“Vimos que el crudo bajaba por el río. Nosotros hemos juntado con baldes lo que se podía”, cuenta Jener Canayo Unihuacari, apu de Manco Cápac, comunidad kukama kukamiria en la provincia de Maynas, la misma a la que pertenece Iquitos, la capital de la región Loreto. Se refiere al derrame de más de 45 barriles de crudo —7,350 litros, aproximadamente— al río Canal del Puinahua ocurrido el 5 de marzo de 2024 a dos kilómetros del Lote 95, operado por la compañía canadiense Petrotal Perú, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Hoy, casi un año después, el miedo a beber agua contaminada y enfermar se mantiene en Manco Cápac, la comunidad más afectada.
Manco Cápac es el hogar de unas 500 personas que, como muchas comunidades indígenas en la Amazonía peruana, viven sin acceso a agua potable ni desagüe. Por eso, depende por completo del río Canal del Puinahua y de las lagunas o “cochas” cercanas para abastecerse de agua, pescar, cultivar y cubrir sus necesidades diarias.
“Vivíamos tranquilos, creyendo que el agua no estaba contaminada: nos bañábamos, la bebíamos sin miedo. Ahora creemos que nunca volverá a ser la misma”, dice Mónica, comunera de Manco Cápac. Su testimonio, recogido en julio de 2024, meses después del derrame de crudo, refleja un temor que no se ha despejado ni con investigaciones ni análisis del impacto en el ecosistema y en la salud de la población afectada. “Pedimos un mejor trato para nuestra gente, que vengan más profesionales a hacer análisis a cada comunero, a saber cómo estamos. Si alguien ha bebido el agua o comido pescado, no sabemos qué efecto ha tenido en su salud”, advierte el apu Jenner Canayo Unihuacari.
Todo empezó la madrugada del 5 de marzo de 2024. Según información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en ese momento ocurrió el choque entre las embarcaciones "Tukita 2", remolcada por otra embarcación, llamada “Rey 17”, y "Tukita 1" —propiedad de la empresa Trans Fluvial — siendo esta última la más afectada.
Horas antes del accidente, “Tukita 1” había recogido más de 20 mil barriles de crudo vendidos por Petrotal Perú a la gigante estadounidense Novum Energy Trading Corp, una empresa que comercializa petróleo y sus derivados en América del Sur, Europa, Oriente Medio, África y Asia Pacífico. La embarcación tenía como misión transportar el crudo hasta Manaos, en Brasil, para luego enviarlo a otros destinos a través del Atlántico. Sin embargo, la colisión provocó la fisura de 75 centímetros en su estructura, lo que resultó en el derrame de 45.92 barriles de crudo en el río Canal del Puinahua. Las comunidades de Manco Cápac, Jorge Chávez y Atún Poza fueron testigos de cómo el agua se tiñó de negro y un color iridiscente. Desde entonces, comenzó su lucha por acceder a agua limpia.
Al día siguiente del derrame y durante los cuatro meses siguientes, PetroTal Perú suministró agua envasada a las comunidades afectadas. Sin embargo, con el tiempo, fueron los propios comuneros quienes tuvieron que recorrer varios kilómetros hasta el Lote 95 para solicitar más agua. En la actualidad, en Manco Cápac han instalado una pequeña planta de tratamiento para asegurarse de no consumir agua que aún consideran contaminada, pues desconfían de que el riesgo haya desaparecido, pese a lo que afirman las autoridades.
PetroTal Perú informó a este medio que su apoyo consistió en la entrega de 118 toneladas métricas de alimentos de primera necesidad y 75 mil litros de agua embotellada, con un valor estimado de un millón de soles. Según la empresa, esta ayuda se distribuyó entre el 5 de marzo y el 15 de junio de 2024 en once comunidades, entre ellas Manco Cápac, Jorge Chávez y Atún Poza.
"Aunque ellos digan que no estamos contaminados, sí lo estamos", ha insistido Mónica con impotencia en los primeros meses después del derrame. Hoy, las dudas persisten, como una sombra opaca—similar al crudo flotando en el agua—que impide conocer con certeza si la emergencia ambiental ha sido superada, especialmente en un ecosistema tan frágil como la Reserva Nacional Pacaya Samiria, un área con más de 2 millones de hectáreas de bosques inundables que albergan una biodiversidad excepcional. Es conocida como la "Selva de los Espejos" por la pureza de sus aguas, que reflejan el cielo y la vegetación circundante. Su importancia ecológica radica en que es el hogar de especies emblemáticas y en peligro, como el delfín rosado y el manatí amazónico. Sus ríos y cochas son fuente de vida para comunidades indígenas y ribereñas que dependen de la pesca y el agua limpia. Además, funciona como gran reguladora del clima y del agua, ya que sus bosques almacenan carbono y sus humedales mitigan inundaciones. Todo esto es lo que se puso en riesgo.
La discutible versión del OEFA
Manco Cápac se ubica a unas 11 horas de Iquitos en un viaje en “rápido” —un tipo de embarcación pequeña que sirve de transporte fluvial—. Está en el corazón de Loreto, una región que acumuló la mayoría de derrames de hidrocarburos en el Perú entre 1997 y 2023, con 707 emergencias ambientales por este motivo, de acuerdo a un informe elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Volviendo a una de sus últimas emergencias, el 6 de marzo de 2024, un día después del derrame, una delegación compuesta por miembros de distintas entidades del Estado —el OEFA, la Dicapi-Iquitos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto (FEMA-Loreto), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Autoridad Local del Agua de Iquitos (ALA-Iquitos)— se dirigió a las zonas afectadas en el río Canal del Puinahua.
El OEFA llevó a cabo tres inspecciones tras el derrame. La primera se realizó entre el 6 y el 10 de marzo; la segunda, del 20 al 24 de marzo; y la tercera, del 6 al 11 de mayo de 2024.
En la primera supervisión el organismo estatal, que depende del Ministerio del Ambiente, confirmó que el derrame se había extendido a lo largo de 35.95 km aguas abajo del río Canal del Puinahua. Además, encontró concentraciones de aceites, grasas e hidrocarburos totales que superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en uno de los puntos de muestreo. En la segunda supervisión, los hidrocarburos seguían presentes en dos puntos de análisis.
Sin embargo, apenas dos meses después del incidente, en la tercera supervisión, el OEFA concluyó que el río Canal del Puinahua "se encuentra libre de petróleo crudo contaminante derramado, iridiscencias, trazas u otro indicio de contaminación visible". Además, según nuevos análisis de agua superficial y sedimentos, los niveles de contaminación ya no superaban los ECA, lo que indicaría que el área había sido limpiada.
A pesar de estas conclusiones, el OEFA aún está evaluando sancionar a las empresas involucradas.
El problema está en que el informe del OEFA se contradice con otro elaborado por el Sernanp a causa del mismo hecho. Esta entidad documentó que el derrame afectó a 12.08 hectáreas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en las que se encuentran las comunidades de Manco Cápac, Jorge Chávez y Atún Poza.
El Sernanp, al contrario que el OEFA, calcula el daño ocasionado en más de 5 millones de soles, tomando en cuenta una afectación que se extenderá hasta el año 2033. En su informe, se desglosa el cálculo con efectos identificados y estimaciones realizadas: S/ 458,567.20, en paralización de actividades pesqueras; S/ 4,446,000.00, en restricción del agua para autoconsumo; S/ 26,909.00, en preocupación por evitar derrames de petróleo; y S/ 142,522.00, en desembolsos al Estado para la remediación del derrame.
Por ello, el Sernanp sancionó a Trans Fluvial y Novum Energy Trading Corp con una multa de S/ 19,832,650.00. Es preciso señalar que Petrotal Perú, no fue incluida en ninguna sanción hasta el momento, porque se consideró que el crudo ya no era de su responsabilidad, al habérselo vendido a Novum Energy Trading Corp.
En relación con el informe emitido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Antony Apeño, biólogo marino y especialista en ecosistemas de la ONG CooperAcción, considera que las conclusiones preliminares resultan apresuradas.
"No se puede asegurar tan fácilmente a una población que el ecosistema está completamente limpio sin haber realizado monitoreos constantes", advierte Apeño. "Para afirmar que el contaminante ha desaparecido, se necesitaría al menos un año de análisis continuos, con resultados consistentes que confirmen la ausencia total de hidrocarburos y otros residuos tóxicos. Solo después de varios meses con datos uniformes podríamos decir, con fundamento, que la contaminación ya no está presente", concluye el especialista.
El temor que aún persiste en comunidades como Manco Cápac no es infundado: la contaminación por crudo en la Amazonía peruana representa un riesgo real para la salud. Un estudio publicado en 2018 en la revista científica Springer Nature evidenció que la exposición a hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP)—compuestos presentes en el petróleo—puede tener efectos cancerígenos, especialmente en poblaciones en contacto frecuente con agua contaminada y peces expuestos a estos químicos.
La investigación analizó muestras de orina de 75 hombres y mujeres en la Amazonía ecuatoriana y peruana que viven cerca de zonas de extracción petrolera. Los resultados confirmaron que quienes tienen mayor contacto con estos ambientes presentan niveles elevados de HAP en el organismo, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves, incluido el cáncer.
“Nunca antes la gente había tenido esta comezón. Ahora es insoportable y no sabemos a qué se debe”, alerta Jener Canayo Unihuacari, apu de Manco Cápac. “A veces la gente no hacía caso y consumía pescado a escondidas. Algunos creen que puede ser por eso”, añade. Frente a la incertidumbre, el líder indígena exige estudios más profundos sobre los impactos del derrame ocurrido en marzo de 2024.
Pruebas insuficientes: el Estado peruano mira hacia otro lado
Salud con lupa accedió a dos análisis realizados por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) en las cochas Matilde y Pona, ubicadas dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en las cercanías de la comunidad kukama kukamiria de Manco Cápac. Estos estudios, llevados a cabo en noviembre de 2024, ocho meses después del derrame, analizaron los niveles de contaminación en los peces boquichicos y carachamas, las especies más consumidas en la zona.
Uno de los análisis reveló que los niveles de mercurio superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el Ministerio del Ambiente, mientras que los de plomo se encuentran cerca del límite permisible.
Para llegar a esta conclusión, los resultados obtenidos por Sanipes fueron comparados con los ECA fijados en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, específicamente en el apartado sobre extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos y lagunas.
“El contenido de mercurio es bastante alto, por lo que no aseguraría, como lo ha hecho Sanipes, que estos peces ya pueden ser consumidos”, advierte el biólogo marino Antony Apeño. “En cuanto al plomo, los valores están peligrosamente cerca del límite permitido”, agrega.
El hallazgo es preocupante, considerando que un estudio publicado en 2021 en la revista Environmental International analizó los niveles de plomo en 1,047 personas de 39 comunidades en la Amazonía peruana. Los resultados mostraron que quienes vivían más cerca de zonas de extracción y contaminación petrolera tenían las concentraciones más altas de plomo en la sangre.
En el caso del derrame en Manco Cápac, los especialistas consultados por este medio coinciden en que los análisis realizados hasta el momento son insuficientes. Sostienen que se requieren estudios más frecuentes y exhaustivos, no solo en los peces de la zona, sino también en el agua, para determinar si la contaminación persiste y en qué nivel.
Esto es precisamente lo que exigen los comuneros de Manco Cápac, quienes siguen esperando respuestas claras sobre el verdadero impacto del derrame en su territorio.
Las sanciones de PetroTal y Trans Fluvial Rey
La Reserva Nacional Pacaya Samiria alberga a más de 92,000 personas distribuidas en caseríos, poblados menores y comunidades. Según su Plan Maestro, dentro de la reserva existen 92 comunidades y otras 116 en su zona de amortiguamiento. Creada en 1972, esta área protegida resguarda una biodiversidad excepcional: 1,025 especies de vertebrados—lo que representa un 27% del total en el Perú y un 36% de los existentes en la Amazonía—además de 965 especies de plantas silvestres y 59 de plantas cultivadas. Sin embargo, toda esta riqueza natural colinda con el Lote 95, de donde se extraen miles de barriles de crudo diariamente. La empresa PetroTal Perú, de capital canadiense, es la operadora de este lote.
Según el informe "La sombra de los hidrocarburos" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hasta 2023 la compañía acumulaba 26 derrames de petróleo y había sido sancionada con multas que sumaban S/ 855,054.80 por parte de Osinergmin. Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) registra 63 infracciones vigentes cometidas por la empresa, con un consolidado de 263.99 UIT en sanciones, las cuales, calculadas con el valor actual equivalen a S/ 1,412,346.50.
En enero de 2024, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi-Iquitos) impuso una sanción de 5 UIT o S/ 27,750.00 a PetroTal por el derrame de 8 galones de crudo desde la barcaza "CT 75", de bandera brasileña, en el río Canal del Puinahua.
No es la única sanción en su historial. En 2021, OEFA multó a la compañía con 2.516 UIT o S/ 11,070.40 por un derrame ocurrido en noviembre de 2019, antes de que la barcaza "M y J - VII" cargara petróleo en el muelle del Lote 95. En esa ocasión, se filtró medio galón de crudo al río Canal del Puinahua.
Por otro lado, la empresa Trans Fluvial, responsable del derrame de crudo de marzo de 2024, es una compañía que brinda servicios de transporte fluvial mediante sus barcazas. En ese incidente, fue contratada por Novum Energy Trading Corp, compañía que, a su vez, había adquirido el crudo a PetroTal Perú.
Esta no es la primera vez que Trans Fluvial se ve involucrada en un evento similar. En junio de 2018, la Dicapi-Iquitos la sancionó por un derrame ocurrido en Saramuro, Loreto, en instalaciones de Petroperú. Según una resolución de OEFA, la bodega N° 1 de la embarcación "Kenia XV" sufrió un rebalse, provocando el derrame de 19 galones de petróleo en el río Marañón. Por este incidente, Trans Fluvial recibió una multa de 0.5 UIT o S/ 2,075.00, mientras que Petroperú fue sancionada con 93.792 UIT o S/ 389,236.80.
En cuanto al derrame de marzo de 2024, la Dicapi-Iquitos atribuye el accidente a la colisión entre las barcazas “Tukita 2” y “Tukita 1”. En su informe oficial, sostiene que la causa principal fue la densa neblina, según los testimonios de los tripulantes del remolcador “Rey 17”, y asigna un 80% de responsabilidad al evento climático y solo un 20% a las empresas involucradas (Trans Fluvial Rey y Novum Energy Trading Corp).
Sin embargo, OEFA ha cuestionado esta conclusión, señalando que las embarcaciones no debieron zarpar bajo condiciones de baja visibilidad, ya que ello representaba un riesgo inaceptable para el transporte de crudo.
En cuanto al riesgo de embarcar crudo en horas de la madrugada, la compañía PetroTal Perú respondió a Salud con lupa que estas actividades pueden desarrollarse las 24 horas según la demanda, ya que no existe prohibición legal para eso. Además, la empresa señaló que el derrame no está vinculado a la carga de hidrocarburos porque fue a 2 kilómetros de sus instalaciones, y es entera "responsabilidad del patrón a cargo", en este caso, Trans Fluvial Rey.
Planes de expansión y mayores riesgos
Esta emergencia ambiental se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre la compañía PetroTal Perú y las comunidades cercanas al Lote 95. En agosto de 2020, tres personas fallecieron y otras diez resultaron heridas durante una protesta frente al campamento petrolero de la empresa. En 2022, nuevas manifestaciones evidenciaron el descontento local. Ahora, la intención de PetroTal de expandir sus operaciones con 56 nuevos pozos petroleros ha reavivado la oposición de las organizaciones indígenas en la zona, como la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap).
Consultada sobre su relación con las comunidades de la zona, PetroTal Perú discrepó de que esta fuera negativa, ya que considera que es "cordial y colaborativa" con la mayoría de personas en el distrito de Puinahua. La compañía menciona como prueba de ello aportes que asegura haber invertido en el distrito, como 88 millones de soles en el "Fondo 2.5", la "Beca PetroTal", programas de salud, proyectos productivos y acceso a servicios básicos.
Los planes de expansión aparecen en una solicitud de modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-D) presentada por PetroTal Perú. En el documento, la compañía plantea elevar su producción a 50,000 barriles diarios, más del doble de su capacidad actual, estimada en 20,000 barriles.
Para Jener Canayo Unihuacari, apu de Manco Cápac, esta ampliación solo aumentaría los riesgos de un nuevo derrame, agravando la incertidumbre que ya afecta a su comunidad.
"No estamos de acuerdo con que aumenten los pozos. Pedimos que trabajen con los que ya existen. Si perforan más, habrá más embarcaciones transportando crudo y el riesgo de otro derrame será aún mayor. En cualquier momento, esto podría volver a ocurrir", advierte.
Hasta el cierre de edición de esta nota, la empresa Trans Fluvial Rey no respondió a un cuestionario enviado. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tampoco respondió a nuestras consultas.
