Los incendios forestales han generado una crisis ambiental y de salud pública en Perú que se complica con una tardía respuesta del Gobierno. Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el fuego ha ocasionado 16 muertos, más de 90 heridos, 3 mil hectáreas de áreas naturales afectadas, 1.485 de hectáreas agrícolas y 2.257 de áreas de árboles y pastos consumidas. Además, se han reportado 377 animales muertos y otros 4698 afectados, mientras que las nubes de humo tóxico afectan ciudades amazónicas y andinas enteras y aún hay 30 incendios activos en 22 regiones del país.
Recién el miércoles 18 de septiembre, el Gobierno declaró el estado de emergencia solo en un grupo de regiones: Amazonas, San Martín y Ucayali. Una medida que busca ahora intensificar acciones para controlar el fuego, pero que llega varias semanas después de que los incendios iniciaran y desataran graves daños para el medio ambiente y la vida de poblaciones, entre ellas comunidades indígenas. La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) alertó que la densa humareda generó problemas respiratorios entre los integrantes de la comunidad shipibo-konibo de Puerto Firmeza, en la provincia de Coronel Portillo. Mientras que en Loreto, más de 100 hectáreas de bosque de la comunidad shipibo-konibo de Santa Rosa fueron afectados.
Desde inicios de año hasta la fecha se registraron 233 incendios forestales en el país conforme a los datos oficiales del Estado. Siniestros que en la mayoría de casos son ocasionados por actividades humanas, generalmente, por quemas agrícolas, advierte el Ministerio del Ambiente. Un problema que se repite todos los años: en 2021 ocurrieron 163 incendios, en 2022 se reportaron 380 y en 2023 hubo 341.
Al respecto, Mariano Castro, exdirector del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible en Perú, señala que hay una “deficiente, limitada y equivocada política agraria en el país”, ya que para tener nuevas áreas de cultivo o aprovechar las existentes se suele recurrir a la quema.
“La responsabilidad central del tema de incendios forestales tiene que ver con el sector agrario, porque no ha hecho lo necesario para prevenir y adoptar medidas adecuadas para que esta situación no siga ocurriendo”, apunta Castro, abogado y exviceministro de gestión ambiental. Pero también nos hace notar más factores importantes en esta crisis: sequías más severas y el incremento de temperatura con registros históricos en un contexto de cambio climático.
Este escenario explica la ola de incendios forestales que no solo afectan al Perú, sino a varios países de Sudamérica: sólo entre enero y el 12 de septiembre, se han reportado más de 350.000 incendios forestales en la región, con Brasil, Bolivia, Perú y Colombia entre los más afectados. Como consecuencia de ello, Brasil, país que ya registra más de 160 mil incendios, tuvo la semana pasada el segundo aire más contaminado del mundo por el humo que llegó hasta la capital del país, según la agencia de monitoreo IQair.
Aunque las instituciones del Estado señalan que los incendios forestales están siendo controlados, los países de América del Sur siguen calientes. La Agencia Espacial de Investigación de Brasil marca más de 346 mil puntos calientes de incendios en 13 países, superando lo ocurrido en 2007, cuando se registraron más de 345 mil puntos.
En Perú, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), las regiones de Ucayali (1.571), Huánuco (489), Loreto (429) y Madre de Dios (116) son las que más focos de calor registran a la fecha, lugares cuya temperatura es más alta que la de su entorno.
Sin sistema de alerta temprana
El principal agente contaminador que provoca los incendios forestales es el material particulado 2.5. Se trata de una sustancia contaminante tan pequeña que el diámetro de un cabello es 400 veces más grande que una de estas partículas. William Checkley, investigador de la Universidad Johns Hopkins y el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, explica que este tipo de tóxicos puede viajar más de mil kilómetros en el aire y llegar a ciudades completamente ajenas a los incendios.
Sin embargo, el Perú no tiene un sistema de alerta temprana por contaminación del aire para proteger a la población. Por eso, a pesar de la humareda que ha afectado a varias ciudades amazónicas (Pucallpa, Chachapoyas, Tarapoto, Iquitos, Bagua, entre otras) no se ha emitido ninguna medida desde el Ministerio de Salud. Solo en sus redes sociales oficiales empezó hace dos días a difundir el peligro del humo de los incendios.
—Hace falta un sistema de prevención —dice Checkley—. Si un país tiene detectores de polución ambiental a nivel nacional, puede detectar los cambios en los niveles de contaminación y crear un sistema de alerta para comunicar que el humo de un incendio representa un riesgo y proteger a poblaciones más vulnerables, entre ellas niños, personas adultas mayores y embarazadas.
En los últimos días, la humareda provocada por los incendios obligó a reprogramar vuelos en la ciudad de Pucallpa, en Ucayali, pero no hubo ninguna alerta de salud pública sobre la calidad de aire a la que está expuesta la población.
El proyecto GeoHealth Hub, del Centro Clima de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, monitorea la calidad del aire en Lima y el resto del Perú. En lo que va del mes de septiembre, su registro ha mostrado varios puntos naranjas en ciudades amazónicas afectadas por los incendios forestales. Estos puntos significan que la visibilidad es deficiente y que el aire lleno de humo puede empeorar la salud de las personas más expuestas.
Las partículas de los incendios forestales son más tóxicas que otras fuentes como la contaminación ambiental urbana, advierte un estudio de Nature Communications. Vivir en medio de humo y un ambiente contaminado representa un doble riesgo para su población. La Organización Mundial de la Salud señala que el 38% de muertes vinculadas a contaminación ambiental del aire fue por cardiopatía isquémica, el 20% por accidentes cerebrovasculares y el 43% por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una lista larga de padecimientos que se agravan si las personas viven en espacios de aire contaminados: obesidad, asma, cáncer, deterioro de la función pulmonar, el desarrollo cerebral, entre otros.
El Colegio Médico del Perú emitió un comunicado el último miércoles en el que muestra su preocupación por los incendios y la salud de la población. “Solicitamos al Poder Ejecutivo que tome las medidas inmediatas”, se lee en su pronunciamiento.
—Declarar una alerta sanitaria para que los servicios de salud coordinen su organización y respondan a las necesidades de atención de la población afectada, así como para garantizar una evacuación oportuna cuando sea necesario—, indican.
Sin plan de prevención de incendios
Después del control del fuego, el Gobierno tiene que enfrentar la remediación de las áreas consumidas por las llamas. El 2022 venció el Plan de Prevención y Reducción de Incendios Forestales a cargo del Serfor que había sido publicado en 2018, un instrumento que servía tanto para la prevención como para la remediación de lugares afectados por los incendios. ¿Sin este documento el país está sin norte respecto a qué hacer ante lo que dejó este desastre?
—El país cuenta con otros instrumentos —señala Luis Zari, especialista legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)—. En 2021 se aprobó la herramienta principal de restauración que tiene el país, la Estrategia Nacional de Recuperación de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (Prorest) que tiene un periodo de 10 años, de 2021 al 2030 y se financia con cargo al presupuesto institucional de Serfor.
Este instrumento busca reducir al 15% la brecha nacional sobre la superficie de ecosistemas y tierras forestales degradadas. En cifras, eso significa lograr la restauración completa de 330 mil hectáreas de ecosistemas. Para ello, se logró que el Sistema Nacional de Programación de Inversiones incluyera un financiamiento para las acciones de la estrategia de restauración. No solo ello, a nivel de financiamiento, detalla Zari, existe el programa presupuestal 144 del Ministerio de Economía y Finanzas que busca la conservación y uso sostenible de ecosistemas que incluye acciones de restauración. La responsabilidad ahora está en manos de las autoridades nacionales y también de las regionales.
—Los gobiernos regionales tienen la capacidad, dentro de sus instrumentos de planificación institucional propios, de incluir metas vinculadas a restauración. Pueden solicitar líneas de financiamiento al Ministerio del Ambiente invocando este programa presupuestal —señala el especialista.
Evaluar para remediar
La recuperación de los bosques quemados —con el estado de emergencia dado en las tres regiones más afectadas— implica ahora medidas de evaluación de daños. El especialista de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Martín Arana, identifica algunos criterios urgentes que se deben atender:
—Se tiene que levantar información del tipo de área pues hay diferentes formaciones afectadas: pastizales, matorrales, bosques, pajonales, tipos de bosques. Ese nivel de detalles es necesario y tiene que ser hecho tan pronto como se sofoque el fuego. Con esto se tienen que plantear los planes de remediación —señala.
Para Arana esta medida es muy necesaria pues no se trata de reforestar por reforestar, “tiene que verse qué se adecúa al ecosistema afectado”, subraya. Otra forma de ocuparse de estos espacios incendiados es una remediación natural. Que sea la propia naturaleza la que se recupere.
—Es posible que en algunos casos la naturaleza pueda regenerarse sola. Tiene que considerarse cuál sería el potencial de regeneración de estas áreas, no todas tienen la capacidad. En otros casos, los procesos de regeneración pueden ser muy largos —agrega.
Diego Aliaga, ingeniero agroforestal e investigador de la Universidad Científica del Sur, coincide con este criterio. La naturaleza puede recuperarse sola, pero debe haber una evaluación. No es lo mismo la recuperación de una pampa con la de un bosque.
—Está demostrado y se evidencia. La naturaleza tiene ese poder de resiliencia que es la capacidad de volver a su estado nativo luego de una perturbación. Claro, se puede ayudar con la reforestación y también con la colaboración de las comunidades que viven cerca. Hay que entender que este es un problema socioambiental, la gran mayoría de incendios ha sido provocado por el ser humano —detalla.
Los suelos, sometidos a una combustión y a contaminantes que deja el incendio, se convierten también en espacios que necesitan de una asistencia para su remediación. Karina Chuquispuma, decana de ingeniería ambiental de la Universidad Científica del Sur, explica que el plan para su recuperación consiste en limpiarlo y volver a nutrirlo.
—Utilizamos el compos, el estiércol para controlar la erosión, la cobertura, y algo de fitorremeación, con plantas que puedan absorber los contaminantes que quedan —señala—. Para ello hay un primer plan de diagnóstico para ver cuál es el daño y qué zonas han sido más afectadas.
El gobierno ha declarado el estado de emergencia en tres regiones, pero no un estado de emergencia ambiental. Hay una razón: la Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental no está reglamentada. Es decir, no tenemos un mecanismo para establecer acciones orientadas a contener y controlar un evento significativo, así como para reducir la afectación al ecosistema y a las personas. Con carencias como esas, se intenta controlar el fuego, pero el panorama de gestión de remediación y soluciones de mediano y largo plazo se vuelve nuboso.
