Cuando se enteró que por fin se iba a realizar la audiencia que había esperado por casi dos décadas, Rute Zúñiga, la presidenta de la Asociación de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), no tardó en llamar a sus compañeras para darles la noticia e invitarlas a escuchar el proceso juntas.
El primero de marzo de este año, llegaron al distrito de Anta, en Cusco, unas 15 mujeres, incluida Rute, que había salido muy temprano de su casa en la comunidad de Pampaconga. En Anta sí iban a poder captar internet. La hija de una de ellas les prestó su teléfono y las ayudó a ingresar a la transmisión del Poder Judicial.
Ese día, por primera vez, escucharon en su idioma lo que decía la justicia sobre aquel suceso que las marcó hace más de 20 años.
Entre 1996 y 2000, más de 272 mil mujeres y 22 mil hombres fueron esterilizados como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. Aunque aún se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento legítimo, en el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia ya hay más de 8 mil denuncias.
Las víctimas fueron las mujeres más pobres del país, que sufrieron la discriminación de su familia y comunidad, y quedaron con secuelas físicas y psicológicas que padecen hasta hoy.
El camino hacia este momento ha sido duro, no han podido llevar una vida normal. Continuamente padecen de dolores, infecciones, y a algunas les han detectado cáncer. “Sufrimos de todo y a veces ni queremos ir al centro de salud, ya no confiamos”, dice Rute, quien ha visto a 50 de sus compañeras morir por estos males, en espera de justicia.
La pandemia ha sido otro duro golpe para ellas. No muchas han recibido los bonos, tampoco han podido tratar sus enfermedades y la promesa desde el Estado de una reparación económica ahora también es incierta.
Los denunciados
A más de 500 kilómetros de Anta, en la capital del país, los principales denunciados por el caso de esterilizaciones forzadas esperan la decisión del juez desde sus casas. Uno lo hace desde la prisión.
Existen dos grupos. Por un lado se encuentran Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio y Magda Isabel Gonzáles Carrillo, a quienes se les atribuye la autoría mediata de la muerte de Mamérita Mestanza, caso emblemático que fue llevado ante la CIDH.
De acuerdo con la Fiscalía, todos ellos fueron médicos que desde su posición de autoridad ayudaron a implementar la política de esterilizaciones en la subregión IV de Cajamarca cuando ocurrió la muerte de Mestanza. No obstante, todos siguieron trabajando sin problemas en el sector salud luego de que los hechos se hicieron públicos.
Aliaga Pinedo, quien fue director general de la subregión, es hoy jefe de la oficina de planeamiento de la Red asistencial de Cajamarca de Essalud. Marroquín Osorio, exdirector de Salud de las Personas en la subregión, llegó a ser asesor y ocupar altos cargos en el ministerio de Salud. Falleció en agosto del año pasado. Por su parte, Gonzáles Carrillo, la excoordinadora del programa materno perinatal de la subregión, es ahora la directora de Salud de las Personas de la Diresa Cajamarca.
El otro grupo está conformado por las altas autoridades del gobierno de entonces: Alberto Fujimori Fujimori; sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga Recuenco, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta; y el asesor Ulises Jorge Aguilar. Se les imputa la autoría mediata de las muertes de 5 mujeres y las lesiones graves de más de 1300.
Jorge Aguilar se ha mantenido lejos del ojo público al igual que Yong Motta, quien hasta el año pasado compatibilizaba sus labores como médico cirujano del Hospital Arzobispo Loayza con la presidencia del Instituto Cultural Peruano Chino. Costa Bauer, por otra lado, se desempeña como abogado y empresario. En 2018 presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para archivar el caso, el cual fue desestimado.
Alejandro Aguinaga y Alberto Fujimori son los únicos que han seguido participando de la escena política. Aguinaga, médico de cabecera del expresidente desde que fue extraditado al Perú en 2007, acaba de ser elegido congresista por el partido Fuerza Popular para el periodo 2021-2026. Y Alberto Fujimori mantiene una estrecha relación con su hija Keiko Fujimori. La candidata presidencial reivindica su figura y ha afirmado que le concederá el indulto si llega a ganar.
“Si sale elegida ella, va a afectar [el caso], es una preocupación bien grande”, dice Rute Zúñiga, que avizora con incertidumbre las próximas elecciones.
La evidencia obtenida
La Fiscalía ha podido acumular cuantiosa información sobre los métodos, circunstancias y responsables de las esterilizaciones a lo largo de los más de 16 años de investigación preliminar. En las audiencias, el fiscal Pablo Espinoza expuso 182 elementos de convicción, de una carpeta fiscal que cuenta con 180 tomos.
Una de las conclusiones claves a la que ha llegado la Fiscalía es que la aplicación sistemática de las esterilizaciones (o anticoncepciones quirúrgicas voluntarias) fue una política de Estado que tenía como objetivo reducir la pobreza a través de la disminución de la tasa de natalidad.
¿A qué respondía esta política? En 1991, el Estado realizó una evaluación demográfica territorial que concluyó que existía “una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico”. La evaluación, además, indicaba que las mujeres de las zonas rurales de la selva y sierra mantenían patrones reproductivos de niveles altos, más del doble que las mujeres del área metropolitana.
Para controlar este crecimiento demográfico se creó el Plan Nacional de la Población que, a través del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, buscó reducir el ritmo de crecimiento natural de la población a un nivel no mayor al 2% anual. Las mujeres de las áreas con mayor pobreza en el país no podían tener más de tres hijos.
Fujimori logró aprobar las normas legales necesarias para que esta política tuviera prioridad y para que la anticoncepción quirúrgica voluntaria fuera aplicada gratuitamente.
Un hecho crucial que evidencia el apoyo que dio Fujimori a esta política fue una reunión en el club FAP de Ancón en 1995, que fue narrada por varios testigos. A ella asistieron Alberto Fujimori, el ministro de Salud Eduardo Yong, el viceministro Alejandro Aguinaga, el asesor Ulises Jorge y el director de Planificación Familiar John Nagata. Así como los directivos de Essalud y de las distintas direcciones de Salud del país. En el evento Fujimori dejó claro que su gobierno daba el máximo respaldo a su política de aplicación de las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias (AQV). Yong, por su parte, señaló que los lineamientos eran dar mayor énfasis y publicidad a las AQV por sobre otros métodos.
En la denuncia penal presentada por Fiscalía figuran un total de 1325 agraviadas. Salud con Lupa ha podido determinar que la mayoría de ligaduras de trompas denunciadas se llevaron a cabo en Cusco (709) y Piura (157). Sin embargo, hay 399 denuncias en las que no se registró el lugar de intervención.
Estas cifras coinciden con el informe Memoria 1990-2000 del Ministerio de Salud, citado en la denuncia. Este indica que el Programa de Planificación Familiar estuvo especialmente dirigido a 8 direcciones de Salud: Arequipa, Cusco, Puno, San Martín, Tacna, Junín, Ancash y Piura.
Las ligaduras de trompas y vasectomías fueron una práctica sistemática entre los años 1996 y 2000. Se montó “un organigrama piramidal” para repartir funciones que incluían desde el jefe de la dirección regional de Salud hasta los promotores de los programas de ayuda social. Todos informaban a su inmediato superior hasta llegar al director regional, quien a su vez, reportaba al viceministro de Salud. Este cargo fue ocupado por Alejandro Aguinaga desde 1994 a 1999.
La Fiscalía ha documentado con numerosos testimonios, reportes periodísticos e informes de la Defensoría del Pueblo, Congreso y Minsa, que el personal de salud obligó a mujeres de escasos recursos a someterse a las intervenciones bajo amenazas, engaños o con la promesa de entrega de víveres.
Uno de los lugares de captación de pacientes fueron los llamados “Festivales de la salud”. Eventos donde se realizaban actividades de esparcimiento y eran empleados para convencer a gran número de pacientes de ser intervenidas.
Algunas de las modalidades de coacción que ha podido identificar la Fiscalía son: ofrecimiento de alimentos, amenazas de no brindarles atención médica y advertencia del uso de la fuerza. En Apurímac, hubo ocasiones en que miembros de seguridad condujeron a las mujeres a realizarse las cirugías. En las comunidades asháninkas de Ayacucho, les decían que iban a ser acusadas de terroristas y antipatriotas si no accedían.
Hay testimonios de mujeres encerradas con candado en la sala de operaciones para evitar que escaparan y de otras que fueron atadas a las camillas.
Por otro lado, el personal de salud también era coaccionado a cumplir con la meta de intervenciones fijada. Eran amenazados con despido o eran amedrentados verbalmente. Según uno de los testimonios, en Nazca, el personal le contó a Alberto Fujimori que una de las enfermeras había pasado ella misma por la operación para cumplir la meta.
De acuerdo con la denuncia, hubo incentivos para los establecimientos de salud y bonificaciones especiales para el personal que cumplía con las ligaduras de trompas y vasectomías. Los refrigerios, además, estaban cubiertos por el Programa de Planificación Familiar.
Los responsables regionales del Programa señalaron a la Fiscalía que había mayor apoyo del gobierno para la aplicación de las AQV por sobre otros métodos; y que informaban semanalmente al Minsa, por vía telefónica y fax, sobre la ejecución del programa y los datos estadísticos de este.
Según con lo recabado, muchas de las intervenciones se realizaron sin cumplir los requerimientos necesarios. El programa estaba dirigido a las mujeres que tenían de 3 a 4 hijos, pero en la práctica se esterilizó a mujeres con un solo hijo o, incluso, a las que no habían tenido ninguno.
Tampoco se respetó el pedido de consentimiento, que implicaba un periodo de reflexión de 72 horas. Las historias clínicas fueron llenadas con errores o dejadas incompletas y no se realizaron evaluaciones pre operatorias a las pacientes. Además, no se cumplió con la infraestructura requerida ni con tener personal especializado para el procedimiento, entre otras irregularidades.
Mucho menos hubo seguimiento post operatorio. Todo ello ocasionó secuelas y lesiones graves que padecen hasta hoy muchas de las mujeres esterilizadas. Se han identificado 18 muertes causadas por la operación, cinco de ellas son investigadas en este proceso.
¿Fueron las metas e incentivos para el personal de salud una política de Estado? Sí, según el fiscal Pablo Espinoza. La Fiscalía pudo obtener una serie de oficios que envió el exministro Marino Costa Bauer a Alberto Fujimori, donde daba cuenta de cómo iba desarrollándose el Programa de Planificación Familiar a nivel nacional.
En el oficio del 3 de abril de 1997, Costa Bauer, entonces ministro de Salud, le informó a Fujimori que se habían incrementado en 79% las cifras de AQV respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, resalta que “aún estamos por debajo de los promedios mensuales esperados para lograr las metas previstas para 1997”.
También le cuenta que iban a comenzar las reuniones con las subregiones con menores índices de rendimiento, para llamar a la acción a los responsables de cada centro.
En un oficio del 14 de mayo del mismo año, Costa Bauer le informa al entonces presidente que van a contratar obstetrices en las zonas “donde mayor resistencia cultural se enfrenta”. En otro reporte, de agosto de 1997, le indica a Fujimori que están cerca de cumplir con la meta de 150 mil esterilizaciones para ese año.
Estos documentos demuestran, para la Fiscalía, que había una comunicación continua entre el ministro de Salud y Alberto Fujimori, sobre las metas de ligaduras de trompas y vasectomías. Y revelan el gran interés del presidente de que se cumplieran las metas. También precisan que Fujimori había sido informado de la resistencia que había por parte de la población a pasar por los procedimientos.
Según lo recabado, Fujimori recibía informes mensuales de sus ministros (Yong Motta, Costa Bauer y Aguinaga Recuenco) las metas de esterilizaciones alcanzadas y de los problemas que se presentaban en su desarrollo. Sin embargo, “no generó modificaciones sustanciales en la aplicación del método sino más bien emitió normas que solo sirvieron como paliativos para librarse de responsabilidades posteriores”.
La Fiscalía concluye que Alberto Fujimori impulsó, validó y ejecutó una política de Planificación Familiar priorizando las esterilizaciones masivas. Y, como presidente, fue el máximo y principal responsable de los hechos.
Así mismo, sus ministros formaron parte del aparato de poder bajo el mando de Fujimori, por lo que también resultan responsables como autores mediatos.
El largo camino por recorrer
Luego de 16 años y 4 archivamientos, el proceso parece por fin avanzar. Desde el primero de marzo se vienen realizando audiencias de presentación de cargos. Cuando concluyan, el juez Rafael Martínez del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de la Corte Superior Nacional Penal Especializada deberá tomar una decisión.
“Si el juez aprueba la investigación, comenzará la investigación judicial. Es una etapa donde el juez va a recabar pruebas, evidencias, tomar testimonios y otras diligencias”, explica Milton Campos, abogado de DEMUS que representa a un grupo de víctimas. Luego vendrá la etapa del juicio oral contra los denunciados. Si, por el contrario, el juez archiva la investigación, las denunciantes podrían apelar. Los abogados de las víctimas esperan que el juez anuncie su decisión antes de julio.
¿Cuánto tiempo tomaría llegar a la etapa del juicio? Campos considera que, primero que todo, el caso debería ser declarado complejo, por la gran cantidad de denunciados, víctimas y evidencia. De esta manera, la investigación judicial podría avanzar más rápido. “Ojalá sea menos tiempo, pero yo proyectaría [el juicio oral] para el 2023”, indica.
En la audiencia del lunes 3 de mayo, César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, dejó clara su estrategia de defensa: sustentó que el delito que se imputa ya está prescrito. “Nadie en el Perú ha sido condenado por delitos de lesa humanidad por hechos anteriores a 1998”, sostuvo.
“La imprescriptibilidad es un efecto penal creado por el derecho internacional para los delitos internacionales, que son genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión”, agregó. Nakazaki señala que la denuncia por lesiones graves cometidas en un contexto de violaciones a los derechos humanos no se encuentra dentro de la categoría de delitos internacionales.
Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal que patrocina a otro grupo de víctimas, refuta esta argumentación. “Si bien la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad entró en vigencia el 2003, aplica para hechos pasados. Es una discusión ya superada”, afirma. Así mismo, la denuncia presentada por Fiscalía cita un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ratifica la imprescriptibilidad de casos de graves violaciones a los DDHH aunque no hayan sido tipificados como lesa humanidad.
Las audiencias de exposición de las partes continuarán las próximas semanas.
Mientras tanto en la comunidad de Pampaconga, Rute Zúñiga solo espera que el caso no se vuelva a archivar como en anteriores ocasiones. “Nos daba mucha indignación. A última hora no sé qué pasaba, pero al final no quedaba en nada [el proceso]”, cuenta.
El día que escucharon la audiencia en Anta, las mujeres de Ampaef estuvieron envueltas de la emoción de ver al fin un avance concreto, luego de tantas postergaciones. Pero también sintieron un poco de tristeza al recordar lo padecido. Ahora Rute y sus compañeras de la asociación solo esperan estar vivas para poder ver juntas el desenlace del caso por el que han estado luchando por más de 20 años.
