En Huancavelica y Sacsamarca todavía se siente la sombra de la mina Santa Bárbara, un yacimiento de mercurio explotado desde la época colonial y conocido como la "Mina de la Muerte". Su nombre no es casualidad: miles de indígenas fueron forzados a trabajar allí desde 1571, cuando se fundó junto con la ciudad de Huancavelica. Muchos murieron en condiciones inhumanas, envenenados por el mercurio o sepultados en sus galerías. Aunque la mina dejó de operar en la década de 1970, su impacto sigue presente. Hoy, más de 55 mil personas en la zona conviven con la contaminación que dejó el mercurio en el aire, el suelo y el agua. A pesar de esto, el Estado peruano ha ignorado por décadas su responsabilidad en la remediación. En diciembre de 2023, una sentencia judicial le ordenó limpiar y mitigar los daños ambientales que dejó Santa Bárbara. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades siguen sin tomar acción, prolongando la crisis ambiental y de salud que afecta a la población.
Huancavelica es la quinta región más pobre del país y su sistema de salud es precario: unas 334,100 personas dependen de solo 5 hospitales y 370 puestos de salud, sin ningún instituto especializado que atienda enfermedades complejas.
El acceso a médicos también es limitado. En Huancavelica hay un solo médico por cada 1,121 habitantes, mientras que el promedio nacional es de un médico por cada 353 personas. En Lima, la diferencia es aún más marcada, con un médico por cada 219 habitantes.
El 31 de marzo de 2023, la Corte Superior de Huancavelica rechazó una primera demanda presentada por un grupo de ciudadanos sobre la contaminación por mercurio y otros metales pesados en Huancavelica y Sacsamarca. Sin embargo, el 13 de diciembre del mismo año, una instancia superior corrigió la decisión y ordenó la Declaratoria de Emergencia Ambiental en ambas localidades. También exigió la elaboración de planes de remediación y la inclusión de la zona en el Inventario de Pasivos Mineros, lo que obliga al Estado peruano a tomar medidas concretas frente a la contaminación.
Este fallo cuenta con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, que desde 2017 reconoce oficialmente el problema. Una muestra clara de esta amenaza es un estudio de la organización no gubernamental Environmental Health Council, que advirtió que unas 5,000 viviendas de adobe en Huancavelica podrían contener niveles peligrosos de mercurio, afectando la salud de al menos 25,000 personas.
Esta investigación se complementa con otro informe de la misma entidad, publicado en 2019, que analizó muestras de suelo en nueve escuelas de Huancavelica, específicamente en las áreas donde juegan los niños durante el recreo. Los resultados fueron alarmantes: ocho escuelas superaban los Estándares de Calidad Ambiental establecidos por el Ministerio del Ambiente (Minam), ocho con niveles elevados de mercurio y cinco con presencia excesiva de plomo.
En 2016, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó altos niveles de contaminación por metales pesados en Huancavelica. Su informe encontró concentraciones elevadas de arsénico, cadmio, cobre, plomo y mercurio en los sedimentos del río Ichu y sus afluentes, superando los niveles permitidos. También analizó la calidad del suelo en los distritos de Huancavelica y Ascensión y descubrió que, de los 48 puntos evaluados, más del 90 % presentaba arsénico en exceso, más del 80 % tenía niveles peligrosos de mercurio y casi la mitad superaba los límites de plomo.
Más recientemente, el 3 de septiembre de 2024, un nuevo estudio de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de Huancavelica (Digesa - Huancavelica) confirmó que la situación sigue siendo crítica. A través de la Ley de Transparencia, Salud con lupa accedió al informe que analizó suelos en 25 puntos de la ciudad, en lugares de uso cotidiano como parques, plazas, carreteras y centros de salud. Los resultados mostraron que en la mayoría de estos espacios hay concentraciones peligrosas de metales pesados. Veinte de ellos superan los límites de arsénico, diecinueve tienen niveles elevados de mercurio, once presentan exceso de plomo y uno está contaminado con cadmio.
El propio informe advierte que estas sustancias ponen en riesgo la salud de los pobladores y recomienda aplicar las medidas establecidas en la Resolución Ministerial N.° 1026-2020-MINSA, que dicta protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados. A pesar de estas evidencias, el Estado sigue sin tomar medidas urgentes para enfrentar la contaminación en Huancavelica.
"Ocho de nueve escuelas públicas tienen patios contaminados con al menos un metal pesado. Los niños juegan allí todos los días, exponiéndose al riesgo. ¿Y qué hace el Minam? ¿Qué hace el Minem? Es una vergüenza".
Nicholas Robins, investigador.
Huancavelica: una región con menor esperanza de vida
El número de diagnósticos de enfermedades en Huancavelica se ha duplicado en tres años, pasando de 152,543 casos en 2020 a 304,917 en 2023. Las enfermedades respiratorias, las más comunes, crecieron de manera alarmante, de 77,358 a 161,803 casos, mientras que los problemas del sistema urinario aumentaron de 11,105 a 17,877 en el mismo período. Este deterioro ocurre en la región con la menor esperanza de vida del país: 72 años, cuatro menos que el promedio nacional.
La contaminación por metales pesados es un factor clave en esta crisis de salud. Durante siglos, la minería ha dejado mercurio, plomo y arsénico en el aire, el suelo y el agua de Huancavelica. La exposición prolongada a estos metales puede causar daños neurológicos, enfermedades respiratorias y problemas renales, afectando sobre todo a niños y adultos mayores.
Frente a este problema, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene un papel clave en la solución, pero hasta ahora no ha cumplido con su responsabilidad. Su labor incluye la elaboración de planes de remediación ambiental y gestionar la inclusión de Huancavelica y Sacsamarca en el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros, un paso necesario para que el Estado asuma la limpieza de las zonas contaminadas. Sin estas medidas, miles de personas seguirán expuestas a un riesgo invisible, pero mortal.
Sin embargo, hasta agosto de 2024 —casi un año después de una sentencia que ordenaba atender este problema— el Minem no había elaborado el plan de remediación ni había incluido a Huancavelica y Sacsamarca en este inventario. ¿La razón? Un trámite burocrático: para reconocer una zona como pasivo ambiental minero y planificar su limpieza, el Minem necesita un documento llamado Informe de Sitios Contaminados (IISC), que debe estar registrado en su Sistema de Información Ambiental Minero (SIAM).
Salud con lupa solicitó información oficial en febrero de 2025 y comprobó que ese informe no existe aún. Esto significa que no se ha avanzado en la remediación, ya que sin ese documento, el Minem no puede reconocer oficialmente la contaminación ni incluir a estas zonas en el inventario de daños mineros.
Tras una búsqueda en su sistema, el Minem solo tiene planes de cierre de pasivos mineros de 2009, 2021 y 2022 en Huancavelica, pero ninguno relacionado con la sentencia judicial de diciembre de 2023.
“En la sentencia se ordena que se coloque como sitio contaminado a Huancavelica y Sacsamarca. Ya pasó el momento de juntar requisitos, porque es ya una cosa juzgada y hay sentencia consentida. Lo tienen que declarar como sitio contaminado, pero se siguen negando”.
Enrique Ecos, médico epidemiólogo que inició la investigación de metales pesados en Huancavelica en 2010.
Según un documento oficial emitido en agosto de 2024, el Minem argumenta que estos lugares no cumplen con los requisitos del Decreto Supremo 012-2017-MINAM para ser considerados sitios contaminados. Esta norma establece que primero debe identificarse el sitio afectado, luego realizarse un estudio de caracterización para evaluar el daño ambiental y, finalmente, diseñarse un plan dirigido a la remediación con acciones concretas de limpieza.
El Minem señala que la primera fase de identificación se hace a través de un Informe de Sitios Contaminados - IISC y que este, tras una consulta realizada en el Sistema de Información Ambiental Minero (SIAM), referido a Huancavelica y Sacsamarca, no existe. Por lo tanto no se llevó adelante la caracterización ni tampoco corresponde hacer el plan dirigido a la remediación, necesarios también para incluir a Huancavelica y Sacsamarca en el Inventario de Pasivos Mineros. Es decir, no se avanzó en el primer paso necesario.
Así, la falta de trámites internos es la justificación del Minem para no reconocer oficialmente el problema y evitar cualquier acción de remediación. Esto contradice el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a todas las autoridades a acatar las decisiones judiciales.
Consultado por este medio, el Minem respondió que, en cuanto a la inclusión de Huancavelica y Sacsamarca en el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros "se viene plasmando un informe técnico, el mismo que será remitido al Juzgado a través de la Procuraduría Pública del Minem una vez que se culmine" y que para ello se ha solicitado una ampliación de plazo a la instancia judicial. Sobre otras preguntas, como por ejemplo el estado en que se encuentran los planes de remediación ambiental y su postura frente a la sentencia, sus respuestas fueron más bien abiertas*.
Una declaratoria de emergencia ambiental que no cambió nada
Otra parte importante de la sentencia de diciembre de 2023, solicitó que se declare en emergencia ambiental a Huancavelica y Sacsamarca. Esto llegó a realizarse, finalmente, el 19 de abril de 2024 mediante Resolución Ministerial. Con esa disposición se aprobó un “Plan de Acción Inmediato y a Corto Plazo” para atender de forma urgente la contaminación ambiental. El plan se dividió en tres ejes, con diversas instituciones a su cargo y en un plazo establecido, estos son: atención integral a personas afectadas, gestión institucional y calidad ambiental.
Documentos obtenidos por Salud con lupa a través de la Ley de Transparencia revelan que, a casi un año y medio de la sentencia, los avances han sido mínimos y no se ha abordado la remediación ambiental.
Un informe de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica (Diresa-Huancavelica) de febrero de 2025 detalla lo poco que se ha hecho en el eje de atención médica. Según la declaratoria de emergencia, 55,803 personas debían recibir atención integral. Pero entre mayo y julio de 2024, solo 1,553 personas fueron atendidas y apenas se realizaron análisis toxicológicos a 22 personas, incluyendo 9 niños.
El mismo informe explica que la falta de presupuesto impidió ejecutar las actividades programadas, dejando sin atención médica al 97% de la población afectada.
Además, el plan de emergencia contemplaba un censo para identificar a la población vulnerable, análisis biológicos para detectar la presencia de metales pesados en el organismo e intervenciones de salud para niños y gestantes. Con la mayoría de la población sin ser atendida, estas acciones no llegaron a cumplirse.
"La efectividad de una declaratoria dependerá de cómo las entidades ejecuten sus competencias bajo la ley, por ello es necesario capacitar a las entidades competentes y dotarlas de recursos para que la aplicación logre los objetivos deseados".
Wendy Ancieta, coordinadora jurídica de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.
En el eje de gestión institucional, la Municipalidad Provincial de Huancavelica informó que realizó campañas de forestación y conservación en 20,000 metros cuadrados de áreas verdes en San Cristóbal, Santa Ana, Cercado, Yanaco y Santa Bárbara. En tres meses se sembraron 320 pinos y 200 quinuales.
En cuanto a la calidad ambiental, el plan incluía un paso clave: lograr que Huancavelica y Sacsamarca sean reconocidos oficialmente como pasivos ambientales mineros. Para esto, el Ministerio del Ambiente (Minam) pidió en mayo de 2024 a la Dirección General de Minería del Minem que delimitara el área afectada según lo establecido en la sentencia judicial.
Pero el Minem se negó. El 14 de mayo, su Dirección General de Minería respondió que para considerar un área como pasivo ambiental minero debía cumplir tres requisitos: haber sido afectada por actividad minera, estar abandonada antes del 7 de julio de 2004 y representar un riesgo permanente para la salud. Según su informe, el área no calificaba porque "proviene de diferentes actividades (no solo mineras) y está en continuo cambio (no abandonado)". Además, pidió verificar la situación de los antiguos hornos coloniales de la zona.
El Minam contestó el 28 de mayo recordando que ya había enviado información sobre los hornos y que, según un informe técnico de 2021 de acuerdo con estudios de agua, suelo y sedimentos, existe un daño ambiental importante. A pesar de esto, la Dirección General de Minería no volvió a responder, dejando el tema en el aire.
El Minam insistió el 20 de agosto de 2024, pero tampoco obtuvo respuesta.
Así, entre trámites y excusas, la salud de miles de personas sigue sin protección. A casi un año y medio de la sentencia que intentó romper el nudo de la burocracia, el problema sigue sin solución y el Estado sigue postergando la remediación ambiental de Huancavelica y Sacsamarca.
Sobre los avances en la elaboración de planes de remediación, el Ministerio de Energía y Minas señaló que corresponde al Ministerio del Ambiente definir los criterios y procedimientos para formular, coordinar y ejecutar estos planes. Sin embargo, evitó precisar el estado actual de dicha gestión desde su propia competencia.
Respecto a su postura sobre la sentencia de diciembre de 2023, el Minem se limitó a enumerar los requisitos que debe cumplir un Pasivo Ambiental Minero, agregando únicamente que 'solo podría calificarse como PAM a aquella instalación, componente o residuo que reúna y cumpla con todos estos atributos definidos a nivel legal'.
El abogado Mario Carranza señala que estas respuestas sugieren que el ministerio aún evalúa si Huancavelica y Sacsamarca cumplen los requisitos para la remediación ambiental, cuando la sentencia no ordena una evaluación, sino una acción inmediata para abordar la contaminación por metales pesados, ya identificada y probada.
