La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ha difundido un pronunciamiento con afirmaciones falsas e infundadas sobre los reportajes de Salud con lupa acerca del impacto de la agroexportación en la disponibilidad de agua en Ica. En la misma línea, su presidente, Gabriel Amaro, declaró en una entrevista radial que somos “una organización ideologizada” con “informes sesgados” destinados —según sus palabras— a perjudicar a los agroexportadores peruanos.
Estas acusaciones carecen de sustento. Nuestros reportajes se basan en información oficial, testimonios recogidos en campo y múltiples fuentes técnicas y documentales, elaborados bajo los principios de verificación y rigor que caracterizan nuestro trabajo periodístico.
Ante la difusión de estas declaraciones, Salud con lupa considera necesario responder con la misma herramienta que guía su labor: la información verificada y sustentada en evidencia.
Sobre el origen de los fondos de la investigación
La AGAP ha difundido afirmaciones falsas sobre el financiamiento de los reportajes de Salud con lupa. En su pronunciamiento, asegura de manera equivocada que estos provienen de “una ONG de origen sudafricano”, en alusión a la Fundación Bertha, y sugiere la existencia de vínculos con competidores del Perú en los mercados agrarios internacionales.
Esa versión carece de fundamento. La Fundación Bertha es una organización benéfica registrada en Suiza y nunca ha estado registrada en Sudáfrica. Apoya a abogados de derechos humanos, movimientos de justicia social, emprendedores sociales y académicos, y gestiona espacios de hostelería en Sudáfrica y otras partes del mundo. Financia proyectos relacionados con la libertad de prensa, la justicia social y la protección del medio ambiente en diversas regiones, tal como se indica públicamente en su sitio web. No existe ningún vínculo entre la Fundación Bertha y los productores agrícolas competidores del Perú.
La beca otorgada a la periodista Fabiola Torres fue resultado de un concurso internacional abierto y competitivo de proyectos de investigación periodística, con 226 postulaciones de todo el mundo durante 2024. Fue una de las 13 personas seleccionadas en una convocatoria transparente, cuyos resultados y criterios de selección son públicos y verificables.
Los reportajes desarrollados por Salud con lupa en el marco de esta beca son investigaciones basadas en evidencia, elaboradas con independencia editorial y siguiendo los más altos estándares del periodismo.
Salud con lupa rechaza categóricamente las afirmaciones de la AGAP que buscan desacreditar nuestro trabajo e intimidar a periodistas por informar sobre temas de interés público. Este pronunciamiento ocurre en un contexto en que el Gobierno peruano ha promulgado la Ley APCI, que impone controles y autorizaciones previas a organizaciones sin fines de lucro que reciben cooperación internacional, incluidos los medios de comunicación.
En ese marco, el llamado de la AGAP a que “el Gobierno investigue a las ONGs” constituye un acto de presión e intento de censura indirecta, contrario a los principios de libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información. Lo más grave es que dicho llamado se sustenta en afirmaciones falsas.
Sobre el impacto de la agroexportación en la disponibilidad hídrica
La AGAP sostiene que los cultivos de agroexportación no tienen impacto en la disponibilidad de agua en el valle de Ica y atribuye la escasez únicamente a factores como la falta de infraestructura, la informalidad y la limitada capacidad de gestión del Estado. También afirma que el uso de aguas subterráneas por parte del sector formal no afecta el acceso al agua de los pequeños agricultores y que “no existen estudios” que demuestren el agotamiento de los pozos.
Estas afirmaciones son falsas. La propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) y diversos estudios académicos han documentado la sobreexplotación del acuífero de Ica, cuyo nivel desciende cada año por el uso intensivo de pozos destinados al riego de cultivos agroexportadores. En nuestra investigación, tras revisar las resoluciones directorales emitidas por la ANA, identificamos al menos 50 empresas, la gran mayoría agroexportadoras formales, que perforaron y usaron pozos sin autorización y luego los regularizaron gracias a la amnistía hídrica aprobada en 2015, la cual permitió formalizar perforaciones incluso en zonas donde las reservas subterráneas estaban al límite o bajo veda por emergencia.
Esa política marcó un punto de quiebre: con la tolerancia de las autoridades, se consolidó en Ica un modelo extractivo que se profundiza cada año, sostenido por sanciones simbólicas y normas flexibles que mantienen la sobreexplotación del agua bajo apariencia de legalidad.
Los informes técnicos de la ANA evidencian el impacto de ese modelo en los niveles del acuífero.
El Plan de Gestión del Acuífero del Valle de Ica y Pampas de Villacurí y Lanchas señala que la napa freática desciende, en promedio, 1,4 metros por año debido a la expansión de hectáreas destinadas a la agroexportación.
El Estudio Hidrogeológico del Acuífero de Ica (2017) reporta que se extrajeron 365,7 millones de metros cúbicos de agua, frente a una recarga de 179,4 millones; es decir, una sobreexplotación superior a 186 millones de metros cúbicos. El documento advierte que el incremento de la extracción subterránea ha generado un desbalance entre el ingreso y el egreso del acuífero, deteriorándolo en cantidad y calidad.
Otro estudio de la ANA, la Evaluación de la Veda de los Acuíferos Villacurí y Lanchas (2017), confirma la tendencia: del acuífero de Villacurí se extraen 169,9 millones de metros cúbicos al año, mientras que solo se recargan 91,7 millones; en Lanchas, la extracción es de 64,8 millones, frente a una recarga de apenas 18,2 millones. En ese informe se precisa además que la agricultura es la actividad que más agua consume del subsuelo en la región.
Incluso la propia Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), que agrupa a las principales empresas agroexportadoras, reconoce el descenso sostenido del nivel freático. Según sus registros, en el distrito de Santiago un pozo de observación muestra un descenso de 0,80 metros por año, mientras que en Los Aquijes la caída alcanza 0,55 metros entre 2017 y 2021.
Todo esto ocurre pese a la veda impuesta por la Resolución Jefatural N.º 0763-2009-ANA, que prohíbe nuevas perforaciones en los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas y que, más de una década después, continúa vigente sin haber logrado detener la sobreexplotación del recurso.
Un informe de Water Witness International confirma esta realidad y aporta una mirada complementaria. El estudio señala que existen múltiples factores que impulsan los patrones insostenibles e injustos de uso del agua en el valle de Ica. Entre ellos, la escasa inversión en infraestructura y servicios hídricos para los miles de personas que trabajan en el sector agroexportador, muchas de las cuales viven en asentamientos informales. Sin embargo, destaca que el declive y la degradación del acuífero Ica–Villacurí son consecuencia de la extracción incontrolada de agua subterránea para la producción agroexportadora, muy por encima del rendimiento sostenible del acuífero.
El informe recoge múltiples fuentes de evidencia —incluidos testimonios de reguladores, agricultores y especialistas— que coinciden en señalar la rapidez con la que desciende el nivel freático y la creciente salinización de las aguas subterráneas en la región.
Sobre el uso del informe de Water Witness International como fuente
La AGAP ha difundido afirmaciones incorrectas respecto al informe de Water Witness International citado por Salud con lupa. Dicho documento, titulado ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en Perú?, es uno de los estudios más completos realizados hasta la fecha sobre los retos hídricos que enfrenta Ica, principal centro agroexportador del país. Analiza la sostenibilidad del uso de las aguas subterráneas, evalúa la eficacia de las medidas de gestión actuales y propone recomendaciones orientadas a proteger los beneficios económicos del sector a futuro.
En un pronunciamiento reciente, Water Witness International precisó que este estudio fue solicitado por el propio Gobierno peruano en 2022 para respaldar los compromisos asumidos en la Declaración de Glasgow sobre huellas hídricas justas, firmada durante la COP26. Como país signatario, el Perú se comprometió a garantizar que el uso del agua en sus principales sectores de exportación sea sostenible, equitativo y resiliente al cambio climático hacia 2030. El estudio fue financiado por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo. No existe, por tanto, ninguna relación entre su elaboración y supuestos intereses comerciales o nacionales de competidores del Perú, como sostiene la AGAP.
El informe se elaboró a lo largo de más de dos años de trabajo de campo, análisis y verificación. Incluye información de la Autoridad Nacional del Agua, registros históricos de niveles subterráneos en 20 pozos monitoreados durante 25 años, estudios científicos revisados por pares, análisis institucionales de la OCDE y observaciones directas. Además, el equipo de investigación entrevistó a 79 representantes de 35 organizaciones —entre ellas empresas agroexportadoras, entidades públicas, universidades, organizaciones civiles y comunidades locales— con el fin de reflejar una visión técnica y equilibrada.
Según Water Witness, las evidencias recopiladas muestran una sobreexplotación sostenida del acuífero Ica–Villacurí durante las últimas dos décadas, impulsada por la creciente demanda de riego para la agricultura de exportación. El informe señala que, aunque es importante fortalecer las medidas de recarga gestionada, la única vía hacia la sostenibilidad a largo plazo es una reducción significativa de la extracción subterránea, mediante el cierre de pozos ilegales y un uso controlado de los pozos legales.
Las afirmaciones de la AGAP de que el informe busca “desacreditar a los agroexportadores peruanos” carecen de fundamento. Por el contrario, el estudio ofrece una evaluación técnica e independiente de los problemas que enfrenta el sector, las autoridades y las comunidades locales, y plantea medidas constructivas para restablecer el equilibrio del acuífero, mejorar el acceso al agua y al saneamiento en la región y asegurar la productividad económica futura del valle en beneficio de todos los peruanos.
Sobre el interés público y nuestra misión
Salud con lupa reafirma su compromiso con el interés público y rechaza categóricamente cualquier intento de vincular su labor con intereses subalternos o acusarla de “traición a la patria”, como deslizó el presidente de la AGAP, Gabriel Amaro, al pedir que el Gobierno nos investigue y sancione.
Nuestros reportajes sobre el uso del agua en regiones agroexportadoras nacieron de una preocupación genuina por el impacto que este modelo tiene en la vida de las comunidades y en los ecosistemas. Defendemos una agricultura local y de exportación que sea sostenible y responsable con el entorno.
Asimismo, la AGAP omite en su pronunciamiento y en las declaraciones públicas de su presidente que Salud con lupa siempre ha buscado recoger la voz del sector agroexportador. En todas nuestras investigaciones solicitamos entrevistas y comentarios a las empresas mencionadas —socias de la AGAP— y a la propia asociación, pero en la mayoría de los casos nuestras solicitudes fueron rechazadas o no obtuvieron respuesta.
La única excepción fue Manuel Olaechea, empresario agroexportador y presidente del Capítulo de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica, quien accedió a dialogar y cuya entrevista fue publicada íntegramente.
Nos mantendremos vigilantes frente a las acciones de la AGAP, que ha iniciado una campaña en distintas plataformas para difundir acusaciones falsas con el objetivo de desprestigiar e intimidar a nuestro medio. Salud con lupa continuará haciendo periodismo independiente, basado en datos y evidencia, al servicio del derecho ciudadano a la información.
