BOA VISTA, Brasil — Desde 2500 pies de altura, la pista de aterrizaje no es más que una grieta en un océano casi interminable de selva tropical, rodeada de fosas mineras llenas de barro que vierten sustancias químicas tóxicas en el lecho de un río.
La pista de aterrizaje es propiedad del gobierno brasileño y es la única manera en que los funcionarios de salud pueden llegar a los indígenas de la aldea cercana. Sin embargo, los mineros ilegales se han apoderado de ella y utilizan pequeñas avionetas para transportar equipos y combustible a zonas donde no hay carreteras. Y cuando un avión que los mineros no reconocen se acerca, vierten botes de combustible a lo largo de la pista de aterrizaje para que la aeronave no pueda tocar tierra.
“La pista de aterrizaje les pertenece ahora a los mineros”, afirmó Junior Hekurari, un funcionario indígena de salud.
Los mineros también construyeron otras cuatro pistas de aterrizaje en las cercanías, todas ellas clandestinas, lo cual ha propiciado una expansión tan rápida de la minería ilegal en las tierras supuestamente protegidas del pueblo yanomami que la delincuencia se ha descontrolado y los trabajadores gubernamentales están demasiado asustados para regresar.
Este es solo un pequeño grupo de pistas de aterrizaje clandestinas que impulsan la extracción ilegal de oro y estaño en los rincones más remotos de la selva amazónica. Esculpidas en el denso y exuberante paisaje, forman parte de vastas redes criminales que operan en gran parte sin control debido a la negligencia o ineficacia de los organismos de seguridad y regulación en Brasil, incluido el Ejército.
The New York Times identificó 1269 pistas de aterrizaje sin registro en toda la selva amazónica de Brasil en el último año, muchas de las cuales abastecen una próspera industria ilícita que ha surgido durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro se ha enfrentado a constantes críticas de la comunidad internacional por permitir el saqueo de la Amazonia durante su gobierno. Las autoridades dicen que la rápida expansión de la minería ilegal durante su gestión podría perjudicar a millones de personas, cuyo sustento depende de los ríos de la Amazonia, y acelerar la destrucción de la mayor selva tropical del mundo.
La Amazonia funge como una esponja gigante, que mantiene decenas de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono lejos de la atmósfera. Pero ha estado sometida a un ataque implacable en los últimos años: tala clandestina, quema excesiva para la agricultura, minería y otras amenazas ilegales.
Investigaciones recientes muestran que el cambio climático y la deforestación generalizada están llevando a la selva a un punto de no retorno que podría destruir su capacidad para recuperarse de todo ese daño y, en última instancia, enviar años de emisiones globales a la atmósfera y dificultar la lucha contra el calentamiento global.
Desde su llegada a la presidencia en 2019, Bolsonaro ha defendido a las industrias y motivado la destrucción de la selva, lo cual ha ocasionado niveles históricos de deforestación. Bolsonaro ha relajado las normas para expandir la tala y la minería en la Amazonia y disminuido las protecciones. También ha recortado los fondos federales y el personal, debilitando las agencias que hacen cumplir las leyes de derechos indígenas y medioambientales.
Desde hace tiempo, Bolsonaro apoya la legalización de la minería en tierras indígenas. Incluso visitó una mina de oro ilegal en lo que se supone que es un territorio protegido y declaró públicamente su apoyo a las actividades ilícitas en la Amazonia brasileña.
“No es justo criminalizar a los mineros ilegales”, dijo Bolsonaro a sus seguidores afuera de su casa en Brasilia, la capital, el año pasado.
Tan solo en la tierra de los yanomamis —que abarca alrededor de 97.124 kilómetros cuadrados o casi el tamaño de Portugal— las autoridades calculan que 30.000 mineros trabajan de manera ilegal en territorio protegido por el gobierno. Sin embargo, este es un territorio sin ley. En años recientes, las cifras han aumentado, lo cual ha ocasionado enfrentamientos mortales, el desplazamiento de comunidades indígenas, una rápida deforestación y la destrucción de la tierra y los ríos, pues ahora se encuentran niveles asombrosos de mercurio tóxico en el agua.
La minería ilegal en el territorio de los yanomamis cerca de la frontera de Brasil con Venezuela es una muestra de lo que está sucediendo en toda la selva amazónica, que abarca casi el 60 por ciento de todo el país.
Muchas de las 1269 pistas de aterrizaje irregulares identificadas por The New York Times han permitido a aeronaves tocar tierra en zonas ricas en oro y estaño a las que, de otro modo, sería casi imposible llegar debido a la espesa selva tropical y al terreno montañoso. Aunque el papel del tráfico aéreo en la minería ilegal ha sido bien documentado, el Times examinó miles de imágenes de satélite que se remontan a 2016 para verificar cada pista de aterrizaje y compilar el panorama más completo hasta ahora de la escala de la industria ilegal.
El análisis del Times descubrió que al menos 362 (más de una cuarta parte) de las pistas de aterrizaje están a menos de 19 kilómetros de zonas de minería furtiva, una forma de minería que depende en gran medida del mercurio altamente tóxico. Alrededor del 60 por ciento de esas pistas de aterrizaje se encuentran en tierras indígenas y protegidas donde está prohibida cualquier forma de minería.
Los cientos de otras pistas de aterrizaje identificadas por el Times puede que sirvan de apoyo a las operaciones mineras ilegales desde mayores distancias o que sean utilizadas por los narcotraficantes o los agricultores para esparcir pesticidas. Además, los mineros también utilizan ilegalmente o se han apoderado de decenas de pistas de aterrizaje del gobierno de las que dependen los funcionarios públicos para acceder a las comunidades remotas.
“Nuestra percepción es que, sin aviones, no habría minería en la tierra de los yanomamis”, afirmó Matheus Bueno, un fiscal federal con sede en Boa Vista, la capital del estado de Roraima, donde se encuentra parte de la tierra de los yanomamis.
Entre 2010 y 2020, la minería ilegal en tierras indígenas creció casi un 500 por ciento y un 300 por ciento entierras de conservación, según un análisis de Mapbiomas, un colectivo con sede en Brasil de organizaciones sin fines de lucro e instituciones académicas centradas en el clima.
Para el pueblo yanomami, los efectos de la minería ilegal ya han sido devastadores.
Con una población de casi 40.000 personas, los yanomamis, cuyas tierras se extienden entre Brasil y Venezuela, son el mayor grupo indígena que vive en relativo aislamiento en la Amazonia. Un estudio reciente de Hutukara, una organización yanomami sin fines de lucro, estimó que más de la mitad de las personas que viven en el territorio brasileño yanomami se han visto perjudicadas por la minería ilegal.
Según el informe, las consecuencias incluyen la desnutrición debido a los cultivos destruidos o abandonados, y la malaria propagada por la proliferación de mosquitos en los pozos mineros abiertos y las zonas deforestadas.
Las operaciones también han dividido a los grupos indígenas, ya que algunos trabajan con los mineros mientras que otros se oponen a ellos. A principios de este año, estalló una pelea entre dos grupos, la cual dejó dos hombres muertos y otros cinco heridos.
Pero lo que más alarma a las autoridades sanitarias es el mercurio utilizado para separar el polvo de oro del lodo del lecho del río, que está envenenando el agua y los peces de los que depende la comunidad.
El envenenamiento por mercurio puede perjudicar el desarrollo de los niños y ataca el sistema nervioso central, lo que causa una serie de problemas de salud que van desde la pérdida de visión hasta las enfermedades cardiovasculares, según un informe de Fiocruz, un instituto de investigación sobre la atención sanitaria pública.
Un reciente análisis gubernamental del agua recolectada en cuatro ríos del territorio de los yanomamis encontró niveles de mercurio un 8600 por ciento más altos de lo que se considera seguro para el consumo humano.
“La destrucción en algunas comunidades es total”, dijo Hekurari. “La minería está en todas partes”.
Las minas furtivas suelen comenzar con un solo hombre que se adentra en el bosque, con solo una pala, un azadón, un cuenco para buscar oro y un dispositivo GPS.
Los mineros suelen proceder de comunidades empobrecidas, que buscan algo más que un salario digno. Sus jefes forman parte de grupos criminales fragmentados, pero políticamente poderosos, que en los últimos años han sacado provecho del mercado de mano de obra barata y del aumento del precio del oro y el estaño.
Una vez identificado un punto de extracción lucrativo, llegan más mineros cargados de suministros para excavar una mina artesanal. Bombas con motor diésel disparan potentes chorros de agua al lodo para aflojarlo, mientras que otras bombas extraen el lodo del lecho del río, lo que genera enormes cráteres que interrumpen el flujo de los ríos. A continuación, el mercurio se mezcla con el lodo extraído para separar las partículas de oro. Los restos de mercurio permanecen en el lodo desechado y también se evaporan en el aire durante el proceso de fundición.
Luego se construyen pistas de aterrizaje en zonas lo suficientemente ricas en minerales como para soportar costosas cadenas de suministro aéreo.
“Así es como van creciendo”, afirma Gustavo Geiser, experto forense de la policía federal brasileña que ha trabajado en varios casos de minería ilegal.
Después el oro se vende a compradores, algunos de ellos sin licencia, que lo trasladan a fundiciones en Brasil y en el extranjero para su refinamiento. A menudo acaba en bancos de todo el mundo y en productos como teléfonos y joyas.
La minería furtiva puede ser legal, pero gran parte de ella se lleva a cabo sin los permisos medioambientales necesarios o en zonas protegidas donde está prohibida.
En el marco de una amplia investigación realizada el año pasado sobre la minería ilegal en tierras yanomami, la agencia de protección del medioambiente de Brasil, IBAMA, y la policía federal incautaron decenas de aviones y helicópteros, y revelaron el funcionamiento interno de la logística que apoya estas operaciones.
El único distribuidor de combustible de aviación en el estado de Roraima fue multado por vender a compradores no registrados que regentaban gasolineras improvisadas, y sigue siendo investigado penalmente. El combustible se llevaba a las pistas de aterrizaje, donde los aviones y helicópteros se escondían en los claros de los bosques cercanos.
En mayo, el Times usó un dron para observar una de las pistas de aterrizaje que encontraron los agentes y observó que se depositaba una carga no identificada en dos aviones y que varias camionetas pick-up con recipientes de combustible se dirigían hacia el avión, un ejemplo de cómo las agencias de procuración de justicia han batallado para acabar de manera eficaz con estas operaciones.
La reciente expansión de la minería ilegal en todo Brasil no es inusitada: la fiebre del oro durante la década de 1980 generó una crisis muy parecida a la que existe hoy.
En medio de la presión internacional, el gobierno acabó con la mayor parte de la minería ilegal al hacer estallar decenas de pistas de aterrizaje, encarcelar y extraditar a los mineros y cerrar el espacio aéreo sobre el territorio de los yanomamis durante meses, según los informes de prensa.
Según las autoridades es necesario implementar una estrategia similar a fin de combatir con eficacia la minería ilegal reciente. Sin embargo, en la presidencia de Bolsonaro, las políticas de protección se han debilitado con un gobierno que a decir de los críticos ha puesto el desarrollo económico desregulado por encima de cuestiones ambientales e indígenas.
En las tierras de los yanomamis, el Ejército tiene tres bases para vigilar la actividad fronteriza, una de las cuales se utiliza a veces para combatir la minería ilegal. El Times identificó al menos 35 pistas ilegales, que muy probablemente utilicen los mineros, en un radio de 80 kilómetros de esa base.
“El Ejército reconoce que la integridad de la frontera se presenta como un desafío para el Estado brasileño, en particular para las fuerzas de seguridad”, dijo el Ejército de Brasil al Times por correo electrónico, añadiendo que el país comparte más de 16093 kilómetros de frontera con 10 países.
El Ejército afirmó que su plan de protección fronteriza tiene “la meta de reducir los delitos transfronterizos y ambientales, así como las actividades de la delincuencia organizada”.
La Fuerza Aérea Brasileña no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.
La investigación de las actividades ilegales en las tierras indígenas y las reservas federales corresponde a la policía federal brasileña, pero este organismo carece de recursos para frenar la actividad minera ilegal, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
La fuerza policial cuenta con un único helicóptero de transporte para todo el país. El Ejército suele negarse a apoyar las operaciones contra la minería, a menos que organismos con presupuestos mucho más reducidos paguen grandes sumas para utilizar sus aeronaves, según los funcionarios policiales.
Las investigaciones de la policía federal, los agentes ambientales y los fiscales pintan un panorama de caos en el espacio aéreo de la Amazonia. Aviones y helicópteros con permisos revocados vuelan sin impedimentos hacia las minas ilegales con sus transmisores apagados, cruzando con frecuencia la frontera de entrada y salida de Venezuela.
Una nueva ley que eliminó hace poco el requisito de contar con la autorización del gobierno para construir pistas de aterrizaje en tierra no protegida podría ser una posible complicación para las agencias de procuración de justicia. Aún tienen que estar registradas para operar, pero los críticos dicen que esta ley debilita aún más a las autoridades gubernamentales porque los inspectores ya no pueden emitir multas solo por su existencia, ahora deben probar que las pistas de aterrizaje no registradas están en uso.
Juliano Noman, director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC, por su sigla en portugués), encargada de vigilar la actividad de las pistas de aterrizaje ilegales, dijo que la eliminación del requisito agilizaba el proceso de registro y no ha fomentado una mayor actividad delictiva. De todos modos, una sección de terreno despejada no puede confirmarse como pista de aterrizaje a menos que se detecte tráfico aéreo, añadió.
Su agencia, señaló, sigue deteniendo con éxito el tráfico aéreo ilegal.
“No hay nada en la aviación que facilite o amplíe la minería ilegal”, dijo, y añadió que los delincuentes siempre encontrarán formas de transportar sus productos, una realidad que no es responsabilidad de su agencia.
Rodrigo Martins de Mello se envolvió en una bandera brasileña mientras hablaba ante unos cientos de mineros y sus partidarios desde lo alto de un camión con publicidad sonora en mayo. Estaban en Boa Vista para protestar contra un grupo de senadores que había llegado a la ciudad para investigar los abusos de los derechos humanos relacionados con la minería ilegal.
“Lo más importante es acabar con la opresión del minero furtivo”, afirmó De Mello. “Estamos aquí buscando nuestra libertad, nuestra tranquilidad para trabajar”.
Piloto y empresario de la aviación, De Mello representa el creciente apoyo a la minería salvaje en algunos rincones empobrecidos de la Amazonia y el empuje para seguir expandiéndose en zonas protegidas.
Con acciones en varios proyectos mineros legales, forma parte de una poderosa red de empresarios empoderados por las regulaciones debilitadas bajo el gobierno de Bolsonaro para desarrollar la minería, la tala y otras industrias en la selva.
Al mismo tiempo, este personaje está siendo investigado por los fiscales federales debido a su participación en la minería ilegal.
Dado que las elecciones nacionales están próximas a celebrase en octubre, De Mello se afilió al partido político de Bolsonaro y lanzó su propia campaña al Congreso para representar a los mineros. También coordina un movimiento en el estado de Roraima para flexibilizar las regulaciones sobre la minería furtiva.
De Mello dijo que su principal proyecto es construir cooperativas mineras en todo el estado de tal manera que los mineros puedan trabajar por la vía legal y ayudar a hacer crecer la economía local. “Creen en mí porque consideran que puedo hacer que esas cooperativas sean económicamente viables”, manifestó.
Pero también apoya políticas que beneficiarían a los mineros ilegales, incluida la prohibición de que las fuerzas del orden destruyan los equipos relacionados con los delitos medioambientales.
Su plataforma no ha tardado en convertirlo en líder en un estado en el que los mineros son una fuerza política importante. Los críticos dicen que De Mello está promoviendo políticas que erosionarían aún más las protecciones que ya se aplican mal.
Sentada en la reciente protesta de De Mello, Christina Rocha recordó a su marido, Antônio José, que murió el año anterior al estrellarse el avión que lo transportaba a una mina ilegal. Su cuerpo fue encontrado ocho meses después.
“Hay muchos accidentes”, dijo. “Si fuera legal, la gente no tendría que correr tanto riesgo”.
André Spigariol colaboró con este reportaje desde Brasilia, Brasil, y Emily Costa desde Boa Vista, Brasil.
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