Desde que a finales de 2019 se inauguró la carretera que llega a la comunidad achuar de Copataza, la vida de estos ciento ochenta indígenas cambió. Y no exactamente para mejor, como promete el discurso oficial de la modernidad y el progreso. Por ella arriban centenares de comerciantes de todo el país en busca de la madera del árbol balsa, el que se tala con más voracidad al nororiente del Ecuador. Esta especie, propia de los bosques húmedos de la Amazonía, supera los treinta metros de alto, dando sombra suficiente para que crezcan otras plantas, y el néctar de sus flores alimenta a distintos insectos y animales. Los seres humanos también aprovechan sus características: los troncos de balsa se utilizan para construir muelles, muebles y hasta tablas de ski. Conscientes del valor de sus bosques, los achuar —una de las quince nacionalidades indígenas ecuatorianas— siempre se han opuesto a las carreteras y a toda infraestructura que facilite la extracción masiva de sus recursos. Llevarse toneladas de madera a través de la corriente del Pastaza, un río que atraviesa sus tierras, es más complicado que hacerlo por una libre ruta de asfalto.
El peligro que no pudo advertir esta comunidad achuar fue la llegada de una pandemia a través de la carretera. Algunos de sus líderes suponen que los madereros trajeron el nuevo coronavirus en sus constantes entradas y salidas durante febrero o marzo de este año. Domingo Peas, un hombre achuar que es coordinador de la iniciativa Cuencas sagradas: territorios para la vida, cuenta que un “montón de madereros” llegan a Copataza en camiones desde ciudades como Guayaquil, Puyo y Ambato. Más allá de esa especulación, no hay información muy clara sobre la propagación de esta nueva enfermedad en su territorio. Pero lo que sí asegura Peas es que, a la fecha, son aproximadamente quinientos achuar los que presentan síntomas de COVID-19. El medio millar que señala no corresponde a casos confirmados a través de pruebas moleculares de diagnóstico, ni a pruebas rápidas, sino a una cuenta de personas con fiebres, tos y otros síntomas propios de esta enfermedad hecha por la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), un organismo creado por un grupo de comunidades achuar a inicios de los noventa para representar jurídicamente a su pueblo.
Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado apenas veintidós contagios indígenas. Domingo Peas cree que las autoridades no están diciendo la verdad e insiste en que son quinientos contagiados. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), en las once nacionalidades amazónicas se han hecho 2.673 pruebas de detección: 1.276 han dado positivo y 37 personas han muerto. Hasta ahora ninguna ha sido achuar.
Aunque han logrado soportar mejor que otros la llegada del coronavirus, la situación de los achuar no deja de ser frágil. Es difícil saber cómo podría afectar un virus nuevo a pueblos con menor contacto con el mundo occidental. Cuando la gente empezó a enfermarse, dice Domingo Peas, los achuar creyeron que era una gripe fuerte. “Entonces no decían nada, hacían su vida normal”. El COVID-19 es tan desconocido para los pueblos amazónicos que los ancianos de la nacionalidad se reunieron para darle un nombre. Le pusieron yajasmau sunkur, que en achuar significa “la enfermedad exterminante”. Si para el mundo occidental es difícil enfrentar esta pandemia, “lo es mucho más para quienes ni siquiera tienen palabras para describir lo que pasaba”, dice Verónica Potes, experta legal en relaciones entre comunidades indígenas y el Estado.
Fronteras cerradas
Durante décadas, la oposición achuar a la carretera fue monolítica. Esa resistencia no era a la construcción en sí, sino a lo que representa. Es como si esta nacionalidad indígena hubiese visto un cuadro surrealista: más que una carretera, observaba la llegada de industrias extractivas —en especial, la del crudo. Luis Vargas, uno de los fundadores de la NAE, advierte que una vía representa más peligros que oportunidades: “El carácter del achuar es no querer la intromisión de la colonización, de la carretera, porque si lo permitimos, aflojamos nuestra identidad, nuestras costumbres, y nuestro territorio”.
Hay suficientes experiencias previas para fundamentar ese recelo. “Si coges un mapa y buscas dónde está la Amazonía petrolera destrozada es al norte del Ecuador”, dice la experta legal Verónica Potes. “Ahí están los waorani, que lucharon bastante, pero lo que se les vino encima fue tan abrumador que no lo pudieron enfrentar. En ese sentido, los achuar sí han podido resistir”, dice Potes.
Lo que se les vino a los waorani fue la depredación petrolera. En 1978, el primer barril de petróleo que exportó el Ecuador de su Amazonía fue paseado sobre un tanque de guerra en medio de una parada militar para celebrar el nacimiento de lo que se llamaría el primer boom petrolero del país. Ese crudo se extrajo de la tierra donde los waorani han vivido desde antes de 1958, año en el que un grupo misionero estadounidense los localizaron por primera vez.
Para hacerlo, se deforestaron bosques, se envenenaron ríos y se compraron lealtades. A medida de que las industrias colonizadoras avanzaban, la identidad waorani se desdibujaba. Sus tierras se llenaron de colonos y migrantes, de ingenieros petroleros y tractoristas. Con ellos llegaron prácticas que los nativos de la zona nunca habían conocido: el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, el juego y la prostitución. Todas llegaron por las carreteras que se construían para que entren las máquinas y salga el petróleo. Muchos waorani dejaron sus comunidades amplias de casas espaciosas y se fueron a las ciudades que el crudo fue armando en medio de la selva. Empezaron a enfermarse, empobrecerse y alienarse. Al ver lo que pasó en el norte, los achuar declararon que la oposición a las actividades extractivas en su comunidad sería uno de los tres pilares en los que trabajaría la NAE. Para eso se creó: para defender sus derechos, cultura, idioma y territorio. Hasta ahora, entre sus principales logros está haber conseguido que el Estado ecuatoriano reconozca a los achuar, a través de títulos legales, la propiedad de setecientas mil hectáreas.
Pero, desde hace un par de años, algunos jóvenes achuar ven a la carretera con mejores ojos que sus mayores. Las ven como un puente al resto de un mundo urbano en el que hay dinero, Internet y ciertas comodidades urbanas que no existen en la selva. Según Domingo Peas, las empresas de madera aprovecharon este deseo y enviaron a subcontratistas a “comprar a algunos líderes”. Los achuar que ganaban cerca de un dólar mensual, pasaron a recibir entre tres mil y cinco mil dólares al mes. “Se vuelven locos con tanto dinero y ahí es cuando empiezan a talar balsa sin miedo”, dice Peas.
No es que los achuar se nieguen al contacto con mestizos y colonos, pero quieren hacerlo sin tener que sacrificar ni su identidad ni el bienestar de su entorno. Y existen otras opciones de comunicación menos invasivas y más controladas que una carretera. Antes de la pandemia del COVID-19, la organización no gubernamental Kara Solar estaba por lanzar al agua su segundo bote propulsado por la energía del sol, como una alternativa para evitar que se construyan nuevas vías en el territorio indígena de Copataza. Su primera embarcación la crearon en 2018 para la comunidad achuar de Sharamentsa, a dónde solo se puede llegar caminando, por río o en avioneta. Hasta hoy, no hay ninguna carretera en esta comunidad ni tampoco un solo caso confirmado de COVID-19.
La resistencia achuar
Para entrar y salir del territorio achuar hay que ser invitado por ellos y la NAE tiene que aprobar la incursión. Una mañana de diciembre de 2012, el rumor del motor de una pequeña avioneta se oyó en la comunidad achuar de Charapa, recuerda la experta legal Verónica Potes. La avioneta aterrizó en la pista de tierra y de ella bajó un funcionario del Ministerio de Ambiente que ya era conocido en la zona. “Los achuar lo recibieron con amabilidad pero le dijeron que nadie les había notificado de su visita. Así que, sin ningún tono confrontativo, señalaron que no podía hacer ninguna medición. Lo invitaron a comerse una gallina y el hombre se tuvo que regresar por donde vino”, cuenta Potes.
Ahora, en tiempo de pandemia, ese impulso a defender lo suyo les ha dado a los achuar una ventaja. Los contagios no han alcanzado a las comunidades indígenas más alejadas, a donde solo es posible llegar caminando, remando o aterrizando. Los achuar que se contagiaron mientras estaban en la ciudad de Puyo, a tres horas de su territorio, decidieron no regresar a sus comunidades hasta recuperarse. “La suspensión de los vuelos hacia las comunidades que ordenaron las autoridades achuar han permitido que, prácticamente, se controle la pandemia”, dice Andrés Tapia, dirigente de la Confenaie.
Además, la dirigencia achuar ha conseguido lo que hasta ahora no hace el Estado. Las primeras pruebas que se hicieron fueron de detección rápida, autogestionadas por la NAE y la Confenaie con el apoyo de ciertas organizaciones no gubernamentales y universidades privadas. “De las autoridades gubernamentales ha existido una respuesta tardía”, dice Andrés Tapia. “Ya estamos pasando el tercer mes de pandemia y prácticamente hace uno, luego de tantas alertas y vocería que hemos hecho, hubo un intento de atención hacia los territorios”, dice el dirigente de la Confenaie. Tapia critica no solo la demora en aparecer del Estado, sino su incapacidad para comprender la amenaza que representa una enfermedad como el COVID-19 para las comunidades y territorios indígenas. Consultado a través de pedidos de información, el Ministerio de Salud nunca contestó las preguntas que se le hizo para este reportaje.
Para prevenir el contagio, el 21 de abril de 2020, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que la Organización Mundial (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS) revisaron y aprobaron un documento con indicaciones de prevención de la pandemia. La cartilla está traducida a siete lenguas indígenas para facilitar su comprensión entre las distintas comunidades. Junto a la Confeniae, se repartieron más de diez mil cartillas con información sobre el COVID-19 y se produjo treintaiocho cuñas para ser transmitidas en radios comunitarias y comerciales. Las medidas de prevención van desde el lavado de las manos, el uso de mascarilla hasta evitar realizar asambleas o mingas comunitarias. Incluso hay recomendaciones como no tomar del mismo vaso de chicha. Las organizaciones achuar entienden cómo cuidarse mejor entre ellos pues lo hacen a partir de sus costumbres y realidades.
El aguante en comunidad
La geografía de algunas comunidades indígenas de América Latina las ha protegido por un tiempo frente a la nueva pandemia. Sin embargo, la codicia de los gobiernos centrales por sus recursos naturales les arrebató esa ventaja: con los camiones y las máquinas de las petroleras, mineras y madereras llegaron enfermedades desconocidas para ellos. Se enfermaron y se empobrecieron y la prometida asistencia estatal para su salud, el respeto a sus modos de vida, sigue pendiente.
Sin establecimientos de salud, escuelas ni otros servicios básicos, indígenas como los achuar tienen que salir de su territorio para conseguir lo que necesitan. Muchos de sus niños, niñas y adolescentes estudian en Puyo porque no hay opciones cerca a casa. En el desplazamiento, dice el estudio de un grupo experto que asesora al Comité de Operaciones de Emergencia en Ecuador, está uno de los mayores factores de contagio. Incluso sin clases presenciales, los estudiantes achuar se siguen moviendo. En la mayoría de sus comunidades no hay conexión a Internet y tienen que salir hasta Copataza para tomar sus lecciones online.
Dentro de sus tierras, los achuar han desplegado la solidaridad que los caracteriza para sostenerse frente al nuevo virus. “Nosotros vivimos de la caza y la pesca. Alguien como yo, con una fiebre de cuarenta grados, no puede hacer ninguna de las dos cosas”, dice Domingo Peas, quien estuvo enfermo de COVID-19. Los contagios en las comunidades achuar de mayor contacto, como Copataza o Pumpuentsa, han impedido que haya una provisión constante de alimento. “Mi sugerencia es que nos cuidemos entre todos. Si yo cojo un bagre de treinta o cuarenta libras, les mando aunque sea una libra a cada familia. La pesca se tiene que repartir para que todos tengan siquiera una merienda o un almuerzo”, señala Domingo Peas.
Mientras que llega la respuesta del Estado ecuatoriano, los achuar están reaccionando frente a la pandemia con la autonomía que los ha definido siempre. El COVID-19 es una enfermedad que supera con creces el ritmo de la burocracia. Si el gobierno no les manda los medicamentos que necesitan, ellos están haciendo todo lo posible para mantenerse a salvo con su medicina ancestral. Incluso, con ayuda de organizaciones como Fundación PachaMama, los dirigentes achuar han conseguido inyecciones de vitamina B y C para fortalecer el sistema inmunológico de sus comunidades.
Desde su creación, la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) ha tenido que velar por sus propios intereses. Son cerca de doce mil indígenas que han aprendido a organizarse porque se han visto obligados a llenar los vacíos del Estado. Sin embargo, esta independencia no debe ser malinterpretada. En medio de una pandemia, los achuar necesitan que el Estado se haga presente. Que las autoridades ecuatorianas no volteen solo a verlos cuando desean sus recursos naturales. Que la carretera sirva para recibir las pruebas PCR y medicamentos que necesitan y no solo para ver partir las maderas de sus árboles. Mientras esto sucede, Domingo Peas le agradece a diario a Arutam, el espíritu de la selva y de todos los ancianos que ya no están con ellos, que ningún achuar haya muerto por COVID-19.
Las imágenes de este texto fueron realizadas en el marco del proyecto Rainforest Defenders, de democraciaAbierta, financiado por el Rainforest Journalism Fund de Pulitzer Center.
