El jueves 1 de febrero, los trabajadores de cosecha de arándanos en la agroexportadora Cerro Prieto empezaron a sentir mareos y un intenso ardor en los ojos y la garganta. Varios de ellos se desmayaron mientras sus compañeros trataban de sacarlos de los terrenos de la empresa, ubicada en el extenso valle de Jequetepeque, en la región La Libertad, para que pudieran recibir una atención médica. Al día siguiente, otro grupo presentó los mismos síntomas y tuvieron que ser hospitalizados. La mayoría de afectados eran mujeres y entre los casos más graves estaba el de una gestante de 5 meses que tuvo que ser trasladada hasta la ciudad de Chiclayo.
Así, cerca de 340 trabajadores se intoxicaron, pero se desconocían las posibles causas debido a que la empresa no dio explicaciones públicas de lo ocurrido.
Salud con lupa investigó los hechos y encontró que terrenos de la agrícola Cerro Prieto -que estaban próximos a los cultivos de arándanos donde estaban asignados los trabajadores intoxicados- fueron fumigados entre el 29 de enero y la madrugada del 1 de febrero con un pesticida muy tóxico. El producto se vende bajo el nombre comercial “Triform-35” y contiene dos peligrosas sustancias químicas que han sido vetadas en Estados Unidos y la Unión Europea.
La función de este plaguicida es desinfectar el suelo, ya que elimina varios microorganismos para evitar que las plagas dañen el cultivo de hortalizas y frutas como el melón, la cereza y las uvas. Este agroquímico es comercializado por la empresa Trical Perú SAC, una subsidiaria de la compañía norteamericana que lleva el mismo nombre. En su país de origen, Trical ha sido sancionada en 2023 por el Departamento de Regulación de Pesticidas del Estado de California en Estados Unidos luego de determinarse que sus productos ocasionaron lesiones graves a trabajadores agrícolas.
Actualmente, la Fiscalía investiga a Cerro Prieto por los presuntos delitos de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y exposición o abandono de personas al peligro. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad que regula la venta y uso de plaguicidas químicos para la agricultura, todavía no ha recibido la información que pidió a la agroexportadora sobre la dosis y la forma en la que aplicó el producto “Triform-35” en sus terrenos. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también investiga el caso e informó que se sancionará a la agroexportadora Cerro Prieto y Trical Perú si se comprueba que incumplieron las medidas de seguridad para evitar daños a la salud humana.
Dos componentes tóxicos
Triform-35 es un plaguicida que se aplica directamente al suelo, antes del período de siembra o plantación, para controlar la aparición de un variedad de insectos, hongos y gusanos nemátodos. Son dos sus únicos ingredientes: 1,3-dicloropropeno y cloropicrina. El primero es un líquido sin color que se emplea en la agricultura desde la década de 1950. En la Unión Europea está prohibido desde 2010 luego de un informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que advirtió que la sustancia es irritante para la piel, los ojos y el sistema respiratorio y puede causar daño pulmonar si se ingiere.
La última revisión de la EFSA fue en 2018 y propuso que el 1,3-dicloropropeno sea clasificado como un carcinógeno genotóxico, lo que significa que puede producir cáncer porque altera directamente el material genético de las células. El documento explica que estudios a largo plazo en ratas y ratones que estuvieron expuestas al 1,3-dicloropropeno mostraron un aumento estadístico de la incidencia de tumores junto con lesiones preneoplásicas (que elevan el riesgo de presencia de cáncer). En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) también lo considera un potencial cancerígeno humano.
La otra sustancia de la que está hecha el pesticida Triform-35 es el fungicida cloropicrina, una sustancia aceitosa que se usó en la Primera Guerra Mundial por sus características similares al gas lacrimógeno. En la agricultura, todavía se emplea como fungicida, herbicida e insecticida a pesar de los riesgos que han señalado organismos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
Este último advertía en 2008 que los trabajadores que lo aplican y las personas que se ubican cerca y “a varios miles de pies” de distancia de las áreas fumigadas pueden sufrir irritación en los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias, dependiendo del método de uso y las cantidades empleadas. Por esa razón, la EPA recomendó la creación de zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas donde se aplique, para minimizar el impacto, y que los trabajadores utilicen máscaras de respiración para evitar los daños a su salud.
Sin embargo, como se ha podido observar en videos que grabaron los propios trabajadores intoxicados en los campos de Cerro Prieto, no se habrían cumplido estas medidas para minimizar riesgos de la exposición a estos químicos. Por eso, muchas mujeres cultivadoras de arándanos empezaron a sentir irritaciones en el rostro, los ojos y la garganta e incluso algunas sufrieron desmayos. “El olor era muy fuerte, no podíamos respirar y nos ardían mucho los ojos. Sentí mareos y dolor en las piernas”, dijo una de las afectadas. “Entramos al campo a cosechar pero los ojos nos ardían. Nosotros no sabíamos que habían fumigado. El supervisor vio nuestro malestar y recibió la orden de que salgamos”, declaró otra de sus compañeras.
En Perú, se ha vuelto una práctica usual de varias agroexportadoras reclutar a personas para el oficio de cosecha de frutos. No se les pide ni estudios ni experiencia previa ni se les capacita y ofrece equipos de seguridad para este oficio. En redes sociales hay varios anuncios de estas convocatorias por pagos mínimos. Incluso, como quedó registrado en la intoxicación en Cerro Prieto, se ha permitido que una gestante trabaje en la cosecha de arándanos.
Sancionada en Estados Unidos
Trical, la empresa que fumigó varias hectáreas de la agroexportadora Cerro Prieto, tiene sus orígenes en Estados Unidos. Fue creada en 1961 por el ingeniero químico Dick Storkhan y los biólogos Jerry Haines y Bob McCaslin. Tiene filiales en más de 30 países, entre los que están Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Pero en Estados Unidos tiene un historial de sanciones y reportes de lesiones causadas a trabajadores agrícolas.
El Estado de California, donde precisamente opera la sede principal de Trical, documentó al menos 40 incidentes, cuatro de ellos por enfermedad y lesiones graves, ocurridos entre los años 2014 y 2020, por los cuales la empresa tuvo que pagar más de 125 mil dólares en sanciones civiles. Mientras que en la ciudad de Monterey (California), 32 trabajadores experimentaron síntomas por exposición a las sustancias 1,3-dicloropropeno y cloropicrina debido a la aplicación incorrecta de sus productos y tres tuvieron que recibir atención médica.
En 2021, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) también le impuso una multa de 44,275 dólares porque la empresa utilizó su fungicida Tri-clor -que contiene cloropicrina- en unos campos de almendras ubicados cerca de la ciudad de Selma, en California, sin respetar todos los requisitos establecidos en el etiquetado del producto. A partir de estos antecedentes, el Departamento de Regulación de Pesticidas del Estado de California tomó medidas más drásticas en septiembre del 2023 y llegó a un acuerdo para suspender su licencia por un plazo de 36 meses.
La medida todavía no ha entrado en vigencia porque Trical está en un período de prueba de 2 años, tiempo en el que no podrá aplicar productos que contengan 1,3-dicloropropeno y/o cloropicrina sin una autorización previa. Si obtiene ese permiso, los trabajadores que manipulen estas sustancias deberán estar calificados y usar equipos de protección respiratoria. Además, la empresa tendrá que informar a los ocupantes y propietarios de sitios de difícil evacuación que estén cerca del área donde se fumigue, acerca de los signos y síntomas causados por exposición y a qué autoridades pueden reportarlo.
En nuestro país, Trical Perú SAC tiene la autorización del Senasa para aplicar ambas sustancias químicas contenidas en su producto “Triform 35”, aunque la entidad solo lo recomienda para los cultivos de pimiento. Un detalle importante es que este alimento no se produce en las más de 4,000 hectáreas que tiene la empresa Cerro Prieto en la regiones de La Libertad y Lambayeque, en la costa norte.
Un director vinculado a Confiep
La agroexportadora Cerro Prieto es una de las cinco empresas que forman parte de la Corporación Financiera de Inversiones, una sociedad creada en 1999 y con un patrimonio actual de 301 millones de dólares. En 2022, Cerro Prieto obtuvo ganancias por encima de los 167 millones de dólares gracias a la producción y venta, a nivel local y en mercados internacionales, de arándanos, palta y espárragos.
Actualmente, el directorio de Cerro Prieto y de la Corporación Financiera de Inversiones es presidido por Alfonso Bustamante Canny, quien desde el 2023 dirige la Corporación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), uno de los gremios que agrupa a 22 gremios que se ha opuesto a posibles cambios en el régimen laboral de las agroexportadoras.
Durante el paro agrario del 2020, los trabajadores de estas empresas exigían la modificación de la Ley de Promoción del Sector Agrario para incorporar un aumento en el salario mínimo y eliminar los contratos temporales que hasta la fecha reciben por jornadas de hasta más de 8 horas diarias y en condiciones precarias.
Aunque la norma fue derogada, este año el Congreso y el Poder Ejecutivo aprobaron un nuevo beneficio para Cerro Prieto y otras grandes empresas del rubro de la agro exportación debido a que ya no aportarán el 9% del ingreso mensual de sus trabajadores al Seguro Social (EsSalud), como lo hacen otras empresas formales. Por los próximos 5 años, solo destinarán el 6%, una decisión que impactará en los fondos que tiene EsSalud para atender a casi 13 millones de peruanos, ya que dejaría de recaudar entre 300 y 400 millones de soles cada año.
Las posibles sanciones
Después de la intoxicación masiva que sufrieron cientos de trabajadores de Cerro Prieto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ordenó a la empresa que suspenda las actividades en las casi 50 hectáreas de cultivo de arándano que están ubicadas cerca del terreno que fue fumigado con sustancias tóxicas. Cerro Prieto está obligada también a seguir pagando el salario por jornada diaria a las personas afectadas y deberá garantizar que no pierdan sus puestos de trabajo.
La agroexportadora todavía no ha respondido a Sunafil qué tipo de cultivos iba a realizar en la zona donde se fumigó con el plaguicida Triform-35. A pesar de ello, la investigación en su contra continúa para determinar si cumplió con sus instrumentos de gestión de calidad, según explicó el intendente de Sunafil en La Libertad, Hipólito Javier Bráñez. “Ellos pueden ser sancionados económicamente por no haber identificado los riesgos que existían para los trabajadores”, indicó.
Sunafil también está investigando si la empresa Trical cumplió con las especificaciones técnicas que están en la etiqueta del plaguicida. Ciertamente, la ficha técnica indica que no debe haber personas a menos de 90 metros de la zona donde se aplicará el producto durante un período mínimo de 7 días. Pese a esta advertencia, los terrenos de Cerro Prieto fueron fumigados unas horas antes de que los trabajadores ingresaran a los cultivos de arándano, de acuerdo a la versión que dio la empresa a Sunafil.
Hasta ahora, la agroexportadora ha tenido distintas respuestas sobre la intoxicación que sufrieron sus trabajadores. En un primer comunicado, aseguró que ninguno de los síntomas que presentaron “suponen secuela o daño permanente para su salud”. Poco después, señaló que no había encontrado sustancias tóxicas en el suelo. Estos argumentos podrían ser desmentidos con los informes que deberán emitir Sunafil y Senasa en las próximas semanas.
Salud con lupa se comunicó telefónicamente con la oficina de Trical Perú SAC que figura en su página oficial, pero la empresa declinó responder sobre el producto que empleó en los campos de Cerro Prieto. En su defensa, se limitó a indicar que la información debería ser brindada por la agroexportadora. Cerro Prieto también se negó a dar declaraciones, pero insistió en los argumentos que dio en su momento, asegurando que "utiliza únicamente productos químicos aprobados por las autoridades competentes" y entrega equipos de protección personal a sus trabajadores.
