Lo que se roba la corrupción en la salud

Cada vez son más las personas que me cuentan que no logran atenderse o que encuentran hospitales que ya no responden, ni siquiera con lo básico. Leo sus mensajes en el correo, veo pedidos urgentes en redes y escucho reclamos en la radio. Da lo mismo si están en Lima o en una región.

Una madre teme que su hijo no pueda continuar su quimioterapia porque no hay medicamentos. La hija de un adulto mayor cuenta que el tomógrafo de emergencias no funciona. Hay pacientes con citas para dentro de seis meses, cuando el tiempo es justamente lo que no tienen.

Otros hacen lo que pueden para no empeorar o morir. Se endeudan, piden ayuda a sus familias, organizan colectas, rifas, polladas. Intentan cubrir por su cuenta lo que el SIS o el seguro social no están resolviendo.

El sistema de salud en Perú no está fallando por casualidad. Está enfermo. Y la corrupción es una de sus causas más profundas.

En los últimos años, el control del sector salud ha sido parte de acuerdos entre bancadas del Congreso, que hoy concentra el poder y ha profundizado la crisis del país. En ese reparto, ministerios y entidades del Estado se tratan como cuotas. El Ministerio de Salud ha quedado bajo la influencia de Alianza para el Progreso y su líder César Acuña.

Así, hemos tenido un ministro como César Vásquez, militante de ese partido, que colocó a personas de su entorno en direcciones clave y usó el cargo para impulsar obras en zonas donde hoy su grupo político busca respaldo electoral. A Vásquez lo sucedieron otros dos ministros que, aunque no tienen carnet partidario, fueron puestos por el mismo grupo político y tampoco han tenido margen real para decidir.

Hoy sabemos que ese mismo entorno también se ha extendido a EsSalud, el seguro social de salud para trabajadores formales. Familiares, militantes y personas cercanas ocupan cargos estratégicos. Algunos incluso pasan, de un día para otro, a convertirse en proveedores del propio sistema.

Esa es una de las caras más visibles de la corrupción. Pero no es la única, ni donde empieza o termina. Cuando la salud se reparte como botín desde arriba, todo se ve afectado. La corrupción se vuelve una forma de funcionamiento que se repite en distintos niveles. Es el punto al que hemos llegado.

En la alta burocracia se vienen tomando decisiones que, en la práctica, han ido capturando al Estado. Se aprueban regulaciones que favorecen intereses privados, se dejan de lado las necesidades de los pacientes y el dinero público se destina a prioridades que no responden al bien común.

En el medio, funcionarios y profesionales aprueban contratos por conveniencia y no por criterios técnicos, favorecen a proveedores que no siempre son los más idóneos y toman decisiones que terminan afectando lo que llega o no a los hospitales.

Y abajo, en los servicios de salud, estas prácticas se ven todos los días: el médico que no cumple su turno, el equipo malogrado que no se arregla mientras derivan pacientes a una clínica cercana y el medicamento que no aparece en la farmacia.

Todo eso está pasando al mismo tiempo y deja a miles de personas sin atención oportuna, poniendo en riesgo sus vidas.

La magnitud de ese problema también se ve en el dinero que se pierde. Cada año, la corrupción le quita al Estado alrededor de 24 mil millones de soles, más del 12% del gasto público, según la Contraloría. Solo en salud, son entre 1,700 y 2,000 millones de soles anuales que no llegan a convertirse en medicamentos, equipos o más personal de salud.

Estamos a menos de dos semanas de las elecciones generales. La salud no ha estado en el centro de la campaña, pero casi todos los candidatos en carrera han prometido mejorarla, incluso quienes hoy forman parte del mismo pacto parlamentario que la ha deteriorado.

Si el siguiente gobierno realmente quiere cambiar esto, tiene que dejar de tratar la salud como una cuota política. Lo que planteo aquí no es un listado de buenas intenciones. Son condiciones mínimas para empezar a frenar la corrupción en la salud.

Mientras el Ministerio de Salud y sus principales entidades se sigan asignando por negociación partidaria, cualquier intento de reforma será frágil. Necesitamos funcionarios que respondan a criterios técnicos y que tengan una mínima estabilidad para ejecutar políticas que vayan más allá del corto plazo.

Pero eso no basta. Gran parte de la corrupción en salud está en cómo se compra. Ahí se inflan costos, se favorece a proveedores y se toman decisiones sin evidencia, sin priorizar a los pacientes y sin transparencia. Las reglas existen, pero no siempre se cumplen ni permiten seguir con claridad cómo se gasta el dinero público. Cambiar esto implica que esas compras realmente se puedan rastrear paso a paso y que la información sea pública y útil.

También está el uso del dinero. Hoy los recursos son limitados y no siempre llegan a tiempo ni donde hacen más falta. Eso afecta a los pacientes y abre espacios para decisiones arbitrarias y pérdida de recursos. El reto es gastar mejor, medir el presupuesto por resultados, no por gasto.

Los controles importan, pero no sirven si se quedan en el papel. Lo que pasa en hospitales y centros de salud tiene que verse y poder cuestionarse. La vigilancia no puede ser solo institucional, también debe ser ciudadana.

Y hay algo que suele quedar fuera, pero es clave: el primer nivel de atención. Cuando no se resuelve lo básico, se empuja a las personas a buscar soluciones por su cuenta. Y ahí, los abusos crecen. Fortalecer la atención primaria no es solo mejorar servicios, también es reducir espacios donde la corrupción se instala.

Nada de esto es inmediato. Requiere decisiones sostenidas, coordinación entre niveles de gobierno y capacidad técnica que hoy es limitada en varias regiones. Pero es urgente reconocer que la corrupción en salud no es un problema aislado ni solo moral, es un problema de cómo está organizado el sistema.

Y mientras esa forma de organización no cambie, ese calvario que viven los pacientes todos los días no va a desaparecer.