Hay 243 feminicidas con orden de captura en las calles. La Policía no los busca

Han pasado seis años del crimen de Yanet Ayala. La noche del domingo 15 de enero de 2017, Yanet y su entonces pareja, Paver Sarmiento, fueron a una discoteca en el distrito de Ventanilla junto a sus amigos Raisa Huertas y Joel Gutiérrez. Después de la medianoche, se despidieron de ellos y se dirigieron a su casa, como lo muestra la cámara de seguridad de un grifo en la avenida Néstor Gambetta que registró los últimos momentos con vida de Yanet. En el camino empezaron a discutir, Paver golpeó a su conviviente y la empujó al río Chillón. Luego, huyó del lugar.

Aunque hasta ahora el cuerpo de Yanet, que era madre de dos niños, no ha sido hallado, la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao condenó a Paver Sarmiento a 14 años de prisión por el delito de intento de feminicidio en el año 2021. Entre los argumentos del fallo se incluye que no la auxilió, entró en contradicciones durante los primeros interrogatorios policiales y que registraba antecedentes por violencia de género. Desde entonces, Sarmiento tiene una orden de captura, pero sigue libre porque la Policía Nacional del Perú no ubica su paradero. Le perdió el rastro en Apurímac, donde fue visto en el año 2018. “¿Cómo es posible que ahora no lo busquen? Nosotros denunciamos que Paver fue visto en un local de votación en las elecciones municipales de 2022”, cuestiona Tefani Ayala, hermana de Yanet.

Actualmente, Paver Sarmiento está incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrece S/ 20 mil a quien brinde información que ayude a capturarlo. Su fotografía aparece junto a la de otras 32 personas con órdenes de captura por feminicidio e intento de feminicidio que figuran en la lista de requisitoriados más buscados, pero se trata de solo el 10% del total de prófugos por estos delitos que deberían ser ubicados para enfrentarse a la justicia, según el registro de requisitorias que revisó Salud con lupa tras realizar un pedido de acceso a la información pública a la Policía.

Hasta marzo de este año, la base de datos de personas requisitoriadas que revisamos incluía a 213 acusados o condenados por feminicidio y 30 por intento de feminicidio con órdenes de captura en Perú. Es decir, una instancia judicial ordenó su captura, pero apenas un pequeño grupo está siendo buscado o se han puesto incentivos para llegar a su paradero. El resto sigue en las calles y nadie los busca. ¿Por qué?

Eduardo Vergaray, secretario técnico de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Ministerio del Interior, explica que la Policía es la única institución encargada de proponer a los requisitoriados con orden de captura que se incluyen en la lista de los más buscados. “El hecho de que solo el 10% de feminicidas prófugos estén incluidos se debe a que las autoridades policiales responsables no han comunicado las solicitudes de los casos a la Comisión de Recompensas”, afirma.

El Programa de Recompensas existe desde el 2016. Desde entonces, ha incluido a 90 requisitoriados por feminicidio y tentativa de feminicidio. “A la fecha, 33 se encuentran en la lista de los más buscados con requisitoria vigente y 54 han sido capturados. A los tres restantes, el juzgado no les ha renovado la orden de captura, que caduca cada seis meses”, precisa Vergaray.

Salud con lupa solicitó una entrevista con la División de Policía Judicial y Requisitorias para conocer si hay algún avance en la búsqueda de los 243 feminicidas prófugos y en base a qué consideraciones se los incluye en la lista de los más buscados. La Policía Nacional no respondió a este pedido de manera formal, pero una fuente de esa dependencia nos explicó que para incluir a requisitoriados en el Programa de Recompensas se priorizan los casos más mediáticos o de extrema violencia. “Los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) deben de encargarse de mandar sus propuestas de inclusión de los requisitoriados al Programa de Recompensas”, dijo la fuente.

La Policía Judicial recibe alrededor de 300 órdenes judiciales de captura al día por diversos delitos. Luego, destina de tres a cuatro días para revisar la información del requisitoriado e investigar su paradero. Si después de ese plazo no se dio con su ubicación, se priorizan los mandatos más recientes que envían los juzgados.

Requisitoriados en todo el país

Lima es la región que tiene un mayor número de prófugos por delitos de feminicidio e intento de feminicidio, según la base de datos de requisitorias de la Policía Nacional. Hay 47 requisitoriados, entre ellos Tito Humberto Cueva Rodríguez.

En mayo de 2012, Tito Cueva ahorcó con una correa a su pareja Lucía Apaéstegui en el distrito de San Martín de Porres. Cinco años después, fue condenado a 22 años de cárcel por feminicidio. Sus datos y fotografía ingresaron al Programa de Recompensas en marzo de 2017 y fue capturado en agosto. Sin embargo, estuvo en prisión hasta el año siguiente porque su sentencia fue anulada. Tras un nuevo juicio, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Norte lo condenó a 22 años de prisión en el 2019 por el mismo delito y ordenó su detención. Sin embargo, se dio a la fuga y hasta ahora no ha sido ubicado.

Las otras dos regiones que registran más prófugos por feminicidio e intento de feminicidio son Junín, con 25 casos, y Huánuco, con 22. En cada una hubo casi medio centenar de víctimas por feminicidio entre 2015 y 2021, según el último informe de Feminicidio y Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI).

En Junín, Lenin Pillaca Arango acuchilló a su pareja Cecilia Curo en su casa de San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, el 30 de abril de 2020. Horas después del ataque, fue llevada al hospital San Juan, pero falleció. Al mes siguiente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo ordenó nueve meses de prisión preventiva para su agresor. Sin embargo, para entonces ya se había fugado y no está incluido en el Programa de Recompensas.

La región de Ica reporta 15 prófugos por feminicidio e intento de feminicidio; La Libertad 13; y Cajamarca 12. Siguen Arequipa, Cusco y San Martín con nueve prófugos, en cada una.

Ninguno de los prófugos de la región Ica está en el Programa de Recompensas. Uno es Antoine Bersier Schwarz, quien atropelló a su pareja, Zaida Michilot, en una calle del balneario de Paracas, en 2019. Las cámaras de seguridad de un hotel donde ambos se hospedaban grabaron el momento en el que la joven madre de 33 años fue arrastrada por un vehículo que él conducía.

Policías de la zona vieron a Antoine Bersier intentando subir al auto a una mujer ensangrentada con la cabeza rota y se acercaron a ellos. Trasladaron a Zaida al hospital, donde los médicos certificaron su muerte, y a su agresor a la comisaría. Sin embargo, según denunció Jenny Michilot, hermana de Zaida, el juez del caso dejó en libertad a Bersier a pesar de que no tenía arraigo laboral ni familiar. Actualmente, el joven de nacionalidad suiza tiene una orden de captura vigente, pero nadie lo busca.

Solange Aguilar tenía 21 años cuando fue empujada desde el octavo piso de su departamento en Trujillo, La Libertad, por su pareja Giosmahan Tacanga Roña, quien fue detenido y luego liberado. Dos meses después, el 5 de mayo de 2022, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra por el delito de feminicidio mientras duraban las investigaciones. Para entonces, el agresor ya había desaparecido.

En La Libertad están registrados 13 requisitoriados, pero solo los familiares de las víctimas hacen esfuerzos para ubicarlos. “He decidido no dejar el caso de mi hija impune. En el celular de Solange había audios sobre una pelea con su pareja. Hay pruebas”, cuenta el padre de Solange, Americo Aguilar. Por eso, su familia ha contratado servicios particulares de peritajes para comprobar que su hija fue empujada y que su cuerpo presentaba cerca de treinta lesiones que no corresponden a la caída. Sin embargo, hasta ahora, la Policía no le brinda información sobre la ubicación de Pedro Tacanga. Cuando fue a la Región Policial de Trujillo a buscar información, un policía le dijo: “Pero ella es la chica que se aventó”.

Las trabas de la Policía

Si bien la Policía ha lanzado varias campañas para prevenir la violencia de género, los esfuerzos para la búsqueda de los feminicidas son pocos y la actitud de sus dependencias es hermética cuando solicitamos los datos de todos los requisitoriados por este delito. Esto llevó a Salud con lupa a tener que luchar mediante mecanismos legales para abrir un registro de interés público y que es muy útil para las familias de las víctimas de la violencia machista. Solo así pueden conocer si los agresores de sus hijas, madres, hermanas o nietas están siendo buscados o ya se encuentran en prisión por los delitos que cometieron o por los que son investigados.

El registro de requisitoriados es de acceso público para cualquier ciudadano. Según el Tribunal Constitucional, la requisitoria no es información personal o reservada, ya que se trata de personas en un proceso judicial con una medida que ordena su ubicación. Por tal motivo, se lo solicitamos a la Policía en agosto de 2022 mediante una solicitud de acceso a la información pública, con la precisión de que nos entregue “el registro completo de personas con requisitorias vigentes en el país por los delitos de feminicidio e intento de feminicidio”.

La información fue solicitada a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DIRTIC) de la Policía, que maneja la base de datos de todos los requisitoriados del país. Sin embargo, esta área derivó el pedido al Departamento de Requisitorias. Tres meses después, cuando ya se habían vencido los 10 días hábiles del plazo legal para responder a nuestra petición, este departamento nos respondió con una negativa. Según sus argumentos, “el Departamento de Requisitorias no administra la base de datos de las personas requisitoriadas” y nos sugirió hacer el pedido a la Dirección de Tecnología y Comunicaciones cuando nuestra solicitud ya había sido enviada a esa área y había ‘rebotado’.

A pesar de este ping pong con respuestas negativas de la Policía no nos detuvimos y apelamos a otra instancia para acceder al registro de requisitorias.

Salud con lupa presentó una apelación de este caso ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se encarga de resolver controversias ante las denegatorias de solicitudes de acceso a información pública en Perú.

Hace cuatro años, el Tribunal ya había ordenado a la Policía entregar la base de datos de todos los requisitoriados del país, incluyendo nombres completos, número de documentos de identidad y motivos de las requisitorias, pero la Policía nos había negado la información a pesar de este precedente. “Se trata de información que permite la participación de la sociedad en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el control de las decisiones públicas”, resaltó el Tribunal en su resolución de 2019.

Así, el Tribunal le dio la razón a Salud con lupa y en marzo de 2023 resolvió que la Policía Nacional debía agotar todas las acciones necesarias para entregar la información. En abril, ocho meses después de haber pedido el registro de requisitoriados, lo obtuvimos. Por eso, ahora podemos hacer pública la relación de los 243 feminicidas que tienen orden de captura y están en las calles.