Antes de que empezara la pandemia, América Latina atravesaba un momento difícil. El 2019 se había caracterizado por grandes escándalos de corrupción en todo el continente, protestas sociales y represión en varios países, polarización política, violencia criminal, crisis migratorias, ausencia institucional y de liderazgo, y se alertaba ya sobre un panorama económico gris que terminó siendo negro: una contracción del 7.2 por ciento, que se traduce en millones de nuevos pobres y desempleados como resultado de la parálisis en todos los sectores productivos por las largas cuarentenas.
Ante esta situación, a los países de la región les urge vacunar a la mayor cantidad de personas, pero no será fácil por varias razones. Para empezar, sólo unos pocos países están intentando desarrollar sus propias vacunas: Brasil, Cuba, México, Argentina y Perú, pero todas están apenas en las primeras etapas así que los gobiernos están apostando por conseguir algunas de las que están en fases más avanzadas y ya se están produciendo en laboratorios de Estados Unidos, Europa o China.
Es difícil saber cuál será el precio de una vacuna final, depende del tipo de tecnología que utilizan y de dónde se producen. No es claro si tendrán costos distintos dependiendo de la demanda de cada país, si van a hacer descuentos por volumen o por pagos adelantados. Todos estos acuerdos se están llevando a cabo de manera privada y sigilosa.
"Los países están tratando de diversificar sus portafolios para tener mayor capacidad de acción", dice Andrés Vecino, profesor de salud internacional de la Universidad John Hopkins. Pero en América Latina, con excepción de Brasil, ninguno tiene un músculo tan poderoso para negociar bien bilateralmente. "Estamos en el peor de los mundos porque al ser países de medianos ingresos no pueden recibir donaciones, y tampoco tenemos capacidad adquisitiva o de producción".
A pesar de que la región tiene actualmente un gran números de casos de coronavirus -lo ideal para adelantar ensayos clínicos de las vacunas candidatas- solo Brasil ha tenido una gestión realmente efectiva ante los laboratorios internacionales para que sus ciudadanos sean incluidos en varios de los estudios clínicos y que luego, como parte de la negociación, puedan producir dosis de esas vacunas en plantas nacionales. Hay otros ensayos clínicos en Argentina, México, Perú y esfuerzos puntuales en Chile a través de la academia y uno en Colombia, pero ninguno de estos países tiene la infraestructura, recursos y capacidad instalada de Brasil para producir las dosis que necesitaría su población.
Una posibilidad que le queda a los otros países de la región en medio de esta emergencia son acuerdos para "maquilar", es decir comprando la sustancia en grandes volúmenes para envasarla en plantas locales. O dividirse el proceso de producción, como quedó establecido en el acuerdo que se logró entre la Fundación Slim para producir la vacuna de Oxford-Astrazeneca: un laboratorio en Argentina se encargará de la sustancia y una planta en México hará todo el proceso de empaque. Este tipo de iniciativas son importantes porque rompen un poco la dependencia industrial del continente a otros países en un momento en que todos están tratando de atender sus propias emergencias.
El Serum Institute en la India, por ejemplo, es la planta de vacunas más grande del mundo. Ellos también han llegado a un acuerdo para producir la de Oxford-Astrazeneca para los países más pobres del mundo. Su director ha dicho que el gobierno de su país no les ha exigido que deben priorizar las dosis para su población, pero sí que se aseguren que van a producir suficiente para la India, donde no son pocos: 1.350 millones de personas.
Más allá de lo que logren los acuerdos puntuales, como están en una posición desventajosa la mayoría de los países de Latinoamérica prefiere negociar en bloques regionales para buscar mejores precios de medicamentos y vacunas. Así lo han venido haciendo durante años a través de alianzas como el COMISCA (Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana) o el Organismo Andino de Salud Hipólito Uname, con sede en Lima, que representa a los países de la cordillera, desde Chile hasta Venezuela. A través de la UNASUR y MERCOSUR también se han hecho esfuerzos regionales para la compra de medicamentos conjuntos, por ejemplo para la hepatitis C.
Para toda la región de las Américas también existe, desde hace 35 años, el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, y más recientemente, en el 2000, se creó un mecanismo aún más amplio: la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización (GAVI) en la que participan la Fundación Bill y Melinda Gates, la OMS, UNICEF y el Banco Mundial, junto con otras ongs locales más pequeñas, distintos gobiernos y empresas privadas alrededor del mundo.
Ante el surgimiento de la pandemia, la OMS, GAVI, CEPI (Coalición para la innovación en preparación para Epidemias) crearon el ACT (Access to Covid-19 Tools) en la que gobiernos, organismos internacionales, científicos, sociedad civil, etc. trabajan juntos y no en competencia, para que haya un acceso equitativo a medicinas, equipos y tests de diagnóstico y vacunas bajo la premisa de que: "Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo".
Dentro de ACT se creó un fondo común para vacunas conocido como COVAX. La idea es que este mecanismo sea un intermediario entre los países que necesitan las vacunas y los productores. El esquema le apuesta a la idea de que entre más países y más fabricantes participen mejor, así se comparten los riesgos y los costos, ya que no existe ninguna garantía de que una u otra vacuna funcione. Además, ningún productor puede satisfacer sólo la demanda. La meta es poder tener 2000 millones de dosis listas para el final del 2021.
Negociaciones en América Latina
Hasta el momento, COVAX ha tenido buena acogida entre países pequeños y medianos, entre ellos casi todos los de América Latina. Para participar, deben enviar sus cartas de compromiso a más tardar el 31 de agosto y pagar un 15 por ciento por anticipado, que se destinará a la inversión y al pago de los primeros lotes. El mecanismo se compromete a cubrir las dosis para el 20% de la población de cada país, que deben ser aplicadas de manera prioritaria, siguiendo las recomendaciones de la OMS, al personal médico, mayores de 60 y luego otros grupos vulnerables. Además de estas dosis compradas, según la directora de la OPS, Carissa Etienne, algunos de los países más pobres de la región (Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y varias islas del Caribe) también podrían recibir donaciones.
Quedan pocos días para que se cierre el plazo, y el problema es que no ha tenido tan buena recepción en los países grandes y poderosos, como Estados Unidos, que ha preferido ir por su propia cuenta o los países europeos que decidieron armar sus propios bloques. Francia, Alemania, Italia y Holanda crearon la Inclusive Vaccine Alliance primero, que se integró luego a un esfuerzo más amplio de toda la Unión Europea. Aun así, en Europa ha habido mucha discusión y presión para que sus países se unan a la iniciativa.
En cuanto a los fabricantes, COVAX tiene un portafolio de nueve posibles vacunas hasta el momento, entre las que se encuentran dos de las que están en fase III: la de AstraZeneca-Oxford y la de Moderna. Etienne explicó en días pasados que todas las vacunas del fondo tendrán que ser aprobadas previamente por la OMS, pero aún no es muy claro cómo se decide qué vacuna escogen los países y si a la vez podrían negociar sus propios acuerdos bilaterales por su lado. Según Carlos Durán, ex viceministro de salud del Ecuador e investigador de la Universidad de Ghent, en el tema de acceso a medicamentos: "Eso terminaría rompiendo la lógica misma de la solidaridad".
A Durán también le preocupa la capacidad de seguimiento que hay en los países para monitorear la efectividad, los riesgos y efectos adversos posteriores de las distintas vacunas, una vez sean aplicadas. Lo que ha pasado históricamente es que los gobiernos adquieren las vacunas y las incluyen dentro de sus planes gratuitos nacionales, pero también permiten que éstas entren al mercado privado. "¿Qué va a pasar con las de COVID-19? Si todos quieren entrar al mercado privado, ¿van a poder o no? Ahí es donde veo más riesgo", dice.
Otro factor que los gobiernos tienen que considerar a la hora de hacer las compras es si son vacunas de una o dos dosis y si necesitan cadena de frío (la mayoría necesitan estar refrigeradas a 4-7 grados). Esto puede dificultar la distribución en algunos países, y dentro de ellos en zonas específicas, que pueden dificultar el proceso de inmunización, dice el doctor José Esparza, virólogo venezolano y profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos.
Países como México han dicho que cuentan con todos los recursos para vacunar a la población de manera gratuita, Colombia también ha dicho que asumiría esos costos, pero hay una gran diferencia entre comprar vacunas con tecnología RNA a $40 dólares, como las que están desarrollando Moderna o Pfizer, o las de vectores o virus inactivado a $2-$4 como la de Astrazeneca-Oxford, o incluso las vacunas chinas o rusa.
Dos análisis del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia y el grupo DIME evalúan que las vacunas más caras serían inasequibles para varios de los países de la región, pues solo inmunizando a la población prioritaria (personal de salud y mayores de 60) gastarían hasta cinco veces más de lo que tienen en sus presupuestos nacionales.. Ante esta realidad, la mayoría tendrá que acudir a préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero otros, como Venezuela, por razones políticas tendrán que buscar otras alternativas, como el crédito de 1000 millones de dólares que ofrece China.
En medio de las negociaciones que todos están haciendo con los distintos laboratorios, gobiernos o mecanismos de compra colectivos como COVAX o el fondo de vacunas de la OPS, tratando de poner los huevos en la mayor cantidad de canastas disponibles, hay un punto clave que ha pasado un poco desapercibido y que también es determinante para los costos de las vacunas y la posibilidad de los países de la región de adquirirlas: ¿las vacunas contra el COVID-19 serán un negocio o un bien público?
El presidente chino Xi Jinping y también su canciller, en la cumbre virtual con sus homólogos en América Latina, anunciaron que las vacunas que desarrolle su país serían un bien público, y por eso tendrían precios más baratos. Sin embargo, la de Cansino ya se convirtió en la primera vacuna de su país contra el COVID-19 en recibir una patente.
Resulta paradójico que aunque la mayoría de las vacunas están recibiendo miles de millones de fondos públicos de varios países, ni los gobiernos, ni la gente les exija a los fabricantes esta condición. "No veo que haya mecanismos ni muchos países dispuestos a dar esta pelea", dice Andrés Vecino.
Esa consciencia que hoy está ausente en los líderes políticos, en los ciudadanos y en quiénes están desarrollando las vacunas contra el COVID-19 existió en otro momento. Cuando le preguntaron al doctor Jonas Salk si patentaría la vacuna que había desarrollado contra el polio, a mediados de los años 50, con el apoyo de millones de dólares donados por los mismos ciudadanos en un esfuerzo gigante que se llamó The March of Dimes (la marcha de los centavos) no tuvo dudas: la vacuna era de todos, y para complementar su respuesta dijo: "¿Se puede patentar el sol?"
Tampoco tuvo dudas su principal competidor, Albert Sabin, quien terminó desarrollando la versión oral que remplazaría a la de Salk. Nunca quiso patentar su vacuna que se produjo masivamente en la Unión Soviética, a pesar de que Sabin era polaco-estadounidense y estaba en pleno desarrollo la Guerra Fría, demostrando que la ciencia y el sentido de solidaridad era más importante que una disputa de superioridad geopolítica o de patentes. En enero de 1959, al mismo tiempo en que triunfaba la Revolución Cubana en La Habana, empezaba una misión sin precedentes que culminaría a los pocos meses en un triunfo menos mediático pero no por ello menos importante: 10 millones de niños soviéticos serían inmunes al polio.
