Opinión

Hay más centros de salud mental. Pero atenderte no siempre es fácil

En la última década, el país apostó por acercar la salud mental y abrió más de 300 centros comunitarios. Es un avance. El desafío ahora es que realmente funcionen: en regiones como Ayacucho, donde la necesidad es profunda, aún faltan profesionales especializados y condiciones para atender a tiempo.

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Foto: Max Cabello

Todavía tengo muy presentes los dibujos que hicieron unos niños en un centro de salud mental de Huamanga, en Ayacucho. Los vi en una pared y se quedaron conmigo. No mostraban la guerra de forma directa. Pero estaba ahí: en las casas donde falta alguien, en las personas dibujadas lejos unas de otras, en los niños solos. Había mascotas dibujadas con mucho cariño. También aparecían la muerte y el mal, como los imaginaban. Y la oscuridad. En algunos se asomaba algo más: el deseo de que no los castiguen, de estar bien, de ser felices.

Muchos de esos niños eran hijos y nietos de personas que vivieron la violencia de Sendero Luminoso y de las fuerzas del Estado. En Ayacucho, ese periodo no quedó atrás cuando terminó. Se cuela en la forma de criar, en los silencios, en la vida dentro de las casas. Durante años, el sistema de salud no tuvo cómo responder a eso.

En 2023 recorrí distintas zonas de Ayacucho. Esa historia aparecía una y otra vez. Cuando llegué a Chungui, estaba en todas partes. Es uno de los distritos más golpeados, donde la violencia arrasó con casi la mitad de su población. Ese año, el centro de salud tenía un solo psicólogo, un joven que había llegado por el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) y que estaría ahí apenas un año.

Esa era, en muchos casos, la única opción. Y no solo en Chungui. Así funcionó el sistema en gran parte del país durante años. La atención especializada estaba concentrada en tres hospitales psiquiátricos en Lima y, fuera de la capital, el acceso era mínimo. Buscar ayuda implicaba viajar o no atenderse. Solo una de cada diez personas lo lograba.

Cambiar ese modelo tomó tiempo. La reforma hacia un modelo de salud mental comunitario empezó hace más de una década y siguió adelante en medio de muchas dificultades, incluso una pandemia. He seguido ese camino de cerca. Cuando empezaron a funcionar los centros de salud mental comunitarios en regiones como Ayacucho, estuve en algunos de ellos. Por primera vez, había un lugar cercano y permanente donde las personas podían acudir, no solo brigadas temporales.

Hoy tenemos 305 centros de salud mental comunitarios en todo el país, distribuidos en las 25 regiones. Más del 76% están fuera de Lima. En Ayacucho hay ocho. El más reciente se inauguró hace unos meses en la provincia de La Mar y acerca por primera vez un servicio especializado a distritos como Chungui.

A esa red nacional se suman servicios de hospitalización en salud mental en hospitales generales, 94 hogares protegidos para personas con trastornos graves y la incorporación de atención psicológica en algunos centros de salud del país.

La cobertura —las personas que logran acceder a estos servicios— pasó de 1.9% en 2017 a 34.1% en 2025. Ese avance se sostiene en un cambio clave: entre 2015 y 2025, la inversión en salud mental aumentó más de siete veces, según el propio Ministerio de Salud en su informe reciente Se hace camino al andar.

Aun así, ese avance sigue siendo incompleto. En muchos centros, el personal de salud trabaja con lo justo. Hay pocos psiquiatras; muchos llegan desde otras regiones y solo por algunas horas. Los equipos son pequeños, con psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que cambian con frecuencia. Y en regiones como Ayacucho, la atención en quechua —la lengua en la que muchas personas pueden contar lo que sienten— no siempre está garantizada.

Además, muchos centros de salud mental funcionan en locales prestados o alquilados, con limitaciones para atender como quisieran. Abrirlos fue un paso importante. Mantenerlos funcionando todos los días, en estas condiciones, es lo más difícil.

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Foto: Max Cabello

No hay atención para todos

Cuando el Ministerio de Salud empezó a implementar el modelo de atención de salud mental comunitaria, proyectó que bastaba un centro por cada 100 mil habitantes. Pero pronto quedó claro que no alcanzaba. La necesidad era mayor de lo previsto y hubo que acercar más los servicios: pasar a uno por cada 50 mil personas.

Durante años, miles necesitaron atención, pero no tenían a dónde ir. Cuando los centros empezaron a abrirse, esa demanda apareció con fuerza. Hoy el sistema todavía no alcanza: de cada tres personas, dos siguen sin recibir atención.

Eso se siente en los propios centros. Las citas se llenan rápido, los equipos no alcanzan y no todas las personas pueden continuar su tratamiento. Algunas dejan de ir porque no hay turnos; otras, porque el profesional cambia y tienen que empezar de nuevo.

Sostener estos servicios es hoy un desafío clave. No existe una Dirección General de Salud Mental dentro del Minsa que ordene y acompañe todo el sistema, y esa ausencia se nota. Si al próximo gobierno realmente le importa fortalecer la salud mental en el país, eso no debería seguir pendiente.

En regiones como Ayacucho, eso se traduce en algo concreto: quienes trabajan en estos centros no siempre tienen condiciones para quedarse. Faltan incentivos, estabilidad y reconocimiento.

El modelo de atención de salud mental comunitaria tampoco se limita al consultorio. Muchas veces, lo que afecta a una persona está en su casa, en su familia, en su entorno. Trabajar así implica salir, coordinar y acompañar en el tiempo. Pero ese trabajo también necesita continuidad, que quienes atienden puedan conocer a la comunidad y construir confianza. Y eso, hoy, no siempre es posible.

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Foto: Max Cabello

Lo que está en juego

La salud mental no puede separarse de las condiciones en las que viven las personas: si tienen trabajo, si pueden alimentarse bien, si viven con miedo o con tranquilidad, si han podido rehacer su vida o no.

En Ayacucho, eso se ve con claridad. La violencia no quedó atrás. Marcó a quienes la vivieron y sigue marcando a sus hijos y nietos. Hoy, muchas de esas familias viven en condiciones de pobreza, con menos oportunidades y sin un horizonte claro. Y no es un caso aislado. Es una realidad que, con distintas formas, atraviesa gran parte del Perú.

Frente a eso, el Ministerio de Salud apostó por el modelo de atención de salud mental comunitaria. No para atender solo síntomas, sino para cambiar la forma de responder.

Hoy hay más servicios de salud mental y están más cerca. Pero sostenerlos bien sigue siendo el gran reto. No se trata de empezar de nuevo. Se trata de que lo que ya existe funcione de verdad.

Porque, si eso no pasa, el acceso a la salud mental sigue siendo frágil. Y demasiadas personas se quedan sin atención cuando más la necesitan.

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