Purús es una de las provincias más aisladas de Ucayali y de todo del país. Para llegar, hay que subirse a un avión militar —si hay espacio— o pagar un vuelo comercial que es tan escaso como costoso. En lugar de crecer, su población ha disminuido drásticamente: según datos oficiales, pasó de 4,280 habitantes en 2005 a solo 2,847 en 2017. Es decir, perdió más del 30 % de sus habitantes en poco más de una década. Y el descenso continúa. Muchos se han ido porque enfermarse aquí no solo es un riesgo, sino una sentencia: no hay suficientes médicos ni infraestructura para atender emergencias.
La organización DAS Perú ha contado 23 muertes recientes en la zona. Ocho eran bebés, de apenas días o meses de vida. Murieron por causas que en otras partes del país se tratan sin dificultad: dengue, neumonía, infecciones, anemia. Aquí, esas enfermedades significan morir. Porque no hay médicos suficientes. Porque no hay dónde atenderse. Porque cuando un niño se pone grave, no hay a quién llamar ni cómo salir.
Desde 2009 se viene anunciando la ampliación del centro de salud de la capital, Puerto Esperanza. El objetivo era convertirlo en un establecimiento de mayor nivel, con capacidad de internamiento y atención especializada. Se asignó un presupuesto de más de 44 millones de soles. La obra debió terminar en 2019. Pero no se ha cumplido. Hoy, la construcción está suspendida.
El proyecto se llama “Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento del Centro de Salud Purus con fines de Recategorización I-4”. Fue pensado para mejorar los servicios de salud en la capital de la provincia, Puerto Esperanza, y para la atención de 4,405 personas, de acuerdo a su ficha de registro, del año 2012.
El 14 de diciembre de 2017 el Gobierno Regional de Ucayali y el Consorcio Salud Purús, integrado por tres compañías con serios cuestionamientos en sus contrataciones con el Estado, firmaron el contrato de la obra por un monto inicial de S/ 33,442,081.26, con un plazo de 2 años para su ejecución.
Las empresas encargadas de ejecutar el proyecto de ampliación del Centro de Salud Purús son J.P.C. Ingenieros S.A.C., Assignia Infraestructuras S.A. – Sucursal Perú y Soluciones Integrales Emdemas S.A.C. De estas, dos se encuentran actualmente inhabilitadas para contratar con el Estado por graves infracciones, y la tercera arrastra una multa considerable.
Assignia Infraestructuras S.A. – Sucursal Perú fue inhabilitada de manera definitiva desde 2022 para contratar con el Estado luego de incumplir sus compromisos en una obra clave para el Ejército en Arequipa: el Centro de Mantenimiento Aeronáutico. La empresa no cumplió con lo pactado y acumuló penalidades, lo que llevó a que se cancelara el contrato.
Emdemas SAC fue sancionada de manera permanente desde 2021, tras acumular un historial de malas prácticas: cinco sanciones temporales y cuatro definitivas. Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), presentó documentos falsos e información inexacta para postular a procesos públicos.
J.P.C. Ingenieros SAC por su parte, fue multada con 280 mil soles en 2024 por no formalizar adecuadamente un contrato para una obra de agua potable y saneamiento en el caserío La Merced de Neshuya, en Ucayali, pese a haber sido seleccionada para ejecutarla.
Estas tres empresas tienen a su cargo uno de los proyectos más urgentes para la salud en Purús, pero su historial —y la paralización de la obra— siembran serias dudas sobre su idoneidad y compromiso.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Centro de Salud Purús tiene un avance físico del 79.8 %. Si se desglosa ese avance, la infraestructura está casi lista, con un 91 % completado. Pero el equipamiento, que es lo que permite que realmente funcione, sigue en cero.
La obra está paralizada desde el 25 de julio de 2024. ¿La razón oficial? Falta de supervisión y dificultades logísticas para trasladar materiales a esta zona remota. Sin embargo, el presupuesto para la supervisión ya ha sido ejecutado en su totalidad. Una paradoja difícil de explicar.
El 6 de mayo, el Gobierno Regional de Ucayali firmó una nueva acta con el Consorcio Salud Purús para retomar los trabajos a partir del 7 de mayo. No es la primera vez que lo anuncian. En febrero, esa misma entidad había prometido a los líderes indígenas de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (Feconapu) que los insumos llegarían a más tardar el 15 de marzo y que las obras se reiniciarían a fines de abril. Nada de eso se cumplió.
La ampliación del Centro de Salud Purús, que busca convertirlo en un establecimiento de nivel I-4 —con capacidad de hospitalización y atención en ginecología, obstetricia, pediatría y medicina familiar— acumula ya cinco años de retraso.
“La obra sigue ahí, en construcción. Se ve que avanzan de a pocos, pero desde el año pasado nos repiten que falta la implementación, el mobiliario, los equipos para atender a los pacientes. A este paso, ¿cuándo vamos a terminarla?”, se pregunta el alcalde de Purús, Marcos Pérez.
La falta de personal médico
Purús es como una isla, pero en lugar de estar rodeada de agua, está cercada por tierra y árboles. Muchas de sus crisis —no solo la sanitaria, sino también la falta de agua potable, desagüe y luz eléctrica— tienen un mismo origen: lo difícil que es llevar recursos a esta provincia fronteriza con Brasil.
Desde 2004, gran parte de su superficie forma parte del Parque Nacional Alto Purús, el área natural protegida más extensa del país. Allí también se encuentra el territorio de los Mascho Piro, un pueblo indígena en situación de aislamiento. Con más de dos millones de hectáreas, este parque es más grande que regiones completas como Tumbes, Tacna o Moquegua.
Pero conservar este bosque tiene un costo humano.
“Hace 20 años, el gobierno —el Estado peruano— nos condenó”, dice el alcalde Marcos Pérez. “¿Por qué lo digo así? Porque se creó el Parque Alto Purús, el más grande del Perú. Esa decisión nos aisló. No se puede construir una carretera ni una vía terrestre. Los pobladores de Purús nos sentimos olvidados, cansados”.
La ley prohíbe cualquier obra que afecte los valores naturales y culturales del parque. Para abrir una vía de acceso se requiere cumplir con tantos requisitos que, en la práctica, resulta casi imposible. Por eso, Purús depende de una sola forma de ingreso: la vía aérea.
Todo —medicinas, alimentos, combustible, personal médico, funcionarios— tiene que llegar en avión. Y cuando ese avión no llega, todo se detiene.
Según el Censo 2017 del INEI, de los 683 hogares registrados en Purús, solo 26 contaban con conexión a la red pública de agua potable. La mayoría (485) usaba agua subterránea y 172 no tenían acceso a ninguna fuente segura.
En este contexto, una de las mayores preocupaciones de la población es contar con personal de salud de manera permanente.
Salud con lupa accedió a una carta enviada por el actual ministro de Salud, César Vásquez, a la congresista Adriana Tudela, donde informa sobre la cantidad de profesionales asignados a la provincia de Purús. Sin embargo, en el documento se citan cifras de la Unidad Ejecutora 1660 Red de Salud N.º 1 de Coronel Portillo, que corresponde a otra provincia distinta de Ucayali.
Según esa información, actualmente hay 26 profesionales de salud en Purús, de los cuales 5 pertenecen al Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (SERUMS). De ellos, 17 estarían asignados al Centro de Salud Purús —de categoría I-3, es decir, de tercer nivel de atención—, que debería contar con recursos para atender partos, prevenir el cáncer, realizar pruebas rápidas y tomar muestras. Los otros 9 profesionales se reparten en los siete centros de salud restantes de la provincia, todos de categoría I-1, donde —según el ministro— laboran entre uno y dos profesionales por establecimiento.
A pesar de ello, el propio Ministerio de Salud reconoció, en otro oficio del 13 de mayo, que existe un déficit de 20 profesionales en la zona: hacen falta 6 técnicos en enfermería, 7 obstetras y 7 enfermeras.
Sin embargo, la información brindada por el ministro se contradice con lo que viven las comunidades. En una carta enviada el 16 de enero de 2025, la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (Feconapu) solicitó al director ejecutivo de la Red de Salud N.º 1 de Coronel Portillo, César Torres, el regreso de 14 profesionales de salud que fueron rotados a otras zonas y que nunca volvieron a sus plazas en Purús.
Una de las razones de esta fuga de personal es el alto costo de vida en la zona. Elka Baldeón, directora ejecutiva de DAS – Perú, explica que la canasta básica resulta inalcanzable para muchos. “Un pollo cuesta 70 soles, un balón de gas 260 soles. El flete de Pucallpa a Purús está entre 8 y 10 soles por kilo”. Con esos precios, los sueldos no alcanzan, y muchos profesionales prefieren irse a otras zonas más accesibles.
La situación de los centros de salud en las comunidades más alejadas, encargados de atender a 44 pueblos indígenas de las etnias Huni Kuin, Sharanahua, Mastanahua, Amahuaca, Yine, Chaninahua, Madija Culina y Asháninka, también es crítica. En 2022, el puesto de salud de San Marcos fue declarado inhabitable por la propia municipalidad provincial, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
Ese mismo informe reveló que el centro de salud de la capital provincial registraba 47 casos de VIH, incluido el de un niño de 2 años. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Salud para ese año sólo reconocen 5 casos en total (4 hombres y 1 mujer), lo que evidencia que la desconexión de Purús con el resto del país no es solo física, sino también institucional.
En 2024, un informe de la Dirección Regional de Salud advirtió sobre un panorama aún más grave: falta de medicamentos, equipos inoperativos, ambulancia fluvial fuera de servicio y cinco puestos de salud —Balta, Nueva Luz, Gasta Bala, Miguel Grau y San Marcos— en condiciones inhabitables.
El problema energético y de abastecimiento
“¿Acaso el Estado peruano quiere que nuestros hijos estudien en Brasil, donde sí hay electricidad las 24 horas?”, se preguntó el alcalde de Purús, Marcos Pérez, en un oficio enviado en marzo al ministro de Energía y Minas, Jorge Montenegro. La pregunta era el reflejo de una realidad urgente: la provincia, por entonces, se había quedado sin energía eléctrica por falta total de combustible para su central térmica.
En Purús, la electricidad depende de dos fuentes: la planta térmica que funciona con diésel y algunos paneles solares. Ambas son gestionadas por la empresa Electro Ucayali y, en condiciones normales, permiten tener luz durante 20 horas al día. Pero desde hace meses, esa disponibilidad se ha reducido a la mitad.
El 22 de abril de 2025, Electro Ucayali envió una carta a la municipalidad provincial alertando sobre el desabastecimiento total de combustible, que obligó a recortar el suministro eléctrico a solo 10 horas al día. La causa de esta escasez está en la pista de aterrizaje.
El mismo día, la organización DAS - Perú informó a la Presidencia del Consejo de Ministros que el deterioro del aeródromo de Purús —a cargo de Corpac— impide el aterrizaje de aviones grandes como los Hércules, que son los únicos con capacidad suficiente para transportar combustible y otros insumos clave. Solo pueden llegar los Spartan, con menos espacio de carga. Y eso no basta para cubrir las necesidades básicas de la provincia.
A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Aérea del Perú por mantener vuelos hacia Purús, estos resultan insuficientes y muy costosos. Cada avión debe seguir la ruta Lima–Pucallpa–Purús, y de regreso. Pero como en Pucallpa no hay instalaciones adecuadas para el mantenimiento de las aeronaves, estas deben volver hasta Lima para ser revisadas. Sin más presupuesto ni mejor infraestructura, no es posible aumentar la frecuencia de los vuelos.
Esta limitación vuelve el transporte aéreo escaso y difícil de acceder. Muchos habitantes de Purús que se encuentran en Pucallpa no pueden volver a sus hogares y quedan varados por semanas, incluso meses, como desplazados dentro de su propio país. Se necesitan con urgencia vuelos cívicos regulares que les permitan retornar y que aseguren la llegada de medicinas, alimentos, combustible y materiales. Cosas básicas, que en otras regiones del país no representan un problema.
Purús no solo está aislado: está olvidado. Es la indiferencia de un país que voltea la mirada. Como si fuera apenas una sombra en el mapa. Como si no existiera.
Para esta investigación, Salud con lupa solicitó entrevistas al Gobierno Regional de Ucayali, a través de su Secretaría y de la Gerencia de Infraestructura, pero no obtuvo respuesta. También se enviaron cuestionarios a los correos electrónicos de las empresas que conforman el Consorcio Salud Purús, sin recibir ninguna contestación. Los números telefónicos registrados por estas compañías ante el OSCE no funcionaban, y en uno de los casos se informó que el número ya no pertenecía a la empresa. Asimismo, se contactó a la Defensoría del Pueblo, pero declinaron ofrecer declaraciones.
