Luego de casi tres meses de audiencias, el sábado 11 de diciembre el juez Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, anunció su decisión de abrir investigación penal contra el expresidente Alberto Fujimori, los exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Mariano Costa Bauer, como presuntos autores mediatos de la muerte de cinco mujeres y las lesiones de más de 1300. Ahora, se deberá solicitar a la justicia de Chile una nueva ampliación de la extradición de Fujimori para que pueda ser juzgado por este caso.
Fujimori, de 83 años, cumple actualmente una condena por 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y tiene actualmente abierto otro proceso por la matanza de Pativilca. En todos esos procesos, la justicia de Perú solicitó a Chile, donde Fujimori fue detenido en 2006, su autorización para incluir esos delitos en el pedido de extradición que permitió su enjuiciamiento en el país.
La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las esterilizaciones Forzadas (Ampaef) indicó en un comunicado su satisfacción por la decisión del juez. Sabina Huillca, de Anta, una de las víctimas citadas en el pronunciamiento, recordó cuando llegó a Lima junto a once mujeres, hace veinte años, para denunciar que les practicaron una ligadura de trompas sin su consentimiento. “Caminamos por ministerios, Defensoría del Pueblo. Fiscalía y por los medos de comunicación”, dijo.
En estas décadas varias de las denunciantes han fallecido por problemas de salud como consecuencia de estas intervenciones. Ahora, la lucha de las mujeres víctimas de esterilización forzada se encuentra en exigir las Reparaciones Integrales que les corresponde por la violación de derechos desde el Estado.
Delitos que no prescriben
El juez Martínez recordó que el Tribunal Constitucional de Perú tiene una posición conocida al haber emitido pronunciamientos sobre la imprescriptibilidad de los delitos que tengan incidencia en los derechos humanos, como se ha calificado el caso de las esterilizaciones forzadas.
El plan estatal del gobierno de Fujimori, de realizar ligaduras de trompas y vasectomías en pobladores vulnerables, afectó bienes jurídicos como son la vida y la integridad a un número de personas, "dentro de una política instaurada, controlada desde niveles superiores, y enmarcada en poderes del Estado", precisó el magistrado.
Fujimori "tuvo la condición de ser presidente y jefe de todos los estamentos, y como tal se encontraba premunido de los poderes de mando, en diferentes áreas", agregó. En tal sentido, Martínez consideró que el expresidente y exministros calificarían para ser investigados como autores mediatos por dominio de posición y desestimó la postura de la defensa de que los delitos debían atribuirse a los responsables directos de las esterilizaciones.
Cinco mujeres fallecidas
Según las investigaciones citadas por el juez Martínez, cinco de las 2.000 mujeres denunciantes fallecieron por complicaciones posteriores a las intervenciones quirúrgicas debido a la falta de seguimiento del personal de salud y a las deficientes condiciones en las que fueron operadas.
Durante el segundo gobierno de Fujimori (1995-2000) fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo.
Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016, pero poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzada, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y cinco de ellas fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
*Actualizado el 17 de diciembre de 2021.
