Cuando una ley toca una herida tan común como el cáncer, es difícil no emocionarse.
Esta semana, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley del Olvido Oncológico. Una norma que prohíbe que las aseguradoras sigan discriminando a quienes han superado el cáncer, si han pasado cinco años sin recaídas. Por fin, se reconoce algo elemental: haber tenido cáncer no puede ser una condena vitalicia.
Pero también vi algo más: el escepticismo. Comentarios como “algo raro debe haber”, “seguro falta el reglamento”, “el Congreso no hace nada bueno”. Y es comprensible. Vivimos tiempos en los que desconfiar se ha vuelto una forma de defensa, especialmente cuando las leyes vienen de un Congreso tan de espaldas a las necesidades ciudadanas.
Sí, falta el reglamento que debe emitir el Ejecutivo en un plazo de 90 días. Y sí, hay razones para estar alertas. El riesgo de que lobbies del sector asegurador o financiero presionen para debilitar la aplicación de la ley es real. Pero no por eso debemos dejar de mirar lo que significa esta norma para tantas personas. Porque también he visto otra cosa en estos días: esperanza.
He leído mensajes de pacientes y familiares que por fin sienten que alguien piensa en ellos. Que quizás, en unos años, podrán acceder a un seguro sin tener que explicar lo que vivieron. Que no serán castigados por una enfermedad que no eligieron.
Pero mientras celebramos este avance, también debemos mirar de frente lo que sigue fallando. En Perú, muchas personas no llegan a ese umbral de cinco años de supervivencia. Ni siquiera alcanzan un diagnóstico oportuno. Según datos del Observatorio Global del Cáncer, en 2022 se registraron más de 72 mil nuevos casos de cáncer y casi 36 mil muertes. La mortalidad por cáncer en adultos ha crecido 26 % en los últimos cinco años. Y detrás de esas cifras, hay rostros. Vidas que se apagaron sin que el sistema les diera una verdadera oportunidad.
Más del 70 % de los casos de cáncer gástrico en Perú, por ejemplo, se detectan cuando ya están en etapa avanzada. En las regiones, muchas personas deben viajar días hasta Lima para recibir atención oncológica. O vender lo poco que tienen para pagar tratamientos. Algunos simplemente mueren esperando.
Por eso digo que esta ley está bien. Es un paso justo. Pero la justicia verdadera comienza mucho antes. Cuando garantizamos que alguien pueda ser diagnosticado a tiempo. Cuando dejamos de castigar la pobreza con silencio. Cuando no obligamos a las familias a endeudarse para salvar a alguien.
El derecho al olvido es importante, sí. Pero el verdadero derecho que deberíamos proteger con más fuerza es el de vivir. Vivir sin discriminación, sin abandono, sin miedo a que el cáncer, además de enfermedad, sea también condena social y económica.
Ojalá esta ley no quede en papel. Ojalá el reglamento sea claro, fuerte, sin vacíos ni trampas. Ojalá no la traicionen. Porque hay muchas personas mirando con esperanza. Y porque en este país, donde la muerte por cáncer es tan cotidiana, dar motivos para creer también es un acto urgente de salud pública.
