La muerte de al menos cuatro personas —incluida una bebé de un año— y más de una docena de pacientes afectados por el uso de suero fisiológico defectuoso del laboratorio Medifarma no es un accidente. Es el resultado de un sistema de control farmacéutico debilitado y sin capacidad de reacción oportuna.
Hoy sabemos que al menos dos personas atendidas en la clínica Sanna de Trujillo presentaron reacciones adversas el 28 de febrero y el 11 de marzo. Sin embargo, la alerta sanitaria de Digemid recién se emitió el 24 de marzo. Esa demora, que puso en peligro la vida de más personas, debe ser investigada a fondo. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Quién decidió guardar silencio?
Peor aún, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) no fue transparente. En un primer momento informó que había inmovilizado todo el lote del suero defectuoso por exceso de cloruro de sodio. Pero luego, gracias a información obtenida por Salud con lupa, se confirmó que se trataba de 20 mil unidades y que al menos 4 mil no se habían recuperado aún. Recién el viernes 29 de marzo, Digemid envió inspectores a farmacias y clínicas del Cusco para buscarlas.
En medio de esta crisis, el director de Digemid, Moisés Mendocilla, fue removido sin haber dado nunca la cara. Y el ministro de Salud, César Vásquez, ha demostrado no tener el liderazgo ni la capacidad para manejar una situación tan compleja. El sábado 29 de marzo, el Minsa anunció la suspensión del registro sanitario del suero defectuoso y de las operaciones de toda la planta de Medifarma, una de las principales proveedoras del sistema de salud. Esta decisión, aunque necesaria, puede generar problemas graves de abastecimiento en hospitales y clínicas del país, y no hay aún un plan claro para prevenir una crisis de escasez de medicamentos esenciales.
Además, en plena emergencia —tras semanas de silencio y una tragedia en marcha— el gobierno recién evalúa qué hacer con Digemid, una dirección que ha sido debilitada durante años, relegada políticamente y sin respaldo técnico real. Hoy enfrentamos las consecuencias más graves de ese abandono.
Digemid no tiene autonomía presupuestal: depende de los recursos que recauda el Ministerio de Salud por emitir certificaciones, pero esos fondos no se reinvierten de manera adecuada para mejorar sus procesos ni fortalecer su capacidad operativa. Sin personal suficiente, sin equipos modernos y sin un marco institucional sólido, no puede cumplir eficazmente con su rol de proteger la salud pública.
En este contexto, el pedido de perdón de Medifarma no basta. La empresa debe asumir responsabilidad legal, ética y económica por cada vida perdida y por cada paciente afectado. La justicia y la reparación no pueden quedar sujetas a una disculpa pública.
Pero el foco también debe estar en el futuro de la institución encargada de prevenir que esto vuelva a ocurrir. La solución no pasa solo por nombrar a una nueva persona al frente de Digemid, sino por garantizar que cuente con las condiciones para ejercer su función sin interferencias ni presiones externas.
Él o la próxima titular deberá asumir retos urgentes y complejos: recuperar la confianza ciudadana en una autoridad golpeada, romper la subordinación política a un ministro que ha priorizado el control sobre la salud, y resistir la presión de sectores del Congreso que han buscado recortar y debilitar sus funciones.
Hoy más que nunca, es crucial avanzar hacia una transformación real de Digemid: convertirla en un Organismo Técnico Especializado verdaderamente independiente, con autonomía operativa, presupuesto propio, liderazgo técnico y capacidad sancionadora efectiva.
Desde Salud con lupa lo decimos con claridad: la autonomía de Digemid no puede ser una promesa vacía ni una reforma a la medida de intereses particulares.
Debe ser una herramienta real para blindar la salud pública del cálculo político y de los intereses del mercado.
Porque cuando la vigilancia sanitaria falla, las consecuencias se cuentan en vidas perdidas.
