Lo llamaron el primer gran escándalo científico de la pandemia. El 4 de junio, la revista The Lancet emitió un comunicado sobre su decisión de retirar un estudio que había causado conmoción global sólo unos días antes.
“Hoy, tres de los autores del artículo Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis han retractado su estudio. No pudieron completar una auditoría independiente de los datos que sustentaban su análisis”.
Sus hallazgos sugerían que la hidroxicloroquina y la cloroquina, dos medicamentos usados contra la malaria, el lupus y la artritis reumatoide, aumentaban el riesgo de muerte en algunos pacientes hospitalizados con COVID-19. El anuncio frenó los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud por evaluar ambos fármacos como posible tratamiento. Muchos científicos pusieron sus investigaciones en pausa.
Pero casi de inmediato surgieron sospechas sobre la calidad y fidelidad de los datos analizados, provenientes de Surgisphere, una compañía estadounidense que recopila registros electrónicos de pacientes de cientos de hospitales de todo el mundo. Surgisphere, fundada por uno de los autores del estudio retractado, se negó a transferir sus bases de datos a otros investigadores para que comprobaran su integridad.
“Con base en este desarrollo, ya no podemos responder por la veracidad de las fuentes de datos primarias. Debido a este desafortunado desarrollo, los autores solicitan que el documento se retracte,” escribieron tres de los cuatro científicos. “Todos entramos en esta colaboración para contribuir de buena fe y en un momento de gran necesidad durante la pandemia COVID-19. Nos disculpamos profundamente”.
La crisis provocada por el nuevo coronavirus hizo algo que no había ocurrido antes. Aumentó el volumen de estudios relacionados a la COVID-19 y aceleró su diseminación. Médicos y científicos están compartiendo resultados preliminares de sus investigaciones en repositorios web a un ritmo sin precedentes, con pocos o ningún filtro que las avale. Varias revistas y editores, que usualmente tardaban varios meses en evaluar la calidad de los estudios, han modificado sus políticas editoriales agilizando su proceso de revisión para poder publicar en cuestión de semanas.
“La pandemia ha creado de la nada una enorme demanda por conocimiento en un área muy específica, que es este nuevo coronavirus”, dice Carlos Chaccour, médico venezolano e investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona.
Las cifras lo demuestran. Cada vez es más frecuente que los científicos muestren sus resultados en la web a través de preimpresiones o preprints, manuscritos preliminares que todavía no han sido evaluados o verificados por otros expertos. Además, varias revistas médicas han reducido sus tiempos de publicación casi por la mitad cuando se trata de estudios sobre la COVID-19, pasando en promedio de 117 a 60 días.
“Se está publicando a un ritmo que yo no recuerdo haber visto antes,” dice Sofía Salas, investigadora en bioética clínica de la Universidad del Desarrollo en Santiago.
Los cambios pueden ser alentadores. Esta es la primera pandemia que se estudia en tiempo real. Nunca antes la ciencia había aprendido tanto sobre un patógeno en tan poco tiempo. Y pocas veces se había hecho un llamado tan fuerte por hacer el conocimiento accesible a todos. Ejemplo de ello fue cómo China compartió la secuencia genética del coronavirus a toda la comunidad científica.
Pero una ciencia preocupada por generar más y más información de forma urgente también está exponiendo las fallas de un sistema que ha sido criticado durante décadas.
Para que un artículo científico sea aceptado por una revista especializada, debe pasar por un proceso llamado revisión por pares, en el cual otros investigadores no asociados a la investigación se aseguran de que los resultados sean fiables, sugiriendo corregir o incluso rechazar los estudios si no cumplen con ciertos criterios de calidad o si existe sospecha de fraude o plagio. Este proceso no es infalible. Y por eso, de vez en cuando, las revistas retractan artículos que ya fueron publicados.
Cuando esa revisión por terceros se apresura, se pueden escapar más errores de lo normal. Hasta ahora, Retraction Watch, un blog dedicado a cubrir las retracciones científicas, ha detectado 15 estudios retirados sobre COVID-19 (dos de ellos usaron datos de Surgisphere). Ese número probablemente seguirá aumentando.
“Es algo que se esperaba. La pandemia lo único que hace es mostrar más claramente las debilidades que ya existían del sistema”, dice Ignacio Mastroleo, especialista en bioética del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina.
Otro problema tiene que ver con las versiones preliminares de manuscritos científicos que todavía no han sido revisados por pares. Los preprints pueden ayudar a los investigadores a conocer el trabajo de sus colegas de manera casi inmediata.
Pero durante la pandemia muchos medios de comunicación los han interpretado como resultados irrefutables, advierte Josefina Campos, microbióloga del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en Buenos Aires. “Tomar las cosas como una verdad absoluta en ciencia es algo que va en contra de nuestro principio,” dice.
La urgencia por encontrar soluciones rápidas en América Latina ya ha motivado a distintos gobiernos a crear políticas sanitarias basadas únicamente en preprints. Especialmente en uno hecho público a principios de abril. Los autores, que también participaron en el estudio retractado de The Lancet, volvieron a usar datos de Surgisphere para informar que la ivermectina ––un antiparasitario usado contra distintas enfermedades tropicales–– reducía la tasa de mortalidad de algunos pacientes con COVID-19 y la necesidad de intubarlos a un ventilador mecánico.
Chaccour y sus colegas expusieron varias irregularidades sobre la preimpresión y también cuestionaron a los autores. Pero para ese entonces, varios países en América Latina, como Perú, Bolivia o Brasil, habían reconocido ya el uso de la ivermectina como tratamiento para COVID-19.
“Quiero ser muy claro en una cosa. Yo no juzgo para nada a un médico que tiene delante un paciente que se le está muriendo y, desesperado, intenta lo que sea,” dice Chaccour. “Eso está bien y no es reprochable, porque los médicos lo que quieren es el bien para sus pacientes. El problema es cuando se hacen políticas públicas no basadas en evidencia”.
Encontrar el balance entre una ciencia rigurosa y otra apresurada no es cosa fácil. No habíamos tenido que enfrentarnos a esa situación antes. Salas tampoco tiene respuestas claras, pero aventura una. “Yo prefiero que esté la información disponible ––y después juzgaremos si fue adecuada o no–– a que se demore muchísimo en salir las publicaciones relacionadas con COVID”, dice y se refiere a los artículos que provocaron escándalo recientemente. “Peor sería no haber hecho estas investigaciones. Esa es mi mirada, tal vez un poco ingenua”.
