Hace un mes empezaron las clases escolares en todo el país, pero en los pueblos de Omanaranea, Marankiato y Montetoni, los niños aún no pueden estudiar. Sus padres están preocupados y se lo han hecho saber al ex viceministro de Interculturalidad, Jerry Espinoza, a través de una carta. “La educación es un derecho de nuestros hijos, y ese derecho está siendo vulnerado”, escribieron.
Estos pueblos en contacto inicial pertenecen a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), ubicada entre Cusco y Ucayali. Allí, los profesores no han podido ingresar porque el Ministerio de Salud no ha cumplido con vacunarlos. Y mientras no se garantice esa medida sanitaria, el Ministerio de Cultura no puede autorizar su ingreso para que trabajen en las escuelas. El resultado: decenas de niños siguen sin clases.
Omanaranea, Marankiato y Montetoni son asentamientos del pueblo matsigenka (nanti/kirineri) que viven en situación de contacto inicial. Esto significa que recién han empezado a relacionarse con la sociedad en general y, por eso, están protegidas por una ley especial —la Ley N° 28736— que regula el ingreso de cualquier trabajador, funcionario o representante del Estado a sus territorios.
Estas medidas existen porque las personas de estos pueblos son muy vulnerables a virus y enfermedades comunes, ya que su sistema inmunológico no está preparado para enfrentarlos. Por eso, se exige tomar precauciones antes de cualquier visita o trabajo en la zona.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Estados deben cuidar la salud de las personas que viven cerca de estos pueblos, como misioneros, trabajadores, militares o colonos, y establecer “cordones de protección sanitaria” para evitar contagios y brotes de enfermedades.
En Perú, la normativa obliga al Estado a proteger el derecho a la salud de los llamados Pueblos Indígenas en Contacto Inicial (PICI), como es el caso de estos tres asentamientos matsigenkas. Para hacerlo, una de las acciones clave es vacunar a todo aquel que vaya a brindarles servicios, como maestros, personal de salud o trabajadores de programas sociales.
“Los profesores no pueden cumplir, no porque no quieran, sino porque no hay vacunas. Las dos vacunas que se exigen —la de refuerzo contra la COVID-19 y la de influenza— no están disponibles. Por eso no pueden ingresar”, explica Pedro Sanca, coordinador de la Red Escolar de Selva del Sur Oriente Peruano (RESSOP).
Mientras tanto, los líderes de los pueblos afectados están pidiendo que los docentes puedan ingresar de todas formas, aunque no se haya cumplido con el requisito de vacunación. Consideran urgente que sus hijos comiencen a estudiar, como ya lo hacen los niños de otras comunidades cercanas.
Un informante de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), que solicitó no ser identificado, recogió los reclamos de los jefes comunales y los tradujo para Salud con lupa. Uno de estos líderes fue Ángel Timpia Koenti, jefe de la comunidad de Montetoni.
“Están muy preocupados porque sus hijos se están quedando atrás. Dicen que el Minsa les ha informado que no hay vacunas, ni la de influenza ni el refuerzo de COVID-19. Por eso quieren que los maestros ingresen igual, mientras se resuelve el problema”, cuenta este informante.
Frente a esta situación, el coordinador de la RESSOP, Pedro Sanca, informó que los docentes asignados ingresarían a los pueblos de Omanaranea, Marankiato y Montetoni el sábado 19 de abril, “al margen de lo que pase más adelante con las normas”.
Un proceso que no se cumple
Las escuelas que no han podido empezar clases en las pueblos de Omanaranea, Marankiato y Montetoni son: la Institución Educativa Inicial N° 372 de Montetoni, la Primaria N° 52243 también de Montetoni, y la Primaria N° 52256 de Sagondoari-Omanaranea. La razón principal es que los docentes asignados aún no pueden ingresar a estos asentamientos porque deben pasar por un proceso especial que involucra tanto al Ministerio de Cultura (Mincul) como al Ministerio de Salud (Minsa).
El Mincul es la entidad encargada de autorizar el ingreso a las reservas territoriales, mientras que el Minsa debe garantizar que los centros de salud cuenten con las vacunas necesarias para que los maestros cumplan los requisitos sanitarios.
La normativa vigente sólo permite autorizaciones excepcionales para ingresar a reservas territoriales en ciertos casos: si hay un riesgo de salud o una epidemia en los pueblos indígenas, si se detectan actividades ilegales, si hay amenazas a la seguridad nacional o si se afecta el entorno natural, entre otros.
En el caso de los docentes, ellos deben presentar una solicitud ante la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas (DGPI) del Mincul, explicando por qué necesitan ingresar. A esa solicitud deben adjuntar un anexo con sus datos personales, el motivo del ingreso y pruebas de haber recibido siete vacunas obligatorias, entre ellas, la de influenza y la vacunación completa contra la COVID-19.
Además, se les exige un certificado médico que confirme que están en buen estado de salud y no presentan síntomas de COVID-19. Luego de revisar estos documentos, la Dirección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Mincul evalúa el caso y, si todo está en orden, emite una resolución viceministerial que autoriza su ingreso.
Aunque no pudimos obtener una declaración oficial del Minsa al respecto, fuentes del sector confirmaron que la problemática en torno al ingreso de profesores a los pueblos de Omanaranea, Marankiato y Montetoni se debe a la falta de vacunas contra la COVID-19 y la influenza. Según pudo conocer este medio, el Ministerio se encuentra ahora mismo en negociaciones para obtener millones de estas vacunas, las cuales se encuentran a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).
Prueba de ello, en el caso de la vacuna contra la influenza, es una nota de prensa del Minsa, fechada el 12 de abril de 2025. En esta, se detalla que 8 millones de dosis de estas vacunas pronto estarán disponibles. En el caso de la vacuna pediátrica, se menciona que 2.2 millones están pasando controles de calidad, mientras que las 6 millones de dosis restantes, para adultos, llegarán "a partir del 13 de abril".
Con esta compra se espera dotar a los establecimientos de salud del stock suficiente frente a la inminente temporada de bajas temperaturas y aumento de enfermedades respiratorias.
Magaly Blas, médica especialista en salud pública y epidemiología, explica que el ingreso de los profesores sin vacunación es un riesgo para los pueblos en contacto inicial. "Al no tener anticuerpos, si es que viene alguien con alguna infección, pueden hasta morir por influenza o COVID-19. Es como si no tuvieran ninguna defensa", explica.
Además, la especialista recalca que, incluso en el caso de vacunarse prontamente, "hay un tiempo en el que se tienen que crear los anticuerpos", por lo cual, se necesita esperar todavía un período —que puede durar algunas semanas— hasta que las vacunas hagan efecto en los docentes que tienen que ingresar a los territorios del pueblo matsigenka.
Un problema que se repite
En mayo de 2020, se emitió el Decreto Legislativo N°1489, que estableció medidas para proteger a los pueblos indígenas u originarios durante la pandemia de COVID-19. Entre ellas, se incluyó la vacunación obligatoria para funcionarios públicos que ingresaran a territorios indígenas. Esta norma dejó de estar vigente el 25 de mayo de 2023, al levantarse la emergencia sanitaria. Sin embargo, un mes después, el Ministerio de Cultura solicitó restablecer las actividades estatales en las reservas indígenas y territoriales bajo las condiciones previas a la pandemia.
El Ministerio de Salud respondió que, pese al fin de la emergencia, aún era necesario mantener ciertos protocolos: pruebas moleculares, uso de mascarillas y vacunación completa para toda persona que solicitara ingreso a las reservas.
Aunque esta medida busca proteger a poblaciones altamente vulnerables, su implementación se ve afectada por un problema recurrente: la escasez de vacunas. El 10 de abril de 2023, el Ministerio de Cultura envió un oficio a la Dirección Regional de Salud de Ucayali y a la Gerencia Regional de Salud del Cusco solicitando vacunas contra la influenza para centros de salud cercanos a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), a fin de cumplir con el protocolo de inmunización exigido para el ingreso de personal estatal.
Esta situación se repitió en octubre de 2024. Comunicaciones internas del Ministerio de Cultura revelan la falta de vacunas y pruebas para COVID-19, lo que nuevamente impidió el ingreso de trabajadores estatales a la RTKNN. En el mismo mes, la escuela primaria de la comunidad de Santa Rosa de Serjali, en Ucayali —también en contacto inicial— perdió a su profesora de matemáticas. Su reemplazo no pudo ingresar porque los centros de salud de Sepahua y Camisea no contaban con vacunas contra la COVID-19.
Este desabastecimiento ya había sido advertido al Ministerio de Salud en febrero y marzo de 2025, mediante oficios enviados a la Dirección de Inmunizaciones y al viceministerio. Sin embargo, al inicio del año escolar, el problema persistía sin solución.
“No podemos permitir que los niños se queden sin profesores. La responsabilidad recae en quienes no pueden garantizar este requisito [la vacuna] para ingresar”, reclama el también docente, Pedro Sanca.
