El Perú gasta más en salud que hace unos años. Desde el 2007, el país ha multiplicado casi 5 veces su presupuesto en salud y para el 2025 alcanzó los S/30,373 millones, equivalente al 12.1% del presupuesto total, así como un aumento de 3% respecto al 2024, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sin embargo, ese mayor esfuerzo fiscal no se traduce en la atención que reciben los ciudadanos. El aumento del presupuesto se diluye antes de llegar al paciente final, y la brecha entre lo que se invierte y lo que realmente se obtiene persiste.
El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo ese gasto impacta en las personas. Persisten brechas territoriales y sociales que dificultan el acceso oportuno a servicios de calidad. Además, la carga económica sigue recayendo en los hogares: los peruanos financian cerca del 30% del gasto total en salud con recursos propios y, de ese monto, alrededor del 40% se destina a medicamentos, afectando con mayor fuerza a los más vulnerables.
La brecha no es casual, sino el reflejo de un problema estructural. Aumentar el presupuesto es necesario, pero insuficiente si no se corrige la forma en que se asignan y utilizan los recursos. El desafío está en orientar el gasto hacia donde realmente genera valor, priorizando intervenciones de mayor impacto y mejorando la capacidad del sistema para obtener mejores resultados con los mismos recursos.
La evidencia internacional muestra de forma consistente que los sistemas con mejores resultados no son necesariamente los que más invierten, sino aquellos que asignan sus recursos con criterios técnicos sólidos. Los países que han avanzado hacia la cobertura universal y servicios de calidad han entendido que la equidad se construye desde la base, con redes integradas, un primer nivel resolutivo y esquemas de financiamiento orientados a resultados. Esto ocurre en marcos institucionales que separan el financiamiento de la provisión, permitiendo que los fondos públicos y privados contraten servicios de distintos proveedores y promuevan la competencia bajo la rectoría de un Estado que garantice estándares de calidad.
Sin embargo, esa forma de organizar el financiamiento y la provisión dista de la realidad peruana. Persiste una desconexión entre la planificación presupuestal y las necesidades reales de la población, y el incremento del gasto suele responder más a dinámicas políticas que a un análisis riguroso de las brechas y demandas sanitarias. A ello se suman la limitada capacidad de gestión, la débil articulación entre los distintos niveles de gobierno y la fragmentación del sistema, factores que reducen de manera significativa el impacto del gasto público. Como consecuencia, el ciudadano no percibe mejoras sustantivas y enfrenta largas colas, desabastecimiento de medicamentos y prolongados tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, lo que erosiona la confianza y profundiza la desigualdad.
De cara al próximo gobierno, los primeros 100 días representan una oportunidad decisiva para reorientar el sistema hacia una lógica de valor, centrada en resultados sanitarios. Esto exige decisiones claras en cuatro frentes. Primero, que el SIS y EsSalud operen plenamente como entidades de financiamiento y aseguramiento, con capacidad para contratar servicios con prestadores públicos y privados e incorporar pagos por resultados bajo supervisión de calidad. Segundo, fortalecer el primer nivel de atención como eje del sistema, priorizando la inversión en zonas rurales y distritos más pobres y asignando al menos el 30 % del presupuesto sanitario a este nivel. Tercero, implementar esquemas de pago por desempeño que alineen los incentivos hacia resultados concretos. Y, finalmente, mejorar la calidad del gasto mediante el uso sistemático de evidencia, con evaluaciones económicas, análisis de impacto y sistemas de información interoperables que permitan decisiones oportunas.
Si bien el Perú aún tiene el desafío de incrementar el financiamiento en salud —hoy bordea el 6.2% del PBI, por debajo del promedio regional—, el debate no puede centrarse solo en cuánto se gasta, sino en cómo se gasta. La discusión de fondo debe enfocarse en la eficiencia, la equidad y el impacto de cada sol invertido. En un contexto de restricciones fiscales y crecientes demandas, el país no puede darse el lujo de asignar mal sus recursos.
En esa línea, el consenso técnico de CADE Salud 2026, impulsado por IPAE Acción Empresarial y construido con el aporte de más de 250 especialistas, plantea un reto claro: pasar del diagnóstico a la acción con una hoja de ruta concreta. La equidad no es una consecuencia automática de un mayor gasto, sino el resultado de decisiones informadas, instituciones que funcionan y una visión de sistema que coloca, efectivamente, al ciudadano en el centro, satisfaciendo sus necesidades de salud con protección financiera.
Rafael Cortez es profesor-investigador del Centro de investigación de la Universidad del Pacífico y miembro del Comité de CADE Salud 2026 de IPAE Acción Empresarial.
