¿Por qué los vapeadores están por todos lados si en Perú ya hay una ley?

Casi nueve meses después de que el Congreso aprobara la ley para regular los cigarrillos electrónicos en Perú, los vapeadores siguen exhibiéndose sin restricciones en grifos, cadenas de OXXO, Listo y bodegas de barrio de Lima Metropolitana: coloridos, con ofertas “2 por 1” y sin advertencias visibles sobre su contenido de nicotina. El acceso es abierto, incluso para menores de edad. En este escenario sin control real, el consumo adolescente ya supera al del tabaco convencional, según datos de Devida.

De más de un millón de estudiantes de secundaria en el país, uno de cada diez usa cigarrillos electrónicos, y solo el último año 133 mil se iniciaron en su consumo, casi el doble de los que empezaron a fumar tabaco tradicional, según el Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas 2024 de Devida.

Este aumento ocurre en un mercado que ya nació con una regulación debilitada. La ley publicada en noviembre de 2024 permitió que los cigarrillos electrónicos incluyan sabores —que estaban prohibidos en el proyecto original—, uno de los principales ganchos para atraer a menores de edad. Solo estableció que en la promoción no se utilicen nombres de golosinas o postres, pero no impidió que esos sabores, aditivos y aromatizantes estén presentes en el producto. Esta flexibilidad favoreció a la industria del vapeo, que así mantiene un negocio millonario.

El Ministerio de Salud tiene a su cargo la elaboración del reglamento que debe cerrar los vacíos legales y establecer cómo se fiscalizará tanto a las tabacaleras como a los comercios minoristas que venden vapeadores. Sin embargo, el proceso se ha retrasado. El grupo de trabajo encargado de redactarlo se conformó con demoras: mientras algunos ministerios enviaron a sus representantes en enero, otros lo hicieron recién en marzo. El equipo se conformó oficialmente el 6 de mayo con un plazo de 120 días para entregar su propuesta. Está integrado por el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, y delegados de seis ministerios —entre ellos Educación, Economía y Trabajo—, así como de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). A esto se suma un hecho grave: la Resolución Ministerial N.° 307-2025, aprobada en mayo para oficializar la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de elaborar el reglamento, incluyó una disposición polémica: permite recibir aportes de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Aunque el Ministerio de Salud aclara que estas participaciones serán solo consultivas, la medida abre la puerta a la interferencia de la industria tabacalera en la regulación de un negocio que la involucra directamente.

Aunque la Dirección de Promoción de Salud del Minsa ya había avanzado un borrador desde diciembre, en pleno proceso se cambió a su director. El nuevo responsable, Yuri Alegre Palomino —funcionario cercano al ministro César Vásquez y a su partido Alianza para el Progreso—, carece de experiencia en esta materia y ha centrado buena parte de su gestión en actividades políticas vinculadas al ministro. Este giro alimenta las dudas sobre la voluntad real de aprobar una regulación firme frente a la industria del vapeo.

A esto se suma un hecho grave: la Resolución Ministerial N.° 307-2025, aprobada en mayo para oficializar la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de elaborar el reglamento, incluyó una disposición polémica: permite recibir aportes de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Aunque el Ministerio de Salud aclara que estas participaciones serán solo consultivas, la medida abre la puerta a la interferencia de la industria tabacalera en la regulación de un negocio que la involucra directamente.

Pese a este riesgo, el Minsa no ha rectificado la disposición, incluso después de que la Comisión Nacional para la Lucha Antitabáquica (COLAT) enviara, el 5 de junio pasado, una carta al ministro César Vásquez solicitando que se deje sin efecto. Hasta la fecha, no ha habido respuesta oficial.

“Permitir la participación de actores con un evidente conflicto de interés en la formulación de normas orientadas a proteger la salud de la población contradice el espíritu de la ley y vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano”, advirtió la abogada Flavia Radovic, presidenta de COLAT.

En ese silencio institucional, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Bodegueros —ambas con vínculos con la tabacalera British American Tobacco— ya tienen carta libre para su participación, según contó una fuente de Salud con lupa que conoce de cerca el proceso de reglamentación. Por lo pronto, ha manifestado su interés la Asociación Peruana de Vapeadores (ASOVAPE), integrante de una red respaldada por Acción Global para Acabar con el Tabaquismo (anteriormente llamada Fundación para un Mundo Libre de Humo), plataforma que ha recibido financiamiento de Philip Morris International.

Esto ocurre pese a que la nueva ley sobre cigarrillos electrónicos prohíbe expresamente cualquier interferencia de la industria en la formulación de políticas públicas y medidas de control, en línea con el Convenio Marco para el Control del Tabaco, del que el Perú es parte. Este tratado obliga a los Estados a proteger sus políticas frente a los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera.

¿En manos de quién está la elaboración del reglamento?

En diciembre de 2024, la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa inició las primeras reuniones para debatir el reglamento de la nueva ley sobre productos de nicotina. Las encabezaron Fredy Hernán Polo Campos, entonces director de Promoción de la Salud; Joel Collazos Carhuay, jefe de equipo de esa misma dirección; y Cristian Díaz Vélez, director general de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud del Minsa.

A estos encuentros asistieron delegados de los ministerios de Justicia y Trabajo, EsSalud e Indecopi; representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y organizaciones civiles como COLAT y el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro). El objetivo era recoger opiniones y evaluar los puntos clave de la futura regulación.

El 31 de marzo de 2025, antes de que se conforme oficialmente el grupo encargado de elaborar el reglamento, Joel Collazos elaboró un informe para sustentar su creación. El documento, al que accedió Salud con lupa, advierte que los cigarrillos electrónicos se promocionan activamente en Perú entre niños y adolescentes a través de redes sociales e influencers. Señala que algunos dispositivos imitan productos infantiles o artículos tecnológicos de moda, con formas, personajes y diseños llamativos. Además, se indica que incluso “una breve exposición a contenidos promocionales en redes sociales puede aumentar la intención de uso y generar actitudes más favorables hacia estos productos”.

En otro apartado, el informe detalla los riesgos de la nicotina, el principal ingrediente de los cigarrillos electrónicos:

“El consumo de nicotina en niños y adolescentes menoscaba el desarrollo del cerebro, y ello tiene consecuencias a largo plazo para ese desarrollo y puede dar lugar a trastornos del aprendizaje y ansiedad. Estudios epidemiológicos de alta calidad demuestran coherentemente que el uso de cigarrillos electrónicos aumenta casi al triple el consumo del cigarrillo convencional, especialmente entre los jóvenes no fumadores. Si bien no se conocen cabalmente los efectos en la salud a largo plazo, sí sabemos que generan sustancias tóxicas, algunas de las cuales son cancerígenas y otras aumentan el riesgo de trastornos cardíacos y pulmonares”.

Estas conclusiones fueron enviadas a Yuri Alegre Palomino, quien desde febrero de 2025 dirige la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa. Alegre llegó a ese cargo después de una breve y cuestionada designación en la Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), a la que fue nombrado el 30 de octubre de 2024. Esa oficina es responsable de otorgar registros sanitarios, certificaciones y autorizaciones, además de fiscalizar la calidad sanitaria de alimentos y bebidas. Sin embargo, su perfil profesional no encajaba con esas funciones.

Médico de familia, en 2023 trabajó en el centro de salud de Bellavista Nanay (Loreto) y, al año siguiente, fue gerente regional de Salud, un puesto más vinculado a la gestión de servicios que a tareas técnicas de control sanitario. En DIGESA permaneció apenas cuatro meses y renunció el 17 de febrero de 2025.

Quien lo designó primero en DIGESA y luego lo trasladó a la Dirección de Promoción de la Salud —un área clave para las intervenciones de salud pública— fue el actual ministro de Salud, César Vásquez, militante de Alianza Para el Progreso. Alegre fue candidato a la alcaldía de la provincia de Maynas (Loreto) por ese partido en 2018, aunque no resultó electo. Hoy, como funcionario del ministro, no oculta su cercanía: en su cuenta de Facebook suele compartir viajes y actividades de Vásquez en regiones, para anunciar obras o entregar equipos médicos, en una dinámica más propia de una campaña política que de la gestión de un sector.

Actualmente, Alegre es el secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial que elaborará el reglamento para regular los cigarrillos electrónicos. Su función no es menor: debe brindar asistencia técnica al grupo, presidido por el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, que tiene plazo hasta el 3 de septiembre de este año para entregar el texto final.

Salud con lupa intentó comunicarse en tres ocasiones con Yuri Alegre para conocer los avances en la elaboración del reglamento. El funcionario se excusó todas las veces por estar en reuniones. En el último contacto telefónico dijo que pediría a Joel Collazos un resumen para responder, lo que evidencia que este último ha tenido que asumir el mayor peso en la coordinación y responsabilidad del proceso regulatorio.

Riesgo de interferencia de la industria

En abril de este año, antes de que se conforme el grupo de trabajo, ya circulaba un primer borrador del reglamento de vapeadores que asignaba al Indecopi la fiscalización de la publicidad y el empaquetado, y a la Sunat el control de las importaciones. El documento, compartido con organizaciones civiles y entidades públicas, despertó el interés de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y de la Asociación de Bodegueros del Perú, ambas con vínculos con British American Tobacco (BAT), según contó una fuente de Salud con lupa que conoce de cerca del proceso de reglamentación.

En la SNI, la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito está presidida por Claudia Linares, ejecutiva de BAT, fabricante de los cigarrillos Lucky Strike y Pall Mall, y de los vapeadores Vuse. La Asociación de Bodegueros, que agrupa a más de 22 mil locales, organiza concursos patrocinados por la misma tabacalera y, durante el debate de la ley, su presidente envió oficios al Congreso para oponerse a la eliminación de saborizantes y cambios en el empaquetado.

Pese a que la ley prohíbe expresamente la participación de la industria en la elaboración de políticas de control, la resolución ministerial que creó el grupo de trabajo dejó abierta la posibilidad de recibir aportes de entidades privadas y de la sociedad civil, lo que mantiene latente el riesgo de influencia en el reglamento.

En línea con este mandato internacional, la Organización Panamericana de la Salud respondió a un cuestionario de Salud con lupa que los procesos regulatorios deben excluir a actores con conflictos de interés, tanto de forma directa como indirecta:

“Las políticas de control del tabaco deben protegerse de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria. Por tanto, no se recomienda la participación directa ni indirecta de actores con conflictos de interés, incluyendo a representantes de la industria tabacalera, de cigarrillos electrónicos o vapeo, o sus aliados”.

La OPS confirmó que actualmente sigue de cerca el proceso de reglamentación en Perú.

Perú registra una de las peores calificaciones en el índice regional de interferencia de la industria tabacalera, que mide cómo influyen estas empresas en las políticas públicas de 17 países de América Latina y el Caribe. El indicador se elabora a partir de las Directrices para aplicar el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, de información pública y de casos documentados de interferencia.

En su informe más reciente, publicado en 2023, Perú se ubicó entre los cinco países con mayor nivel de interferencia, ocupando el tercer lugar. Este resultado se explica, principalmente, por los vínculos entre entidades públicas y compañías tabacaleras para frenar medidas de control o promover leyes favorables a sus intereses. A ello se suma que el Estado peruano carece de normas claras para regular la relación entre funcionarios y la industria, y no exige la declaración de posibles conflictos de interés.

ASOVAPE, otro aliado de la industria tabacalera

La Asociación Peruana de Vapeadores del Perú (ASOVAPE) también busca intervenir en la reglamentación de la nueva ley, pese a los claros conflictos de interés de sus integrantes. Salud con lupa reveló en enero de 2024 que seis de sus fundadores son dueños de empresas importadoras y comercializadoras de cigarrillos electrónicos. Entre ellos destaca Jorge Palma, actual presidente y figura más visible de la asociación, quien aparece con frecuencia en medios defendiendo el vapeo como alternativa al cigarrillo convencional.

El 30 de mayo de este año, Palma volvió a declarar públicamente su intención de participar en el proceso reglamentario: “Queremos aportar desde la experiencia real. No buscamos confrontar, sino construir una regulación eficaz y responsable”, dijo en cinco notas idénticas publicadas por distintos portales informativos. Estas declaraciones fueron distribuidas por la agencia Alta Comunicación como parte de una campaña por el Día Mundial Sin Tabaco, impulsada por la Asociación de Reducción de Daños del Tabaquismo (ARDT Iberoamérica), una red que agrupa a capítulos de ASOVAPE en 13 países, incluido el peruano.

El activismo de Palma ha sido constante, pero cobró fuerza durante el debate legislativo de la ley de regulación de tabaco y nicotina, cuando intentó influir en su contenido para evitar restricciones a la industria. Aunque la propuesta original fue revisada por las comisiones de Salud, Defensa del Consumidor y Economía, fue esta última la que introdujo los cambios más relevantes. El 22 de agosto de 2024, la Comisión de Economía presentó un texto sustitutorio que eliminó dos medidas clave: la prohibición de sabores —hay más de 15,000 disponibles en cigarrillos electrónicos— y el empaquetado neutro, diseñado para evitar el uso de colores llamativos que atraen a menores. Las otras dos comisiones se allanaron a ese texto, que finalmente fue aprobado como ley.

Sin embargo, varios meses antes de la aprobación de la ley, ASOVAPE ya había logrado colocar sus argumentos en la Comisión de Economía. En un dictamen previo, aprobado el 29 de abril de 2024, se citaron declaraciones de Jorge Palma defendiendo una regulación diferenciada para los cigarrillos electrónicos. Como sustento, se incluyeron los mismos materiales que la asociación había entregado el 10 de abril de 2023: un estudio del Reino Unido —malinterpretado— que sostiene que los cigarrillos electrónicos son un 95% menos dañinos que el tabaco, y los casos de Reino Unido y Nueva Zelanda como ejemplos de países que promueven estos productos como alternativa al cigarro convencional.

La Comisión de Economía dio mayor peso a esos planteamientos que a las advertencias del Ministerio de Salud, que en un informe alertó sobre los riesgos y daños a la salud de los cigarrillos electrónicos. El Minsa también advirtió que no hay pruebas concluyentes de que estos productos ayuden a dejar de fumar, debido a la amplia variedad de dispositivos existentes y a la baja certeza de muchos estudios.

Palma no ha ocultado su influencia en estos cambios regulatorios. En una entrevista concedida el 31 de mayo de este año a un pódcast mexicano, aseguró que logró frenar la prohibición de sabores incluida en la versión original de la ley: “Querían quitar no solo los sabores de frutas, sino todos. Y eso se detuvo y pasamos a tener una regulación”, afirmó.

La propuesta favorable para la industria fue finalmente aprobada el 19 de septiembre de 2024, con el voto de 65 congresistas. Entre ellos estuvo Luis Puicón, expresidente de la Comisión de Salud, quien dijo a Salud con lupa que se adhirió al dictamen de Economía con la expectativa de mejorar la norma durante la elaboración de su reglamento. Sin embargo, ante la falta de avances, su postura ha cambiado: ahora considera que el reglamento no solo debería prohibir la venta de vapeadores a menores de edad —como establece la ley—, sino también a adultos, incluso si eso contradice la norma aprobada.

Puicón aseguró haber enviado un oficio al Ministerio de Salud para insistir en la publicación del reglamento. El documento está fechado el 16 de julio, el mismo día en que dio estas declaraciones: “Esta ley ya se debe aplicar. La reglamentación tiene un plazo de 120 días, pero puede demorar seis meses o diez años. Por experiencia, sabemos que toda ley que se aprueba en materia de salud demora en su reglamentación”, sostuvo.

Un mercado inundado de vapeadores

Las tiendas minoristas, bodegas y negocios de barrio son hoy los principales puntos de acceso a cigarrillos electrónicos para escolares de secundaria, de entre 12 y 16 años, según el Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas 2024 de Devida. En estos locales, la publicidad es evidente: carteles coloridos en las puertas anuncian precios y sabores.

En cadenas como OXXO, Listo y Tambo, los vapeadores tienen espacios destacados frente a las cajas: vitrinas o estantes que muestran toda la variedad de sabores, junto con promociones y descuentos. Allí se encuentran con frecuencia las marcas VUSE y VEEV —esta última de Philip Morris International— y modelos desechables de origen chino como Dragbar y Oxbar, diferenciados por su potencia (número de caladas).

El estudio señala que, en colegios públicos, el acceso ocurre sobre todo a través de tiendas del barrio, mientras que en colegios privados es más común el uso de servicios de delivery. También el entorno doméstico influye: muchos adolescentes obtienen estos productos en casas de amigos o familiares, lo que indica que los vapeadores ya están presentes en la vida cotidiana de muchos hogares.

Los motivos de consumo más mencionados son los sabores (33 %), seguidos de la curiosidad (20 %), la creencia de que ayudan a manejar el estrés o la ansiedad (12 %) y su facilidad para transportarlos (10 %). Estos elementos —sabores y diseño discreto— son parte de una estrategia comercial pensada para minimizar la percepción de riesgo. Según la doctora Suchitra Krishnan-Sarin, profesora en la Universidad de Yale, el mentol facilita la inhalación de nicotina al reducir la irritación, lo que incrementa sus efectos adictivos:

“El primer producto de nicotina que consumen niños y adolescentes es saborizado. Y una vez que se inician, esos mismos sabores dificultan que puedan dejar de usarlos”.

La nueva ley permite que los cigarrillos electrónicos contengan saborizantes, aditivos y aromatizantes, aunque prohíbe que en su promoción se utilicen nombres de golosinas o postres. Consultado por Salud con lupa, Indecopi evitó precisar cómo definirá qué denominaciones estarán prohibidas o permitidas, y señaló que los criterios se conocerán recién con el reglamento.

Por ley, las advertencias sanitarias deben ocupar al menos el 30 % del empaque y serán definidas por el Ministerio de Salud. En junio, Salud con lupa solicitó una entrevista para conocer avances del reglamento y su implementación, sin obtener respuesta. Indecopi, responsable de verificar que las advertencias estén en los empaques, informó por escrito que su Dirección de Fiscalización elaborará “en su oportunidad” la estrategia de supervisión en bodegas y otros puntos de venta.

Mientras tanto, las tabacaleras aprovechan el vacío normativo. No hay un estándar claro sobre el tamaño ni la ubicación de la leyenda que indica que la venta es solo para mayores de 18 años. En los vapeadores VUSE, por ejemplo, el mensaje aparece en un tamaño mínimo en la parte frontal. Otras marcas, como STLTH, VEEV y Geek Bar, solo advierten que el producto contiene nicotina y que esta es altamente adictiva, según un análisis de Salud con lupa.

Tampoco incluyen la lista completa de ingredientes: la mayoría solo declara sal de nicotina, glicerina vegetal, saborizante y propilenglicol. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que la composición es mucho más compleja. En noviembre de 2024, el investigador Noel Leigh, del Centro Oncológico Roswell Park (EE. UU.), analizó ocho dispositivos del cigarrillo electrónico Elfbar —fabricado por la empresa china IMiracle Shenzhen— adquiridos en EE. UU. y Reino Unido entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Detectó entre 32 y 47 sustancias químicas en cada uno.

El estudio también reveló que la información y la composición varían según el país. En el Reino Unido, los empaques de Elfbar detallaban aromatizantes como furaneol y linalool, mientras que en EE. UU. no figuraban. Además, la dosis estimada de nicotina por calada era cuatro veces mayor en los dispositivos vendidos en EE. UU. que en los del Reino Unido, una diferencia que podría deberse a las regulaciones específicas que cada país aplica.

La publicidad en el espacio digital

En Instagram, TikTok y otras redes, los vapeadores aparecen entre videos de música, recetas y moda. Concursos, rostros conocidos y campañas con estética juvenil los presentan como un accesorio de estilo más que como un producto con riesgos para la salud. Todo esto ocurre porque la ley que regula su venta y consumo no menciona el espacio donde más se promocionan: las redes sociales.

La omisión ha sido aprovechada por las tabacaleras para ajustar su estrategia en Perú. British American Tobacco, por ejemplo, ha adaptado la promoción de su marca VUSE al público local. En su cuenta de Instagram han aparecido los actores Sirena Ortiz y Martín Velásquez, y el cocinero Ernesto Noriega, conductor de un programa de cable, como parte de acciones promocionales.

Desde 2023, VUSE ha sumado concursos, eventos y alianzas para posicionarse. Ese año, organizó con OXXO un sorteo de un viaje a Machu Picchu (Cusco). En febrero de 2024, presentó la línea VUSE GO en un evento privado con Daniel Marquina, locutor de radio y conductor de streaming, como invitado. Entre abril y mayo de ese mismo año, sorteó entradas para el festival CORE Tomorrowland, en Medellín (Colombia), y lanzó la campaña VUSE Creators con músicos, ilustradores y creadores de contenido peruanos con miles de seguidores. En mayo de este año, ofreció otro concurso en su web con un viaje a Europa como premio.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud mantiene su foco en el cigarrillo tradicional. En el Día Mundial sin Tabaco de este año, por ejemplo, sus publicaciones en redes advirtieron únicamente sobre el consumo de cigarrillos convencionales, sin mencionar los electrónicos.

La fiscalización de la publicidad recaerá en Indecopi. Consultada por Salud con lupa, la entidad señaló que su Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal aún evalúa estrategias para monitorear canales digitales y que, cuando se publique el reglamento, verificará la publicidad “en todos los soportes”. También indicó que las sanciones por incumplir los criterios de publicidad y empaquetado podrían ir de S/ 2′407,500 a S/ 3′745,000.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que limitar la publicidad solo en zonas cercanas a colegios o cuando está dirigida a menores no es efectivo en la práctica. Recomendó colocar advertencias gráficas grandes en los empaques e impulsar campañas educativas permanentes sobre los riesgos del consumo, además de fortalecer varios aspectos de la ley mediante el reglamento.

Mientras se define cómo y cuándo se aplicarán las normas, la industria avanza sin freno. Con campañas constantes en redes, estrategias dirigidas a jóvenes y una oferta de productos cada vez más variada, los cigarrillos electrónicos ya ganaron un espacio entre adolescentes y adultos jóvenes peruanos. La demora del reglamento no es solo un trámite pendiente: es el vacío que permite que este mercado crezca sin control, mientras el Estado sigue reaccionando tarde.