Hay una nueva cruzada en marcha. Y no es casual. No es aislada. Es parte de una avanzada que se viene cocinando desde hace años y que hoy, envalentonada por los vientos que soplan desde la derecha extrema en Estados Unidos y América Latina, pretende clausurar derechos que las mujeres peruanas conquistaron hace más de un siglo.
El ataque a la Maternidad de Lima —una institución clave para la salud de las gestantes en el país— no es solo un embate contra el aborto terapéutico. Es una arremetida contra la posibilidad misma de vivir un embarazo sin tortura, sin condenas, sin dolor evitable. Y viene, una vez más, de los mismos sectores que intentaron borrar la igualdad de género de los textos escolares, que se oponen a la educación sexual integral, y que prefieren niñas madres.
La organización "Padres Peruanos", respaldada por congresistas como Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui, acusa falsamente a la Maternidad de Lima de realizar abortos ilegales. Lo hace usando como única “prueba” un estudio que, en realidad, demuestra exactamente lo contrario: 385 abortos terapéuticos realizados entre 2009 y 2020, todos conforme a la ley y evaluados por juntas médicas especializadas como lo exige la ley.
El 92.5% de esos casos fueron por malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida. Hablamos de anencefalia (fetos sin cerebro ni cráneo), malformaciones graves en distintas partes del cuerpo, enfermedades del corazón presentes desde el nacimiento que ponen en riesgo la vida, alteraciones genéticas incompatibles con la vida, y ausencia de ambos riñones en el bebé. Hablamos de bebés que no iban a vivir más allá de minutos o segundos. De embarazos con pronóstico fatal. De mujeres enfrentadas a la angustia de gestar una pérdida inevitable.
El resto de los casos —7.5%— fueron embarazos que ponían en riesgo directo la vida de la gestante. Patologías graves, documentadas. Y sí, entre esos casos hubo niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Fueron recibidas en la Maternidad de Lima porque allí hay médicos que entienden que el embarazo infantil es una forma de tortura. Porque allí aún se honra la ley, la ciencia y la dignidad humana.
¿Qué es lo que realmente molesta a estos grupos antiderechos? Que exista un lugar en el país donde niñas violadas han podido acceder a la protección que el Estado les debe. Que haya un hospital donde el derecho a la salud mental, al duelo anticipado, a no maternar por obligación, no se pisotee.
Y el Ministerio de Salud, en lugar de defender esta institución, parece estar a punto de ceder para eliminar la Guía de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal. Ceder ante intereses ideológicos que nada tienen que ver con la medicina ni con la ética. Ceder ante quienes querrían volver un siglo atrás, y obligar a las mujeres a morir o a sufrir, en nombre de un dogma.
No es casual que esta ofensiva se dé cuando Donald Trump llegó al poder con un discurso de odio a la población LGTB, despreciando a personas trans, mientras en el Perú crece la influencia de la ultraderecha liderada por Rafael López Aliaga y el fujimorismo. No es casual que quienes quieren imponer el miedo en las escuelas, también quieran controlar los cuerpos y las maternidades.
El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, y el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso. Así lo recordó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el caso de Camila, una niña indígena a quien se le negó este derecho. Impedir su ejercicio es una forma de violencia institucionalizada.
