El periodismo de verificación es esencial para sostener la calidad de las democracias en tiempos de polarización. Cuando todo parece dividido, el periodismo basado en hechos ayuda a reconstruir una base común para el debate público. Verificar información es algo más que corregir errores: es defender el derecho de las personas a decidir con evidencia, no con mentiras.
LatamChequea hace un llamado urgente a financiadores, plataformas y gobiernos a defender la verificación, porque es el derecho de las personas a estar informadas. Cuando ese derecho se erosiona, lo que está en juego no es solo el periodismo, sino la salud misma de nuestras democracias.
Las organizaciones de verificación en América Latina enfrentan una tormenta perfecta. La ruptura de la cooperación internacional de Estados Unidos impacta la sustentabilidad de muchos proyectos, un panorama que solo favorece a quienes fabrican desinformación. Llamamos a los financiadores del mundo que apoyan la integridad de la información a dar un paso al frente. Las sociedades de América Latina, en su diversidad de identidades y culturas, necesitan medios independientes y sostenibles para mitigar los daños reales de la desinformación sobre los derechos ciudadanos y la calidad democrática.
Las plataformas de redes sociales deben ser parte de la solución, no del problema. Necesitamos más transparencia, no menos. Urgimos a las plataformas a dar un mayor acceso a datos y colaborar con quienes combaten la desinformación, y a Meta en particular a revertir la decisión de terminar el programa de verificadores independientes en Estados Unidos, una medida que deja aún más a la intemperie informativa a millones de estadounidenses y acecha sobre el resto del mundo.
Las compañías de inteligencia artificial deben asumir su responsabilidad en la lucha contra la desinformación. Es urgente que entrenen sus modelos de manera ética, implementen mecanismos para asegurar la veracidad de los contenidos que generan y acepten la colaboración de verificadores expertos para asegurar la integridad de la información.
A los gobiernos y parlamentos de la región les decimos con claridad: proteger la libertad de expresión es su deber. Las leyes que criminalizan el financiamiento internacional en países como Paraguay, Perú, Venezuela y El Salvador, que se suman a normas similares aprobadas en Nicaragua y Guatemala desde inicios de esta década, no cuidan la soberanía: son intentos de silenciar a medios y organizaciones que trabajan con transparencia y al servicio de la ciudadanía. Esas leyes deben ser derogadas.
Sin verificación, gana la mentira. Defendemos el derecho a la información como un derecho humano y un bien público. No aceptaremos retrocesos.
