que participó en las protestas vecinales—.
—Y mientras tanto el recibo llega cada mes como si nada. Seguimos sin presión y pagamos por un servicio que no tenemos —se queja Martha Herrera.
Pese a ello, en septiembre de 2025 la Sunass autorizó un alza del 12,4 % en las tarifas. La empresa argumentó que el incremento era necesario para financiar obras de reposición, pero los usuarios lo consideraron un abuso. La Defensoría del Pueblo reportó más de sesenta quejas formales contra la EPS Grau en el último año y pidió al Gobierno un plan de emergencia real para la región.
El desorden administrativo convive con una escena que resume el sinsentido de la gestión del agua en Piura. Mientras miles de familias se abastecen con baldes y cisternas, la Municipalidad inauguró en febrero de 2025 un parque acuático que consume el equivalente al agua diaria de treinta y cinco viviendas. La obra, con un sobrecosto del 428 %, fue defendida por el alcalde Gabriel Madrid Orúe como un símbolo de modernidad, pero para los vecinos se convirtió en “el parque de la vergüenza”.
En conjunto, Piura padece una crisis de gestión más que de agua. La represa que debía asegurar el abastecimiento fue descuidada por años de negligencia y corrupción, y hoy pone en riesgo la principal fuente hídrica de la región. Y una empresa como EPS Grau, encargada de llevar agua a los hogares, es apenas el rostro visible de un problema mayor: un Estado que no logra garantizar el derecho más básico de sus ciudadanos. El agua, que debería fluir, se pierde entre filtraciones, trámites y promesas rotas.
Las soluciones para Poechos
Si algo dejó la emergencia hídrica fue la presión que hizo para que el Poder Ejecutivo declarara de interés nacional la recuperación del reservorio de Poechos. En septiembre de 2024, se promulgó la Ley N° 32119, que incluyó como prioridad la descolmatación del embalse y activó un convenio entre la Autoridad Nacional del Agua, el Proyecto Especial Chira - Piura y la Junta de Usuarios del Chira para coordinar su ejecución .
Bajo esta medida, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego convocó en abril de 2025 a un proceso internacional bajo la modalidad “Gobierno a Gobierno” para los proyectos Alto Piura y Poechos. Ocho países —entre ellos Canadá, Japón, Corea del Sur, España y Países Bajos— expresaron su interés. El plan era adjudicar la asistencia técnica antes de fin de año e iniciar las obras en 2026, pero el proceso ya presenta retrasos.
Mientras tanto, una de las soluciones más discutidas ha sido aumentar la cantidad de agua que puede almacenar Poechos permitiendo que se llene hasta un nivel superior al autorizado actualmente. Esta opción fue anunciada oficialmente por el Proyecto Especial Chira - Piura en marzo de 2024, con la meta de pasar del límite operativo vigente de 104.5 a 105.5 metros sobre el nivel del mar. Según explicó en ese momento el entonces gerente del PECHP, Víctor Garrido Lecca, ese metro adicional permitiría retener cerca de 65 millones de metros cúbicos de agua sin necesidad de ejecutar nuevas obras. El plan contaba con respaldo de la Autoridad Nacional del Agua y se diseñó con un sistema de monitoreo en tiempo real para asegurar que no hubiera filtraciones ni movimientos estructurales.
Sin embargo, la medida fue suspendida antes de completarse. En mayo de 2025, el nuevo gerente del PECHP, Luis Enrique Pretell, informó que no se superaría la cota de 104.5 metros debido a criterios de seguridad. Aunque el aumento estaba técnicamente aprobado, la entidad decidió detener el proceso por precaución, ante el riesgo que implicaría forzar el llenado. Así, lo que se perfilaba como una solución rápida y de bajo costo quedó, por ahora, en pausa.
Otra alternativa con alto potencial, pero que exige mayor tiempo y presupuesto, es elevar físicamente el dique de Poechos en cinco metros. Esta opción permitiría recuperar hasta 400 millones de metros cúbicos de capacidad útil. La propuesta, impulsada por ingenieros como Branislav Zdravkovic, de la empresa Sinersa, fue expuesta en foros técnicos en 2024 y ha recibido respaldo conceptual tanto del Gobierno Regional de Piura como del Proyecto Especial Chira - Piura. Sin embargo, aún se encuentra en una etapa preliminar: no hay estudios geotécnicos concluidos ni expediente técnico en trámite. Se estima que una primera etapa para elevar físicamente el dique —es decir, aumentar su altura en algunos metros— costaría alrededor de 400 millones de soles, pero su ejecución requeriría varios años de obras civiles y una evaluación rigurosa de los riesgos estructurales y sísmicos.
También se discute el dragado mecánico como alternativa: consiste en remover el lodo acumulado en el fondo del embalse de Poechos utilizando maquinaria especializada. En diciembre de 2024, durante un foro organizado por la Universidad de Piura y la Cámara de Comercio local, el ingeniero Saúl Yábar, representante de la empresa IAGESA, presentó una propuesta para extraer hasta 10 millones de metros cúbicos de sedimentos por año. El plan se plantea como una Iniciativa Privada Cofinanciada, lo que significa que combinaría inversión estatal y privada. Aunque técnicamente viable, el proyecto enfrenta grandes desafíos: su costo oscila entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, y su ejecución demandaría una logística compleja y un manejo ambiental cuidadoso. Por eso, se perfila como una solución a largo plazo, sin resultados inmediatos.
Al mismo tiempo, se plantean medidas para reducir la presión sobre Poechos desde la cuenca alta. El Gobierno Regional de Piura y el PECHP han identificado al menos cinco posibles sitios —entre ellos Samán y Chipillico— donde se podrían construir reservorios satélites que retengan agua y sedimentos antes de que lleguen al embalse principal. Estos proyectos están en fase de estudios hidrológicos y diagnósticos de factibilidad. Su construcción tomaría varios años y requeriría inversiones elevadas, pero serían útiles para diversificar el almacenamiento hídrico y reducir la colmatación futura.
La propuesta más ambiciosa —aunque aún en una fase muy preliminar— es una modernización integral del sistema Poechos. Esta iniciativa contempla rediseñar las estructuras hidráulicas del embalse, actualizar las reglas de operación y, eventualmente, permitir que el nivel máximo de almacenamiento llegue hasta los 113 metros sobre el nivel del mar. El plan ha sido promovido por actores del sector privado, como el empresario Rocco Zetola, CEO de Negocios Agroindustriales de Grupo Romero, y está condicionado a la elaboración de estudios técnicos detallados y al avance del proceso internacional de cooperación “Gobierno a Gobierno” lanzado por el Estado peruano.
Por ahora, no hay grandes obras en ejecución, pero sí una cartera diversa de propuestas en diferentes etapas de evaluación. El futuro de Poechos dependerá de decisiones técnicas bien fundamentadas, acceso a financiamiento y, sobre todo, voluntad política para convertir los diagnósticos en acciones concretas.
