La nueva Ley Agraria —llamada también Ley Chlimper 2.0— está próxima a ser aprobada en segunda votación por el Congreso de la República. Es el resultado de una campaña exitosa del sector agroexportador, liderado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que agrupa a las principales asociaciones de agroexportadores del país. A partir del año 2026 y por diez años más, empresas agremiadas en esta organización —grandes exportadores de arándanos, espárragos, paltas, entre otras— podrían pagar prácticamente la mitad en impuesto a la renta, lo cual implica una pérdida de entre S/1.850 a S/ 2.000 millones por año al Estado peruano. Dinero que podría invertirse en sectores tan olvidados como salud, educación y seguridad ciudadana.
Esta nueva ley propone una tasa del 15% de impuesto a la renta para las agroexportadoras, cuando la actual Ley del Régimen Laboral Agrario contempla una tasa del 25% entre 2025 y 2027, y de 29.5% a partir de 2028 para este sector. En consecuencia, con lo que el Congreso está por aprobar, el Estado pierde y empresas que no necesitan beneficios tributarios, ganan millones.
El economista y ex viceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, sostiene que ya no existen razones técnicas ni económicas para seguir otorgando beneficios tributarios al sector agroexportador. Según explica, este es un sector que ha logrado consolidarse en los últimos 25 años, con un crecimiento de más de 1000% en sus exportaciones. “El sector agroexportador ya no requiere de una reducción a la mitad del impuesto a la renta. Es un sector ya consolidado, compuesto fundamentalmente por empresas grandes, de grandes capitales”, señala.
Cuadros advierte que mantener incentivos fiscales como los propuestos en la nueva Ley Agraria va en contra de lo que había dispuesto la ley vigente desde el año 2021, que planteaba un retiro progresivo de estos beneficios. Resalta que, solo en 2023, las utilidades de las grandes agroexportadoras crecieron en alrededor de 75%. Con esta ley, estima que el Estado dejará de recaudar S/ 2,000 millones al año, lo que significa una pérdida total de S/ 20,000 millones en una década. “Ese dinero bien podría servir para financiar mejoras en la calidad de los servicios públicos, como educación, salud, seguridad, entre otros”, puntualiza.
De hecho, el reciente informe del Fondo Monetario Internacional: "Peru: 2025 Article IV Consultation-Press Release; and Staff Report", señala que esta medida le costará al Perú el 0.2% del Producto Bruto Interno (PBI) por año. Además, el documento critica la sentencia del Tribunal Constitucional que le otorgó capacidad de gasto al Congreso de la República, señalando que esto genera "costos considerables a mediano plazo, lo que afecta la credibilidad fiscal" y que las "medidas aprobadas recientemente reducen la recaudación".
Pero esta victoria del sector agroexportador viene de la mano de actores clave tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Personajes que, en todo momento, acompañaron la narrativa y las pretensiones de las grandes agroexportadoras agrupadas en la AGAP. Uno de ellos es el ministro de Agricultura, Ángel Manero.
El actual titular de esta cartera ha trabajado como gerente general en la azucarera Andahuasi y gerente de operaciones en Sunshine Export S.A.C., ambas empresas dedicadas a la agroexportación. Y, también, está casado con Silvia Sofía Wong Fu, fundadora, directora titular y gerente comercial de Sunshine Export S.A.C., agremiada en la AGAP, lo que configura un potencial conflicto de interés, especialmente considerando que Manero ha sido uno de los principales promotores de esta norma desde el Ejecutivo.
El otro personaje —que ha pasado casi desapercibido— es la congresista fujimorista Cruz María Zeta Chunga, a quien se le debe el corazón de esta nueva Ley Agraria. El 16 de septiembre de 2024, la parlamentaria, que también fue presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, presentó el Proyecto de Ley N°08924/2024-CR, columna vertebral del texto aprobado el pasado 4 de junio en el Congreso y pendiente de segunda votación.
Allí, Zeta Chunga planteó un 15% de impuesto a la renta para las grandes agroexportadoras a partir de 2025 hasta el año 2035. El cuadro del actual proyecto aprobado es casi el mismo, solo se han cambiado los años, de 2026 a 2035.
La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), que agrupa a distintas organizaciones de pequeños agricultores, ha mostrado su rechazo a la nueva Ley Agraria, no solo por su impacto fiscal y los grandes beneficios a la agroexportación, sino porque tampoco se ha enfocado en mejorar las condiciones de trabajo de quienes generan el valor de las agroexportaciones y se hizo a espaldas de esta y otras organizaciones.
"De 2019 a la fecha el poder adquisitivo de las remuneraciones reales de estos trabajadores ha caído casi 30%. Porque no tienen estabilidad en su puesto de trabajo, no pueden sindicalizarse y no pueden acceder a la negociación colectiva, que es el principal instrumento para lograr que las mejoras de su productividad se conviertan en en mayores salarios", explica el ex viceministro de empleo, Fernando Cuadros.
Las reuniones previas a la Nueva Ley Agraria
El mismo día en que Zeta Chunga presentó lo que hoy es la piedra angular de esta nueva Ley Agraria, ella participó en una mesa técnica conformada también por el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), Ángel Manero; y Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de la AGAP, entre otros. En dicha mesa, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, dijo: “Necesitamos una ley que estructure y dé dirección clara a los agricultores, que muchas veces van de tumbo en tumbo sin conocer las condiciones del mercado”. Ese día fue un presagio de lo que ya hoy va camino a ser una realidad.
Gabriel Amaro Alzamora es otro personaje clave. Ha estado ubicado tanto en el sector empresarial como en el sector público, antes de dirigir la AGAP. Ha sido gerente general de la Confiep y también asesor en los ministerios de Economía y Finanzas, Producción y de Transportes y Comunicaciones. Además, ha trabajado en Proinversión y ha sido director del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.
Amaro es un entusiasta del sector agroexportador, escribió el libro "Agro la gran apuesta del Perú", prologado por el propio Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. En él, menciona que entre 1990 y 2019, "se produjeron una serie de cambios normativos estructurales que ayudaron a promover la atracción de inversiones y la creación de un clima de negocios competitivo para el desarrollo empresarial en el Perú, en todos los sectores". Como hito en este proceso, menciona a la Ley de Promoción Agraria, promulgada a finales del gobierno de Alberto Fujimori en los 2000, por "un visionario: José Chlimper Ackerman". Hoy está por aprobarse su sucesora: la “Ley Chlimper 2.0”.
En una entrevista con el diario Correo, en noviembre de 2024, Amaro mencionó que “debe haber una nueva Ley Agraria, mejorada, que acelere el proceso del pequeño agricultor. Dar incentivos tributarios para que las empresas de la agricultura moderna puedan trabajar con grupos de pequeños productores que trabajen de forma asociativa”. Esta misma idea se ve reflejada en la nueva Ley Agraria.
Salud con lupa identificó que Gabriel Amaro e Iván Aranda Moscol —fundador del Observatorio Cívico Internacional Sociedad Anonima Cerrada, dado de baja en 2012, y abogado por la universidad Alas Peruanas— visitaron a Cruz María Zeta Chunga, impulsora del proyecto clave de la nueva Ley Agraria, un total de 9 veces entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, ambos en representación de la AGAP (7 veces Aranda y 2 veces Amaro).
Las visitas de Aranda figuran con asunto de “coordinador parlamentario” y las de Amaro, una con motivo de una invitación a un evento y otra como “normal”. Cabe resaltar que ambos, el 21 de octubre de 2024 —a un mes de presentado el proyecto de Zeta Chunga— visitaron al congresista de Renovación Popular, José Cueto, quien mencionó el proyecto de la parlamentaria fujimorista como parte del diálogo que tuvieron en aquella ocasión.
Por otra parte, el propio ministro Manero fue visitado en cinco ocasiones por representantes de la AGAP entre abril y septiembre de 2024. La última de estas reuniones fue con Gabriel Amaro Alzamora, presidente de este gremio, y Juan Carlos Paredes Rosales, también en su representación, un día después de que Zeta Chunga presentó su proyecto de ley, el 17 de septiembre de 2024.
Todos estos actores impulsaron lo que hoy está a puertas de lograrse: beneficios tributarios millonarios para las agroexportadoras.
El camino de la nueva Ley Agraria
La nueva Ley Agraria, en lo sustancial, nace con el proyecto de ley presentado por la congresista Cruz María Zeta Chunga en septiembre de 2024, quien propone la reducción del impuesto a la renta al 15% entre 2025 y 2035 para el sector agroexportador. Pero es en diciembre de 2024 cuando el texto actual toma forma, con la acumulación de 7 proyectos de ley que, luego, entraron a agenda en el Pleno.
Estos fueron propuestos por congresistas de las bancadas Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular. Como se observa, la ley fue respaldada por congresistas de casi todo el espectro político, evidenciando una alianza transversal en favor del sector agroexportador.
El próximo paso fue el pleno del 15 de abril de 2025, en el que se presentó un nuevo texto, el cual ya no contenía una referencia clara a la reducción del impuesto a la renta al 15% en los próximos 10 años. Este, sin embargo, se devolvió a la Comisión de Economía del Congreso y luego se volvió a votar al mes siguiente.
El texto actual se aprobó el pasado 4 de junio en una primera votación, con la desacumulación de dos proyectos de ley (uno impulsado por los congresistas Carlos Zeballos, Guillermo Bermejo y Roberto Kamiche, y otro por Segundo Montalvo Cubas). A partir de entonces, en un plazo de siete días calendario, el Congreso empezó a contar con el tiempo para aprobar en segunda votación una ley que beneficia a grandes agroexportadoras y que fue impulsada desde la AGAP, el Ejecutivo y el Congreso de la República. Todo indica que esto sucederá antes de que finalice la segunda legislatura, el 15 de junio de 2025.
A pesar de que el propio Ministerio de Economía y Finanzas observó esta ley en diciembre de 2024, mencionando que "solo un grupo reducido de empresas serían las beneficiarias" lo cual podría costar más de S/ 1,800 millones en recaudación, su postura cambió. En febrero de 2025, el entonces ministro, José Salardi, retrocedió y contra la opinión técnica de su propio Ministerio, confirmó su apoyo a la actual Ley Chlimper 2.0.
Expertos como Eduardo Zegarra, advierten que esta ley "terminará engrosando los bolsillos de un pequeño grupo de grandes empresas". Así lo expresa en el informe "El Costo Fiscal de la Ley Chlimper 2.0", donde realiza proyecciones y análisis en base a los efectos de la actual ley próxima a aprobarse.
Cabe precisar que esta norma podría ir en contra del propio sector agrario, ya que, como menciona Zegarra, a menor recaudación se "limita la expansión agroexportadora" pues eso requiere de grandes proyectos estatales de irrigación, cuyos recursos se ven ahora limitados.
A pesar de los reiterados pedidos de entrevista, ni la AGAP ni los actores involucrados respondieron a nuestras solicitudes. Mientras tanto, el Congreso y el Ejecutivo avanzan con una norma que podría marcar un grave retroceso fiscal, laboral y político en el campo peruano.
Para hablar acerca de la nueva Ley Agraria, las visitas de la AGAP que aquí se referencian y el proceso de gestación de esta ley, se pidieron entrevistas y se enviaron cuestionarios a Gabriel Amaro, presidente de la AGAP; a Cruz María Zeta Chunga, congresista y ex presidenta de la Comisión Agraria del Congreso; y al ministro Ángel Manero, a través de sus respectivas oficinas de prensa, inclusive desde el mes de mayo, pero no recibimos respuesta.
